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AL2822-2016Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2016

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n.° 73457 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente AL2822-2016 Radicación n.° 73457 Acta 16 Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Procede la Sala a resolver la solicitud que obra a folios 4 a 13 del cuaderno de la Corte, de aprobación de transacción y desistimiento del recurso extraordinario interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dentro del proceso adelantado por ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ y DIANA PATRICIA CASANOVA quienes actúan en nombre propio y en representación de su menor hijo ALEX GIOVANNY, y por WENDY ALEXANDRA GARCÍA CASANOVA y JHEISON ANDRÉS GARCÍA contra CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA.

ANTECEDENTES Los citados demandantes, instauraron demanda laboral, en procura de que se declare que entre Alexander García Muñoz y la accionada existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de enero de 2001 hasta el 9 de octubre de 2009; que la función asignada al trabajador era el «manejo de semillas sin la protección adecuada», que nunca se le practicaron exámenes preventivos de «colinesterasa que permitiera la prevención de la enfermedad profesional», que la accionada incumplió con su obligación legal sobre salud ocupacional, prevención y protección del riesgo y que por culpa del empleador, en el mes de diciembre de 2006 «sufrió un accidente de trabajo».

Así mismo, que el citado demandante «presentó enfermedad profesional estructurada el 07 de julio de 2009». En consecuencia, solicitaron que se condene a la convocada a juicio al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios consagrada en el art. 216 del C.S.T., los demás derechos laborales causados con ocasión al contrato de trabajo y enfermedad profesional padecida por Alexander García Muñoz, la indexación de las sumas adeudadas y las costas del proceso.

Conoció de la primera instancia el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Ibagué que, en sentencia de 31 de agosto de 2012, resolvió:

PRIMERO: DECLÁRESE que entre el señor ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ (…) como trabajador, y la sociedad CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA., como empleadora, existió un contrato verbal de trabajo a término indefinido, vigente durante el período comprendido entre el 16 de enero de 2001 hasta el 25 de octubre de 2009; por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: DECLÁRESE que existió culpa patronal por parte de la SOCIEDAD CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA, en la estructuración de la enfermedad profesional del demandante (…), estructurada el día 7 de julio de 2008 (sic), conforme a las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: CONDENASE a la demandada (…), a pagar a los demandantes ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ, DIANA PATRICIA CASANOVA, WENDY ALEJANDRA GARCÍA CASANOVA, JHEISSON ANDRES (sic) GARCÍA CASANOVA y ALEX GIOVANNY GARCÍA CASANOVA, las siguientes sumas: a. Por concepto de Lucro cesante consolidado, a favor de ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ, la suma de $6.892.825.50. b. Por concepto de Lucro Cesante Futuro, a favor de ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ la suma de $35.370.236.71. c. Por concepto de Perjuicios Morales, a favor del señor ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que liquidados a la fecha de ésta decisión, ascienden a la suma de $113.340.000.00. d. Por concepto de Perjuicios Morales, a favor de la señora DIANA PATRICIA CASANOVA, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que liquidados a la fecha de ésta decisión, corresponden a la suma de $56.670.000.00. e. Por concepto de Perjuicios Morales, a favor del señor ALEX GIOVANNY GARCÍA CASANOVA, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que liquidados a la fecha de ésta decisión, ascienden a la suma de $28.335.000.00. f. Por concepto de Perjuicios Morales, a favor de la señora WENDY ALEJANDRA GARCÍA CASANOVA, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que liquidados a la fecha de ésta decisión, corresponden a la suma de $28.335.000.00. g. Por concepto de Perjuicios Morales, a favor del menor de edad JHEISSON ANDRÉS GARCÍA CASANOVA, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que liquidados a la fecha de ésta decisión, corresponden a la suma de $56.670.000.00. h. Por concepto de Perjuicios Fisiológicos, a favor del señor ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que liquidados a la fecha de ésta decisión, corresponden a la suma de $22.668.000.00.

