- ​ SALA DE CASACION LABORALPRIVATE Radicación 8513 Acta 48 Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, catorce(14) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996) Magistrados ponentes: RAFAEL MENDEZ ARANGO y JORGE IVAN PALACIO PALACIO Se resuelven los recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada el 20 de octubre de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que ELENA DE JESUS MONTIEL JIMENEZ si​gue a la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO.

I.

ANTECEDENTES Para los efectos que al recurso interesan, la recurrente promovió el proceso con el fin de obtener su reinte​gro al cargo de auxiliar de aseo y cafetería, sin solución de continuidad en el contrato de trabajo, o a otro empleo de superior categoría y remunera​ción, y el pago de los salarios, y de las presta​ciones compatibles con el rei n te​gro o, en subsi​dio, la indemniza​ción convencional por de s pido injusto "liquidada conforme lo indica la CR 121/82 de-bida​mente actualizada conforme a los índices de precios al consumidor certifica​dos por el DANE (indexación), al momento de su pago efectivo" (folio 62), la pensión proporcio​nal de jubila​ción y la indemni​za​ción por mora.

Fundó sus pretensiones en los servicios que afirmó le prestó entre el 16 de octubre de 1981 y el 7 de abril de 1993 con un último salario mensual de $174.000,00, y en que la Caja Agraria, "de manera unilateral y sin que existiera justa causa desde el punto de vista legal" (folio 63), terminó su contrato de trabajo aduciendo "rees​tructu​ra​ción y adopción de nueva planta de personal" (ibídem), invocando para ello los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, en los cuales no se calificó como justa causa el despido ni se adicionaron las causales previstas en el Decreto 2127 de 1945, por lo que era aplicable el artículo 58 de la convención colectiva 1992-1994, pues tampoco eliminaron la acción de reintegro allí prevista, ni la indemnización convencional "ni la pensión sanción por despido sin justa causa con más de diez o quince años" (ibídem), además de no haber sido suprimido el empleo que desempeñaba.

La Caja Agraria al responder la demanda se opuso a las pretensiones "por carecer de fundamentos legales y de hecho" (folio 72), y alegó haber obrado de acuerdo con lo previsto en los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, dictados en desarro​llo del artículo 20 transitorio de la Constitución Nacio​nal, por virtud de los cuales se dispuso su reestructura​ción y se adoptó la nueva planta de personal.

De los hechos aseverados aceptó únicamen​te el tiempo de servicios, el último empleo y salario indicados en la demanda y el carácter de trabajadora oficial de la demandante. Propuso las excepciones de falta de causa, inexistencia de la obliga​ción, pago, compensación y prescripción. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante la sentencia del 24 de enero de 1995, condenó a la demandada a reintegrar a la demandante en las mismas condiciones de empleo y a pagarle los salarios en la cantidad de $238.797,77 mensuales desde el 8 de abril de 1993 hasta cuando la reintegrara.

De estas sumas ordenó descontar la cantidad de $3'776.976,07 que le fueron pagados por concepto de cesantia e indemnización a la terminación del contrato. Declaró no probadas las excep​ciones propuestas y condenó a la demandada a pagar las costas "en cuantía del 20% sobre el valor de la condena" (folio 283). II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Con la sentencia impugnada en casación el Tribunal modificó la de su inferior, y condenó a la Caja Agraria a pagarle la demandante la suma de $2'137.977,30 "por concepto de la indemni​zación indexada" (folio 312) y la suma de $102.782,53 mensuales desde el 9 de agosto del año 2019 "a título de pensión especial, al cumplir los 60 años de edad, o el valor del salario mínimo legal vigente si la suma anteriormente señalada es inferior" (ibídem), tal como está dicho en la sentencia, en la que absolvió de las demás pretensiones de la demanda.

Confirmó la condena en las costas de la primera instancia y no las fijó por la alzada. Acogiendo el criterio jurisprudencial de la Corte sobre el punto, el Tribunal consideró que la termina​ción del contrato por supresión del empleo prevista en los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, no constituía una causa justificativa por no estar contemplada "en los artículos 48 y 49 del Decreto Ley(sic) 2127 de 1945" (folio 306); sin embargo, concluyó que la supresión del empleo imposibilitaba el reintegro previsto en el artículo 45 de la convención colectiva suscrita el 18 de marzo de 1992, por lo que condenó a pagar la indemnización prevista en dicho convenio, y la que según los cómputos del fallador ascendía a la cantidad de $5'332.616,80, de la que descontó los $3'664.444,00 pagados por la Caja Agraria, para un total de $1'668.172,80, cuyo valor actualizó por el período comprendido entre abril de 1973 y julio de 1974.

