CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicación n.° 11001-02-03-000-2014-02456-00 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL ARIEL SALAZAR RAMÍREZ Magistrado ponente AC7485-2014 Radicación n.°11001-02-03-000-2014-02456-00 Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014). Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Dosquebradas (Risaralda) y Tercero Civil Municipal de Manizales (Caldas).
I.
ANTECEDENTES 1. Alicia Hernández López, promovió proceso ejecutivo de mínima cuantía en contra de Robín José Espitia, con el fin de obtener el pago coactivo de las sumas de dinero incorporadas en una letra de cambio que allegó como base de la ejecución. [Folio 5, c.1] 2. En el libelo incoativo se manifestó que el demandado era vecino de Manizales (Caldas) y en virtud a ello, se radicaba la demanda ante los jueces de dicha ciudad; de igual forma, se indicó como dirección de notificación del ejecutado la « calle 42 Nro. 23-52 Barrio Vélez de la ciudad de Manizales como sitio de habitación, y en la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales Municipales de Pereira –Risaralda- ubicada en la Avenida 30 de Agosto Nro. 32B-59 Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión ». [Folio 7, c.1] 3.
El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Tercero Civil Municipal de Manizales (Caldas); autoridad que mediante proveído de 17 de junio de 2014 libró mandamiento de pago y ordenó su enteramiento al extremo pasivo. [Folio 8, c.1] 4. Posteriormente la parte ejecutante, presentó memorial en el que señaló que corregía la dirección de notificación del « sitio de trabajo de demandado…» que correspondía era a la «Fiscalía General de la Nación. Fiscalía 33 Unidad de Dosquebradas, ubicada en la carrera 18 Nro. 19-69 Piso 4º Barrio Santa Mónica del Municipio de Dosquebradas – Risaralda». [Folio 18, c.1] 5.
Mediante auto de 22 de septiembre de 2014, se ordenó la remisión del proceso a los Despachos Judiciales de Dosquebradas (Risaralda), por cuanto en dicho lugar laboraba el accionado y por ende, éste tenía su domicilio ese sitio. [Folio 21, c.1] 6. Recibido el asunto para su tramitación por el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas (Risaralda), éste suscitó el conflicto de competencia, luego de considerar que la parte actora no manifestó que el domicilio del ejecutado se encontrara en tal localidad, por lo que el funcionario de origen no podía asumir dicha circunstancia, menos aun cuando ya había librado mandamiento de pago.
Por esas razones dispuso la remisión de las diligencias a esta Corte. [Folio 31, c. 1] II. CONSIDERACIONES 1. Es cuestión que no merece reparos, por ser un punto en el que existe consenso tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, que la competencia se determina, por regla general, en el momento en que se acude ante el juez para reclamar la protección del derecho sustancial, es decir cuando se interpone la demanda.
En ese orden, al funcionario judicial le asiste el deber de revisar desde un comienzo el cumplimiento de los requisitos formales que ha de contener el libelo, entre los cuales se encuentra la designación del domicilio del demandado, tal como lo preceptúa el numeral 2º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. Es en ese momento cuando puede inadmitir o rechazar la demanda por alguna de las causas previstas en el artículo 85 ejusdem.
Al tenor del antepenúltimo inciso de este canon « el juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término está vencido.» A su vez, el primer inciso del artículo 148 del mismo ordenamiento estatuye: « siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará su actuación. Estas decisiones serán inapelables.» En contraste, el segundo inciso del artículo 148 preceptúa, que « el juez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alegaron la incompetencia, en los casos del penúltimo inciso del artículo 143.» En realidad, el penúltimo inciso del artículo 143 no guarda correspondencia con el tema, pues hace alusión a las causales de nulidad previstas en los numerales 5º a 9º del artículo 140, que nada tienen que ver con la competencia. La citada disposición se remite, más bien, al antepenúltimo inciso del artículo 143, a cuyo tenor, « no podrá alegar la causal de falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones previas ».
