AL2595-2023 — Corte Suprema

AL2595-2023Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Ley 1437 de 2011

De qué trata

Tema: PROCEDIMIENTO LABORAL » NULIDADES » CONTROL DE LEGALIDAD - Agotada cada una de las etapas del proceso, el juez debe realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que se configuren como nulidades u otras irregularidades Tesis: «En el presente asunto, las pretensiones de la demanda se contraen a exigir del extinto Fosyga, el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 4.º del Decreto 1281 de 2002, por cuanto desatendió los plazos para cumplir con su obligación de reembolso de recobros y glosas que se generaron por la prestación de servicios de salud no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud NO POS. Ahora bien, el verificar la jurisdicción y competencia que predica el operador judicial con respecto a un proceso, se convierte en un deber insoslayable, al tenor de lo dispuesto en el artículo 132 del Código General del Proceso aplicable a la materia laboral en virtud del principio de integración normativa, el cual a la letra dispone que “agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación”». PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA - Las reglas que se derivan de la competencia, en principio, son inmodificables e improrrogables y, por ello, su indebida implementación es susceptible de sanción por vía de anulación, por constituirse en una conducta atentatoria del debido proceso Tesis: «[...] el trámite de un proceso en la jurisdicción correcta y, por contera, por su juez natural, se erige como una franca manifestación de la garantía del debido proceso, que permitirá, en últimas, lograr la tutela efectiva de los derechos que se imploran. Sobre este aspecto, esta Corporación, recientemente, en providencia CSJ AL5540-2022, consideró que: “[…] la garantía otorgada por el ordenamiento jurídico mediante figuras como la jurisdicción y la competencia solo puede materializarse a través del establecimiento y cumplimiento de reglas claras que permitan determinar con precisión, el juez que ha de encargarse de conocer y resolver los distintos asuntos que sean objeto de controversia. En igual sentido, ha sostenido esta Corporación, que, en principio, las reglas derivadas de la competencia se predican inmodificables, improrrogables y, por ello, su indebida implementación es susceptible de sanción por vía de anulación, por constituirse en una conducta atentatoria del debido proceso (SC1230-2018/2006-00251, abr. 25/2018)”. En esta misma providencia, se ventiló un asunto de similares contornos a los que hoy convocan la atención de la Sala, relativo al juez competente para conocer del recobro que se pretendía ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. Para resolver el interrogante se razonó: “[…] ha considerado esta Corte que, en tratándose del funcionamiento del sistema, es posible evidenciar la existencia de varios tipos de relaciones jurídicas, cuyo conocimiento puede ser asignado a jueces de diversas jurisdicciones, dependiendo de su naturaleza. Por consiguiente, resulta oportuno precisar, que, con anterioridad, esta Corporación atribuyó la competencia de asuntos similares a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, por tratarse de la ejecución de obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2° numeral 5° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 100 ibidem. Sin embargo, el artículo 622 del Código General del Proceso, modificó la regla de competencia de los jueces laborales en lo concerniente a las controversias que se susciten de la prestación de servicios de seguridad social, así: ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: […] 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Siguiendo la misma línea argumentativa, resulta pertinente resaltar, que previo a la referida reforma legal, la Sala Plena de esta Corte, había dispuesto que demandas como la que dio inicio al presente proceso, son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y no laboral, tal como se precisó en los pronunciamientos CSJ APL2642-2017 y CSJ APL2208-2019. Ello fue así, teniendo en cuenta que se venía considerando que la controversia suscitada es de raigambre netamente civil o comercial, pues, se deriva de la forma contractual o extracontractual en que las entidades se obligan a prestar servicios de salud a los beneficiarios del sistema, y en virtud de la cual, hacen uso de diversos mecanismos garantes de la satisfacción de sus obligaciones, como lo son, las facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio. El precedente en cita fue confirmado, entre otras, en las providencias: CSJ APL2208-2019, CSJ APL985-2020, CSJ AL3171-2020, CSJ AL2399-2021 y CSJ AL4302-2021. Pese a la reiterada posición traída a colación, para esta Sala resulta imperioso analizar lo precisado por la Corte Constitucional - en autos como el A389-21, A794.21 y A1112-21, que dista de lo que venía