La absolvió de la indemnización por mora por considerar que no tenía "elementos de juicio para concluir la mala fe de la Caja en cuanto a las decisiones tomadas" (folio 311). IV. LOS RECURSOS DE CASACION Ambos litigantes quedaron inconformes e impugnaron la sentencia, recursos de casación que fueron concedidos y aquí admitidos, por lo que se procede ahora a resolver​los, comenzando por el de la parte demandada que pretende la anula​ción total del fallo.

La demanda de casación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero se resuelve de acuerdo con la ponencia presentada por el Magistrado Rafael Méndez Arango y la ponencia de la demanda de casación de Elena de Jesús Montiel Jiménez le correspondió al Magis​trado Jorge Iván Palacio Palacio. EL RECURSO DE LA CAJA AGRARIA En la demanda con la que sustenta el recurso (folios 25 a 52), la recurrente le pide a la Corte que case totalmente la sentencia del Tribunal y, en instancia, revoque la del Juzgado y la absuelva, o subsidiariamente, que la case parcialmente para absolverla "de pagar la indemni​zación indexada de que trata el literal b) del fallo" (folio 28) y, actuando en sede de instancia, le ordene a la demandante devolverle "la suma de $3'627.800,00 que le fue entregada a título de indemni​zación, de confor​midad con el artículo 11 del Decreto 2138/92, más los intereses correspondientes" (ibídem).

Con ese propósito le formula cuatro cargos a la sentencia, los que la Corte estudiara junto con lo replicado. PRIMER CARGO La acusa de aplicar indebidamente los artículos 175 del Código Conten​cioso Admi​nistrativo; 332 del Código de Procedimiento Civil; 23 del Decreto 2067 de 1991; 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; 8º de la Ley 153 de 1887; 15 de la Ley 74 de 1968; 8º de la Ley 16 de 1972 "y con referencia a los anteriores, el artículo(sic) 29 y 243 de la Constitución Política; 9º, 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo; arts. 6º al 13 y 17 al 22 del Decreto Ley 2138 de 1992; 1º, 2º, 5º, y 6º del Decreto 619 de 1993, 8º de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969 y con referencia a ellos los artícu​los 20 transito​rio, 13, 25, 53, 58, 125, 150 numeral 7º y 336 de la Constitución Política" (folio 28).

Violación indirecta de la ley en la que afirma incurrió el sentenciador al dejar de apreciar las copias auténticas de las sentencias del Consejo de Estado que negaron la nulidad de los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993 (folios 135 a 148 y 149 a 167) y apreciar errónea​mente la carta de terminación del contrato de trabajo (folio 7) y la convención colectiva de trabajo (folios 13 a 61).

Como errores de hecho en la demanda se puntualizan los siguientes: "1) No dar por demostrado, estándolo, que hicie​ron tránsito a cosa juzgada constitu​cio​nal las mencionadas decisiones judiciales según las cuales el Gobierno Nacional -Caja Agraria- podía apartarse de las regulaciones laborales previstas en otras normas de igual jerarquía y en las consagradas en convencio​nes colectivas de traba​jo.

"2) No dar por demostrado, estándolo, que hicie​ron tránsito a cosa juzgada constitu​cio​nal las citadas decisiones jurispruden​ciales según las cuales, la supresión de cargos y consecuente​mente la desvinculación de los traba​jadores de la Caja Agraria estaba justificada por razones de interés público, lo que constituía la justa causa para la termina​ción del contrato de trabajo.

"3) No dar por demostrado, estándolo, que hicie​ron tránsito a cosa juzgada constitu​cio​nal las referidas decisiones judiciales según las cuales, en aplicación del princi​pio de la prima​cía del interés general sobre el particular, con(sic) Decreto 2138 de 1992 no podían predicarse presun​tos derechos adqui​ridos de los trabajadores, consa​grados en la ley o en las convenciones colecti​vas.

"4) No dar por demostrado, estándolo, que hizo(sic) tránsito a cosa juzgada constitu​cional, las decisiones judiciales según las cuales, el Gobierno Nacional -Caja Agraria- a través del régimen indemnizatorio estable​cido en los artícu​los 11 y sgtes. del Decre​to 2138/​92, cumplió con el principio consti​tucional de 'igualdad ante las cargas públi​cas -art. 13 CN.

"5) No dar por establecido, estándolo, que hicieron tránsito a cosa juzgada constitu​cio​nal las decisiones jurisprudenciales según las cuales, la indemnización prevista en las normas que desarrollan el artículo transi​torio 20, protegen el derecho al trabajo. "6) No dar por demostrado estándolo, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, la definición jurisprudencial según la cual, el régimen de indemnizaciones de los decre​tos expedidos con fundamento en el artículo transito​rio 20 de la CN, no ofrecían otra alternativa distinta a la propia indemniza​ción" (folios 24 y 25).

