CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: Dr. JAVIER TAMAYO JARAMILLO Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1.995) Referencia: Expediente No. CJ-5797 Se decide por la Corte lo que corresponda en torno al conflicto suscitado entre los Juzgados Diecisiete Civil del Circuito y Veinte de Familia, ambos de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., para conocer del proceso ordinario de mayor cuantía que en nombre de la sucesión intestada de la causante INES CORTES CASTAÑEDA entabló el señor AUDELIO CASTAÑEDA FORERO y el menor AUDELIO CASTAÑEDA CORTES contra el señor RENE CIFUENTES CONTRERAS.

ANTECEDENTES 1.- En la demanda genitora de la presente controversia, la parte actora acumula varias pretensiones en relación con el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública No. 4672 de fecha 18 de noviembre de 1993, otorgada en la Notaría 34 del Circulo de Bogotá D.C., mediante el cual la extinta CORTES CASTAÑEDA dijo vender al señor CIFUENTES CONTRERAS, un bien inmueble situado en la carrera 28 No. 147-31/41/43 de la ciudad de Santafé de Bogotá, a saber: Como principal, la declaración de que el negocio jurídico es inexistente; y como subsidiarias, en su orden, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la resolución del contrato y, finalmente, la rescisión por lesión enorme.

Común a todas esas pretensiones se impetra la condena al demandado para que restituya a favor de la sucesión de la señora INES CORTES CASTAÑEDA, el bien inmueble con todos sus frutos civiles y naturales; así como la declaración expresa de que la sucesión no está obligada a restituir al demandado expensa útil ni necesaria por la detentación del inmueble, ni suma alguna imputable al supuesto precio que se estipuló. Para fundamentar las anteriores pretensiones la parte actora manifiesta, en síntesis, que en ningún momento el interés de la causante fue transferir el dominio del inmueble; por el contrario, su intención era de hacerle mejoras consistente en levantar una construcción de 8 pisos, para lo cual había solicitado autorización al Departamento Administrativo de Planeación; que, por otro lado, es inocultable la falsedad de la firma puesta en la escritura, de donde se concluye “ la falsa causa, o falta de consentimiento, dependiendo de la tesis doctrinaria que se acoja ”. 2.- Mediante proveído de fecha 20 de junio de 1995 (fol. 24), el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá rechazó de plano la demanda presentada por falta de competencia y ordenó remitir las diligencias a los juzgados de familia de la misma ciudad.

Consideró para el efecto que como las pretensiones deducidas se encaminan a la restitución de un inmueble a favor de una sucesión, la controversia gira en torno a derechos sucesorales (art. 5, numeral 12 del decreto 2272 de 1989). El Juzgado 20 de Familia de Santafé de Bogotá D.C., mediante auto de fecha 22 de agosto de 1995, se negó a avocar el conocimiento del proceso y provocó, simultáneamente, el conflicto negativo, razón por la cual se encuentran las diligencias en esta Corporación para dirimirlo.

Dijo, en efecto, que como el interés de la parte actora no se encuentra encaminado a discutir derechos subjetivos de la sucesión, vale decir, la calidad de heredero del actor o de la parte demandada, el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción civil. CONSIDERACIONES 1. - Nuevamente reitera la Corte la doctrina según la cual el conflicto surgido entre un Juzgado de Familia o Promiscuo de Familia y un Juzgado Civil del Circuito o Promiscuo del Circuito, de un mismo o distinto Distrito Judicial, es de jurisdicción, mas no de competencia. Empero, la Corte procede a resolver lo que corresponda respecto del tema que ha sido planteado, como máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, con el fin de evitar que el mismo se quede sin solución. Esto por cuanto que en varias ocasiones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se ha declarado incompetente para resolver conflictos como el aquí planteado. 2.- El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Santafé Bogotá D.C., rechazó la demanda presentada fundamentalmente porque el interés jurídico de la actora va encaminado a obtener la restitución de un bien inmueble en favor de la sucesión de la señora INES CORTES CASTAÑEDA y ello implica una controversia sobre “derechos sucesorales”.

