AC8032-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04434-00 Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Segundo Civil Municipal de Santander de Quilichao - Cauca y Ochenta y Uno Civil Municipal (Transitoriamente Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple) de Bogotá, para conocer de la demanda ejecutiva singular instaurada por el Banco Agrario de Colombia S.A., contra Ismael Caso Tobar y Héctor Fabio Caso Tobar.

ANTECEDENTES 1. En demanda radicada ante los Juzgados Civiles Municipales de Santander de Quilichao (Cauca), la entidad financiera accionante solicitó a la judicatura librar orden de apremio a su favor y contra de la convocada, por la acreencia derivada del pagaré «021186100007561 de 27 de junio de 2019 […] por $1’021.218.». En el acápite de competencia, señaló que esta, en cuanto al factor territorial, «derivada del domicilio del (los) demandado (S).». 2.

El asunto le correspondió adelantarlo al Juzgado Segundo Civil Municipal de la localidad en mención, el cual, Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 tras librar mandamiento de pago (1º de agosto de 2023), mediante proveído de 22 de marzo de la presente anualidad, consideró que carecía de competencia para proseguir con dicha tramitación, en virtud de la prelación que se predica del criterio establecido en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso (citó un precedente relacionado de la Sala de Casación Civil AC3745-2023) comoquiera que Santander de Quilichao no es «el lugar de domicilio de la entidad pública que funge como sujeto activo de la acción, y en tal sentido, se ordena la remisión de la presente demanda […] a la oficina judicial de Bogotá para el respectivo reparto entre los juzgados civiles, a quienes corresponde su conocimiento (…)». 3.

Recibida la actuación por el Juzgado Ochenta y Uno Civil Municipal (Transitoriamente Sesenta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple) de esta capital, este rehusó también la atribución y planteó la colisión que se resuelve, con sustento en que, «(…) el Banco Agrario de Colombia SA tiene una sucursal en el municipio de Santander de Quilichao, según se desprende de la información publicada en la página de internet de esa entidad pública, (b) que esa localidad corresponde al domicilio de los ejecutados, (c) esa fue la urbe en la que el demandante decidió presentar la demanda, (d) ese proceso ejecutivo ya cuenta con mandamiento de pago librado el 1.° de agosto de 2023 por parte del juez de conocimiento y (e) previamente la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en el citado auto AC4435-2024 del 9 de agosto de 2024, había ordenado devolver otro juicio ejecutivo de características similares al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santander de Quilichao, Cauca».

Con ese fundamento, remitió el expediente a esta Corporación, para que dirima lo correspondiente. Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 CONSIDERACIONES 1. Sobre la atribución de la Corte para resolver el conflicto de competencia. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 de la Ley 1564 de 2012 y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.

Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto Procesal. Para la determinación de la competencia del juez a quien le concierne el conocimiento de un litigio, se tienen en cuenta distintos aspectos vinculados, entre otros; a las partes involucradas, al lugar en donde acontecieron los hechos, la naturaleza del asunto, la cuantía y el domicilio.

Con base en lo anterior y a la luz de lo manifestado por el convocante junto con las pruebas aportadas, corresponde al operador judicial a quien se le atribuye el adelantamiento de la causa en particular, el asumir o rehusar su competencia. Respecto de la competencia territorial, el artículo 28 del Código General del Proceso establece distintos foros, consagrando en el numeral 1° como regla general el domicilio del demandado, precisando que «Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante (…)» Subrayado propio.

Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 A su vez el numeral 3° dispone que «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes a elección del demandante, pues al Fuero del domicilio basado en el domicilio del demandado, se suma el Fuero contractual que tiene en cuenta el lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto.

Sumado a ello, el numeral 5º establece que en los procesos contra una persona jurídica el competente es el juez del domicilio principal de ésta, pero «cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». No obstante, el numeral 10º dispone que «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (…)» Negrillas fuera de texto.

