CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AC436-2021 Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Sopetrán (Antioquia) y Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá, para conocer la demanda verbal de declaratoria de prescripción de la obligación garantizada con gravamen hipotecario, así como de esta garantía, promovida por Desarrollo Vial al Mar S.A.S. «Devimar» contra Itaú Corpbanca Colombia S.A. «Itaú Banco Corpbanca o Corpbanca».
ANTECEDENTES 1. Ante el primero de los despachos en mención la promotora instauró demanda verbal de declaratoria de prescripción extintiva de la obligación garantizada con hipoteca constituida en la escritura pública n.º 2085 del 23 de octubre de 1996 de la Notaría Veintinueve del Círculo de Medellín, constituida sobre el predio rural denominado «Lote 11 Parcelación El Ahuyamal», ubicado en el municipio de Sopetrán (Antioquia), con folio de matrícula inmobiliaria n.º Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 2 029-0003982; así como declaratoria de prescripción de la aludida garantía. En el libelo invocó que ese juzgado es el competente, porque «el bien objeto de gravamen hipotecario se encuentra ubicado [en Sopetrán]». 2.
El despacho judicial de esa ciudad lo rechazó por falta de competencia territorial, en razón a que es inaplicable el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso porque no se están ejerciendo derechos reales, por ende, corresponde al juez del domicilio de la convocada asumir el asunto, por lo cual remitió el libelo introductorio a su homólogo de la capital de la República. 3.
El juzgado receptor del expediente declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, porque de acuerdo al numeral 7° del precepto 28 del C.G.P., en los procesos en que se ejerciten derechos reales es competente, de modo privativo, el funcionario judicial del lugar donde estén ubicados los bienes, porque en el sub lite la prescripción de la obligación garantizada lleva consigo la prescripción de la garantía y porque el inmueble objeto de la hipoteca está localizado en el municipio de Sopetrán (Antioquia), el juez competente es el de esta localidad.
CONSIDERACIONES 1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 3 juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009. 2.
El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del accionante, además de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el país. Al respecto la Sala ha manifestado que: … como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes.
(AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 4 territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).
Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016- 01858-00). 3.
Desde esta óptica, carece de razón el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto el libelo en este caso debe ser conocido por el despacho judicial del lugar donde tiene su domicilio principal la entidad financiera demandada, conforme con el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, tal como lo demuestra el certificado de existencia y representación legal allegado con la demanda.
Aunado a lo anterior, vale precisar que no se trata de la aplicación al sub judice del numeral 7° del canon 28 de la obra en mención, por cuanto la demanda a través de la cual se depreca la cancelación de un gravamen hipotecario no Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 5 implica el ejercicio de un derecho real para el accionante, como lo tiene sentado la Sala al señalar: «En el caso que motiva el conflicto que se dirime, sin embargo, no se aprecia la existencia del fuero concurrente invocado por el Juzgador de Bogotá, comoquiera que la pretensión de cancelación de un gravamen hipotecario no puede ser entendida como el ejercicio de un derecho real que haga viable la aplicación del criterio previsto en el citado numeral 9º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, básicamente por dos razones: primero, porque quien ejercita un derecho real es el titular del mismo, que para el presente asunto sólo podría serlo el acreedor hipotecario; y segundo, porque la pretensión de cancelación del gravamen no es en sí el ejercicio de las prerrogativas que tal derecho real confiere, sino, por el contrario, el derecho de quien particularmente lo soporta –el propietario-, para que el juez formalice la extinción de la citada garantía inmobiliaria.
En un caso de contornos similares, en el que se ventilaba la pretensión de cancelación del gravamen hipotecario por prescripción extintiva de la obligación garantizada, la Corte señaló que “una temática de esa estirpe no puede encuadrarse dentro de los supuestos que atañen con acciones enderezadas a ejercitar ‘derechos reales’, merced a que lo que las indicadas actoras han ‘pretendido no es aprovecharse del poder jurídico total o parcial sobre una cosa’ (auto 059 de 7 de marzo de 2006), sino, se repite, demandar, por cuenta de la alegada prescripción extintiva, la cancelación de un gravamen hipotecario, cuestión que impide equiparar esa clase de debates con los que ciertamente califican como tales, pues importa recordar que ‘ los derechos reales originan acciones reales y éstas comportan su ejercicio, por lo cual, cuando se ejercite una acción establecida en la ley como real necesariamente se ejercita el derecho real’.
(Auto 037 de 12 de marzo de 2008) “Siendo, por tanto, pacífico que la demanda presentada no plantea discusión alguna en el terreno del ejercicio de un derecho real, ni principal, ni accesorio, es inviable sostener que del señalado trámite pueda conocer el Juez del lugar donde están ubicados los bienes respecto de los cuales se pretende obtener la anotada cancelación del gravamen otrora constituido, por considerar que así lo impone el citado artículo 23 del estatuto procesal civil, en la Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 6 regla 9, puesto que ya la Corte advirtió que en ‘tal hipótesis normativa no es posible hacer encajar una solicitud de cancelación de hipoteca como la que implica la demanda cuyo conocimiento se discute’ (auto 018 de 3 de febrero de 1998).
“Si por virtud de lo dicho no existe posibilidad de predicar la presencia de un fuero concurrente por elección, habida cuenta que tal clase de debate está por fuera del ejercicio de las acciones reales, es necesario concluir que, por cuenta del foro general, de la apuntada demanda deberá conocer el Juez que corresponde al domicilio de la parte demandada” (auto de 20 de abril de 2009, Exp. 2008-02058-00)».
(CSJ AC, 20 jun. 2013, rad. 2013- 00131-01). 4. Como consecuencia de lo anotado, se remitirá el expediente al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informará de esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida. DECISIÓN Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá, al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. Teniendo en cuenta la solicitud elevada por el Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00236-00 7 apoderado judicial de la demandante a esta Corte, por secretaría envíesele copia digital o acceso al expediente digital.
Notifíquese.