Sin embargo, en recientes pronunciamientos de esta Corporación se ha dicho que el concepto “derechos sucesorales” contenido en el art. 5o., numeral 12, del decreto 2272 de 1989, debe interpretarse de manera restringida y no “como sinónimo de derecho sucesoral, o con un alcance que involucre todo cuanto tenga relación o incidencia en un proceso de sucesión”�; por ende, en los procesos contenciosos sobre derechos sucesorales, lo que debe discutirse es el derecho sucesoral mismo, vale decir, si se tiene derecho o no a la herencia o legado, y en qué medida; si se tiene la calidad de asignatario, y cuál el alcance de la asignación. En consecuencia, en los procesos contenciosos de conocimiento donde no se controvierten asuntos relacionados con esos temas, la jurisdicción de familia no es la competente para dirimirlos.

Será pues a la jurisdicción civil a la que le corresponde “el conocimiento de procesos promovidos por la sucesión, o contra ella, en los que se discuten asuntos que afectan la masa de bienes, pero no el derecho sucesoral de los involucrados en la sucesión”�. 4.- En el caso concreto se controvierte de manera directa la validez de un contrato de compraventa y consecuencialmente la restitución del bien objeto de la negociación, a la sucesión de la causante INES CORTES CATAÑEDA.

Esto indica que como en realidad el objeto jurídico del proceso no involucra temas relacionados con el derecho sucesoral mismo, sino un aspecto netamente patrimonial, concluye la Corte que la jurisdicción civil es la competente para dirimir el conflicto de intereses planteado, como así habrá de decidirse en esta providencia judicial. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil;

RESUELVE

Primero: Declarar que es el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el competente para conocer del proceso ordinario de mayor cuantía que en nombre de la sucesión intestada de la causante INES CORTES CASTAÑEDA entabló el señor AUDELIO CASTAÑEDA FORERO y el menor AUDELIO CASTAÑEDA CORTES contra el señor RENE CIFUENTES CONTRERAS.

Segundo: Remitir el expediente al citado despacho judicial y hágase saber el contenido de la decisión al Juzgado Veinte de Familia de esta misma ciudad. Oficiese.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE NICOLAS BECHARA SIMANCAS JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS PEDRO LAFONT PIANETTA Con salvamento de Voto RAFAEL ROMERO SIERRA Con salvamento de voto JAVIER TAMAYO JARAMILLO � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA�PRIVADO �� SALA DE CASACION CIVIL SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOCTOR PEDRO LAFONT PIANETTA Referencia: Expediente No.5797 1.- Nuevamente en esta ocasión el suscrito Magistrado se permite disentir de la decisión mayoritaria que indica que el proceso sub-examine es de competencia de los Jueces Civiles del Circuito y no del Juez de Familia, porque, a nuestro juicio, la competencia pertenece a este último. 2.- Al respecto previamente reitera el suscrito que "cuando el numeral 12 del artículo 5o. del Decreto 2272 de 1989 asigna a la jurisdicción de familia el conocimiento `de los procesos contenciosos sobre derechos sucesorales', señala como factores de determinación de estos asuntos que se trate de `procesos contenciosos' y que se refiera a `derechos sucesorales'." "2.1.- Ahora bien, siendo el derecho sucesoral aquel poder jurídico que tiene una persona sobre una masa hereditaria a fin de que según el caso, con los elementos que la componen se le satisfaga, puede entenderse que son elementos esenciales de su propia estructura, los siguientes: En primer lugar, el sujeto que como titular (vgr. heredero, legatario o titular de la porción conyugal o de alimentos) tiene dicho poder jurídico con la destinación de constituírse en el sucesor del causante en lo que se adjudique; en segundo término, el objeto que, según la clase de asignación, ha de ser universal (o herencia), singular (o legado) o especial (porción conyugal o alimentos) sobre la mencionada masa hereditaria, sin la cual aquel no puede existir; y la finalidad, representada en la efectividad y utilidad de la destinación consistente en la cancelación o protección mediante bienes del derecho en abstracto mencionado.

Así mismo, hace parte de la esencia del carácter sucesoral específico de estos derechos, que permite distinguirlo de los derechos subjetivos intervivo, el origen, modificación y extinción mortis causa correspondiente, razón por la cual un derecho subjetivo solo adquiere el carácter `sucesoral' en la medida en que la fuente, alteración y extinción de los mismos tenga precisamente su causa en la muerte, por lo que involucra los aspectos relativos a los hechos, negocios jurídicos y regulaciones normativas de las diferentes clases de sucesiones (testada, intestada y mixta).

