CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n.° 46676 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA Magistrado ponente AL4188-2015 Radicación n.° 46676 Acta 25 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015). Resuelve la Corte las solicitudes de aprobación de transacción, desistimiento del recurso extraordinario de casación y terminación del proceso, presentada por los apoderados de las partes, respecto de los demandantes CRISTÓBAL CORREA ATENCIO, REMBERTO GONZÁLEZ ARTETA, MANUEL MONTALVO LAMADRID, CRISTÓBAL S. ROMERO OCHOA, TOMÁS ANTONIO PÉREZ VÁSQUEZ, JOSÉ ABIGAIL KAIPA POLO y HERMES SEGURA POLO, en el proceso ordinario laboral que los arriba mencionados y LUIS EDUARDO JARAVA CASTELLANOS adelantaron contra la entidad ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. E.S.P., hoy ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. I.
ANTECEDENTES Mediante sendos escritos que obran a los folios 104 a 178 del cuaderno de la Corte, los apoderados de los extremos litigiosos pidieron que se apruebe la transacción celebrada entre las partes y, en consecuencia, se acepte el desistimiento del recurso de casación y se disponga la terminación el proceso, respecto de los demandantes Cristóbal Correa Atencio, Remberto González Arteta, Manuel Montalvo Lamadrid, Cristóbal S. Romero Ochoa, Tomás Antonio Pérez Vásquez, José Abigail Kaipa Polo y Hermes Segura Polo, sin condena en costas.
En los mencionados acuerdos de transacción, celebrados todos bajo las mismas premisas y con las mismas condiciones, establecieron que la sociedad Electricaribe S.A. E.S.P. pagaría a favor de cada uno se los demandantes, las sumas de dinero que se reflejan en el siguiente cuadro: Demandante Suma Transaccional Bruta Suma Transaccional especial.
(Costas Proceales). Suma Transaccional Especial Vitalicia. (Diferida Mensual) Remberto González Arteta 290.000.000,00 29.000.000,00 2.429.331,00 Manuel Montalvo La Madrid 220.000.000,00 22.000.000,00 3.101.824,00 Cristobal Romero Ochoa 235.000.000,00 23.500.000,00 3.271.505,00 Hermes Segura Polo 230.000.000,00 23.000.000,00 3.520.956,00 Cristóbal Correa Atencio 140.000.000,00 14.000.000,00 2.057.187,00 José Abigail Kaipa Polo 212.000.000,00 21.200.000,00 2.859.094,00 Tomás A. Pérez Velásquez 210.000.000,00 21.000.000,00 3.020.245,00 En todos los casos se convino un pago adicional en los meses de junio y diciembre de cada año. Los escritos se solicitud, correspondientes, aparecen suscritos por cada demandante y su apoderada.
II.- CONSIDERACIONES En relación con la figura jurídica de la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso, y que se somete a consideración de la Corte dentro del trámite del recurso de casación, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse, y definir que resulta procedente su aceptación, en los casos en que se reúnan los presupuestos para ello.
Es así, que en providencia CSJ SL, 5 jul. 2011, rad. 49792, se apuntó: …debe recordar la Corte que ha sido criterio tradicional de esta Sala de Casación considerar que no es de su competencia el pronunciamiento sobre aspectos del proceso distintos a los que atañen al recurso extraordinario, por tenerlos como propios de las instancias del proceso o ajenos a la competencia funcional a ella atribuida, tal es el caso de los contratos de transacción a que ocasionalmente llegan las partes y que exponen en trámite del recurso de casación. No obstante, un nuevo estudio de los preceptos jurídicos que regulan la figura de la transacción impone a la Corte arribar a un entendimiento distinto de los mismos, de cara a su aplicación en la sede casacional, en conformidad con los efectos perseguidos por las partes y ya conocidos para las instancias del proceso.
En efecto, la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso es sabido, consiste en un contrato, convención o acuerdo mediante el cual las partes extrajudicialmente ponen fin al litigio haciéndose concesiones mutuas y recíprocas. En tal caso, por fuerza del efecto de cosa juzgada que le acompaña, la transacción impide el resurgimiento de la controversia judicial que fue su objeto entre quienes la suscribieron, así como que las obligaciones que de allí surjan pueden demandarse ejecutivamente.
