HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada Ponente AC4018-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-02549-00 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Funza y Primero de Familia de Tunja. I.
ANTECEDENTES 1.- El primero de los despachos judiciales citados adelantó el proceso con radicación No. 2017-00529-00, en el cual dictó sentencia el 9 de octubre de 2018, donde declaró en estado de interdicción por «discapacidad mental absoluta» al joven José David Niño y designó como guardadores a su progenitora Amanda Niño Sánchez y a su hermano Manuel Orlando Estupiñán Niño [Folios 53 a 60, Archivo digital 0003.
ExpedienteDigital.pdf] (sic). 2.- De oficio, el reseñado estrado emprendió el trámite para la revisión del juicio aludido (art. 56, Ley 1996 de 2019), sin embargo, como la guardadora designada le informó que el domicilio actual de la persona titular del acto jurídico es Sotaquirá – Boyacá, ordenó la remisión de la actuación a sus Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-02549-00 2 homólogos de la ciudad de Tunja, debido a que «si bien en ese despacho se declaró la interdicción judicial de la persona con discapacidad y en razón a ello recae el deber de adelantar el trámite de revisión de oficio, la modificación del domicilio altera la competencia e impone la variación del funcionario judicial para conocer de este procedimiento, pues el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia al decidir los conflictos de competencia que se suscitan en estos casos impone el conocimiento al juez del domicilio del titular del acto jurídico» [Archivo digital: 0005.
RemitirCompetencia.pdf]. 3.- Al recibir las diligencias, el Juez Primero de Familia de aquella población también se negó a impartirle trámite, dado que la revisión contemplada en la Ley 1996 de 2019, debe adelantarla la autoridad judicial cognoscente de la causa de interdicción. Consecuentemente, planteó la colisión negativa de competencia y dispuso la remisión de la actuación a esta Colegiatura [Archivo digital: 0009.
AutoPlanteaConflictoCompetencia]. II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Sea lo primero mencionar que la Ley 1996 de 2019 - vigente a partir de 21 de agosto de 2021- recogió los estándares internacionales, particularmente los de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, reconociendo el derecho de todos los Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-02549-00 3 individuos a su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, estableciendo un régimen de apoyos para la realización plena de su ejercicio.
Dado ese reconocimiento de la capacidad, el legislador autorizó al propio interesado, si ello es posible, para promover la acción para la designación de apoyo o, en su defecto, podrá intentarla un tercero en nombre suyo, debiendo conocer de estos asuntos, por el factor territorial, el juez del domicilio de la persona titular del acto, en los términos del artículo 32 de la ley en cita.
Sin embargo, la mentada normativa, ante los antecedentes legislativos que contemplaban la declaración de interdicción judicial, determinó en su artículo 56, la obligatoriedad de revisar todas las sentencias que en ese sentido fueron proferidas por los jueces de familia. Para ello se dispuso que: (…) [L]os jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.
En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de Interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.
Como se observa, este último precepto regula, de manera explícita, lo concerniente a la revisión de la situación jurídica de aquellas personas respecto de quienes se hubiere Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-02549-00 4 proferido sentencia declarando su interdicción en los términos de la Ley 1306 de 2009, facultando «al juez de familia que adelantó» el juicio correspondiente, para llevar a cabo la señalada verificación. 3.- La reciente normativa citada otorgó especial relevancia a la continuidad del funcionario inicialmente cognoscente, al establecer, en su regla 43, que «[c]ualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyos», parámetro que, como ha tenido oportunidad de decantarlo esta Corporación al dirimir decursos semejantes, se justifica por la necesidad de garantizar que el despacho judicial donde reposa la historia clínica, jurídica, familiar y social del beneficiario de las medidas en estudio, mantenga su competencia para adoptar las determinaciones a que haya lugar, en pro de su bienestar y la seguridad jurídica de los asuntos a ella concernientes.
Así lo puntualizó la Sala en pasado pronunciamiento: (…) [V]ale resaltar que la continuidad en el conocimiento de las diligencias por parte del primero de los juzgadores enfrentados en este asunto, viene dada en función de un fuero de atracción que previó el legislador en su especial empeño de procurar que todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicción o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las ordenó, en atención a que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección (CSJ AC1507-2022, criterio reiterado en CSJ AC2383-2022, CSJ AC4493- 2022 y CSJ AC3536-2024).
Deviene de lo indicado que dicho cuerpo normativo asigna la competencia para conocer del trámite de designación de apoyos al juez del domicilio de la persona Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-02549-00 5 titular del acto, pero en materia de revisión de los fallos de interdicción y de «cualquier actuación judicial relacionada» que a posteriori se deban surtir respecto de quienes se les hubiere designado apoyos, la fijó en el juez que conoció del proceso previo. 4.- De ahí que, no pueda admitirse el desprendimiento que, motu proprio, suscitó el Juzgado Primero de Familia de Funza, soportado en que «el DOMICILIO ACTUAL de la persona titular del acto jurídico», es decir, José David Niño, es el municipio de Sotaquirá, Boyacá, siendo que por mandato legal, el escrutinio de las causas de «interdicción o inhabilitación», finiquitadas bajo las pautas de la Ley 1306 de 2009 (art. 56, ley 1996 de 2019), debe ser realizado por la autoridad judicial que adelantó esos asuntos, de manera que no había razón para que el iudex inicial se rehusara a tramitar y decidir la litis. 5.- En ese orden de ideas, dicho sitio no determinaba, en este caso, el factor a considerar para establecer el juzgador encargado de conocer el proceso, en tanto las diligencias debían someterse a la pauta especial de competencia ya ilustrada, y así se declarará. III.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero de Familia de Funza es el competente para conocer de la acción referenciada. Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-02549-00 6 SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe el trámite del expediente.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Primero de Familia de Tunja, y a los interesados. Notifíquese, HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada Firmado electrónicamente por: Hilda González Neira Magistrada Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 18828BB1D8039D1C4A0D272C2C40CD6718BBB212151E1DE60B1B48512820D79F Documento generado en 2024-07-24