AL3412-2016 — Corte Suprema

AL3412-2016Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2016

Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga

Decreto 2282 de 1989

De qué trata

Tema: RECURSO DE CASACIÓN » TÉRMINOS JUDICIALES » INTERRUPCIÓN - La interrupción del proceso en el recurso de casación procede por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes Tesis: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por expresa autorización del 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los términos judiciales son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones que contemplan las normas especiales, es así como el num. 2º del artículo 168 del C.P.C., modificado por el artículo 1º, num. 88 del Decreto 2282 de 1989, indica que el proceso puede interrumpirse por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, causal con la que pretende el mandatario de la parte recurrente que se restituyan seis días del término de traslado». RECURSO DE CASACIÓN » TÉRMINOS JUDICIALES » INTERRUPCIÓN - Puede hacerse únicamente por causa legal o justa causa, por una sola vez, cuando se formula la solicitud antes del vencimiento del término, pues los plazos son perentorios e improrrogables RECURSO DE CASACIÓN » TÉRMINOS JUDICIALES » INTERRUPCIÓN - La enfermedad grave es aquella que impide al apoderado realizar aquellos actos atinentes a realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí solo o con el aporte o colaboración de otro Tesis: «De tal suerte, que es necesario precisar conforme a los lineamientos de esta Corporación, que se entiende por enfermedad grave en los términos del num. 2º del artículo 168 del C.P.C., es aquella que impide al apoderado "realizar aquellos actos de conducta atinentes a la realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí solo o con el aporte o colaboración de otro. Será grave, entonces, la enfermedad que imposibilita a la parte o al apoderado en su caso, no sólo la movilización de un lugar a otro, sino que le resta oportunidad para superar lo que a él personalmente le corresponde" (CSJ SL, 6 mar. 1985)». RECURSO DE CASACIÓN » TÉRMINOS JUDICIALES » INTERRUPCIÓN - La mera incapacidad no es prueba suficiente para acreditar la enfermedad grave del apoderado, pues el padecimiento debe ser de tal magnitud que le impida el adecuado y normal desarrollo de sus actividades Tesis: «Así mismo, tal y como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, la sola incapacidad no es prueba suficiente de la gravedad de la enfermedad, pues el padecimiento debe ser de tal magnitud que impida a la parte o a su apoderado el adecuado y normal desarrollo de sus actividades, por lo que, a fin de determinar la gravedad de la patología es necesario remitirse a otros aspectos, como la sintomatología de la misma, sus consecuencias y/o los cuidados específicos que se deban observar, para de allí evidenciar si, eventualmente, el padecimiento constituye una situación irresistible e invencible que haya impedido, en este caso al apoderado del recurrente, el desempeño de la profesión de abogado "por sí solo o con la colaboración y el aporte de otro"». RECURSO DE CASACIÓN » TÉRMINOS JUDICIALES » INTERRUPCIÓN - El diagnostico de virosis no es prueba suficiente para acreditar la gravedad de la enfermedad del apoderado Tesis: «Pues bien, en el sub lite, el representante del demandante fue diagnosticado con "virosis" e incapacitado; dicha incapacidad no ofrece los suficientes elementos de juicio acerca de la gravedad del diagnóstico que en ella aparece consignado, pues se limita únicamente a enunciar que presenta "fiebre, dolor en articulaciones y erupciones cutáneas en antebrazos", sin explicar los cuidados que se deben observar, ni las consecuencias que de tal enfermedad se derivan, lo cual podría conducir a determinar si efectivamente se trata de una enfermedad grave. Puesto que de la documental allegada no se evidencia que el grado de impedimento generado por la enfermedad, hubiera sido de tal magnitud que el apoderado no pudiera siquiera delegar las facultades entregadas en el mandato, ni le impidiera el normal ejercicio de las actividades para las cuales está legitimado, como lo es la sustentación del recurso de casación; lo anterior, teniendo en cuenta que no es necesario que la presentación del escrito deba hacerse personalmente. Además, la incapacidad se allegó al proceso el 6 de abril de 2015; es decir, cuando ya habían transcurrido más de 20 días hábiles del vencimiento del término del traslado y de finalizada la incapacidad, razón por la cual no es viable acceder a lo peticionado. Así las cosas, se observa que en el sub examine no se constituye plenamente la causal de interrupción prevista en el num. 2° del art. 168 del C.P.C. y, en consecuencia, habrá de denegarse la solicitud impetrada, teniendo en cuenta que dentro del término concedido no se sustentó el recurso de casación formulado por el demandante, éste habrá de declararse desierto». RECURSO DE CASACIÓN » DESIERTO POR NO PRESENTAR DEMANDA RECURSO DE CASACIÓN » MULTAS O SANCIONES - Al apoderado por falta de sustentación del recurso Tesis: «En este orden, la Sala procederá a imponer la multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al apoderado del recurrente, Doctor JORGE ISAAC EPALZA HENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 17.181.436 y portador de la T.P. Nº 22.682 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo previsto en el inc. 3º art. 49 de la L. 1395/2010, la cual será cancelada a favor de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- y consignados en el Banco Agrario a la cuenta DTM multas y cauciones efectivas Nº3-0070-000030-4, con dirección de notificación en la calle 39 Nº 43-123 piso 6 OF. E2. EDIFICIO Y PARQ. LAS FLORES - BARRANQUILLA».

