AC6865-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Sería del caso decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de San Benito, Sesenta y Seis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y Promiscuo Municipal de Güepsa, si no fuera porque se advierte que es prematuro.

I.

ANTECEDENTES 1.- Ante el Juez Promiscuo Municipal de San Benito, el Banco Agrario de Colombia S.A. radicó cobro compulsivo para la efectividad de la garantía real contra Libardo Camacho Serrano, con el fin de obtener el pago de la obligación vertida en un pagaré, garantizada con hipoteca constituida sobre el predio California de la vereda Novillero de ese municipio.

Atribuyó el conocimiento a esa autoridad por el lugar de «ubicación del bien gravado»1. 2.- Esa autoridad rechazó el asunto y dispuso enviarlo 1 Folio 5, archivo digital 005DemandayAnexos.pdf Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 2 a los juzgados civiles municipales de Bogotá, por ser el domicilio principal del acreedor, quien tiene categoría de sociedad de economía mixta del orden nacional, imperando aplicar el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, no el numeral 5 de aquella regla por cuanto la entidad acreedora no tiene agencia en ese municipio. 3.- El estrado Sesenta y Seis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá también declinó el conocimiento y lo remitió a su homólogo de Güepsa, al considerar que el asunto está vinculado a la sucursal del Banco ubicada en esta localidad, por mandato del numeral 5 del canon 28 mencionado, que además coincide con el lugar de cumplimiento de la obligación (núm. 3° ibídem). 4.- El despacho de Güepsa igualmente rehusó la demanda y planteó el conflicto negativo de esta especie, tras señalar que correspondía asumirla al de Bogotá, porque debía prevalecer la atribución establecida en consideración a la calidad de las partes.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como la divergencia analizada fue trabada entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito magistrado sustanciador, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.

Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 3 2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. El primero indica cuál es el juez que debe conocer del litigio en razón de la circunscripción y establece «foros o fueros», de modo que, en los pleitos contenciosos, por lo general, se acude al personal que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado.

Además, consagra otros especiales, como el denominado «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes objeto de la lid. Igualmente, el fuero contractual en virtud del cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jurídico, entre otros.

Varios de esos fueros pueden confluir en una causa, lo cual genera pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa. Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, autorizado por el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, como lo Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 4 prevé el numeral 3 de ese mismo precepto, a cuyo tenor «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», mandato aplicable cuando se trata de títulos valores debido a que estos son una especie de títulos ejecutivos.

No obstante, hay otros eventos en los que el legislador anula esa discrecionalidad otorgada al demandante y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categórica, el funcionario que con exclusión de cualquier otro está llamado a encarar el debate. Al respecto, en CSJ AC4079-2019 la Corte reiteró lo dicho en AC3744-2018 y precisó que: (…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole (…).

Así sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garantía real, como la hipoteca, dado que el numeral 7 del artículo 28 procesal fija una «competencia privativa» y asigna en forma exclusiva, única y excluyente al juzgador del lugar donde esté el bien involucrado en la litis el deber de conocer ese pleito, en cuanto prescribe que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales», será Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 5 competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante», siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo.

Otro tanto ocurre con el numeral 10, ejusdem, según el cual «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge otro fuero privativo de carácter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio.

Como en muchas ocasiones la demandante es entidad que responde al memorado criterio subjetivo y vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra la garantía real que se hace valer, en la práctica surge un enfrentamiento entre los parámetros atributivos en comento. Tal situación la abordó la Sala y la resolvió con el voto de la mayoría en providencia AC140-2020, cuya finalidad consistió en servir de «guía fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley», es decir, buscó superar la divergencia presentada entre los diferentes despachos al dirimir las colisiones originadas en asuntos en que intervenían entidades públicas y aunque el suscrito Magistrado discrepó Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 6 de tales conclusiones con cimiento en las razones expuestas en el salvamento de voto de esa decisión, desde ese momento se ha plegado al criterio allí expresado como fiel reflejo del ejercicio democrático y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jurídica de los usuarios del sistema de justicia. Con esa precisión, memórase que en esa ocasión concluyó la Sala que «la colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7° (real) y 10° (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados», incluso sin atender el principio de la perpetutatio jurisdictionis, pues al no prorrogarse la competencia por estar involucrado el fuero subjetivo, «los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso después de haber impartido trámite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relación jurídico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservará validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas».

