AC6553-2025 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales Primero de San José del Guaviare y Treinta y Tres de Bogotá. I.

ANTECEDENTES 1.- Ante el primer estrado, el Fondo Nacional del Ahorro S.A. promovió acción para la efectividad de la garantía real contra Juan Bautista Hurtado Longa, con el fin de obtener el pago de la obligación vertida en un pagaré y garantizada con hipoteca constituida sobre el inmueble ubicado en la Calle 19A No. 28A 52 de San José del Guaviare.

Atribuyó conocimiento a esa autoridad por ser el lugar de domicilio del deudor. 2.- Ese despacho lo declinó y remitió al homólogo de Bogotá, pues conforme con el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, cuando quien acude ante la jurisdicción es una entidad pública, como es el caso de la Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 2 ejecutante, es competente el juez del su domicilio principal, que en este caso es Bogotá. 3.- El receptor se rehusó a adelantarla y suscitó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que si bien la promotora tiene su domicilio principal en Bogotá, no es menos cierto que «tiene una agencia en el municipio de San José del Guaviare y el asunto está vinculado con aquella», motivo por el cual, con fundamento en el numeral 5 del artículo 28 del estatuto procesal civil, por elección de la acreedora que radicó el asunto en esta última municipalidad, era allí donde debía adelantarse el coercitivo.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como la divergencia que se analiza se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geografía nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad.

Mediante el primero, indica cuál es el juez que en razón de la circunscripción debe conocer del litigio y para concretarlo establece los «foros o fueros», de modo que, por lo general, en Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 3 los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; además, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes objeto de la lid.

Igualmente, impone el fuero contractual, según el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jurídico, entre otros. Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a destrabar la disputa.

Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues así lo autoriza el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3 de ese mismo precepto prevé que en «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones»; mandato aplicable cuando se trata de títulos valores debido a que estos son una especie de los títulos ejecutivos.

Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 4 Por consiguiente, cuando se pretenda la realización de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jurídico, serán competentes, a prevención, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su razón de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicción. Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad indicando, de forma precisa y categórica, el funcionario que con exclusión de cualquier otro está llamado a encarar el debate.

Al respecto, en la providencia AC4079- 2019, la Corte reiteró lo dicho en AC3744-2018, al señalar que: (…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole (…).

Así sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garantía real, como la hipoteca, dado que el numeral 7 del artículo 28 adjetivo fija una «competencia privativa» con base en la cual asigna en forma exclusiva, única y excluyente al juzgador del lugar donde esté el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales», será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 5 bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante», siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo.

No obstante, el numeral 10 ídem previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge otro fuero privativo de carácter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio.

Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la garantía real que se hace valer, en la práctica surge un enfrentamiento entre los parámetros atributivos en comento, dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, tiene solución en el inciso primero del artículo 29 ejusdem, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», por lo que en todos los trámites que participe un organismo de linaje «público» habrá de preferirse su «fuero personal».

En tal sentido, se indicó que «la colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7° (real) y 10° (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 6 el canon 29 ibidem, razón por la que prima el último de los citados».

En esa oportunidad, también se afirmó que el hecho de que el organismo de derecho público radique el libelo con estribo en la regla séptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral décimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como allí se dijo (…) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuestión sumamente importante, cuál es la imposibilidad de dar aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis (…) En tal sentido, no puede afirmarse que si un órgano, institución o dependencia de la mencionada calidad pública radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, está renunciando automáticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ahí que, no puede renunciar a ella.

Cabe anotar que si bien el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinación unificadora, como lo expresó en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha aplicado con todas sus consecuencias el criterio que prevaleció, puesto que la finalidad de esa resolución conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situación fáctica y jurídica idéntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica (cfr. CSJ AC388-2020 y AC1084-2024, entre otros).

Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 7 Por último, aunque esa solución se dio en un certamen de imposición de servidumbre, la regla de juicio que allí se empleó, esto es, la competencia prevalente del «factor subjetivo» en atención a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, CGP), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10 del artículo 28 del ordenamiento adjetivo vigente. 3.- En el presente caso, se destaca que el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo (FNA), hoy Fondo Nacional del Ahorro S.A. en virtud de lo dispuestos en el artículo 7 del Decreto 1962 de 2023, es «sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organizada como un establecimiento de crédito, con domicilio en la ciudad de Bogotá, de la Rama Ejecutiva del orden nacional».

Además, el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder público está integrado, entre otras, por «[l]as sociedades públicas y las sociedades de economía mixta» (cfr. lit. f, núm. 2, art. 38, Ley 489 de 1998), por lo que el convocante es uno de los entes jurídicos a que alude el numeral 10 del canon 28 del estatuto adjetivo, que resulta entonces aplicable a este caso, como en eventos similares lo ha reiterado la posición mayoritaria de la Sala (cfr. CSJ AC4078-2021, AC4394-2021, AC4991-2021, AC5168-2021 y AC046-2024).

De manera que, al ser el Distrito Capital donde está domiciliado el gestor, es en esta ciudad y no otra donde debe Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 8 adelantarse el litigio, por lo que al segundo estrado implicado en la controversia le correspondía acogerlo. Si bien en relación con las personas jurídicas el numeral 5 del artículo 28 del ordenamiento procesal establece que fuera de la regla general «cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta», norma a la que por razones de igualdad la Corte ha extendido su aplicación a los eventos en que el ente moral de carácter público actúe como demandante, en el sub lite no es aplicable porque no hay forma de decir que los lugares abiertos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. para diligencias de sus asociados en diferentes ciudades del país, tengan la connotación de sucursal o agencia. Como el mismo ente informa en su página web1, tales oficinas solo corresponden a «puntos a nivel nacional donde se recibe atención personalizada sobre los productos que ofrece el FNA», razón por la cual carecen de la categoría requerida para el fin antes indicado, de allí que no son de recibo las apreciaciones sin fundamento jurídico que permita reconocérsela. 4.- Así las cosas, se dispondrá el retorno de la actuación a la última autoridad para que la asuma y se comunicará lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. 1 https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/puntos-de-atencion Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04476-00 9 III.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

Primero: Declarar que el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer de la causa de la referencia. Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión acá dirimida. Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretaría.

NOTIFÍQUESE OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Firmado electrónicamente por: Octavio Augusto Tejeiro Duque Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 5C71EF9A986FD5A8481FE66F64C2DAF4BEB0C844809F70CACA9B3C3D509A0AF1 Documento generado en 2025-09-24