En lo que trae como demostración del cargo la recurrente argumenta que la cosa juzgada constitucional también se predica de las decisiones que dicta la jurisdic​ción en lo contencioso adminis​trativo y que esta clase de fallos son erga omnes, se aplican a todos los casos futuros sin que puedan ser nuevamente juzgados por los mismos motivos y "todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada mate​rial" (folio 30), según lo ha dicho la Corte Constitucio​nal; y su obligatoriedad se refiere no solamente a la parte resoluti​va sino a los conceptos expresados en la parte motiva, por lo que dice que de haber apreciado el Tribunal las senten​cias del Consejo de Estado, debidamente incorpo​radas al expediente, habría concluido que en la de 17 de marzo de 1994 se dió por sentado que el Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato conferido en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, podía apartarse de las regulaciones laborales previstas en otras normas de igual jerarquía y de lo consagrado en convencio​nes colecti​vas de trabajo; e igualmente que el principio de la primacía del interés general sobre el particular impedía que pudiera hablarse de un derecho adquirido a permanecer en el cargo o empleo o a no ser desvinculado "en razón de la inscrip​ción en el escalafón de la carrera administrati​va" (folio 33).

En criterio de la recurrente, la postura del Tribunal está en abierta contradicción con las motivaciones del fallo del Consejo de Estado, y, por ello, de haberlo apreciado, habría llegado a la conclusión de que para el caso específico de Montiel Jiménez, su desvinculación se justificaba por razones de interés público, razón más que valedera "para entender tal desvin​culación como de 'justa causa'" (folio 34), debido a que su actitud, al igual que la de las demás entidades estatales, "ya fue calificada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucio​nal como 'justificada' en aras de la prevalencia del interés público sobre el particular" (ibídem).

Sostiene la impugnante que la indemnización es la única alterna​tiva en el caso de los trabajadores cuyos cargos fueron suprimidos, por lo que no es viable conceder otra clase de prestaciones o reconocimien​tos, según lo resuelto por la Corte Constitu​cional en sentencia 515 de 1993; doctrina que asevera "es aplicable a todos los decretos expedidos con base en el artículo transitorio 20" (folio 35), lo que hace inadmisible la concurrencia de la indemnización con la pensión de jubila​ción proporcional, pues las indemnizaciones consagradas en el artículo 11 del Decreto 2138 de 1992 "son esencia [de] la materialización del principio de igualdad en relación con las cargas públicas" y no tienen su fundamento "en la 'ausencia de justa causa de despido' sino en la necesi​dad de resarcir el perjuicio que sufre el titular del derecho en aras del interés público, que a su vez es la causa mediata de su desvinculación" (ibídem).

Concluye su razonamiento aseverando que si el Tribunal hubiera apreciado "las jurisprudencias allega​das al expediente" habría entendido que era inaplicable lo dispuesto en los artículos 45 y 58 de la convención colectiva de trabajo, dado que la supresión del cargo fue "justa" y en aplicación del principio de primacía del interés general, y también por no poderse predicar derechos adquiri​dos, ya que los decretos que desarrollaban el artículo 20 transitorio podían apartarse de la ley ordina​ria y de las convenciones colectivas de trabajo.

La opositora, a su vez, afirma que el fallo del Tribunal no descono​ce las sentencias del Consejo de Estado que declara​ron exequibles los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993; pero arguye que la primacía del interés general sobre el particu​lar, si bien suficiente para legalizar la supresión de cargos, no lo es para tornar el despido en justo, porque el artículo 20 transi​torio de la Constitución Política no es contrario al artículo 53 de la misma, según el cual, la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores.

SE CONSIDERA No obstante que el ataque se presenta por la denominada vía indirecta de la violación de la ley, acusando al fallo de quebrantarla por haber incurri​do en los que en el cargo se puntualizan como errores de hecho, es lo cierto que lo planteado es un tema eminente​mente jurídico, como lo es la tesis según la cual los fallos que se dictan por el Consejo de Estado o por la Corte Constitu​cional en ejercicio de la facultad que dentro de la órbita de su respectiva competencia tienen ambas corporaciones judiciales para ejercer el control de constituciona​lidad de las normas jurídicas, producen efectos de cosa juzgada y son obligato​rias no solamente en cuanto a la específica decisión de retirar del ordenamiento jurídico un determina​do precepto, sino que igualmente tiene carácter obligatorio la doctrina que se expresa en las motivaciones de la correspondiente decisión. Debido a que la recurrente formuló el cargo por la comisión de supuestos errores de hecho originados en la apreciación de las prueba, pero en el desarrollo de la acusación plantea una tesis puramente jurídica, no es del caso entrar a elucidar si la misma se aviene o no al artículo 230 de la Constitu​ción Política.

