AL2731-2023 — Corte Suprema

AL2731-2023Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

De qué trata

Tema: PROCEDIMIENTO LABORAL » NULIDADES » CONTROL DE LEGALIDAD - Agotada cada una de las etapas del proceso, el juez debe realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que se configuren como nulidades u otras irregularidades Tesis: «En el presente asunto, las pretensiones de la demanda se contraen a exigir de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES el cancelar los valores de las prestaciones no cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud - POS, o no financiadas en las Unidades de Pago por Capitación - UPC, además de los pagos realizados que fueron autorizados por fallos de tutela y los intereses moratorios previstos en el artículo 4.º del Decreto 1281 de 2002. Ahora bien, el verificar la jurisdicción y competencia que predica el operador judicial con respecto a un proceso, se convierte en un deber insoslayable, al tenor de lo dispuesto en el artículo 132 del Código General del Proceso aplicable a la materia laboral en virtud del principio de integración normativa, el cual a la letra dispone que “agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación”». PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA - Las reglas que se derivan de la competencia, en principio, son inmodificables e improrrogables y, por ello, su indebida implementación es susceptible de sanción por vía de anulación, por constituirse en una conducta atentatoria del debido proceso Tesis: «[...] el trámite de un proceso en la jurisdicción correcta y, por contera, por su juez natural, se erige como una franca manifestación de la garantía del debido proceso, que permitirá, en últimas, lograr la tutela efectiva de los derechos que se imploran. Sobre este aspecto, esta Corporación, en providencia CSJ AL5540-2022, consideró que: “[…] la garantía otorgada por el ordenamiento jurídico mediante figuras como la jurisdicción y la competencia solo puede materializarse a través del establecimiento y cumplimiento de reglas claras que permitan determinar con precisión, el juez que ha de encargarse de conocer y resolver los distintos asuntos que sean objeto de controversia. En igual sentido, ha sostenido esta Corporación, que, en principio, las reglas derivadas de la competencia se predican inmodificables, improrrogables y, por ello, su indebida implementación es susceptible de sanción por vía de anulación, por constituirse en una conducta atentatoria del debido proceso (SC1230-2018/2006-00251, abr. 25/2018).” En esta misma providencia, se ventiló un asunto de similares contornos a los que hoy convocan la atención de la Sala, relativo al juez competente para conocer del recobro que se pretendía ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. Para resolver el interrogante se razonó: “[…] ha considerado esta Corte que, en tratándose del funcionamiento del sistema, es posible evidenciar la existencia de varios tipos de relaciones jurídicas, cuyo conocimiento puede ser asignado a jueces de diversas jurisdicciones, dependiendo de su naturaleza. Por consiguiente, resulta oportuno precisar, que, con anterioridad, esta Corporación atribuyó la competencia de asuntos similares a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, por tratarse de la ejecución de obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2° numeral 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibidem. Sin embargo, el artículo 622 del Código General del Proceso, modificó la regla de competencia de los jueces laborales en lo concerniente a las controversias que se susciten de la prestación de servicios de seguridad social, así: ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: […] 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Siguiendo la misma línea argumentativa, resulta pertinente resaltar, que previo a la referida reforma legal, la Sala Plena de esta Corte, había dispuesto que demandas como la que dio inicio al presente proceso, son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y no laboral, tal como se precisó en los pronunciamientos CSJ APL2642-2017 y CSJ APL2208-2019. Ello fue así, teniendo en cuenta que se venía considerando que la controversia suscitada es de raigambre netamente civil o comercial, pues, se deriva de la forma contractual o extracontractual en que las entidades se obligan a prestar servicios de salud a los beneficiarios del sistema, y en virtud de la cual, hacen uso de diversos mecanismos garantes de la satisfacción de sus obligaciones, como lo son, las facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio. El precedente en cita fue confirmado, entre otras, en las providencias: CSJ APL2208-2019, CSJ APL985-2020, CSJ AL3171-2020, CSJ AL2399-2021 y CSJ AL4302-2021. Pese a la reiterada posición traída a colación, para esta Sala resulta imperioso analizar lo precisado por la Corte Constitucional - en autos como el A389-21, A794.21 y A1112-21, que dista de lo que venía predicando esta Corporación, en tanto que, asigna el conocimiento de asuntos como el que ocupa en esta oportunidad, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […] Al efecto, la Corte trae a colación lo preceptuado en la Ley 1609 de 2013, el Decreto 2265 de 2017 y los artículos 35 a 71 de la Resolución 1885 de 2018, a fin de concluir que: “el recobro no es una simple presentación de facturas, sino que constituye un verdadero trámite administrativo que busca garantizar el propósito de la ADRES consistente en administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad. (…) […] A partir de los anteriores presupuestos, dicha Corporación logra establecer que: “El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. […] Así las cosas, es evidente que la decisión de reconocer o no el pago de las obligaciones por concepto de recobro, cuando se den idénticos supuestos fácticos, subyace de una actuación de la administración. En ese orden, y atendiendo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación acogiendo lo dicho por la Corte Constitucional, infiere sin asomo de duda alguna, que el conocimiento de las controversias que se susciten en torno al tema objeto de estudio sea de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se trata de una entidad sujeta a dicha especialidad. […] Al efecto, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación, cuando al resolver un conflicto de competencia cuyas características son similares a la presente, determinó que el competente para conocer de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponden a los jueces contencioso administrativos, acogiendo para ello el criterio de la Corte Constitucional, contenido en los proveídos A-389 - 2021 Y A-794 - 2021, a raíz de la nueva competencia que le fue asignada, por virtud del artículo 14 del acto Legislativo 02 de 2015, mediante el cual se agregó el numeral 12 y se modificó el 11 del artículo 241 de la Constitución Política (Rad Nro 110010230000202200549-00).” Al atender el anterior criterio, como lo pretendido resulta ser que se efectué el pago de los valores de las prestaciones no cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud - POS, el pago de intereses por el pago tardío, claro es que, tal trámite escapa de la órbita de la jurisdicción ordinaria laboral, al no ajustarse a ninguno de los literales que aparecen consignados en el artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en ese orden de ideas, claro es que la jurisdicción para conocerlo radica en la Contencioso Administrativa. Tal afirmación, encuentra respaldo en la decisión CC A-510-2022, donde la Corte Constitucional, en un conflicto de jurisdicciones, consintió en que: “[…] 16. Con todo, en el auto 785 de 2021, la Sala Plena concluyó que la regla de decisión del referido auto 389 de 2021 también es aplicable a los “asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS del régimen subsidiado, hoy PBS”, de modo que el conocimiento de esas controversias “corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011”. 17. Regla de decisión. El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POSS, hoy PBS, corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores”. Por tal razón, se dispondrá la inmediata remisión de las diligencias a la Oficina Judicial de Bogotá para su reparto entre los juzgados administrativos de este Circuito Judicial». PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA » CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - El estudio de casos de recobro por la prestación de servicios médicos no incluidos en el plan de beneficios de salud (PBS), no puede ser asignado indistintamente a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, sin el análisis de la naturaleza jurídica de los sujetos que intervienen PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA » CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS), hoy plan de beneficios de salud (PBS), corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA - Se dispone remitir el expediente a la Oficina Judicial de Bogotá para su reparto entre los Juzgados Administrativos de este Circuito Judicial

