CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 78052 JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ Magistrado ponente AL4750-2018 Radicación n.° 78052 Acta 41 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala sobre el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la parte recurrente en contra de la providencia del 21 de febrero de 2018, en el proceso ordinario de LUIS EDUARDO TEQUIA GÓMEZ Y OTROS contra ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A., Y OTRO.

I.

ANTECEDENTES Mediante auto del 21 de febrero de 2018, la Corte se abstuvo de resolver sobre la aprobación de la transacción presentada por las partes, en virtud del criterio esbozado por esta Corporación en auto CSJ AL8458-2017 y, admitió el recurso de casación presentado por Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., corriéndole traslado para presentar la demanda de casación en el término legal.

A través del escrito visible a folios 228 a 232, el apoderado judicial de la parte recurrente, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición el 2 de marzo de 2018 contra de la decisión referida en precedencia, en el que asegura que los acuerdos transaccionales fueron presentados con fecha anterior a la nueva postura, « violando a todas luces uno de los principios esenciales que rigen la aplicación de la ley y el concepto de estado de derecho, como es la irretroactividad de las normas que se expidan ».

De igual forma, señala que el artículo 2469 y siguientes del Código Civil expresan la naturaleza de la transacción y, transcribe lo estimado por el Consejo de Estado en sentencia « CE SIII E AP00719 de 2005 » y la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 6 de mayo de 1966, « en GJ, t LXV, 634 y XC, 67 ». Posteriormente, el 13 de marzo de 2008, el apoderado sustituto de Luis Eduardo Tequia Gómez, Fabio Álvarez, Esteban Crespo Rodríguez, Pedro Antonio Juyo, José Adán Sepúlveda Sepúlveda, presenta memorial requiriendo que se deniegue el recurso de reposición en mención y, el 4 de mayo del mismo año, allega memorial solicitando que se declare desierto el recurso de casación, argumentando que no se presentó en el término de ley.

Finalmente, el mismo representante judicial en nuevo escrito del 9 de agosto, señala que el despacho tiene conocimiento del expediente desde el 5 de junio de 2017, que ha pasado más de un año y el proceso se torna estático, que se vulnera el derecho al debido proceso al no acatarse los términos procesales y, en consecuencia […] se hace imperiosa la intervención del MINISTERIO PUBLICO, (sic) por medio del procurador delegado ante la Corte en asuntos laborales, Ofíciese y cítese.

II. CONSIDERACIONES Es necesario recordar las consideraciones expuestas en providencia CSJ AL8458-2017: […] esta Sala ha insistido que no corresponde, fuera del debate en el recurso de casación, a través de la violación de medio, resolver sobre las nulidades o demás defectos procesales que hayan podido concretarse al interior de los trámites, pues la comprensión de la competencia restringida sobre aspectos sustanciales es la que fortalece la función unificadora que se ha asignado a esta Corte.

Esa función se entendió desde los albores de la disciplina del trabajo y fue abordada, en pronunciamiento de 1946, por el entonces Tribunal Supremo del Trabajo, en el que se explicó  la inviabilidad de aceptar la transacción desde dos aristas, la primera ya esbozada sobre la competencia en esta sede en punto a la legalidad de la sentencia y, de otro, porque una idea en el sentido de pronunciarse fuera del recurso implicaría menoscabar su razón, al resolver como trámite aquello que amerita una definición definitiva, para establecer de fondo, si hay un objeto o causa ilícita en aquello que disponen las partes, de manera que se comprometería el criterio de la Corte en eventuales controversias.

Así se dijo: «Ambas partes piden que no se formule condenación en costas y renuncian términos de ejecutoria de providencia favorable. Aunque aquí no puede hablarse del juicio, porque ya terminó con la sentencia de segunda instancia, sino del recurso de casación, entiende la Corte, para interpretar con amplitud, que se trata del desistimiento de ese recurso extraordinario.

La parte demandada fue la recurrente y como ella acepta el desistimiento del actor, también es lógico entender que desiste de su recurso. En cuanto a la transacción que, según el memorial, han celebrado las partes, la Corte advierte que por ser irrenunciables los derechos que confieren las leyes sociales, el trabajador no puede celebrar una transacción que implique esa renuncia. Como se desconocen los términos del acuerdo y tampoco se sabe cuáles son los derechos ciertos del actor, por cuanto la Corte no puede en este momento hacer un estudio de fondo que solo corresponde verificar en la sentencia, no es del caso examinar si la transacción está ajustada a aquella norma de derecho social» (Gaceta del Trabajo #2 a 4 Tomo I 1946).

Tal criterio es válido a la luz de hoy, esto es que finalmente la aceptación de una transacción o de cualquier acuerdo entre las partes, en sede de casación, implica un examen de fondo sobre la controversia, como determinar si los derechos transados son inciertos e indiscutibles, aspecto sobre el cual, por ejemplo, en la doctrina no es pacífica tal figura de la transacción, dadas las características propias de las garantías que aquí se resuelven.