Similar predicamento puede hacerse de la transacción extrajudicial que tiene por propósito precaver un litigio futuro. La transacción, además de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales, también es un acto procesal válido en el proceso laboral. Como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a las que lo hacen en el procedimiento civil, por virtud de la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En tal sentido, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil prevé que la transacción puede hacerse “en cualquier estado del proceso”, incluso, con posterioridad al agotamiento de las instancias, esto es, para “transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia”. Ergo, el recurso extraordinario de casación no escapa al ámbito de aplicación de la citada figura, pues es claro para la Corte que aun cuando su trámite se surte con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, no lo es porque el proceso se haya terminado, sino todo lo contrario, porque la sentencia de segunda instancia no está en firme, dado que se encuentra impugnada por fuerza precisamente del recurso extraordinario.
De tal manera que, siendo el recurso extraordinario de casación parte del proceso laboral, la transacción es susceptible de producirse durante su trámite y aún después de dictarse la sentencia que lo resuelva, para, como ya se dijo, “transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia”. Así como la competencia funcional no puede afectar en modo alguno la posibilidad de que las partes puedan transigir la litis en curso de las impugnaciones, tampoco puede impedir o inhibir la facultad de los respectivos jueces para resolver los pedimentos derivados de lo transigido.
Esa la razón para que el mismo artículo 340 señale que ante tal situación las partes deberán dirigir escrito al “juez o Tribunal” que conozca del proceso o de la actuación posterior a éste, precisando sus alcances o acompañado el documento que la contenga, caso en el cual se producirán los efectos procesales pertinentes, al punto de que si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, el funcionario correspondiente la aceptará si la encuentra a derecho, “quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme”.
En trámite del recurso extraordinario deben entenderse como tales las dictadas en las instancias, pues la de primer grado ha debido ser impugnada o encontrarse en consulta para que se hubiere proferido la del Tribunal que, a su vez, se encontrará sub júdice por efectos del recurso extraordinario. De esta manera, a la Sala de Casación Laboral compete en trámite del recurso extraordinario de casación someter a su estudio las transacciones de la litis que las partes en conflicto pongan a su consideración para, si es del caso, se cumplen los requisitos sustanciales y se respetan los derechos de las partes, entre ellos los que particularmente interesan a esta disciplina jurídica, es decir, los derechos ciertos e indiscutibles, aceptarlas y generar los efectos perseguidos por quienes las suscribieron, esto es, la terminación total o parcial de la litis, según el caso.
Ahora bien, no encuentra atinado la Corte separar los conceptos de desistimiento del recurso extraordinario y transacción, como lo venía haciendo, por la sencilla razón de que si se acepta aisladamente el desistimiento del recurso, ello significará que queda en firme el fallo del Tribunal, propósito en modo alguno querido por quienes suscriben la transacción, pues su querer precisamente debe entenderse es el que la sentencia del Tribunal no quede firme, sino que lo sea la transacción judicialmente aceptada.
Por tanto, el desistimiento del recurso debe entenderse como un mecanismo que allana a las partes a la transacción, no necesario por cierto, pues como se ha visto el legislador ya ha previsto que en caso de aceptarse la transacción total del proceso, éste se termina “quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme”.
Lo anterior no significa, por otra parte, que siempre desistimiento del recurso y transacción deban verse como figuras dependientes, pues bien puede ocurrir que el asunto objeto a examen no sea susceptible de transigir pero que el acto procesal sí pueda ser materia susceptible de desistir, evento en el cual al funcionario competente no le será dado acceder a lo primero, pero por supuesto que a lo segundo sí. Entonces, en cada caso y conforme a la redacción del respectivo acuerdo, deberá tomarse camino por aceptar la transacción allegada por las partes o por la del desistimiento del acto procesal en curso.
Con fundamento en este nuevo entendimiento de la Corte sobre la figura de la transacción importa a la misma observar que, en el presente caso, con la transacción aportada por las partes a través de sus apoderados se persigue la terminación del proceso, para lo cual, el objeto del mismo, que lo fue la indexación del valor de la primera mesada pensional y el correlativo pago del retroactivo pensional generado hasta el momento, se soluciona por éstas, por una parte, imponiéndose unas obligaciones económicas a cargo de la demandada que se dicen ya satisfechas y, por otra, se establece un valor único a la pensión devengada por el actor a cargo de la demandada, a partir del mes de enero de la presente anualidad.
Adicionalmente, se dice desistir del recurso extraordinario por cuenta de la demandada en las instancias y la declaración de paz y salvo por cualquier diferencia económica surgida de la relación laboral que ató a las partes. En consecuencia, no aparece obstáculo alguno a la vista de la Corte para aceptar la transacción precisada en el memorial que acompaña la solicitud de terminación del proceso y desistimiento del recurso, fuera de estar los apoderados habilitados para transigir por cuenta de sus representados, de donde resulta pertinente, en atención a lo prescrito por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo según lo ya anotado, acceder a los pedimentos suplicados dando terminación al proceso sin lugar a costas y sin que haya lugar a pronunciamiento alguno sobre el desistimiento del recurso extraordinario.
