AC8101-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Inírida, Guainía, y el Juzgado Sesenta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., para conocer de la demanda ejecutiva de mínima cuantía promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra Nancy Garzón Romero.

ANTECEDENTES 1. En demanda dirigida al «JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE INIRIDA», la entidad accionante solicitó librar mandamiento de pago a su favor a fin de que se le cancele las acreencias insatisfechas de $18’495.714 y $1’981.066, correspondientes a obligaciones asumidas por la demandada a favor de la parte actora, y respaldadas por pagarés, junto a los correspondientes intereses remuneratorios causados y los moratorios que se generen hasta el día de pago.

Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 2 En el acápite de competencia, fundamentó la asignación «por el lugar donde debe cumplirse la obligación, y por el domicilio de la parte demandada». 2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Inírida, a quien correspondió el asunto por reparto, rechazó competencia argumentando que la pauta aplicable era la del numeral 10° del artículo 28 del C.G.P., esto es, la del domicilio de esa entidad, el cual corresponde a Bogotá. Decisión que fue objeto de reposición por la accionante, a lo cual la autoridad no accedió. En tal virtud, ordenó el envío de las diligencias a reparto entre los Juzgados de la capital. 3.

El Juzgado Sesenta y Dos de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., también rehusó conocimiento del pleito manifestando que, si bien reconocía el precepto del numeral 10 ejusdem, cierto era que en el caso en concreto era dable la aplicación del numeral 5 de la misma norma que atribuye la competencia al Juez de la sucursal o agencia vinculada al asunto.

Así, concluyó que: (…) la competencia de la acción en ciernes está legalmente atribuida al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Inírida, dado que dicha autoridad jurisdiccional se ubica en la ciudad donde se encuentra la sucursal que se encuentra involucrada en el adelantamiento del producto financiero que dio origen al pagaré base de esta ejecución ( ) En consecuencia, la autoridad judicial de Bogotá propuso conflicto negativo de competencia sobre el asunto, remitiendo el expediente a esta Corporación a fin de determinar el llamado a resolver.

Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 3 CONSIDERACIONES 1. Corresponde determinar el Juzgado competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva de mínima cuantía, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten qué foro aplicar, (i) si el consagrado en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, aplicable de forma privativa cuando concurren entidades públicas, o (ii) si es viable emplear el establecido en el numeral 5 ejusdem en razón a que el asunto esté vinculado a una sucursal o agencia de la entidad demandante en tanto allí se presentó la demanda y máxime si concurren otros factores de atribución de competencia. 2.

Comoquiera que el conflicto identificado involucra a autoridades de diferentes distritos judiciales, le compete a la Corte dirimirlo como superior funcional común de aquellas, según las previsiones de los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, así como 35 y 139 del C.G. del Proceso. 3. Los factores de competencia son los parámetros definidos por el ordenamiento jurídico para determinar la autoridad judicial llamada a conocer de una controversia en particular.

Estos son el subjetivo, el objetivo, el territorial, el funcional y el de atracción o conexidad. Tratándose del factor territorial, la regla general, «salvo disposición legal en contrario», es la contenida en el numeral 1° del artículo 28 del C.G.P., que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al Juez del domicilio del demandado.

No obstante, el ordenamiento concibe disposiciones Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 4 especiales atendiendo a la naturaleza de cada litigio, las cuales pueden ser concurrentes o exclusivas. En ese sentido, la competencia se atribuye también al Juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones cuando se está en presencia de procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, tal como lo indica el numeral 3° del citado precepto.

Adicionalmente, el numeral 5° del canon 28 del estatuto procesal civil, permite al demandante contra una persona jurídica, radicar su escrito inicial ante los juzgadores de sus sucursales y agencias, tratándose de «asuntos vinculados» a estas, y no exclusivamente en el domicilio principal. Así mismo, el precepto 10° ibidem, atribuye una competencia exclusiva al Juez del domicilio de las entidades públicas, cuando estas sean parte de procesos contenciosos. 4.

La concurrencia de los anteriores foros en un mismo asunto, como es el caso que se estudia en esta oportunidad, ha generado el surgimiento de dos posturas al interior de la Sala. De un lado, se encuentra aquella que da prelación a la literalidad de las normas procesales, conforme al artículo 27 del Código Civil que dicta que «[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu», junto al canon 28 de la misma obra que lee así, «[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas», por lo que, revisada la regla 5ª, artículo 28, Código General del Proceso, se entiende que la Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 5 frase en «los procesos contra una persona jurídica» refiere a cuando la entidad es demandada y no cuando se trata de la demandante.