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n° 69810 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente AL3412-2016 Radicación N° 69810 Acta 17 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Decide la Corte la solicitud elevada el 6 de abril de 2015 por el apoderado de RAFAEL ENRIQUE BUELVAS LARA, en la que pidió ordenar nuevamente el traslado al recurrente, a partir del 4 de febrero del mismo año, por haberse presentado la interrupción del proceso ordinario, que adelanta contra COLPENSIONES y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en los términos del num. 2 del artículo 168 del CPC.

ANTECEDENTES Por auto del 10 de diciembre de 2014, esta Sala de la Corte admitió el recurso de casación que interpuso el apoderado del demandante, y ordenó correrle traslado por el término legal. De acuerdo con el informe Secretarial de folio 7 del cuaderno de la Corte, dicho lapso inició el 15 de enero de 2015 y finalizó el 11 de febrero siguiente, sin que se recibiera la correspondiente sustentación del recurso.

Así mismo, se comunicó a este Despacho que por escrito del 6 de abril de 2015, el mandatario del actor solicitó «ampliación del término por incapacidad». En efecto, a folios 4 a 6 del cuaderno de la Corte obra escrito del apoderado del demandante recurrente, en el que solicitó que se ordene nuevamente correr traslado por el término restante de 6 días, en razón a que estuvo incapacitado con «diagnóstico de virosis a calificar» del 4 al 14 de febrero de 2015, por lo que se generó la interrupción del proceso en los términos del num. 2 del artículo 168 del CPC.

Con la petición anexó historia clínica e incapacidad en la que se diagnostica «virosis-fiebre, dolor en articulaciones- erupción cutánea en antebrazos». II. CONSIDERACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por expresa autorización del 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los términos judiciales son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones que contemplan las normas especiales, es así como el num. 2º del artículo 168 del C.P.C., modificado por el artículo 1º, num. 88 del Decreto 2282 de 1989, indica que el proceso puede interrumpirse por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, causal con la que pretende el mandatario de la parte recurrente que se restituyan seis días del término de traslado.

De tal suerte, que es necesario precisar conforme a los lineamientos de esta Corporación, que se entiende por enfermedad grave en los términos del num. 2º del artículo 168 del C.P.C., es aquella que impide al apoderado «realizar aquellos actos de conducta atinentes a la realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí solo o con el aporte o colaboración de otro.