En armonía con ese precepto, el numeral 5º del artículo 144 señala que la nulidad se considerará saneada « cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso ». 2. Las anteriores disposiciones indican, como en reiteradas oportunidades lo ha expresado esta Corte, que: (…) al juzgador le asiste liminarmente el deber de evaluar lo relativo a la competencia para asumir el trámite de un asunto particular, con sujeción a los factores expresados por el petente en su demanda, toda vez que si considera que no la tiene así deberá declararlo, rechazando el escrito incoativo y remitiendo el expediente al funcionario judicial que estime competente.
De modo tal que esta es la oportunidad legal que le asiste al juez para expresar su incompetencia para tramitar un proceso. (…) Contrario sensu, si el operador judicial admite la demanda o verbi gratia libra mandamiento de pago, la competencia queda fijada, y, en cuanto refiere al factor territorial, únicamente podrá declinarla en el evento de que prosperen los cuestionamientos formulados por los demandados a través de los conductos procesales establecidos para ello.
Así mismo, el silencio de la parte pasiva frente a esta situación, igualmente conlleva al saneamiento de la presunta nulidad que por dicha circunstancia pudiese brotar, por lo tanto no es dable al juez declararse incompetente por el sobredicho factor. (CSJ AC, 13 Feb 2012. Rad. 2012-00037-00). En el mismo sentido se ha aclarado que el juez no podrá variar o modificar la competencia a su libre arbitrio « cuando la pasó por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor… » de suerte que « si por alguna circunstancia la manifestación del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto ».
(CSJ AC, 13 Feb 2012. Rad. 2012-00037-00). Ahora bien, para establecer la competencia por el factor territorial se hace necesario acudir a la regla general contenida en el numeral primero del artículo 23 del ordenamiento procesal, a cuyas voces « en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste.» 3.
En el caso que se analiza, en la demanda se afirmó que el ejecutado está domiciliado en la ciudad de Manizales, y como dirección de notificación la Calle 42 # 23-52 Barrio Vélez de esa localidad como sitio de habitación. Luego de revisar los requisitos formales que debe contener el libelo, el juez libró mandamiento de pago el 17 de junio de 2014y ordenó su enteramiento al demandado [folio 8, c.1], lo que significa que desde ese momento se fijó la competencia en tal funcionario, sin que le estuviera permitido variarla motu proprio, pues la supuesta falta de la misma por el factor territorial no constituye una nulidad insubsanable.
Por el contrario, en atención a las previsiones legales que se comentaron líneas arriba, y, específicamente las contenidas en el segundo inciso del artículo 148; el antepenúltimo inciso del artículo 143; y el numeral 5º del artículo 144 de la ley procesal, es ostensible que el funcionario judicial no está facultado para declarar esa especie de nulidad de manera oficiosa, pues luego de haber asumido el conocimiento del asunto, queda al arbitrio de la parte demandada decidir si formula la respectiva excepción previa, o si acepta el fuero establecido.
De ahí que si el actor señaló inicialmente que el domicilio del convocado se encuentra en Manizales (Caldas); si del contenido libelo el juez no dedujo una conclusión diferente; si libró el respectivo mandamiento de pago; y si la falta de competencia territorial no ha sido alegada por la parte interesada, entonces no existe ninguna razón para que el juez que asumió el conocimiento del trámite desde un comienzo se desprendiera del mismo con sustento en razones que no se encuentran previstas en la ley procesal. 4.
Por tales razones se asignará la competencia para seguir conociendo del trámite al Juzgado Tercero Civil Municipal de Manizales (Caldas), de lo cual se dará aviso al funcionario que planteó el conflicto y a la interesada. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Manizales (Caldas), es el competente para asumir el conocimiento del proceso ejecutivo de Alicia Hernández López contra Robín José Espitia Giraldo.
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas (Risaralda), y a la interesada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ARIEL SALAZAR RAMÍREZ Magistrado PAGE 8