SCLTJPT-05 V.01 Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN En la fecha 8 de noviembre de 2023 a las 08:00 a.m., Se notifica por anotación en estado n.° 175 la providencia proferida el 18 de octubre de 2023. SECRETARIA__________________________________ Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE EJECUTORIA En la fecha 14 de noviembre de 2023 y hora 5:00 p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida el 18 de octubre de 2023.

SECRETARIA___________________________________ ACLARACIÓN DE VOTO Demandante: Alliansalud Entidad Promotora de Salud Demandado: ADRES Radicación: 98810 Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo exprese en la sesión en que se debatió el asunto, aunque estoy de acuerdo con la decisión de que la jurisdicción ordinaria laboral no tiene competencia para conocer de los asuntos de recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS -hoy PBS-, toda vez que dicha competencia recae en la jurisdicción de los contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, considero que la Corte, antes de remitir el proceso a esa jurisdicción, ha debido declarar la nulidad de las sentencias proferidas en el juicio ordinario laboral.

En efecto, el artículo 16 del Código General del Proceso señala que cuando se declare la falta de jurisdicción «lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediata al juez competente». En tal perspectiva, considero que en ese contexto las providencias deben ser anuladas para restarles validez jurídica.

Ahora, no puede pretenderse que los jueces de lo contencioso Radicación n.° 98810 2 administrativo invaliden esas actuaciones surtidas en esta jurisdicción, pues es claro que no tienen esa facultad de injerencia interjurisdiccional. Por tanto, lo apropiado era que esta Corporación, en calidad de máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral anulará las sentencias proferidas por sus jueces de inferior jerarquía y luego de ello remitiera la actuación a los jueces administrativos.

Por estos motivos, aclaro el voto. Fecha ut supra. SCLAJPT-10 V.00 FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente ACLARACIÓN DE VOTO Radicación n.° 98810 Aliansalud Entidad Promotora de Salud contra Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres. Con el acostumbrado respeto por la decisión que adoptó la Sala y, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, me permito aclarar el voto respecto de la decisión adoptada, en los siguientes términos: El artículo 16 del Código General del Proceso, en aplicación bajo el principio de integración normativa contenido en el canon 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dispone: La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables.

Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

Aclaración de voto Radicación n.° 98810 SCLAJPT-10 V.00 2 En torno a ello, pese a que el criterio imperante de la Sala de Casación Laboral de la Corte impide decretar la nulidad de las actuaciones surtidas en las instancias, de contera las sentencias proferidas; no cabe duda que, en este especial evento, ante la ausencia de competencia funcional de la jurisdicción ordinaria laboral y antes de remitirlos a la autoridad judicial competente, en estricta aplicación de la disposición transcrita, lo conveniente es nulitar los fallos dictados en esta jurisdicción, conservando la validez de lo actuado por lo menos en lo tocante a las pruebas practicadas respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlas.

Luego de ello, consecuentemente, remitir las diligencias a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá (oficina de reparto), para su respectivo trámite. Vale la pena acotar que al no proceder de la manera anunciada se origina una posible transgresión al principio de seguridad jurídica, ya que, para las partes, las sentencias pronunciadas quedan en un limbo que mantiene en vilo la certeza de su derecho.

En los anteriores términos dejo consignada la aclaración de voto. Fecha ut supra