El cargo se desestima. SEGUNDO CARGO Acusa al fallo de aplicación indebi​da de los artícu​los 1º, 11 y 49 de la Ley 6a de 1945; 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; 8º de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969, y "con referen​cia a ellos, el Preámbulo de la Constitu​ción, los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 25, 53, 58, 125, 150 num. 7º y 209 de la CP.; 8º de la Ley 153 de 1887; 4º, 9º, 25, 26, 27, 31, 32 del Código Civil; 145 del Código Procesal del Traba​jo; 6º a 13 y 17 a 22 del Decreto 2138 de 1992; 1º, 2º, 5º y 6º del Decreto 619 de 1993; 3º, 4º, 21, 55, 353, 414, 467 del Código Sustantivo del Trabajo" (folio 37).

En su demostración manifiesta que le censura al Tribunal el haberle negado a las disposiciones del Decreto 2138 de 1992 "el alcance jurídico y político que tienen, de conformidad con sus antecedentes, los postulados de la Constitución y la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente" (folio 37), pues, mediante "un racionamien​to(sic) estrecho, e inconsulto con los demás auxiliares de inter​pretación" (ibídem), concluye que el modo de termina​ción allí establecido no se encuentra contemplado dentro de las causas de despido consagradas en el Decreto 2127 de 1945, lo que dice es apenas obvio y elemental por cuanto una disposición de naturaleza excep​cional y transitoria como el Decreto 2138 de 1992 no podía incorporarse en una ordinaria y permanente como el Decreto 2127 de 1945, además de tratarse de decretos con fuerza normativa diferente por cuanto este último es apenas reglamentario y el primero tiene fuerza de ley.

Con invocación de las sentencias de la Corte Constitucional de 13 de mayo de 1992 y 9 de septiembre, 1º de octubre y 7 de diciembre de 1993, afirma que los decretos dictados por el Gobierno Nacional en desarrollo del transitorio artículo 20 de la Constitución Nacional tienen fuerza de ley, y de conformidad con la sentencia de 17 de marzo de 1994 del Consejo de Estado, mediante ellos podía apartarse de las regulaciones laborales previstas en otras normas de igual jerarquía y en lo consagrado en las convenciones colectivas de trabajo.

Asevera que el Tribunal le da un carácter similar a los Decretos 2138 de 1992 y 2127 de 1945 al considerar que con el primero de ellos se hubieran podido adicionar las causales de los artículos 48 y 49 del segundo, pero como ello no se hizo, la supresión del cargo devino en un despido injusto, razonamiento con el que --así lo dice la recurrente-- "el ad quem le está dando un sentido equivoca​do a los decretos que desarrolla​ron el artículo transitorio 20, pues, se reitera que ni por su naturaleza jurídica, ni por su espíritu, ni por su transi​toriedad, ni por sus motiva​cio​nes, ni por la materia que regulan, podían válidamente confundirse esos decretos con fuerza del ley con las disposiciones de los artículos 48 y 49 del DR. 2127/45" (folio 39).

Alega que el Tribunal se equivoca cuando pretende darle el significado de despido injusto a la supresión del empleo por la circunstancia de que no se haya calificado como justa la causal establecida en los decretos que se dictaron en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución Política, pues dice que "la justa causa está implícita en el mandato constitucional" (folio 40); y que mientras las causales de terminación con justa causa previstas en el Decreto Reglamentario 2127 se relacionan con el desempeño o comportamiento del trabajador en la empresa frente a las obligaciones consagradas en el contrato, la convención colectiva o el reglamento interno de trabajo, la causal de supresión de cargos encuentra su justificación "en la realización de los fines del Estado, la primacía del interés general sobre lo particular y la prevalencia de lo público sobre lo privado" (ibídem).

Finalmente, transcribe apartes de la exposición de motivos del artículo transitorio, y de sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucio​nal, para concluir que es legítimo el daño que se produce al trabajador cuyo cargo es suprimido por mandato de la ley; que la reparación que se le otorga al trabajador es aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas, y que en estos casos el derecho adquirido a la estabilidad debe ceder ante el interés público.

El argumento de la replicante para refutar la acusación es el mismo que se dejó resumido respecto del primer cargo. SE CONSIDERA Sea lo primero anotar que aun cuando la recurrente acusa al fallo de violar la ley por aplicación indebida de las normas con las que integra la proposición jurídica, en la demostración del cargo desarrolla una argumentación que se compadece más con la modalidad de quebranto normativo que se produce por interpretación errónea, al extremo que textualmente sostiene que "el ad quem está dándole un sentido equivocado a los decretos que desarrollaron el artículo transitorio 20" (folio 39).

Las distintas maneras de quebrantar directa​mente la ley por las cuales puede acusarse en casación ante la Corte una sentencia obedecen a razones diferentes y se producen por errores en que incurre el fallador sobre la existencia y validez, el alcance o el significado del precepto legal, que trascienden a la parte resolutiva del fallo. Y precisamente por obedecer a desaciertos que versan sobre diferentes aspectos, no es dable acumular en un mismo cargo y respecto de una misma norma conceptos que por ser distintos necesariamente son excluyentes.