Lo anterior por cuanto, en contraposición a los criterios civilistas que han permeado las más de las veces la lectura de las normas del trabajo, y según los cuales, incluso con certeza sobre lo debido es posible transar, en el derecho social existe una restricción fundamental a la voluntad de las partes, que se genera como una limitación estatal que procura que el trabajador, por razón de su precariedad económica acceda a aceptar un acuerdo que sea lesivo a sus intereses por una necesidad imperiosa, y con ello afecte sus derechos y es el principio de indisponibilidad o más conocido como el de irrenunciabilidad.

Es que en el ámbito del trabajo y también en la de la seguridad social no hay distancia entre el derecho sustancial y el procesal, y la transacción es una muestra de ello, pues el simple acuerdo formal no resulta suficiente al trasluz de los principios que amparan la disciplina, como manifestación de una restricción dispositiva individual del trabajador y es por ello que, para darle alcance incluso a tal mecanismo, esta Sala debe ser convocada para establecerlo a través de su doctrina jurisprudencial y no mediante su aval para la terminación anormal del proceso.

Es precisamente el alcance al referido axioma de irrenunciabilidad, el que impone que esta Corte, en sede de casación, no pueda admitir la transacción de las partes más allá de entenderlo como un desistimiento del recurso, pues lo contrario hace que deba determinar, de fondo, si ese acuerdo es válido a la luz de la existencia de concesiones recíprocas, si el trabajador contó con el debido conocimiento para aceptar tal cambio y si en realidad se está frente a derechos dudosos o, mejor decirlo, frente a pretensiones de dudosa certidumbre, cuya manera más idónea es hacerlo de fondo, en el recurso, y de esa forma establecer ante los jueces y tribunales los parámetros que deben concretarse para su validez, es decir, se insiste, a través de su papel como unificadora de la jurisprudencia. En realidad lo que se hace, al aceptar esa tesis hoy vigente en sede de casación, es una homologación de tal disposición de derechos, que envuelve una tácita definición sobre los mismos, e incluso sobre la voluntad y el conocimiento del trabajador sobre aquello que está acordado y sobre la validez de abandonar un derecho que, aunque no esté en firme, viene reconocido en su favor en algunas oportunidades.

Sobre tal tópico, además por ser plenamente vigente en términos doctrinales, el Tribunal Supremo del Trabajo, estimó sobre la irrenunciabilidad de los derechos sociales y, específicamente en torno de la figura de la transacción, lo siguiente: Tratándose de una legislación como la del trabajo, que es considerada como ya se ha dicho, de orden público, toda estipulación contractual que vaya en menoscabo de los derechos del trabajador, que la ley ampara, es nula.

De suerte que no hay dificultad cuando se trata de examinar la cuestión al momento anterior a la ejecución del contrato (…) Pero, una vez terminado el contrato respectivo, cuando el trabajador ha recobrado su total independencia ¿puede efectuar arreglos o transacciones que menoscaben sus derechos? ¿La autonomía de la voluntad que en los contratos de trabajo está restringida por ley cuando los derechos emanados de su ejecución se han fijado ya en cabeza del trabajador, pueden ser objeto de concesiones, de renuncia total o parcial? Es esta una de las más arduas discusiones en el derecho laboral y en la cual no se hallan de acuerdo los expositores (…) Algunos autores, partiendo de la base de que la transacción envuelve una renuncia parcial del derecho de cada una de las partes, que por lo que respecta al trabajador equivale a la remisión de una deuda, cuando con posterioridad a la prestación del servicio celebra aquel contrato, hacen la distinción conveniente, según el momento en que opera la transacción. Podría hacerse una distinción, dice Castorena, entre la renuncia y la remisión de la deuda.

La renuncia es la aceptación de la extinción de un derecho establecido por la ley en favor de una de las partes; su característica es la de que ese sacrificio se produce antes de que nazca el derecho, precisamente al celebrarse el contrato; se sabe que ese derecho tendrá que derivarse del acto jurídico que celebran, de allí que las partes, anticipándose al nacimiento de ese derecho, que indiscutiblemente es un efecto del contrato, previenen su invalidez.

Por lo que va del segundo problema, se admite la transacción siempre que no se encuentre establecido el derecho del trabajador; es decir siempre que el Tribunal del Trabajo no haya establecido en su favor la percepción de algún beneficio, pues si tal hubiere sucedido, la transacción simplemente ocultaría una remisión de deuda parcial y la remisión de deuda, hemos dicho, no opera en nuestro derecho.

La transacción consistiría, en ese caso, en sacrificar una porción del derecho del trabajador, ya dilucidado y plenamente establecido, y ello sería contrario al propósito de la ley. Según las tesis que quedan expuestas, forzoso es para el fallador examinar en cada caso si el arreglo o transacción respectivo es de aquellos que conllevan necesariamente una evidente renuncia de los derechos del trabajador que se hallan amparados en la ley.

(Gaceta del Trabajo N. 17 a 28. Tomo III). Como sin duda, se insiste, cualquier acuerdo de las partes implica, una determinación de fondo sobre el tipo de derechos transados o conciliados, la Sala de la Corte debe reservarse tal definición para los asuntos de fondo, en aras de contribuir de esa manera a darle coherencia al sistema jurídico y a garantizar el fortalecimiento de la justicia del trabajo y de la seguridad social.

