AC2336-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Bogotá y Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín, de no ser porque se observa que fue planteado de forma anticipada.

I.

ANTECEDENTES 1.- Ante el primer estrado, Bancolombia S.A. como titular de las prendas sin tenencia constituidas por Juan Felipe Herrera Arango sobre los rodantes de placas HXW728 y EGZ455, solicitó fueran aprehendidos y entregados, con fundamento en la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, asignándole el conocimiento del asunto porque los vehículos podían localizarse en «cualquier lugar del territorio de la República de Colombia». 2.- Ese despacho, rechazó las diligencias y las remitió a su homólogo de Medellín. Al efecto, consideró que si en esa ciudad se domiciliaba el deudor era dable inferir que allí se Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 2 podían ubicar los automotores, tal como lo había sentado esta Corporación en CSJ AC271-2022. 3.- El receptor de las diligencias rehusó su trámite y propuso el conflicto negativo de esta especie, tras recordar que el ejecutante había expresado que optaba por formular su petición ante el juzgador de Bogotá porque acorde con lo estipulado en los contratos de garantía mobiliaria los bienes objeto de prenda sin tenencia se podían localizar en cualquier lugar del territorio de la República de Colombia, razonamiento que adicionalmente apoyó en los CSJ AC216- 2020, AC3928-2021 y AC041-2023.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como la divergencia que se analiza se trabó entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, correspondería a esta Corporación dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional común de ellos, según lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- El ordenamiento jurídico consagra las pautas que orientan la distribución de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores.

En punto al territorial, el artículo 28 del Código General del Proceso, entre otras directrices, dispone en su numeral 7 que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, (…) será competente, de modo privativo, el Juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 3 si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».

De lo cual refulge la clara intención del legislador de que toda actuación litigiosa que en los términos del artículo 665 del Código Civil revele el ejercicio de un derecho real se adelante ante la autoridad del sitio donde está el bien involucrado, pauta que, como ha insistido la Corte, excluye cualquier otra, dado el carácter privativo y no concurrente que se le dio.

De otro lado, el numeral 14 del referido precepto 28 del estatuto adjetivo vigente prescribe que para «la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el Juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso», lo que se trae a colación en vista que la cuestión analizada no es propiamente un «proceso» sino una «diligencia especial», creada por la Ley 1676 de 2013, que permite al «acreedor» satisfacer la prestación dineraria debida con el mueble gravado en su favor.

El citado compendio, en sus artículos 57 y 60, establece que, de no realizarse la entrega voluntaria, «el acreedor garantizado podrá solicitar» al «juez civil competente» que «libre orden de aprehensión y entrega del bien», lo que se armoniza con el numeral 7 del artículo 17 del Código General del Proceso, según el cual corresponde a los jueces civiles municipales, en única instancia, conocer de «todos los Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 4 requerimientos y diligencias varias, sin consideración a la calidad de las personas interesadas».

De ahí se concluye que las actuaciones de «aprehensión y entrega de bienes dados en garantía» incumben al funcionario civil del orden municipal, por lo que es necesario definir qué parámetro prima, si el relativo al «ejercicio de derechos reales» o el indicado para «diligencias especiales». No obstante, como el procedimiento examinado no encaja, de forma exacta, en ninguno de ellos, habrá de colmarse el vacío, de conformidad con el artículo 12 ídem, con el canon que regule una figura afín, por lo que como se ha indicado con insistencia y se precisó en CSJ AC3857-2022 «se concluye que tales diligencias competen a los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales del lugar donde estén los “muebles” garantes del cumplimiento de la obligación».

Lo anterior quiere decir que es un requisito indispensable al elevar la solicitud en ese sentido que el promotor indique con precisión y claridad el lugar donde se encuentran los activos sobre los cuales recaerá la medida o su desconocimiento, para poder concluir con certidumbre a quién correspondería atenderla, ya fuera por el factor indicado o algún otro en su defecto.

Para tal propósito no es suficiente con citar apartes de los convenios abstractos de los pactantes, puesto que la asignación depende de la situación actual y toda vez que las imprecisas manifestaciones de «en cualquier lugar del territorio de la República de Colombia» no pueden ser de Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 5 recibo, como si con ello se facultara al acreedor a proceder a su libre arbitrio en lesión del debido proceso del deudor.

Por lo tanto, en caso de que exista imprecisión sobre el particular, es menester que la primera autoridad a la que arribe agote los mecanismos necesarios a fin de dilucidar los aspectos oscuros del petitorio, antes de desprenderse del mismo, ya que como se indicó en CSJ AC5186-2021 si: (…) el criterio de escogencia luce impreciso y tampoco halla respaldo en alguno de los soportes arrimados al plenario, ello significa que era deber de quien recepcionó el caso en un comienzo exigir la precisión correspondiente en aras de establecer certeza respecto del parámetro llamado a definir la competencia por el factor territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código General del Proceso. 3.- Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, en el sub lite, Bancolombia S.A. simplemente manifestó que los automotores sobre los cuales recaían las garantías reales podían localizarse en «cualquier lugar del territorio de la República de Colombia», lo cual resulta insuficiente para definir si en su condición de acreedor conoce el paradero actual de los rodantes o si se perdieron de su radar, cuestión que merecía una averiguación preliminar al respecto.

Tal indeterminación no permitía suponer que el desplazamiento se diera en el sitio del domicilio del deudor, por cuanto es carga del peticionario aportar la información requerida con la mayor exactitud posible, en aplicación del principio de buena fe procesal y con las consecuencias adversas que se pudieran derivar de su desatención. Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 6 En el CSJ AC3857-2022 mencionado en el numeral 2 de esta providencia, donde se definió un caso de similares contornos, se llegó a la misma conclusión al no estar claro dicho factor: (…) porque más allá de la vaga referencia que aparece en la cláusula cuarta del contrato de prenda sobre la obligación de la deudora y garante de mantener el rodante «en la ciudad y dirección atrás indicados», lo cierto es que los contratantes dejaron indeterminada tal circunstancia y la demandante tampoco la clarificó en el pliego introductor, sin que su ubicación pueda inferirse de los datos que aparecen en la licencia de tránsito anexa o del contenido de los formularios de «registro de ejecución» y «registral de inscripción inicial», que adolecen de dicha información. En esas condiciones, era necesario que el juzgador que primero recibió el escrito utilizara los mecanismos que el ordenamiento procesal le confiere para dilucidar el verdadero lugar donde se sitúa el mueble objeto de la petición de aprehensión, esto es, la inadmisión prevista en el artículo 90 del Código General del Proceso, por lo que se precipitó al repelerlo basándose simplemente en uno de varios elementos que proporcionan información contradictoria.

Como ninguno de los estrados comprometidos contaban con suficientes elementos de juicio para determinar si estaban habilitados para adelantar la actuación, es claro que esta Corporación tampoco los tiene ahora para definir de fondo el conflicto. 4.- Consecuentemente, se dispondrá el retorno de las diligencias al estrado que en un comienzo las recibió, para que tome los correctivos tendientes a esclarecer la ubicación de los automotores y con ello establecer cuál es el despacho facultado para ordenar su aprehensión. III.

DECISIÓN Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-01410-00 7 En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia. Segundo: Remitir virtualmente el expediente al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bogotá para que proceda de conformidad y comunicar la decisión a la otra autoridad inmersa en la disparidad de criterios.

NOTIFÍQUESE OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Firmado electrónicamente por: Octavio Augusto Tejeiro Duque Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 3D50E084D2C9E3E6E14B85BF9432CF0ECF36E8BDCB08EDD115A05610C0822541 Documento generado en 2024-05-06