De allí que el suscrito no comparta el alcance parcial que se sugiere en las consideraciones de la providencia que aquí se aclara, porque si bien, como ella misma lo dice, tiene finalidad de orientación hacia la prevención de conflictos, no es menos cierto que desatiende las mismas expresiones normativas, el alcance doctrinal y la intención legislativa inequívoca de ubicar el asunto denominado `derechos sucesorales' dentro del `régimen de familia', y, como consecuencia de ello, el de asignar a la jurisdicción especializada de familia `los procesos contenciosos' sobre los mismos, que, por consiguiente, fueron sustraídos de la jurisdicción civil." "2.2.- El segundo factor determinante de estos asuntos está recogido en la expresión `procesos contenciosos sobre', con lo cual se quiso precisar en este numeral que los asuntos aquí contemplados debían tener las siguientes características: de un lado, deben ser `procesos', esto es, aquel conjunto de actos y actuaciones debidamente organizadas destinadas a reclamar y controvertir pretensiones para ser decididas judicialmente, ya que las demás actuaciones pertinentes, no constitutivas de procesos, estaban recogidas en el numeral 10 del artículo 5o. sobre medidas previas testamentarias, al igual que otras estaban asignadas para el conocimiento de la primera instancia contemplada en el mismo artículo (literales f, g, etc.).

De otro lado, también se requiere que tales procesos sean `contenciosos', ya que el de sucesión, como de jurisdicción voluntaria y de liquidación, estaba contemplado en el numeral 11 del mismo artículo, así como los demás de jurisdicción voluntaria relacionados con la familia y aspectos sucesorales fueron recogidos en los numerales 13 y ss. del mismo artículo en comento.

Ahora bien, la mencionada norma no restringe el carácter `contencioso' a ningún aspecto en particular, sino que tan solo exige que se refiera a `derechos sucesorales', por lo que en aquel carácter `contencioso' quedan incluídas todas las contenciones o controversias judiciales que, valga la repetición, surjan en un proceso con relación a los elementos que constituyen la esencia estructural y existencial de tales derechos, por lo que la restricción a que alude la providencia aquí aclarada, limitándola a las contenciones sobre `la calidad de asignatario', no se ajustan en nada a la normatividad legal anteriormente mencionada; ni mucho menos cuando en forma tajante se excluyen controversias relativas a la masa de bienes, pues con tal interpretación no solamente se desatiende el alcance sustancial de `los derechos sucesorales' antes mencionado, sino también la extensión del objeto y competencia de la jurisdicción de familia previsto por el legislador.

Por ello, el suscrito no comparte las consideraciones de la providencia que aquí se aclara, que, en caso de no revisarse en el futuro, reclama la clarificación precisa y obligatoria por parte del legislador..". (Expedientes Nos.5825, 5726, 5701, entre otros). 3.- De acuerdo con lo expuesto anteriormente el proceso sub-examine encierra una controversia sucesoral tanto en sus pretensiones principales, como en las subsidiarias, ya que si bien aquella se refiere a la inexistencia de un contrato de compraventa, no es menos cierto que con ella se persigue que el bien se declare que le pertenece a la sucesión de Inés Cortes Castañeda, y porque las pretensiones subsidiarias, a pesar de referirse a la nulidad absoluta, nulidad relativa y resolución de dicho contrato, encierran también una controversia sobre los derechos sucesorales de la finada mencionada, pues éstos y la herencia se encuentran atados a las resultas de dicho proceso.

Por consiguiente, el suscrito disiente de la decisión mayoritaria, porque el referido proceso corresponde a la jurisdicción de familia y no a la jurisdicción civil. Fecha ut-supra. PEDRO LAFONT PIANETTA � SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL ROMERO SIERRA�PRIVADO �� Al no compartir la providencia adoptada por la mayoría, consigno mi disentimiento en los términos siguientes: 1.- Para dirimir de fondo el conflicto aquí suscitado, se ha fundado en que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha considerado que la colisión que se presente entre un Juzgado Civil y uno de Familia para conocer de un proceso no es un conflicto de jurisdicción sino de competencia, por lo que en tratándose de dos juzgados pertenecientes al mismo Distrito Judicial debe conocer el Tribunal Superior respectivo, lo que le ha permitido a la mayoría de la Sala concluír que dicho proceso no puede quedar sin juez, y que en esas condiciones, la Corte, como máximo Tribunal de Justicia ordinaria se ve compelido a dirimirlo, a pesar de que la competencia para ello radica en el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Disciplinaria, por ser un conflicto de jurisdicción. 2.- La labor de "dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre distintas jurisdicciones", ciertamente está atribuída constitucionalmente al Consejo Superior de la Judicatura (art. 256 num. 6), organismo que por conducto de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha manifestado, de manera reiterada y uniforme, que cuando se discute si un litigio debe ser resuelto por jueces civiles o, contrariamente, por jueces de familia, se está en presencia de un conflicto de competencia, pues, aunque se trata de juzgadores de especialidades diferentes, éstos integran, no obstante, la misma jurisdicción: la ordinaria, no jurisdicciones distintas. 3.- Partiendo de este antecedente y de otros que más adelante se expondrán, la Sala Plena de la Corte, mediante auto de 7 de octubre de 1993, se abstuvo de resolver el conflicto para conocer de un proceso surgido entre un Juez Civil y otro Laboral, ambos pertenecientes al Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por carecer de competencia, determinando que de él debía conocer dicho Tribunal.