La violación directa de la ley en que incurre el juzgador relacionada con el significado de la norma, o sea, la errónea interpretación, se produce en la premisa mayor del precepto; mientras que el yerro derivado de la aplicación indebida se produce en la premisa menor, y gira en torno a la relación que existe entre el hecho específico hipotético de la norma jurídica y el hecho específico concreto del caso litigado, y aunque lo más usual es que se produzca por la vía indirecta y tenga su origen en la falta de apreciación o la apreciación errónea de las pruebas, no excluye la viola​ción de puro derecho cuando el error producido en la premisa menor es consecuen​cia de la indebida calificación o definición jurídica del caso particular.

El solo hecho de plantearse la aplicación indebida de las normas y en el desarrollo del cargo pretender demostrar que el Tribunal "está dándole un sentido equivocado a los decretos que desarrollaron el artículo 20 transitorio", para de ahí deducir una aplica​ción indebida de los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, porque se afirma fue legítima la desvinculación del trabajador y el resarcimiento de los perjuicios que sufrió, por tener lo uno y lo otro fundamen​tó en el artículo 13 de la Constitu​ción Política y no en la injusticia de la acción del Estado, sería razón más que suficiente para desestimar la acusa​ción, pues está ya explicado que la aplicación indebida y la interpretación errónea de la ley son concep​tos de violación diferentes y excluyentes.

Sin embargo, importa aquí destacar que en ya un número considerable de sentencias esta Sala de la Corte ha explicado a la recurrente que la sola circunstancia de haberse autorizado en una norma transitoria de la Constitu​ción Política la supresión de empleos en la administración pública, no convierte la decisión unilateral que de manera específica afecta a un determinado trabajador en un acto que no le irrogue perjuicios, y muchísimo menos en una justa causa de terminación de un contrato de trabajo debidamente celebrado.

Que ello no es así resulta del hecho de que la propia norma invocada por la impugnante contempla expresamente que deba repararse el perjuicio. Como es sabido, sólo se repara un perjuicio cuando se ha causado un daño; y dado que en los artículos del Decreto 2138 de 1992 que se incluyen en la proposición jurídica del cargo no se dispone expresamente que la Caja Agraria quede librada de pagar las indemnizaciones que por termina​ción del contrato sin justa causa tiene pactadas en convenciones colectivas legalmente celebradas, se impone concluir que la sentencia acusada no violó la ley al considerar que la terminación del contrato no obedeció a una justa causa, como tampoco al disponer que la reparación del perjuicio se hicera de acuerdo con lo pactado en el convenio normativo de condi​ciones generales de trabajo vigente al extinguirse el vínculo jurídico.

En consecuencia, el cargo no prospera. TERCER CARGO Acusa al fallo de infringir directamente las mismas normas con las cuales integró la proposición jurídica del primero de los cargos, y, mutatis mutandi, en su desarrollo plantea esencialmente el quebrantamiento de tales preceptos por las mismas razones que explica en ese primer ataque, motivo por el que no es necesario volver a resumir los argumentos.

La réplica al cargo es la misma cuyo resumen se hizo al estudiar la primera acusación. SE CONSIDERA Al responder el primer cargo se resaltó por parte de la Corte el carácter puramente jurídico de los argumentos con los cuales la recurrente pretendió demostrar la violación de la ley, aunque allí se hizo por la vía indirecta en razón de la supuesta comisión de errores de hecho generados en la mala apreciación de unas sentencias del Consejo de Estado y de la convención colectiva de trabajo.

En esta acusación al igual que en aquélla, la tesis que se propone demostrar la recurrente es la de que los fallos producidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en los que se juzga la constituciona​lidad de una norma tienen carácter obligatorio no solo en cuanto a lo dispositi​vo de la sentencia sino también en cuanto a sus motivaciones y a la doctrina que de ellos resulta.

Para refutar esta tesis basta remitirse al artículo 230 de la Constitución Política, cuyo tenor literal es el siguiente: "Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. "La equidad, la jurisprudencia, los princi​pios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial". El claro texto de la norma constitucional excusa cualquier comentario, por ser evidente que no tiene fundamento en la Constitución Política el aserto según el cual los criterios auxiliares de la actividad judicial que allí se mencionan, a saber, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, se hallan investidos del mismo imperio que tiene la ley; imperio al cual sí se encuentran inexora​blemente sometidos los jueces en sus providencias.

Fuera de lo anterior, importa destacar que en la sentencia del Consejo de Estado, en la que cree encon​trar apoyo la recurrente a su tesis, además de reconocérsele fuerza de ley a los decretos dictados por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento al mandato del transitorio artículo 20 de la Constitución, se asienta como criterio doctrinal el que no puede hablarse de "dere​chos adquiri​dos a permane​cer en un cargo o empleo o a no ser desvincu​lado del mismo en razón de la inscrip​ción en el escalafón de la carrera administrativa"; pero para nada se estudia lo referente a la validez o invalidez de las convenciones colectivas de trabajo, como tampoco se dice que la supresión del empleo no dé lugar a una indemniza​ción, o que dando lugar a una indemnización, ella se reduzca exclusivamente a la legalmente prevista.