Cabe añadir que, aunque esa solución se dio en un certamen de imposición de servidumbre, la regla de juicio allí empleada, esto es, la competencia prevalente del factor subjetivo en atención a la calidad de los extremos (num. 1º art. 29 ibidem), resulta aplicable a cualquier otro pleito en Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 7 que sea parte una entidad de aquellas a las que se refiere el numeral 10 en mención. De igual forma, en torno a la pauta prevista en el mismo numeral 10, es oportuno resaltar que a voces del artículo 83 del Código Civil, «[c]uando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo», de donde surge válida la posibilidad de que los organismos estatales citados en aquel precepto concomitantemente tengan varios domicilios, evento en el cual la controversia se puede desarrollar en cualquiera de ellos, siempre que estén involucrados en el objeto de la discusión. Esto es así porque si la entidad es demandada no cabe duda que resulta aplicable por analogía el numeral 5º del canon 28 del Código General del Proceso, que dispone que en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal.

Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta» (se resalta). Sobre el particular, en CSJ AC2346-2018, reiterado en AC5420 de 2019 y AC5002-2021, anotó esta corporación que «mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 8 general, finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica, carácter que ostenta aquí la entidad analizada».

Ahora, si en cambio la entidad pública es quien promueve el pleito, también deviene factible la posibilidad que lo adelante en cualquiera de sus «domicilios», en virtud de la autorización del artículo 12 del Código General del Proceso, pues no hay razón para dispensar un tratamiento distinto a dos situaciones de similar connotación práctica.

De modo que cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis es admisible que el concepto de «domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión, con el fin de realizar la atribución de la controversia en dicho lugar, sin que tal conclusión decaiga con ocasión de la postura mayoritaria plasmada en la providencia AC140-2020, pues como en reciente oportunidad lo advirtió esta Corporación, (…) si el numeral décimo del precepto 28 ibídem defiere la “competencia” al “juez del domicilio de la respectiva entidad”, es procedente, a la luz de una interpretación sistemática, acudir al numeral quinto ejusdem, que prevé que “en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal.

Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta”, presentándose así una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad pública, siempre y cuando el asunto esté vinculado o guarde relación con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que éste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal (CSJ AC1991-2021 - Subrayas ajenas al texto original).

Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 9 3.- En el caso concreto, el Banco Agrario de Colombia S.A. es una «sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de propiedad industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la especie de las anónimas», con domicilio en Bogotá, pero que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional.

Del plenario se extrae que la acreedora optó por adelantar el recaudo en San Benito, donde está ubicado el bien objeto de la garantía real que pretende hacer valer, sin que acreditara que allí existe sucursal o agencia de la entidad financiera, a más de que el crédito fue convenido en la oficina de Güepsa, municipio vecino al del lugar de radicación y acordado igualmente para el pago del mutuo.

Bajo esa perspectiva, aun existiendo motivos para que el funcionario al que primigeniamente le llegó el coercitivo se despendiera de él, se apresuró al enviarlo al Distrito Capital sin requerir a la acreedora para que informara si le asiste algún interés en que las diligencias cursen en Güepsa por corresponder al domicilio de la sucursal directamente comprometida con el crédito o si, como delanteramente hizo, deben redireccionarse a Bogotá donde se encuentra el domicilio principal del Banco Agrario. 4.- En consecuencia, se devolverá el expediente a la autoridad inicial con el fin de que haga los requerimientos pertinentes a la promotora tendientes a precisar ante qué autoridad competente debe tramitarse el asunto, lo cual Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-04901-00 10 deberá comunicarse a las otras sedes inmersas en esta colisión, con la advertencia que de optarse por el domicilio principal del accipiens o por el de la agencia de Güepsa deberá remitírselo sin que ninguno de estos despachos pueda rehusarse a asumirlo.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia. Segundo: Remitir virtualmente, por secretaría, el expediente digital al Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito para que proceda de conformidad. Tercero: Comunicar lo dispuesto al otro estrado con las precisiones del numeral final. Cuarto: Librar los oficios correspondientes por Secretaría.

NOTIFÍQUESE OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Firmado electrónicamente por: Octavio Augusto Tejeiro Duque Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 5410CD65F4B783AC9D86C0505408DEC5C493B5D6196A63CB0FC76D98786A8094 Documento generado en 2024-11-15