predicando esta Corporación, en tanto que, asigna el conocimiento de asuntos como el que ocupa en esta oportunidad, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […] Al efecto, la Corte trae a colación lo preceptuado en la Ley 1609 de 2013, el Decreto 2265 de 2017 y los artículos 35 a 71 de la Resolución 1885 de 2018, a fin de concluir que: “el recobro no es una simple presentación de facturas, sino que constituye un verdadero trámite administrativo que busca garantizar el propósito de la ADRES consistente en administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad. (…) […] A partir de los anteriores presupuestos, dicha Corporación logra establecer que: “El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. […] Así las cosas, es evidente que la decisión de reconocer o no el pago de las obligaciones por concepto de recobro, cuando se den idénticos supuestos fácticos, subyace de una actuación de la administración. En ese orden, y atendiendo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación acogiendo lo dicho por la Corte Constitucional, infiere sin asomo de duda alguna, que el conocimiento de las controversias que se susciten en torno al tema objeto de estudio, sea de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se trata de una entidad sujeta a dicha especialidad. […] Al efecto, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación, cuando al resolver un conflicto de competencia cuyas características son similares a la presente, determinó que el competente para conocer de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponden a los jueces contencioso administrativos, acogiendo para ello el criterio de la Corte Constitucional, contenido en los proveídos A-389 - 2021 Y A-794 - 2021, a raíz de la nueva competencia que le fue asignada, por virtud del artículo 14 del acto Legislativo 02 de 2015, mediante el cual se agregó el numeral 12 y se modificó el 11 del artículo 241 de la Constitución Política (Rad Nro 110010230000202200549-00)”. Al atender el anterior criterio, cambiando lo que haya que cambiar en el presente asunto, como lo pretendido resulta ser el pago de intereses por el pago tardío de reembolsos de los recobros y glosas generados por la prestación de servicios de salud no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud POS -hoy PBS-, claro es que tal trámite escapa de la órbita de la jurisdicción ordinaria laboral en su especialidad laboral, al no ajustarse a ninguno de los literales que aparecen consignados en el artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Tal afirmación, encuentra respaldo en la decisión CC A-510-2022, donde la Corte Constitucional, en un conflicto de jurisdicciones, consintió en que: “[…] 16. Con todo, en el auto 785 de 2021, la Sala Plena concluyó que la regla de decisión del referido auto 389 de 2021 también es aplicable a los “asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS del régimen subsidiado, hoy PBS”, de modo que el conocimiento de esas controversias “corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011”. 17. Regla de decisión. El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POSS, hoy PBS, corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores”». PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA » CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - El estudio de casos de recobro por la prestación de servicios médicos no incluidos en el plan de beneficios de salud (PBS), no puede ser asignado indistintamente a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, sin el análisis de la naturaleza jurídica de los sujetos que intervienen PROCEDIMIENTO LABORAL » COMPETENCIA » CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS), hoy plan de beneficios de salud (PBS), corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 PROCEDIMIENTO LABORAL » NULIDADES » NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL - Se declara la nulidad de todo lo actuado ante esta Corporación y, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Bogotá para su reparto entre los juzgados administrativos del circuito Tesis: «[...] si la intención de la EPS demandante en el presente asunto, es obtener el resarcimiento de intereses moratorios previstos en el Decreto 1281 de 2005 por el pago extemporáneo de los recobros y glosas generados por la prestación de servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS -hoy PBS-, ante el extinto Fosyga, administrado por las entidades demandadas, entre las cuales se encuentra el Ministerio de Salud y Protección Social, claro es que la jurisdicción para conocerlo radica en la Contencioso Administrativa. Por tal razón, se declarará la nulidad de todo lo actuado ante esta Corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído y consecuencial a ello, se dispondrá la inmediata remisión de las diligencias a la Oficina Judicial de Bogotá para su reparto entre los juzgados administrativos de este Circuito Judicial».

