AC4029-2025 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025). Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de San Cristóbal, Medellín y Veinticuatro Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, de no ser porque fue planteado de forma prematura.

I.

ANTECEDENTES 1.- Ante el primer estrado, Banco Agrario de Colombia S.A. promovió ejecutivo contra Jonny Alexander Vélez Sucerquia, para obtener el pago de las obligaciones incorporadas en los pagarés n.° 013596100004472, 013596100004671, 013596100004809 y 4866470215170465, atribuyéndole el conocimiento por corresponder al domicilio del deudor. 2.- Esa autoridad judicial declinó el conocimiento y lo remitió al juez de Bogotá, en atención a que el banco actor Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 2 tenía la calidad de entidad descentralizada por servicios del orden nacional con domicilio en esa ciudad, conforme a lo preceptuado en los artículos 28 [núm. 10] y 29 del Código General del Proceso, expresando la imposibilidad de aplicar la regla quinta del primero de los citados preceptos porque el ente público ocupaba la posición de accionante y no la de accionado, lo cual respaldó en CSJ AC3745-2023. 3.- El Juzgado Quinto Civil Municipal de la capital del país, a quien inicialmente fuera asignada la actuación la redireccionó a los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples de la misma urbe por razón de la cuantía. 4.- El despacho de pequeñas causas y competencia múltiple de esa urbe repelió el plenario y lo envió al homólogo de Medellín, por cuanto en esa localidad se avecindaba el obligado. 5.- El Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Oralidad de la capital antioqueña, a quien fue repartido el expediente, lo devolvió a la Juez Séptima de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple porque el arraigo del accionado se hallaba dentro de la órbita de atribución geográfica de esa autoridad judicial, como lo establecieron los Acuerdos CSJANTA19-205 y CSJANTA23-113. 6.- Finalmente, la funcionaria a la que primigeniamente fuera repartida la ejecución reiteró los términos del proveído de 22 de abril de 2024, mediante el cual rehusó el conocimiento y, en esta oportunidad promovió la Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 3 colisión negativa de competencia para que fuera dirimida por esta Corporación. II.

CONSIDERACIONES 1.- Como la divergencia que se analiza se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le correspondería dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geografía nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad.

El primero indica cuál es el juez que debido a la circunscripción corresponde conocer del litigio y para concretarlo establece los «foros o fueros», de modo que, en los pleitos contenciosos, por lo general, se acude al personal que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado. Además, consagra otros especiales, como el denominado «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes objeto de la lid.

Igualmente, el fuero contractual en virtud del cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 4 cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jurídico, entre otros. Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa.

Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, autorizado por el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, como lo prevé el numeral 3 de ese mismo precepto, a cuyo tenor «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», mandato aplicable cuando se trata de títulos valores debido a que estos son una especie de títulos ejecutivos.

No obstante, hay otros eventos en los que el legislador anula esa discrecionalidad otorgada al demandante y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categórica, el funcionario que con exclusión de cualquier otro está llamado a encarar el debate. Así sucede con el numeral 10, ejusdem, según el cual «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 5 territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», de donde emerge otro fuero privativo de carácter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio.

De igual forma, en torno a la pauta prevista en el mismo numeral 10, es oportuno resaltar que a voces del artículo 83 del Código Civil, «[c]uando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo», de donde surge valida la posibilidad que los organismos estatales citados en aquel precepto concomitantemente tengan más de un domicilio, evento en el cual la controversia se puede desarrollar en cualquiera de ellos, siempre que estén involucrados en el objeto de la discusión. Esto es así porque si la entidad es demandada no cabe duda de que resulta aplicable por analogía el numeral 5 del canon 28 del Código General del Proceso que dispone que en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal.

Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta» (se resalta). Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 6 Sobre el particular, en CSJ AC2346-2018, reiterado en AC5420 de 2019, se anotó que «mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general, finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica, carácter que ostenta aquí la entidad analizada».