Estos aspectos no se tocan en la sentencia. Se impone entonces concluir que el fallo acusado no infringe directamente las normas con las que se integra la proposición jurídica del cargo, dado que ni las ignoró ni se reveló contra ellas. Se sigue de lo anterior que el cargo no prospera. CUARTO CARGO En éste la recurrente acusa al fallo de aplicar indebidamente el mismo conjunto normativo con el que conformó la proposición jurídica del segundo de los cargos, y, según lo precisa, la acusación está exclusiva​men​te referida al alcance subsidia​rio de la impugnación; petición mediante la cual persigue que le sea devuelta la suma que a título de indemnización le pagó a Elena de Jesús Montiel Jiménez, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2138 de 1992.

Para demostrar este ataque afirma que "de haberse entendido correctamente este artículo, al igual que todo el texto del decreto declarado ajustado a la Constitu​ción mediante decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional" (folio 52), el Tribunal por haber condenado al pago de la pensión restringida debió ordenar la devolu​ción de la suma de $3'627.800,00; y, por ello, mani​fiesta que su discrepancia con el sentenciador radica en que aplicó indebidamente el artículo 12 del Decreto 2138 de 1992 al "no disponer de la incompa​tibilidad que existe entre la pensión sanción y el pago de la indemnización prevista en el artículo 11 del mismo decre​to" (ibidem).

En la réplica se redarguye el planteamiento de la censura aseverando que la incompatibilidad estableci​da por el artículo 12 del Decreto 2138 de 1992 se refiere a las pensiones causadas para los trabajadores al momento de suprimírseles el empleo, y que "el derecho a la pensión-sanción solo se causa a raíz y como consecuencia del despido injusto del que se les haga objeto" (folio 36), como aconteció en este caso.

SE CONSIDERA El Tribunal condenó a pagar la indemnización prevista en la convención colectiva de trabajo y no la consagrada en el artículo 11 del Decreto 2138 de 1992, por lo que el ataque parte de un supuesto que no se ajusta a la realidad procesal. Cosa diferente, y apenas elemental, es el hecho de que el Tribunal hubiera descontado del monto de la indemnización por despido injusto que resulta de aplicar la convención colecti​va de trabajo, lo directamente pagado por la Caja Agraria como indemnización por la supresión del empleo.

De todos modos, y como se afirma en la réplica, es cierto que la incompatibilidad de la que habla el artículo 12 de dicho decreto se refiere a las pensiones ya causadas en favor del trabajador al suprimírsele el empleo y no a una como la pensión restringida de jubila​ción, que se causa precisamente en razón del despido injusto después de un lapso prolongado de servicios al patrono que termina el contrato injustificadamente.

El cargo se desestima. EL RECURSO DE MONTIEL JIMENEZ Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal en cuanto "al acoger la solicitud subsidiaria de indexación o corrección monetaria de la indemnización convencional por despido injusto, sólo fulminó la condena correspondiente en un valor calculado con base en [el] informe del DANE que registra el índice de variación del valor de la moneda hasta una fecha, julio de 1994, muy anterior a la suya, 20 de octubre de 1995, o sea, en un valor inferior al que ha debido corres​ponder, para que, en su lugar, como ad quem, manteniendo la modificación de la de primera instan​cia, previa petición oficiosa al organismo mencionado para que certifique, adicionalmente, sobre la variación acumula​da o el porcentaje de inflación entre agosto de 1994 y la fecha de su respuesta, extienda la dicha condena por lo menos hasta esta fecha, proveyendo sobre costas como corresponda" (folios 12 y 13), conforme está textualmente dicho en la demanda con la que sustenta el recurso (folios 11 a 14), que fue replicada (folios 18 al 20) Acusa al fallo --y es esa la textual relación de normas-- de "infracción directa del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, por haberlo dejado de aplicar siendo pertinente, en relación con el 145 del Código Procesal del Trabajo, como violación de medio que lo condujo a la infracción, también directa, por aplicación indebida, de los preceptos 230 de la Constitu​ción Nacional, 19, 64, 65, 146, 147 y 148 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 153 de 1887, 1º del Decreto 673 de 1972, 1º del Decreto 1229 de 1972, 44 de la Ley 14 de 1984, 16 de la Ley 75 de 1986, 10 de La Ley 50 de 1995, 178 del Código Contencioso Administrativo, 308 del Código de Procedimiento Civil, 2º de la Ley 187 de 1959, 2º y 8º de la Ley 10 de 1972, 1º de la Ley 4a. de 1976, 1º de la ley 171 de 1988, 11 de la Ley 6a. de 1945, 1º del Decreto 797 de 1949, 1613 a 1617, 1627 y 1649 del Código Civil, 8784 del Código del Comercio, 2º de la Ley 46 de 1933 y 3º de la Ley 167 de 1938, en relación con los preceptos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 20 transitorio, 25 y 53 del Constitución Nacional y 11, 12 y 13 del decreto 2138 de 1992" (folio 13).

