AC3556-2024 Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01647-00 Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Miranda- Cauca- y Primero Promiscuo Municipal de Florida- Valle del Cauca-.
ANTECEDENTES 1.- El Banco Agrario de Colombia S.A., instauró demanda ejecutiva en contra de Cesar Antonio Plaza Maya, en la que solicitó librar mandamiento de pago con fundamento en el pagaré allegado como base de recaudo. Así mismo, atribuyó la competencia territorial a los jueces promiscuos municipales de Miranda, por ser el lugar de domicilio del demandado. 2.- El escrito inicial se asignó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Miranda –Cauca-, que, mediante auto de 21 de febrero de 2024, rechazó la demanda por falta de competencia territorial, tras argumentar que, la dirección Radicación No. 11001-02-03-000-2024-01647-00 2 de notificación del demandado corresponde a una vereda ubicada en el municipio de Florida – Valle del Cauca-; por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso, los jueces de esa localidad son los competentes para conocer de la acción instaurada. 3.- Cumplidos los trámites pertinentes, el expediente fue recibido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, que en auto del pasado 2 de mayo resolvió no avocar conocimiento y promovió el presente conflicto de competencia. Explicó que del título aportado se desprende con claridad que el lugar de cumplimiento de la obligación es el municipio de Miranda, por lo que la parte actora hizo uso de la atribución conferida por el artículo 28 ibídem, ya que ante la existencia de dos fueros concurrentes, el general de que trata el numeral 1º ejusdem, y el especial para los negocios jurídicos o que involucren títulos ejecutivos del numeral 3º ídem, optó por el segundo para el trámite de la ejecución a su favor, decisión que debe ser respetada por el juez remitente.
CONSIDERACIONES 1.- El ordenamiento jurídico consagra los parámetros para la asignación de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de distintos factores de Radicación No. 11001-02-03-000-2024-01647-00 3 competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracción o conexidad y el territorial. 2.- De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral 1° constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (…)» (resaltado intencional).
A su turno, el numeral 3° ib., señala que en «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». Luego, el numeral 5° indica que en los procesos contra una persona jurídica será competente el juez del domicilio principal; sin embargo, «cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competente, a prevención, el juez de aquel y el de esta».
Sin embargo, el numeral 10° de la norma procesal en cita refiere que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», regla que se impone ante la general y contractual (numerales 1° y 3°), así como la indicada en el numeral 5° que es a «prevención», figura distinta a la «privativa». 3.- Conforme a lo expuesto, dado que la parte Radicación No. 11001-02-03-000-2024-01647-00 4 ejecutante es el Banco Agrario de Colombia S.A., cuya naturaleza jurídica es la de una «Sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la especie de las anónimas.
Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia»1 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, el asunto se adecúa a la regla prevista en el numeral 10º del artículo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de «forma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad», toda vez que en este caso prevalece el foro subjetivo al imponerse sobre los demás, lo que evidentemente incluye los fueros general y contractual.
Ahora bien, lo anterior no se opone a que en los casos en que es parte una persona jurídica de derecho público, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, sea factible entender que son competentes a prevención, tanto el juez del domicilio principal como el de estas, de conformidad con el numeral 5° de la citada disposición, tema sobre el que se ha explicado: (…) si el numeral décimo del precepto 28 ibídem defiere la “competencia” al “juez del domicilio de la respectiva entidad”, es procedente, a la luz de una interpretación sistemática, acudir al numeral quinto ejusdem, que prevé que “en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal.
Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta”, presentándose así una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad pública, siempre y cuando el asunto esté vinculado o guarde relación con estas, posibilidad de escogencia 1 Expediente digital. 03EscritoDemanda122.pdf fl.085 Radicación No. 11001-02-03-000-2024-01647-00 5 que no afecta el foro privativo, ya que éste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. 4.- Bajo esos lineamientos, aunque la demanda se dirigió a los jueces promiscuos municipales de Miranda bajo el argumento de ser el lugar de domicilio del demandado, esta no es la pauta aplicable en el presente asunto, pues como se indicó opera un fuero privativo de competencia territorial, el cual es el domicilio de la entidad pública o en su defecto la sede de la sucursal o agencia vinculada al caso.
Así las cosas, de la revisión del expediente se evidencia que, en el Certificado de Existencia y Representación Legal, la ejecutante cuenta con una agencia activa en el municipio de Miranda2, información corroborada a través de la página web oficial del Registro Único Empresarial y Social3. Por lo tanto, como quiera que la entidad pública acreedora cuenta con una agencia en Miranda - Cauca-, vinculada al asunto por concurrir allí el lugar de cumplimiento de las obligaciones, los juzgados promiscuos municipales de Miranda resultan competentes para adelantar la ejecución, conforme con los numerales 10° y 5° del artículo 28 del Código General del Proceso. 2 Expediente digital. 03EscritoDemanda122.pdf fl.082: «LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.» 3Información consultada el 26 de junio de 2024 en: https://ruesfront.rues.org.co/detalle?m=0000042824&c=28 Radicación No. 11001-02-03-000-2024-01647-00 6 5.- En ese orden, el competente para conocer de la actuación es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Miranda -Cauca-.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Miranda- Cauca- es el competente para conocer de la demanda en referencia. En consecuencia, remitir el expediente a la señalada autoridad judicial, para que avoque conocimiento e imparta el trámite correspondiente.
SEGUNDO: Comunicar esta providencia al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida- Valle del Cauca-, así como al demandante. Notifíquese MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada Firmado electrónicamente por: Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 29065D762F20602FE59895911931DDB42FCA22E32DBB2B5E4E66D83FE8E464A3 Documento generado en 2024-07-03