Ahora, si en cambio la entidad pública es quien promueve el pleito, también deviene factible la posibilidad que lo adelante en cualquiera de sus «domicilios», en virtud de la autorización del artículo 12 del Código General del Proceso, pues no hay razón para dispensar un tratamiento distinto a dos situaciones de similar connotación práctica.

De modo que cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis es admisible que el concepto de «domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión, a fin de realizar la atribución de la controversia en dicho lugar, sin que tal conclusión decaiga con ocasión de la postura mayoritaria plasmada en la providencia CSJ AC140-2020, pues como se advirtió en CSJ AC1991-2021 (…) si el numeral décimo del precepto 28 ibídem defiere la “competencia” al “juez del domicilio de la respectiva entidad”, es procedente, a la luz de una interpretación sistemática, acudir al numeral quinto ejusdem, que prevé que “en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal.

Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta”, presentándose así una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad pública, siempre y cuando el asunto esté vinculado o Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 7 guarde relación con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que éste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal.

Adicionalmente, cuando se pretenda la realización de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jurídico cuya definición puedan atender múltiples funcionarios bajo los parámetros de las anteriores conclusiones, la escogencia radica en el accionante y su razón de ser debe quedar claramente determinada en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicción. 3.- En el caso en concreto, se advierte que el Banco Agrario de Colombia S.A es una «sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la especie de las anónimas»1, con domicilio en Bogotá pero que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional.

Del plenario se extrae que el acreedor optó por adelantar el recaudo en Medellín, donde afirma, tiene asiento el demandado, pese a que las obligaciones fueron adquiridas en su agencia de Envigado, donde igualmente fue pactado realizar el pago de los créditos2. Con ese panorama, aun existiendo motivos para que la funcionaria que en un comienzo recibió el compulsivo se desprendiera del mismo, se apresuró a rehusarlo sin requerir 1 Folios 57 y 58, archivo digital 003DemandaAnexos.pdf 2 Folios 11 – 13, 18 – 20, 27 – 29, 35 y 36 del mismo archivo digital.

Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 8 al ejecutante informar si le asiste algún interés en que las diligencias cursen en la capital del país, por corresponder al domicilio principal del Banco Agrario, o si debe remitirlo a Envigado donde se ubica la sucursal directamente comprometida con los mutuos impagados. Asimismo, como fuera resaltado en el numeral precedente de estas consideraciones, en el caso de las entidades públicas es dable aplicar la regla del numeral 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, en cuanto ésta no desvirtúa la del numeral 10, al contrario, la complementa como ocurre en el particular con el Banco Agrario por su esencia de entidad financiera con presencia en todo el país y así lo ha reconocido mayoritariamente la Sala en los CSJ AC4433-20024, AC4338-2024, AC4204-2024, AC4168-2024, AC6356-2024 y AC6366-2024, entre muchos otros, de manera que lo expuesto en CSJ AC3745-2023 solo constituye un criterio respetable pero solitario de uno de sus integrantes. 4.- Así las cosas, se devolverá el expediente al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de San Cristóbal, Medellín, con el fin de que haga los requerimientos pertinentes al convocante tendientes a precisar ante qué autoridad competente debe continuar el trámite del asunto, lo cual deberá comunicarse a la otra sede inmersa en esta colisión, con la advertencia que, de optarse por el domicilio principal de la accionante, se le retornará el plenario sin que pueda rehusarse a asumirlo3. 3 Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02700-00 9 III.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia. Segundo: Remitir virtualmente, por Secretaría, el expediente digital al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de San Cristóbal, Medellín, para que proceda de conformidad. Tercero: Comunicar lo dispuesto al otro estrado con las precisiones del numeral final.

Cuarto: Librar los oficios correspondientes, por Secretaría.

NOTIFÍQUESE OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Firmado electrónicamente por: Octavio Augusto Tejeiro Duque Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 58C55A95C6E078A534CBE5393C105E3E3900C12F8E22FC649AA50685E79C67A2 Documento generado en 2025-06-24