Ahora bien, debe recordarse que en el proveído de fecha CSJ AL 26, jul, 2011, rad. 42792 en el que esta Corte modificó el criterio pacífico por décadas, de no resolver sobre la transacción para con él aceptarla o negarla en sede de casación, se acudió, como de su texto se desprende, a la interpretación del entonces vigente artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, por virtud del cual, en cualquier estado del proceso, es posible que las partes acuerden su terminación anticipada a través de esa figura, y accedió desde ese momento, a la posibilidad de esta Sala de impartir su aprobación y terminar el proceso.

Lo anterior no obsta para que las partes puedan transigir, pues en las instancias bien pueden acudir a tal mecanismo, solo que esta Corte en reivindicación de su papel unificador, deberá pronunciarse sobre tal figura en la oportunidad en que pueda debatirse, de fondo, para consolidar una jurisprudencia que se difunda en todos los distritos judiciales, en relación con tal figura y no, como hasta ahora, comprometiendo, caso a caso, con las dificultades que ello entraña, el aval de acuerdos que no resultan posibles en casación. Además de las razones sustanciales atrás expuestas, se adicionan otras de carácter eminentemente procesal, que también tienen que ver con la doctrina jurisprudencial, destacada hasta la época, por virtud de la cual no es posible que esta Sala resuelva sobre figuras jurídicas, aunque se reclamen en el «proceso», de medidas cautelares, del amparo de pobreza, del incidente de regulación de honorarios, entre otros (véase por ejemplo las providencias CSJ AL8260-2016, AL2038-2015, AL1193-2017, AL6013-2016, AL5816-2017) por ser estas susceptibles del recurso de apelación, de allí que deban pedirse en las instancias.

Como en el propio artículo 340 del Código de Procedimiento Civil anterior, hoy 312 del Código General del Proceso, se dispone que el auto que resuelve sobre la transacción es apelable, no sería tampoco viable, por ese aspecto, que la Corporación, en sede de casación tenga competencia para definir tal acuerdo de voluntades. Así entonces, la mayoría de esta Sala acogió el criterio según el cual no es posible en sede de casación pronunciarse sobre la aprobación o no de contratos de transacción presentado por las partes y, debe decirse, el memorialista no presenta argumentos nuevos que respalden un cambio de posición. A lo anterior se agrega que no llega a buen término el planteamiento según el cual se desconoció el principio de irretroactividad de la ley, al tenerse en cuenta una postura adoptada en fecha posterior a la data en que se solicitó la aprobación de los contratos de transacción, en razón a que esto no envuelve la aplicación de una ley nueva a una situación definida o consumada con arreglo a leyes anteriores y, además, es imperioso precisar que las estimaciones de la Sala sobre la cuestión –aún no definida-, se realizaron desde la óptica del criterio vigente del momento, escenario que no desconoce principio alguno de las normas que regulan el trabajo humano y la seguridad social.

En consecuencia, dadas las consideraciones expuestas en precedencia, no prosperan los planteamientos esgrimidos en el recurso de reposición. De igual forma, se debe negar el pedimento encaminado a que se declare desierto el recurso de casación presentado por Almacenes Generales de Depósito Almaviva S. A., en razón a que el término para su sustentación se interrumpió con ocasión al recurso de reposición (f.°228 a 232) elevado el 2 de marzo de 2018 contra el auto del 21 de febrero del mismo año, en el que además de abstenerse de resolver sobre la aprobación de los contratos de transacción presentados por las partes, esta Sala, admitió el recurso de casación presentado por la empresa y, dispuso correr traslado a la misma para que presentara la demanda de casación. Finalmente, también es dable rechazar la solicitud de oficiar al Ministerio Público para la intervención del procurador delegado para asuntos del trabajo y la seguridad social, pues de las voces del artículo 37 del Decreto 262 de 2000, es al Procurador General de la Nación quien le compete decidir sobre su actuación ante los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción. III.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, IV.

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto del 21 de febrero de 2018, mediante el cual esta Sala se abstuvo de resolver sobre la aprobación de la transacción presentada por las partes.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de declarar desierto el recurso de casación presentado por ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S. A.

TERCERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de oficiar al Ministerio Público para la intervención del Procurador delegado para asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social.

CUARTO: Reconócese al doctor Marco Tulio Cintura Arévalo, con Tarjeta Profesional No. 42116, como apoderado de la parte opositora José Guillermo Ávila, Luis Hernando Ramírez Sabrica, Héctor Fabio Arias Pino, conforme a los poderes obrantes a folios 111 y 263, del cuaderno de la Corte. Reconócese al doctor Fabián David Pachón Reyes, con Tarjeta Profesional No. 295406, como apoderado sustituto de la parte opositora Luis Eduardo Tequia Gómez, Fabio Álvarez, Esteban Crespo Rodríguez, Pedro Antonio Juyo, José Adán Sepúlveda Sepúlveda, conforme al poder obrante a folio 117 del cuaderno de la Corte.

Continúese con el trámite del recurso de casación. Notifíquese y Cúmplase, FERNANDO CASTILLO CADENA Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 10