CUARTO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las Excepciones de diligencia y cuidado por parte del empleador, buena fe de la parte demandada, prescripción y ausencia de responsabilidad patronal por parte del patrono por su diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones en protección de la salud del trabajador, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: ABSUÉLVASE a la demandada (…), de las demás pretensiones incoadas en su contra (…). SÉPTIMO (sic): CONDENASE (sic) en COSTAS a la demandada (…) y a favor de los demandantes (…). Al resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia recurrida en casación, el 7 de septiembre de 2015, modificó la del a quo y resolvió:

PRIMERO: REFORMAR los literales a) y b) del ordinal tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Ibagué el 31 de agosto de 2012 dentro del proceso ordinario laboral promovido por ALEXANDER GARCIA (sic) MUÑOZ y DIANA PATRICIA CASANOVA actuando en nombre y representación del menor ALEX GIOVANNY GARCÍA CASANOVA (…) en el sentido de condenar a la demandada (…), al pago de $16.781.137,41 por concepto de lucro cesante consolidado y $79.491.810.30, por concepto de lucro cesante futuro.

SEGUNDO: En todo lo demás se confirma la sentencia recurrida. El apoderado de la accionada interpuso recurso extraordinario de casación que fue concedido por el Tribunal, y admitido por esta Corporación. Mediante memorial de 11 de febrero de 2016, los mandatarios de ambas partes solicitan la aprobación del acuerdo de transacción que allegan y que suscribieron conjuntamente, con el propósito de dar por terminado el proceso, junto con el consecuente desistimiento del recurso de casación por parte de la demandada.

CONSIDERACIONES Esta Corporación venía sosteniendo que era impropio solicitarle a la Corte impartir aprobación a un contrato de transacción, por no encontrarse tal actuación dentro de sus atribuciones y constituir un aspecto del proceso propio de las instancias y distinto a los que atañen al recurso de casación. Sin embargo, mediante providencia CSJ SL, 26 jul. 2011, rad. 49792, la Sala varió su criterio y arribó a un entendimiento distinto, para considerar que resulta procedente la aceptación de la transacción, en aquellos casos en que se reúnan los presupuestos para ello.

En dicha providencia, así reflexionó la Sala: Previamente a resolver las anteriores solicitudes debe recordar la Corte que ha sido criterio tradicional de esta Sala de Casación considerar que no es de su competencia el pronunciamiento sobre aspectos del proceso distintos a los que atañen al recurso extraordinario, por tenerlos como propios de las instancias del proceso o ajenos a la competencia funcional a ella atribuida, tal es el caso de los contratos de transacción a que ocasionalmente llegan las partes y que exponen en trámite del recurso de casación. No obstante, un nuevo estudio de los preceptos jurídicos que regulan la figura de la transacción impone a la Corte arribar a un entendimiento distinto de los mismos, de cara a su aplicación en la sede casacional, en conformidad con los efectos perseguidos por las partes y ya conocidos para las instancias del proceso.

En efecto, la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso es sabido, consiste en un contrato, convención o acuerdo mediante el cual las partes extrajudicialmente ponen fin al litigio haciéndose concesiones mutuas y recíprocas. En tal caso, por fuerza del efecto de cosa juzgada que le acompaña, la transacción impide el resurgimiento de la controversia judicial que fue su objeto entre quienes la suscribieron, así como que las obligaciones que de allí surjan pueden demandarse ejecutivamente.

Similar predicamento puede hacerse de la transacción extrajudicial que tiene por propósito precaver un litigio futuro. La transacción, además de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales, también es un acto procesal válido en el proceso laboral. Como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a las que lo hacen en el procedimiento civil, por virtud de la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En tal sentido, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil prevé que la transacción puede hacerse ‘en cualquier estado del proceso’, incluso, con posterioridad al agotamiento de las instancias, esto es, para ‘transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia’. Ergo, el recurso extraordinario de casación no escapa al ámbito de aplicación de la citada figura, pues es claro para la Corte que aun cuando su trámite se surte con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, no lo es porque el proceso se haya terminado, sino todo lo contrario, porque la sentencia de segunda instancia no está en firme, dado que se encuentra impugnada por fuerza precisamente del recurso extraordinario.

