AC140-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. (Transitoriamente Juzgado sesenta y cuatro de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple) y el Juzgado Promiscuo Municipal de Caramanta (Antioquia), con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por la sociedad Inversiones Transturismo S.A.S., contra la sociedad Compañía de Transportes de la Montaña S.A.S.

ANTECEDENTES 1. La entidad ejecutante presentó su escrito introductor ante los jueces civiles municipales de Bogotá D.C., pretendiendo que se librara mandamiento ejecutivo «… por el valor total de las facturas electrónicas de venta No. FVE 2793, FVE 2898, FVE 2995, y FVE 3074 por la suma de dinero que estas representan, más los intereses causados desde la fecha de vencimiento de cada factura hasta su pago efectivo».

Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 2 En el acápite pertinente, indicó que la competencia estaba fijada «… en virtud de que el domicilio contractual fue acordado de común acuerdo (SIC) y para el cumplimiento de las obligaciones es la ciudad Bogotá D. C.». (Negrillas ex texto) 2. El Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. (Transitoriamente Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple), al cual correspondió el asunto por reparto, rehusó la asignación pretextando que «… el domicilio judicial de la sociedad demandada según el certificado de existencia y representación allegado es el municipio Caramanta de Antioquia, aunado al hecho de que, en las facturas electrónicas allegadas como soporte del recaudo, no se estipuló de forma concreta el lugar del cumplimiento de la obligación, lo cual permite afirmar a voces de los numerales 1° y 3º del artículo 28 del C.G.P., que quien debe asumir el conocimiento de este ejecutivo es el Juez Civil Municipal y/o Promiscuo de Caramanta de Antioquia». 3.

El estrado receptor, esto es, el Juzgado Promiscuo Municipal de Caramanta (Antioquia), también se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que «… fue la parte demandante quien eligió el fuero contractual del que trata el numeral 3 del artículo 428 (SIC) del C.G.P., esto es, el lugar de cumplimiento de la obligación, por ende, no le era dable al Juzgado 82 Civil Municipal de Bogotá, rechazar la demanda bajo el argumento de que las facturas electrónicas allegadas como base de recaudo, no estipulaban de manera concreta el lugar de cumplimiento de la obligación, desatendiendo lo dispuesto en el artículo 621 del Código de Comercio».

(Negrillas ex texto). Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta colegiatura para dirimirlo. Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 3 CONSIDERACIONES 1. Aptitud legal para la resolución. Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso. 2.

Anotaciones sobre la competencia. Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia. En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así: (i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 4 leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.

Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». (ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía. La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.

Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la 1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso. 2 Artículo 21, numeral 3, ídem. Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 5 cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto procesal civil.

(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico. Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.

El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los 3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil». 4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv).

Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».

Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 6 niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28. El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).

Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». (iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.

(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 7 (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. 3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso. Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.

Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así: (i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 8 en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente. (iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado). 4.

Caso concreto. En asuntos como este, convergen dos fueros de competencia que operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso («En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado ») y (ii) el que establece el numeral 3 del mismo precepto («En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones»).

En el caso bajo estudio, la sociedad demandante fijó la competencia con sustento en su elección de uno de esos dos fueros concurrentes: el contractual, que atañe al lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de transporte que motivaron la creación de las facturas cuyo pago se demandó ejecutivamente y que fuera, además, insistentemente señalado como fuero de competencia elegido Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 9 por la entidad ejecutante en el escrito introductor, esto es, la ciudad de Bogotá D.C.5.

Adicional a lo anterior, conforme lo resaltó el despacho judicial de Caramanta (Antioquia), como en los títulos valores objeto de ejecución no se señaló expresamente el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, debe estarse a lo dispuesto por el inciso tercero del numeral 2° del artículo 621 ídem, que señala que «Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio…».

En tal virtud, según el certificado de existencia y representación legal adjunto como anexo de la demanda6, el domicilio de la sociedad Transturismo S.A.S., creadora de los títulos valores, es el Distrito de Bogotá D.C. Acorde con ello, el primer funcionario involucrado en la contienda no podía rechazarla, pues ello contraría las reglas de procedimiento ya explicadas.

Al respecto, no se olvide que, «( ) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ AC2738-2016, 5 may.). 5 Páginas 58, 67 y 71, archivo 11001020300020240002800-003DEmandAnexos72.zip. 6 Página 42, archivo 11001020300020240002800-003DEmandAnexos72.zip Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00158-00 10 5.

Conclusión. Respetando la elección entre fueros concurrentes que, en forma expresa, realizó la entidad ejecutante en su libelo inicial, se impone colegir que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. (Transitoriamente Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple).

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C. (Transitoriamente Juzgado sesenta y cuatro de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple).

SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. Notifíquese y Cúmplase LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Firmado electrónicamente por: Luis Alonso Rico Puerta Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 8D9D8C7AD81E414B72D730A93951DC92841F3F1481672FAB9F2D9F7DED6FCCDE Documento generado en 2024-01-25