De ahí que, en principio, en un proceso que involucra títulos ejecutivos, concurren fueros por elección, por lo que el ejecutante podrá optar por la atribución de la competencia al juez de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones; sin embargo, si en dicho pleito, como en el sub lite, es una Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 entidad pública la que obra como parte, en consideración a la competencia privativa se impone que el conocimiento del asunto deberá realizarse por un juez del domicilio de ésta, o a elección, el de su sucursal o agencia siempre que el asunto esté vinculado a alguna de ellas.

Al respecto, la providencia AC-140-2020 al unificar la jurisprudencia de esta Corporación frente al tema, precisó que: «en el entendimiento sistemático de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelación que este concretamente previó en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el interés general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificación, al señalar que es en el domicilio de los entes públicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda».

La citada hermenéutica -señaló la Corte- revela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.».

La justificación de esa directriz «muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16).

En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial».

Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 De manera que, se insiste, es inobjetable que en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o pública, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida «en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido (regla subjetiva que, en la actualidad, está vinculada con una de carácter territorial). 3.

Caso concreto En este evento, se advierte que conforme se relaciona en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, junto con el certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, aportados con la demanda, la entidad convocante es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del Poder Público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por «Las empresas industriales y comerciales del Estado», lo que lleva a concluir, sin lugar a dudas, que la gestora es una persona jurídica de naturaleza pública, por ende, es aplicable el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso.

Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 Desde esa óptica, únicamente en el domicilio principal de la entidad, la ciudad de Bogotá es donde quedaría fijada la competencia territorial. Empero, el numeral 5º ibídem es regla integradora en los procesos que es parte una persona jurídica. Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica» (CSJ AC2346-2018, 13 jun 2018, Rad. 2018-01176.

Reiterada en AC4953-2019, AC 3191-2023, entre otros). Bajo esos lineamientos, y en aras de desatar el presente conflicto, se evidencia que en el escrito de demanda la entidad financiera ejecutante fue concreta respecto de la regla que determinaría la competencia, sin embargo, conforme la del numeral 5° se tiene que la precursora cuenta con una oficina activa en la ciudad de Santander de Quilichao, misma que está vinculada al asunto en revisión. Por lo tanto, a pesar de que bien podría ser competente el juez del domicilio principal de la ejecutante, tanto como el del domicilio de la agencia vinculada, se tiene en consideración que fue en este último el lugar en donde se presentó la demanda, lo que da cuenta de la verdadera intención de la ejecutante, además de coincidir con el domicilio de los demandados conforme se indicó en el libelo.

Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 Y es que, el ente territorial, la entidad descentralizada por servicios o el organismo público a favor del cual se reconoce la prerrogativa de comparecer a juicio en el sitio de su domicilio, puede escoger el lugar de su sede principal o el de la sucursal o agencia al que se encuentre ligado el asunto materia del litigio, selección que lejos de resentir el fuero privativo, le otorga una aplicación concreta, toda vez que, se reitera, el legislador no lo circunscribió al domicilio principal del órgano beneficiario. 4.

Conclusión En definitiva, es procedente que continúe el juicio en la sede judicial que, en un comienzo, recibió y adelantó las diligencias, porque esta fue la elegida por la entidad demandante entre las alternativas que acaban de reseñarse. A ella se le remitirá el expediente para que continúe la tramitación. Además, se informará de esta decisión a la otra autoridad.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural; RESUELVE, el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que, al Segundo Civil Municipal de Santander de Quilichao, le corresponde continuar con el conocimiento del proceso promovido por el Radicación n° 11001-02-03-000-2024-04434-00 Banco Agrario de Colombia S.A., frente a Ismael Caso Tobar y Héctor Fabio Caso Tobar.

En consecuencia, remítase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comuníquese de esta determinación al otro despacho judicial. Notifíquese y Cúmplase, FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado Firmado electrónicamente por: Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 914B0AC7B5C5215A530F91A880380D06D56198CB6D05E6DE95A053E73B094EF5 Documento generado en 2024-12-18