De tal manera que, siendo el recurso extraordinario de casación parte del proceso laboral, la transacción es susceptible de producirse durante su trámite y aún después de dictarse la sentencia que lo resuelva, para, como ya se dijo, ‘transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia’. Así como la competencia funcional no puede afectar en modo alguno la posibilidad de que las partes puedan transigir la litis en curso de las impugnaciones, tampoco puede impedir o inhibir la facultad de los respectivos jueces para resolver los pedimentos derivados de lo transigido.

Esa la razón para que el mismo artículo 340 señale que ante tal situación las partes deberán dirigir escrito al ‘juez o Tribunal’ que conozca del proceso o de la actuación posterior a éste, precisando sus alcances o acompañado el documento que la contenga, caso en el cual se producirán los efectos procesales pertinentes, al punto de que si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, el funcionario correspondiente la aceptará si la encuentra a derecho, ‘quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme’.

En trámite del recurso extraordinario deben entenderse como tales las dictadas en las instancias, pues la de primer grado ha debido ser impugnada o encontrarse en consulta para que se hubiere proferido la del Tribunal que, a su vez, se encontrará sub júdice por efectos del recurso extraordinario. De esta manera, a la Sala de Casación Laboral compete en trámite del recurso extraordinario de casación someter a su estudio las transacciones de la litis que las partes en conflicto pongan a su consideración para, si es del caso, se cumplen los requisitos sustanciales y se respetan los derechos de las partes, entre ellos los que particularmente interesan a esta disciplina jurídica, es decir, los derechos ciertos e indiscutibles, aceptarlas y generar los efectos perseguidos por quienes las suscribieron, esto es, la terminación total o parcial de la litis, según el caso.

Ahora bien, no encuentra atinado la Corte separar los conceptos de desistimiento del recurso extraordinario y transacción, como lo venía haciendo, por la sencilla razón de que si se acepta aisladamente el desistimiento del recurso, ello significará que queda en firme el fallo del Tribunal, propósito en modo alguno querido por quienes suscriben la transacción, pues su querer precisamente debe entenderse es el que la sentencia del Tribunal no quede firme, sino que lo sea la transacción judicialmente aceptada.

Por tanto, el desistimiento del recurso debe entenderse como un mecanismo que allana a las partes a la transacción, no necesario por cierto, pues como se ha visto el legislador ya ha previsto que en caso de aceptarse la transacción total del proceso, éste se termina ‘quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme’.

Lo anterior no significa, por otra parte, que siempre desistimiento del recurso y transacción deban verse como figuras dependientes, pues bien puede ocurrir que el asunto objeto a examen no sea susceptible de transigir pero que el acto procesal sí pueda ser materia susceptible de desistir, evento en el cual al funcionario competente no le será dado acceder a lo primero, pero por supuesto que a lo segundo sí. Entonces, en cada caso y conforme a la redacción del respectivo acuerdo, deberá tomarse camino por aceptar la transacción allegada por las partes o por la del desistimiento del acto procesal en curso.

Con fundamento en este nuevo entendimiento de la Corte sobre la figura de la transacción importa a la misma observar que, en el presente caso, con la transacción aportada por las partes a través de sus apoderados se persigue la terminación del proceso, para lo cual, el objeto del mismo, que lo fue la indexación del valor de la primera mesada pensional y el correlativo pago del retroactivo pensional generado hasta el momento, se soluciona por éstas, por una parte, imponiéndose unas obligaciones económicas a cargo de la demandada que se dicen ya satisfechas y, por otra, se establece un valor único a la pensión devengada por el actor a cargo de la demandada, a partir del mes de enero de la presente anualidad.

