AC8080-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander y Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogotá -transformado transitoriamente en Juzgado Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple- para conocer de la demanda instaurada por el Banco Agrario de Colombia S.A., contra Rito Antonio Guiza López.

I.

ANTECEDENTES 1. Mediante acción ejecutiva el promotor pidió que se libre mandamiento de pago en contra del ejecutado por la suma contenida en los pagarés No. 060296100012613, y 060296100010478, determinando la competencia en cabeza del Juez Promiscuo de Bolívar, Santander, de conformidad con «la naturaleza del asunto, el domicilio del demandado y el valor total de las pretensiones». 2.

El asunto correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander, quien rechazó su Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 2 conocimiento conforme al numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, según el cual en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad pública conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad, y «al estar domiciliado el Banco Agrario de Colombia en la ciudad de Bogotá D.C, como se observa en el certificado de existencia y representación descargado del Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio (RUES)», la competencia radica en los jueces de esta capital, por lo que ordenó la remisión a dicho distrito judicial. 3.

El Juez Ochenta y Uno Civil Municipal de Bogotá -transformado transitoriamente en Juzgado Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple- también rehusó el litigio conforme al numeral 5° ibidem, puesto que «quien debe conocer la demanda de la referencia es el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander, dado que el pagaré báculo de la acción cambiaria está vinculados con la sucursal que tiene el banco ejecutante en esa ciudad, por lo que estaba facultado para incoar la acción en ese lugar».

Con base en lo anterior propuso el conflicto de competencia para resolver por esta Corporación. II. CONSIDERACIONES 1. Como la discusión involucra a autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 de la Ley 1564 de 2012 y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.

Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 3 2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o rechazarla, el administrador de justicia tiene la obligación de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. 3.

El numeral 1º del artículo 28 ibidem, consagra la regla general, según la cual: «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. (…)». De forma concurrente, la competencia se atribuye también al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando se está en presencia de procesos originados en un negocio jurídico, tal como lo indica la regla 3ª del citado canon.

Por lo tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, en el factor territorial hay dos fueros concurrentes a elección del demandante, pues al «Fuero del domicilio» basado en el domicilio del demandado, se suma el «Fuero contractual» que tiene en cuenta el lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto.

Sumado a lo anterior, el numeral 5° ibidem, señala que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 4 una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». No obstante, la regla decima de la misma norma estipula que «en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».

De manera que, en principio, en un proceso que involucra títulos ejecutivos, concurren fueros por elección, por lo que el ejecutante podrá optar por la atribución de la competencia al juez de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad pública la que obra como parte, en consideración a la «competencia privativa» se impone que el conocimiento del asunto deberá realizarse por un juez del domicilio de ésta, o a elección, el de su sucursal o agencia siempre que el asunto esté vinculado a alguna de ellas. 4.

En este caso, de conformidad con la información de público acceso, se advierte que la entidad convocante es una Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, factores que indican sin lugar a dudas su naturaleza pública. En este sentido, conforme al artículo 38 de la Ley 489 de 1998 la Rama Ejecutiva del poder público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por «[l]as empresas industriales y comerciales del Estado», por lo que resulta Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 5 palmario que la gestora es una de las personas jurídicas a que alude el ordinal 10º del canon 28 referido, de tal suerte que, en principio, una interpretación literal de dicha norma, podría llevar a la ineludible conclusión que el asunto corresponde al juzgado del domicilio principal de la entidad promotora.

Sin embargo, una interpretación sistemática de las reglas de competencia citadas en párrafos anteriores, a la luz de principios constitucionales como el acceso a la administración de justicia, defensa, contradicción, inmediación e igualdad, puntos cardinales del debido proceso, y con miras a dar eficacia al derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, permiten a esta Magistratura advertir la necesidad de dar prelación al foro 5º ibidem, regla integradora en los procesos que es parte una persona jurídica.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica» (CSJ AC23462018, 13 jun 2018, Rad. 2018-01176. Reiterada en AC49532019, AC 3191-2023, entre otros). 5.

Bajo esos lineamientos, y en aras de desatar el presente asunto, se advierte que la demanda fue dirigida bajo la regla del numeral 1º, la cual no es aplicable en este caso para la determinación de la competencia, al Juez Promiscuo Municipal de Bolívar, No obstante, conforme a la regla del numeral 5° y verificada la consulta a través de la página web del Registro Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 6 Único Empresarial y Social, se advierte que la ejecutante cuenta con una agencia activa en el municipio Bolívar - Santander-1, la que está vinculada al asunto en revisión por cuanto en la misma se suscribieron los documentos objeto de recaudo2.

En este sentido, a pesar de que bien podría ser competente el juez del domicilio principal de la ejecutante, se tiene en consideración que fue en el municipio antes referido el lugar en donde se presentó la demanda, lo que da cuenta de la verdadera intención de la ejecutante ante la naturaleza de la acción, que por demás coincide con el lugar que se señaló como domicilio del ejecutado y del cumplimiento de las obligaciones3.

Sea de señalar que una aplicación irrestricta del fuero personal, atendiendo exclusivamente a la naturaleza de las entidades públicas y, por ende, privilegiando sin justificación válida este tratamiento diferencial, podría menoscabar las garantías del llamado a juicio en este tipo de procedimientos compulsivos al tener que destinar tiempos y recursos para trasladarse a una ciudad diferente a la de su domicilio y lugar de cumplimiento de la obligación. 6.

Por lo anterior, se remitirá el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander, por ser el competente para instruir y resolver la acción incoada. 1 Cfr. https://ruesfront.rues.org.co/detalle?m=0000112945&c=05 2 Cfr. Expediente remitido. Archivo «001DemandaAnexos.pdf», folios 9 a 22. 3 Cfr. Ibidem. Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04773-00 7 III.

DECISIÓN Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los juzgados mencionados, determinando que, al Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar, Santander, le corresponde conocer la demanda ejecutiva promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A., contra Rito Antonio Guiza López.

En consecuencia, remítase el expediente a dicha autoridad, y comuníquese de esta determinación a la otra autoridad judicial. Notifíquese y Cúmplase. FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado Firmado electrónicamente por: Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 03BE7F829A31EC3A972760A67AB61BCACBE125E87ACD5B8A533ABD7FA480572A Documento generado en 2024-12-18