SCLTJPT-05 V.01 Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN En la fecha 25 de octubre de 2023 a las 08:00 a.m., Se notifica por anotación en estado n.° 166 la providencia proferida el 9 de agosto de 2023. SECRETARIA__________________________________ Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE EJECUTORIA En la fecha 30 de octubre de 2023 y hora 5:00 p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida el 9 de agosto de 2023.

SECRETARIA___________________________________ SCLAJPT-06 V.00 FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado Ponente ACLARACIÓN DE VOTO Radicación n.°64406 AL2595-2023 Si bien, considero acertado lo decidido por la Sala en este asunto, en el sentido de que la jurisdicción ordinaria laboral no tiene competencia para conocer de los asuntos de recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, pues conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 dicha competencia recae en la jurisdicción administrativa, mi reparo a la decisión consiste en que en este caso, debió declararse la nulidad de los fallos proferidos en el proceso ordinario laboral.

A mi juicio, debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 16 del CGPen concordancia con el artículo 138 de la misma obra, en el sentido de que dicha norma prescribe que la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional es improrrogable. Y cuando se declare de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se |Radicación n.°64406 SCLAJPT-06 V.00 2 hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente.

Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo. (Énfasis añadido). Mientras que, la falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.

En el anterior orden de ideas le correspondía a la Corte al encontrar que, el caso sub examine era competencia de la jurisdicción administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y lo señalado por la Corte Constitucional, anular las decisiones judiciales anteriores a la sentencia de primera instancia, pues ello no podría ser declarado por los jueces administrativos.

En los anteriores términos, dejó sustentada las razones jurídicas que motivaron la presente aclaración del voto. Magistrado ACLARACIÓN DE VOTO Demandante: EPS SANITAS S.A. Demandado: La Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social, Fondo de Seguridad y Garantía – FOSYGA, hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES- y otros.

Radicación: 64406 Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, en esta oportunidad debo aclarar mi voto. En concreto, me aparto de la forma en que se resolvió realizar la respectiva remisión del expediente a los jueces administrativos.

En efecto, nótese que la Sala declaró únicamente la nulidad de lo actuado desde el auto que admitió el recurso de casación y remitió directamente el expediente a los jueces administrativos de Bogotá. A mi juicio esa solución implica que las sentencias de instancia dictadas en el proceso ordinario laboral queden incólumes. Incluso, adviértase que la determinación de la Sala implica que el término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia aún esté Radicación n.° 64406 2 vigente, teniendo presente que el Tribunal concedió el recurso de casación ante esta Corporación. Por ello, tal y como lo expuse en la sesión respectiva, teniendo en cuenta que la falta de jurisdicción por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, la nulidad declarada ha debido extenderse hasta el fallo de primera instancia, conservando toda su validez lo actuado con anterioridad, tal y como expresamente lo prevén los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso.

En el anterior contexto, y comoquiera que ciertamente la Corte no puede declarar nulidades que surjan en las instancias, lo correcto era remitir el expediente al Tribunal Superior de Bogotá a fin de que tomara los correctivos pertinentes y, una vez hecho esto, este remitiera el asunto a los jueces administrativos, para lo de su competencia. La omisión que destaco puede tener un efecto traumático en este proceso, toda vez que los jueces administrativos del Circuito de Bogotá recibirán el expediente con las sentencias dictadas en el proceso laboral en todo su vigor, no obstante que, reitero, lo procedente era que lo recibieran para dictar la primera sentencia, sin necesidad de rehacer el procedimiento ya surtido ante la jurisdicción ordinaria laboral y por lo menos hasta el estado en que se encontraba antes de dictar el fallo de primer grado, salvo que se advirtiese que no se observaron las garantías y derechos de las partes -CC C-537-2016.

Precisamente, el artículo 138 mencionado prevé que «[e]l auto que declare una Radicación n.° 64406 3 nulidad indicará la actuación que debe renovarse», lo cual considero que no satisfizo adecuadamente el auto que motiva mi aclaración. Por último, estimo que la Sala debió tener en consideración la posibilidad de ajustar los efectos del fallo que cambia el precedente en vigor en materia de jurisdicción y competencia, esto es, explorar la opción de que el nuevo criterio jurisprudencial rija hacia futuro, a fin de no retardar la acción de la justicia y garantías judiciales como la eficacia del debido proceso, el acceso a la justicia con obtención de una decisión en términos razonables, la economía procesal, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la prevalencia al derecho sustancial.

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que en cada jurisdicción el legislador procuró establecer las reglas que definen el debido proceso conforme a la materia concreta que reguló, de modo que las partes tengan la posibilidad de defender sus derechos ante un juez imparcial. En este sentido, opino que si un juez admitió un asunto o decidió apartarse del mismo al considerar que carecía de competencia o jurisdicción y para ello siguió estrictamente una regla jurisprudencial vigente, no sería justificado que posteriormente un órgano superior aplique un criterio ulterior de conocimiento de los procesos y ello tenga el efecto de anular toda la actuación procesal surtida, aun cuando estaba amparada en la jurisprudencia en vigor.

Radicación n.° 64406 4 De la misma manera en que no es dable anular los procesos que se surtieron en vigencia de un criterio jurisprudencial vigente sobre jurisdicción y competencia y terminaron con sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, tampoco se justificaría anular una actuación procesal surtida debidamente en ese mismo criterio que, y aquí soy enfático, tiene un carácter estrictamente procesal, por lo que su variación no debería repercutir en el correcto, efectivo y eficiente acceso a la justicia y en el derecho sustancial defendido ante un juez imparcial.

Dejo así planteada mi aclaración de voto. Fecha ut supra.