En ese sentido, definen como aplicable la atribución privativa del numeral 10 ejusdem, esto es, que en asuntos donde el ente público es el promotor del pleito será competente el Juez de su domicilio principal. Por otra parte, otros integrantes de la Sala, sin desconocer el imperativo dispuesto en el numeral 10º del citado precepto 28 de la codificación instrumental, se inclinan por una interpretación integradora de la normativa regente de la competencia territorial, considerando que «mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica» (CSJ AC2346-2018, reiterada en AC4953- 2019, AC 3191-2023, entre otros).

Y, consecuente con esto, avalan la posibilidad de que la entidad pueda demandar en el lugar de su domicilio principal o bien en el de su sucursal o agencia, si el asunto está vinculado a alguna de estas. Esto es, que el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios, empresa de economía mixta, o el organismo público a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, estaría habilitado para acceder a la jurisdicción en el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia a la que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, a su elección, bajo la premisa de que el legislador no lo circunscribe al domicilio principal del órgano beneficiario.

Tal posición es la adoptada por este despacho, como pasa a verse. Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 6 5. En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del estado, de carácter financiero, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por «[l]as empresas industriales y comerciales del Estado», por lo que es evidente la naturaleza pública de la gestora, siéndole aplicable el ordinal 10º del canon 28 referido.

Al predicarse respecto del Banco Agrario ese fuero privativo, establecido en consideración a su naturaleza jurídica, se podría indicar que, en principio, el conocimiento de la demanda sería de competencia exclusiva del Juzgado de su domicilio principal, esto es, Bogotá, conforme una interpretación literal de las disposiciones arriba citadas.

No obstante, una hermenéutica sistemática de las reglas de competencia tantas veces citadas, al amparo de principios constitucionales como el de acceso a la administración de justicia, inmediación, contradicción e igualdad, todos ellos como manifestación de la prerrogativa consagrada en el artículo 29 Superior, además establecidos en las pautas de interpretación de las normas procesales del artículo 11 estatuto adjetivo, y con miras a efectivizar al derecho sustancial, permite a la Corte reconocer la potestad Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 7 con la que cuenta la entidad de elegir entre radicar el libelo en su domicilio principal o en la municipalidad en donde cuenta con una sucursal o agencia vinculada al asunto.

Revisadas las diligencias, si bien la entidad accionante erró al momento de atribuir la competencia, cierto es que radicó y dirigió el libelo a los Jueces de Inírida, Guainía, manifestación de voluntad suficiente que dilucida su elección, a la cual se dará prelación, pues si bien es cierto que en dicha localidad según el RUES, no se registra sucursal o agencia, si cuenta el Banco Agrario con una oficina vinculada con el asunto -numeral quinto-1, en tanto allí se suscribió el pagaré, donde concurren otros foros de competencia pues es a su vez el lugar de cumplimiento de la obligación como dispone el título valor -numeral tercero- y el domicilio de la demandada -numeral primero-, tal como lo puso de presente la parte actora al fundamentar la asignación. En efecto, la aplicación irrestricta del fuero personal, atendiendo la naturaleza pública del ente demandante, podría menoscabar las prerrogativas del llamado a juicio al tener que destinar tiempo y recursos para trasladarse a una ciudad diferente a la de la oficina en donde se comprometió a cumplir la obligación, y que, en este caso, resulta ser su domicilio y lugar de cumplimiento de la obligación, e inclusive, atentar contra la celeridad misma que se espera en la tramitación del asunto. 1 Véase que el pagaré dispone el cumplimiento de la obligación en las oficinas del Banco Agrario en dicha ciudad, información verificada y confirmada en la página web de la entidad (ver: https://www.bancoagrario.gov.co/canales-de-atencion/oficinas).

Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-04914-00 8 6. Por lo expuesto, la competencia para adelantar el proceso con título valor promovido por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra Nancy Garzón Romero recae en la autoridad judicial de Inírida. DECISIÓN Por mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Declarar que el competente para conocer de la demanda ejecutiva, es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Inírida, Guainía. En consecuencia, remítase el expediente a dicho despacho y comuníquese de esta determinación a la otra autoridad.

Notifíquese y Cúmplase, FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado Firmado electrónicamente por: Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: C5C9C834E9AF86208CBBEC0FA5C9017BE8E93E6D2AB597730E7631A84FDA69DD Documento generado en 2024-12-18