La razón de la inconformidad del recurrente radica en que el Tribunal "produjo una condena al respecto en cuantía inferior a la realmente debida por la demandada en ese momento" (folio 14), por cuanto para dictar la sentencia se basó en la certificación de folios 170 y 171 expedida por el Departa​mento Administrati​vo Nacional de Estadística, que registra la variación del índice de precios al consumidor hasta julio de 1994, esto es, con un retraso de más de un año respecto de la fecha de la sentencia "ignorando lo dispuesto por el artículo 307 del Código de Procedimien​to Civil" (folios 13 y 14), que considera lo obligaba a extender la condena hasta la fecha del fallo, para lo cual debió solicitar de oficio la actuali​za​ción de dicho certifica​do para indexar la indemni​za​ción por despido injusto hasta la fecha de su expedición, por lo que pide a la Corte que así proceda en instancia. La replicante se opone a la prosperidad del cargo porque al haber reclamado la recurrente únicamente la actualización de la condena por la indemnización convencio​nal por despido injusto, aun aceptando que ésta fuera del 200% no alcanza​ría el interés para recurrir en casación, y porque trata de revivir el término probatorio para que la Corte practi​que de oficio la prueba del valor de la corrección moneta​ria "utilizando la casación como un recurso de instancia" (folio 19).

Como error de técnica anota además la cir​cunstancia de haber simultáneamente acusado en el cargo las mismas normas por infracción directa y aplicación indebida, que son conceptos de viola​ción excluyentes. Refiriéndose al fondo de la acusa​ción, solicita que se desestime el ataque "ya que las normas utilizadas en los conceptos de violación no son las apropiadas por regular aspectos ajenos a la indexacción" (folio 20), pues la opositora estima que no pueden confun​dirse el concepto de indemnización de perjui​cios, que se refiere a la reparación del daño, con el concepto de indexación, que es la "actualización del valor adquisitivo monetario" (ibídem).

SE CONSIDERA Son infundados los reparos de técnica expresados en la réplica, por las siguientes razones: Primero, porque la admisión de la demanda y la decisión fondo dependen del cumplimiento de los requisi​tos formales previstos en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y ninguno de ellos se refiere a la cuantía del interés jurídico para recurrir en casa​ción. El valor del interés económico para recurrir debe ser examina​do por el Tribunal y luego por la Corte para determinar si el perjuicio que causa la sentencia impugnada equivale al legal previsto para conceder el recurso.

Requisito que, una vez cumplido y examinado, "perpe​túa la jurisdicción de la Corte Suprema con indepen​dencia del valor que pueda tener el alcance que el impugna​dor le fije a su recurso". Así lo dejo sentado la Corte en las senten​cias de 17 y 19 de septiembre de 1996 (Rad. 8633 y 8512). Segundo, el recurrente denuncia la infrac​ción directa del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil "como violación de medio, que la condujo a la infrac​ción, también directa, por aplicación indebida" del extenso conjunto de normas con las que integró la proposición jurídica, sin que por ello esté planteando respecto de los preceptos finalmente violados dos conceptos de quebranto normativo opuestos y excluyentes, pues la expresión "infracción" es utilizada indistintamente por el Código Procesal del Trabajo como sinónimo de violación o quebranto de la ley y también como concepto de violación autónomo cuando habla de "infracción directa".

En este caso la violación final se produjo, al decir del recurrente, por una violación directa generada por la "aplicación indebi​da". Precisado lo anterior, para resolver el fondo del cargo, es necesario recordar que esta Corpora​ción, respecto del asunto que plantea la recurrente, ya lo ha definido en los siguientes términos: "En relación con la indexación de las sumas de dinero por concepto de indemnización por despido injusto convencional, en el caso de los trabajadores desvinculados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, con fundamento en lo previsto por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política y en los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, esta Sala ha admitido su aplicación, al considerar la necesidad de actualizar una suma de dinero a la que la entidad estaba obligada a cancelar y que por el transcurso del tiempo ha sufrido depreciación" (Senten​cia 24 de septiembre, radica​ción 8392).