Adicionalmente, se dice desistir del recurso extraordinario por cuenta de la demandada en las instancias y la declaración de paz y salvo por cualquier diferencia económica surgida de la relación laboral que ató a las partes. En consecuencia, no aparece obstáculo alguno a la vista de la Corte para aceptar la transacción precisada en el memorial que acompaña la solicitud de terminación del proceso y desistimiento del recurso, fuera de estar los apoderados habilitados para transigir por cuenta de sus representados, de donde resulta pertinente, en atención a lo prescrito por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo según lo ya anotado, acceder a los pedimentos suplicados dando terminación al proceso sin lugar a costas y sin que haya lugar a pronunciamiento alguno sobre el desistimiento del recurso extraordinario.

De acuerdo a los nuevos parámetros establecidos y una vez revisado el contrato suscrito entre las partes, la Sala evidencia que no existe vulneración alguna que verse sobre derechos ciertos e indiscutibles. Ello es así en tanto el objeto del litigio se centra en la declaración de la existencia de un contrato de trabajo, la culpa patronal por «accidente de trabajo y enfermedad profesional» y el consecuente pago de la indemnización plena de perjuicios consagrada en el art. 216 del C.S.T., y la indexación de las sumas adeudadas, cuyos supuestos de hecho y de derecho son precisamente objeto de debate ante la justicia laboral.

Luego, los beneficios reclamados se tornan transigibles, desistibles y/o conciliables, y con ello no se desconoce el mínimo de derechos y garantías que se le reconocen a los trabajadores y tampoco se trata de derechos adquiridos. Dicha controversia judicial, se soluciona por el mencionado acuerdo, en el que se imponen unas obligaciones económicas a cargo de la demandada, así: (…) Transar por la suma total de $360.000.000 (Trescientos sesenta millones de pesos moneda corriente) de los cuales $25.000.000 (…) corresponden al valor de las costas pactadas y $335.000.000 (…) restantes conforme el valor de las pretensiones a favor de cada uno de los demandantes fueron distribuidos de la siguiente forma: a) El 57,04% para ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ por concepto de Lucro Cesante pasado y futuro, daños morales y daño fisiológico equivalente en total a $191.084.000 (…); b).

A favor de DIANA PATRICIA CASANOVA el 14.32% por concepto de perjuicios morales, es decir $47.972.000 (…); c) A favor de JHEISSON ANDRES (sic) GARCIA (sic) CASANOVA el 7.16% por concepto de perjuicios morales que son $23.986.000 (…) d). A favor de WENDY ALEJANDRA GARCIA (sic) CASANOVA el 7.16% por concepto de perjuicios morales es decir $23.986.000 (…); e) A favor del menor de edad ALEX GIOVANNY GARCIA (sic) CASANOVA el 14,32% por concepto de perjuicios morales, es decir $47.972.000 (…).

Igualmente refiere que las anteriores sumas serán pagaderas en dinero mediante cheques por valor de $125.000.000 y $85.000.000 y el valor restante en especie con «con el bien inmueble-casa lote avaluado en $150.000.000», para un total de $360.000.000. En consecuencia, no encuentra obstáculo esta Sala para aceptar la transacción, y el desistimiento propuesto por la demandada y dar por terminado el proceso, pues aunado a lo anterior, quienes suscriben el acuerdo se encuentran habilitados para transigir y desistir en nombre de los representados, de modo que en atención a lo prescrito por el art. 312 del C.G.P., aplicable a los juicios del trabajo por permitirlo así el art. 145 del C.P.L. y S.S., se accederá a lo pretendido.

No hay lugar a costas por haberlo solicitado así las partes. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO. - ACEPTAR la transacción suscrita entre los apoderados de ALEXANDER GARCÍA MUÑOZ y DIANA PATRICIA CASANOVA quienes actúan en nombre propio y en representación de su menor hijo ALEX GIOVANNY, WENDY ALEXANDRA GARCÍA CASANOVA, JHEISON ANDRÉS GARCÍA y CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA., sobre la totalidad de los puntos objeto del litigio y, en consecuencia, se declara terminado el proceso.

SEGUNDO. - ACEPTAR el desistimiento del recurso extraordinario de casación. TERCERO.- Sin costas conforme a lo expuesto en la parte motiva. CUARTO.- DEVOLVER al Tribunal de origen. Notifíquese y cúmplase. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN Presidente de Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 1 PAGE 11