En efecto, dijo entonces la Corporación: " Prioritariamente le corresponde a la Corporación determinar si dentro de sus atribuciones legales está la de definir los conflictos de jurisdicción o de competencia que se presenten, entre un juzgado laboral y uno civil pertenecientes a un mismo Distrito, y de entrada se observa que no existe disposición o precepto legal alguno que le asigne tal competencia. " Y lo anterior resulta ser así, porque los diversos estatutos que se han ocupado de regular los conflictos, ya de jurisdicción, ora de competencia entre dos Juzgados de un mismo Distrito, no le han atribuído a la Sala Plena de la Corte Suprema el conocimiento de tales situaciones, pues así se desprende de la legislación constitucional y legal pertinente (arts. 256 Const.

Nal., Decreto 2652 de 1991, 28 de C. de P. C., 68, 70 y 72 del C. de P.P., 152 del C. de P. del T. y Decreto 528 de 1964), que indica a qué juzgadores les corresponde decidir los conflictos de uno u otro linaje. " Si ciertamente la ley no le atribuye a la Corte en pleno competencia para dirimir conflictos de jurisdicción o de competencia que se susciten entre dos juzgados pertenecientes a un mismo distrito judicial, deberá abstenerse de decidirlo, y consecuencialmente, disponer el envío de la actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, a fin de que haga el pronunciamiento que en derecho corresponda.

Porque si a juicio de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tal como lo ha exteriorizado de manera reiterada y uniforme en múltiples pronunciamientos, el caso a estudio configura un conflicto de competencia, por tratarse de litigios civiles y laborales de dos especialidades de la jurisdicción ordinaria y no de diferentes jurisdicciones, ello se traduce en que del mismo debe conocer el Tribunal Superior, en Sala Plena, por presentarse la colisión entre dos juzgados (civil y laboral) pertenecientes a un mismo distrito, y según los alcances del inciso 2o. del artículo 28 del C. de P. C.". 4.- El criterio doctrinal precedente fue acogido por mayoría por la Sala de Casación Civil de la Corte, como bien puede establecerse en más de 20 providencias dictadas durante los meses de marzo y abril de 1994, lo que llevó a la Sala a afirmar y concluír que la Corte no tenía competencia para dirimir los conflictos, ya de jurisdicción, ora de competencia, que se suscitasen entre dos juzgados, de diferente especialidad, pero del mismo Distrito Judicial. 5.- Por otra parte, la Corte Constitucional, al decidir sobre la acción de cumplimiento que formulara ante ella un ciudadano con apoyo en el artículo 87 de la Carta Política, abordó el tema atinente a las diferentes jurisdicciones que consagra la actual Constitución, y al efecto afirmó en providencia de 10 de diciembre de 1992, lo siguiente: "Es así también como, con el fin de efectuar un uso racional de la justicia, se reparte ella entre jurisdicciones a las cuales a la vez, se les atribuyen competencias determinadas.

Existen entonces: "a.- La Jurisdicción Ordinaria, a la cabeza de la cual se halla la Corte Suprema de Justicia y que se ocupa de las controversias suscitadas entre los particulares, de índole civil, comercial, familiar, laboral y, además, de la sanción de los delitos. "b.- La Jurisdicción Contencioso Administrativa, a cargo de los tribunales administrativos, con el Consejo de Estado como suprema autoridad, que atiende y resuelve los litigios que surjan entre los particulares y el Estado.