En este caso, el escrito petitorio reúne los requisitos legales a términos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que por remisión del 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se aplica al evento bajo estudio; se pactaron con los demandantes y su apoderada la totalidad de las pretensiones a que aquellos aspiraban; se determinó en concreto la forma y el tiempo de pago, a su satisfacción, y se consignó que el acuerdo cobija en totalidad las reclamaciones que se discutían en el litigio; además, los apoderados están habilitados para transigir, conforme a los poderes otorgados, por lo que, en principio, la solicitud es procedente.
Por otra parte, el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo estableció, como de orden público, las disposiciones legales que regulan el trabajo, razón por la cual la misma norma reafirma su connotación de irrenunciables; y a su vez, el artículo 15 otorga validez a la transacción en los asuntos de trabajo, a menos que se trate de derechos ciertos e indiscutibles, caso en el cual resulta un imposible jurídico transigir sobre ellos.
En auto de fecha 8 de julio de 2012, rad. 48101, esta Sala de la Corte expresó. «[los]derechos ciertos e indiscutibles, hacen relación a aquellos cuya previsión normativa resulta inequívoca, concurriendo, además, los supuestos de hecho exigidos a favor de quien los reclama, de suerte que, cuando no hay norma que expresamente los contempla, o imprecisión, oscuridad, ambigüedad, confusión, vacío o laguna en éstas, o simplemente no hay medio de prueba o con suficiente entidad que acredite sus supuestos de hecho, o precepto alguno que exima de aportarlos al proceso, puede afirmarse válidamente que el pretendido derecho no tiene la connotación de certidumbre e indiscutibilidad por la ley reclamada y, por tanto, no hay nada que impida su disponibilidad o renuncia».
Y, en esta misma providencia recordó la Corte que ya en sentencia de 17 de febrero de 2009, Rad. 32051, refirió: «(…) esta Sala de la Corte ha explicado que “… el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra.
Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales” (Sentencia del 14 de diciembre de 2007, radicación 29332)».
En este caso, pidieron los demandantes que se declarara en su favor el derecho al pago de la pensión voluntaria de jubilación otorgada por la ex empleadora sin perjuicio de la de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, sin descuento alguno y en el 100%, junto con la indemnización moratoria, intereses de mora e indexación de lo debido; en consecuencia, se ordenara a la demandada cancelarle la pensión de jubilación en forma total y vitalicia, así como devolver las diferencias que la empresa dejó de cancelarles desde el momento en que comenzó a compartir la pensión de jubilación con la de vejez; también la indexación de las sumas adeudadas, costas y agencias en derecho.
Tales pretensiones les fueron otorgadas parcialmente en el fallo de primer grado, y modificadas por el sentenciador de la alzada, lo que motivó el recurso de Casación por parte de la sociedad condenada. Luego, tal aspecto bien podía ser transigido por las partes, pues su querer no implica para el demandante renuncia a pretensiones ciertas e indiscutibles, ni a derechos irrenunciables.
En consecuencia, debe aceptarse la petición formulada conjuntamente, conforme se ha impetrado, y ordenar que siga el trámite del recurso extraordinario respecto del demandante Luis Eduardo Jarava Castellanos. No hay lugar a costas por cuanto el desistimiento del recurso fue solicitado conjuntamente por las partes. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL,
RESUELVE
PRIMERO. - ACEPTAR las transacciones celebradas por los demandantes CRISTÓBAL CORREA ATENCIO, REMBERTO GONZÁLEZ ARTETA, MANUEL MONTALVO LAMADRID, CRISTÓBAL S. ROMERO OCHOA, TOMÁS ANTONIO PÉREZ VÁSQUEZ, JOSÉ ABIGAIL KAIPA POLO Y HERMES SEGURA POLO en este proceso, contra Electricaribe S.A. E.S.P., sobre la totalidad de las cuestiones debatidas en el presente proceso, y el desistimiento del recurso extraordinario de casación en cuanto se refiere a los mismos actores, respecto de quien se declara terminado el proceso.
SEGUNDO. - Continúe el trámite en lo que corresponde a LUIS EDUARDO JARAVA CASTELLANOS, como quedó anotado. TERCERO.- No hay lugar a costas por cuanto el desistimiento del recurso fue presentado conjuntamente por los apoderados de las partes. Notifíquese y cúmplase. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Presidenta de Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 1 PAGE 10