Será grave, entonces, la enfermedad que imposibilita a la parte o al apoderado en su caso, no sólo la movilización de un lugar a otro, sino que le resta oportunidad para superar lo que a él personalmente le corresponde» (CSJ SL, 6 mar. 1985). Así mismo, tal y como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, la sola incapacidad no es prueba suficiente de la gravedad de la enfermedad, pues el padecimiento debe ser de tal magnitud que impida a la parte o a su apoderado el adecuado y normal desarrollo de sus actividades, por lo que, a fin de determinar la gravedad de la patología es necesario remitirse a otros aspectos, como la sintomatología de la misma, sus consecuencias y/o los cuidados específicos que se deban observar, para de allí evidenciar si, eventualmente, el padecimiento constituye una situación irresistible e invencible que haya impedido, en este caso al apoderado del recurrente, el desempeño de la profesión de abogado « por sí solo o con la colaboración y el aporte de otro».

Pues bien, en el sub lite, el representante del demandante fue diagnosticado con «virosis» e incapacitado; dicha incapacidad no ofrece los suficientes elementos de juicio acerca de la gravedad del diagnóstico que en ella aparece consignado, pues se limita únicamente a enunciar que presenta «fiebre, dolor en articulaciones y erupciones cutáneas en antebrazos», sin explicar los cuidados que se deben observar, ni las consecuencias que de tal enfermedad se derivan, lo cual podría conducir a determinar si efectivamente se trata de una enfermedad grave.

Puesto que de la documental allegada no se evidencia que el grado de impedimento generado por la enfermedad, hubiera sido de tal magnitud que el apoderado no pudiera siquiera delegar las facultades entregadas en el mandato, ni le impidiera el normal ejercicio de las actividades para las cuales está legitimado, como lo es la sustentación del recurso de casación; lo anterior, teniendo en cuenta que no es necesario que la presentación del escrito deba hacerse personalmente.

Además, la incapacidad se allegó al proceso el 6 de abril de 2015; es decir, cuando ya habían transcurrido más de 20 días hábiles del vencimiento del término del traslado y de finalizada la incapacidad, razón por la cual no es viable acceder a lo peticionado. Así las cosas, se observa que en el sub examine no se constituye plenamente la causal de interrupción prevista en el num. 2° del art. 168 del C.P.C. y, en consecuencia, habrá de denegarse la solicitud impetrada, teniendo en cuenta que dentro del término concedido no se sustentó el recurso de casación formulado por el demandante, éste habrá de declararse desierto.

En este orden, la Sala procederá a imponer la multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al apoderado del recurrente, Doctor JORGE ISAAC EPALZA HENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 17.181.436 y portador de la T.P. Nº 22.682 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo previsto en el inc. 3º art. 49 de la L. 1395/2010, la cual será cancelada a favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura- y consignados en el Banco Agrario a la cuenta DTM multas y cauciones efectivas Nº3-0070-000030-4, con dirección de notificación en la calle 39 Nº 43-123 piso 6 OF.

E2. EDIFICIO Y PARQ. LAS FLORES - BARRANQUILLA. DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud formulada por el apoderado de la parte recurrente.

SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO el recurso de casación presentado por RAFAEL ENRIQUE BUELVAS LARA contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 16 de septiembre de 2014, dentro del proceso ordinario laboral que instauró contra COLPENSIONES y otro.

TERCERO: IMPONER la multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al apoderado del recurrente, Doctor JORGE ISAAC EPALZA HENRIQUEZ, identificado 0con cédula de ciudadanía Nº 17.181.436 y portador de la T.P. Nº 22.682 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo previsto en el inc. 3º art. 49 de la L. 1395/2010, la cual será cancelada a favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura- y consignados en el Banco Agrario a la cuenta DTM multas y cauciones efectivas Nº3-0070-000030-4, con dirección de notificación en la calle 39 Nº 43-123 piso 6 OF.

E2. EDIFICIO Y PARQ. LAS FLORES - BARRANQUILLA.

CUARTO: REMITIR copia de esta decisión al Consejo Superior de la Judicatura para su respectivo cobro.

QUINTO: DEVOLVER al Tribunal de origen. Notifíquese y cúmplase. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN Presidente de Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 1 PAGE 7