"c.- La Jurisdicción Indígena, al frente de la cual están las autoridades de los pueblos indígenas y que se ejercerá dentro del ámbito de su territorio, según sus propias normas y procedimientos, que no habrán de contrariar la Constitución y leyes de la República. "d.- La Jurisdicción de los Jueces de Paz, que se encarga de resolver, en equidad, conflictos individuales y comunitarios.

"e.- La Jurisdicción Penal Militar, instituída para conocer de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en ejercicio activo y en relación con el servicio (art. 221 C.N.). "f.- La Jurisdicción Constitucional confiada a la Corte Constitucional y que tiene como objeto preservar la supremacía y la integridad de la Carta Política, frente a textos de inferior categoría dentro de la escala Kelseniana jerárquica de normas y que puedan infringirla".

Lo que pone de presente la reseña doctrinal que se acaba de hacer, es la reiteración de la clasificación de la jurisdicción en ordinaria y especiales, conformada la primera por las diversas materias o normas del derecho sustancial (civil, penal, laboral, de familia y agrario) y la segunda, por otras materias (constitucional, contencioso administrativa, penal militar, etc.).

Aquélla es ejercida por los Jueces y Tribunales Ordinarios, y éstas por Jueces y Tribunales especiales, y siendo así las cosas, los conflictos que se presenten entre los Juzgados de la jurisdicción ordinaria sobre el conocimiento de un proceso, según la nueva Constitución, no pasa de ser un conflicto de competencia y no de jurisdicción, pues según los alcances de los preceptos constitucionales, no es posible ver y entender que dentro de la jurisdicción ordinaria existan diversas jurisdicciones sino una única jurisdicción contentiva, apenas, por la naturaleza del derecho sustancial, de distintas especialidades o materias, que por la complejidad y multiplicidad de las relaciones jurídicas que va imponiendo el crecimiento social, es aún de suponer que hacia el futuro puedan formarse o aparecer otras áreas o especialidades que amplíen el radio de acción de la jurisdicción ordinaria. 6.- Entonces, según las normas constitucionales, que son de aplicación ineluctable, a las cuales debe sujetarse la ley, los conflictos que se susciten entre un juzgador civil y uno de familia, ambos pertenecientes desde luego a la jurisdicción ordinaria, no exterioriza una colisión de jurisdicción sino de competencia, y cuando dicho conflicto ocurre, como aquí acontece, entre dos juzgados pertenecientes a un mismo Tribunal, de éste debe conocer dicha Corporación y no la Corte en su Sala de Casación Civil, como aquí ha sucedido (art. 28 C. de P. C.). 7.- De suerte que, sí hay un juzgador competente para dirimir el conflicto presentado entre dos jueces pertenecientes a un mismo Distrito Judicial, como lo hay, también, cuando los juzgados pertenecen a Distrito diferente. 8.- Las reflexiones hasta aquí sentadas, encuentran aún apoyo en preceptos legales, al establecer el artículo 18 del decreto 2303 de 1989, que cuando hubiere controversia sobre el carácter agrario de la relación jurídica o del bien a que se refiere el proceso, se remitirá éste "al correspondiente Tribunal Superior del Distrito Judicial", para la determinación de su naturaleza.

Y precisamente la Corte, en providencia de 18 de abril de 1994, aprobada por unanimidad y con fundamento en el precepto antes mencionado, se sustrajo de dirimir el conflicto suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito y Promiscuo de Familia de Zipaquirá, por controvertirse su naturaleza agraria, por lo que dispuso el envío de la actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. 9.- Por otra parte, no se puede subestimar que las normas constitucionales y legales atinentes a las competencias, facultades o atribuciones de los funcionarios públicos son de derecho estricto, y por ello no les es dado a los Juzgadores hacer interpretaciones bondadosas, extensivas o analógicas, para aprehender el conocimiento de cuestiones respecto de las cuales ni la Constitución ni las leyes les han atribuído, porque así lo dice con claridad la Carta Política de reciente vigencia. En efecto, el artículo 121 de la misma establece que "ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley".

Las reflexiones precedentes permiten, entonces, concluír que el conflicto presentado entre los jueces a que se refiere este proceso, es de competencia, y por pertenecer al mismo Distrito Judicial, la colisión debió ser dirimida por el correspondiente Tribunal y no por la Corte, como aquí aconteció y se dijo atrás. RAFAEL ROMERO SIERRA Fecha ut supra. � �Auto de fecha 18 de mayo de 1995.

Exp. No. 5390 �Ibídem. JTJ. CJ-5797 �PÁGINA � �PÁGINA �20