Así mismo, dentro del proceso 8739, en fallo del 14 de agosto de 1996, se dijo: "Es de aclarar que la circunstancia de que los artícu​los 54, 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo reglen lo concerniente al decreto de oficio de pruebas por el juez y que el contenido literal de esas disposiciones de a entender que cuando el juez del trabajo las ordena está haciendo uso de una facultad y no de un deber, no es argumento suficiente para aseverar que por esa causa en el proceso laboral no cabe la aplicación del artículo 307 del C.P.C., so pretexto, en primer lugar, de que no hay vacío para llenar y, en segundo término, que habría un enfrenta​miento de esta norma con la de estirpe laboral al consagrar ella como un 'deber' la actualización de la condena y, por consiguiente, el decreto de la prueba con tal fin.

"Y es que para la mayoría de la Corporación resulta incontrovertible la afirmación que el Código Procesal del Trabajo, no regula en parte alguna la condena en concreto y mucho menos, como ya se dijo, la actualiza​ción de esa clase de fallo, específicamente el que dispone la indexa​ción. Por lo tanto, sí hay vacío que llenar, y al estar esa materia tratada por el artículo 307 del C.P.C., a esa disposición debe acudirse por lo dispuesto en el artículo 145 del Código Adjetivo del Trabajo.

"Pero es que además, no sobra agregar que así como no podría decirse que los artículos 37-4, 179, 180 y 361 del C.P.C. reglamentan el tema de la condena en concreto y la actualización de la misma, pues ello lo trata es el artículo 307 ibídem, de igual manera tampoco puede aseve​rarse que el código Procesal del Trabajo en sus artículos 54, 83 y 84 son los que regulan y, por ende, a ellos debe acudirse, para cuantificar la indexación y actualizar la condena que por ese concepto haya determinado el fallador de primer grado.

"De otra parte, la sola consideración de que el código de procedi​miento laboral aluda al decreto de pruebas de oficio como una facultad y no como un deber, es insuficiente para negar la aplicabilidad del tanta veces citado artículo 307 al juicio laboral, y para descartarse basta con expresar que ese entendimiento literal de tales normas quedó superado con el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial (artículo 228 C.P.), el que, así aparezca contradictorio, desde el año de 1970, en materia de pruebas, está consagrado legalmente para el proceso civil.

"Por último, también hay que puntualizar que en este proceso, como hasta ahora lo ha venido exigiendo la Corte para que sea procedente ordenar la indexación, el interesa​do solicitó la práctica de prueba con tal fin. Otra cosa diferente es, y sería un culto exagerado al formalis​mo, sostener que para que el juez de segunda instancia ordene la actualiza​ción de la condena por ese concepto, el demandante debió haber solicitado oportunamente que se completara el elemento probatorio allegado con ese obje​to" (Rad. 8739).

Las reflexiones transcritas precedentes, perfectamente aplicables al caso debatido, conducen a la prosperidad del cargo. V. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA Además de las consideraciones expuestas, debe señalarse que en el asunto analizado procede la corrección monetaria sobre la suma de $1'688.672,80 por la que condenó el Tribunal como indemnización conven​cional por despido injusto.

En consecuencia, por la Secretaría se oficiará al Departa​mento Nacional de Estadística, a fin de que certifique el índice de variación de precios al consumidor desde agosto de 1994 hasta cuando ésta se expida. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administran​do jus-ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMEN​TE la sentencia impugnada en cuanto por el literal b) del numeral 1º de su parte resolutiva, al con-denar a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, a pagar a la demandante Elena de Jesús Montiel Jiménez el valor correspondiente a la indexación del reajuste de la indemnización convencional por despido injusto la liquidó con sujeción al certificado de la variación de precios al consumidor hasta el mes de julio de 1994, y, en sede de instancia, para mejor proveer, se dispone que la Secretaría libre oficio al Departamento Nacional de Estadística a fin de que certifique la variación del índice de precios al consumidor desde el mes de agosto de 1994 hasta cuando ésta se expida.

Costas en el recurso a cargo de la recurren​te demanda​da. Cópiese, notífiquese, publíquese y una vez dictada la sentencia de instancia, devuélva​se el expediente al Tribunal de origen. RAFAEL MENDEZ ARANGO JORGE IVAN PALACIO PALACIO FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ GERMAN G. VALDES SANCHEZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO RAMON ZUÑIGA VALVERDE LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria SALVAMENTO DE VOTOPRIVATE En el fallo se afirma la obligatoriedad de la aplicación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil por existir vacío en la regulación procesal laboral, de donde se concluye que es obligatorio para el Juez Laboral, en desarrollo de tal norma, la actualización de las condenas y el decreto de las pruebas que lo permitan.

En criterio del suscrito, no hay obligación para el Juez Laboral de acudir al citado artículo, aunque pueda hacer uso de sus facultades para, en busca de la verdad real, actualizar las condenas y decretar las pruebas que para el efecto sean pertinentes. Pero a ello puede llegar con base, como se dijo, en las atribuciones y facultades que el Código Procesal del Trabajo otorga al Juez Laboral, una de las cuales es la de decretar de oficio las pruebas que estime “indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos” (artículo 54 C.P.del T.).

El desarrollo de las razones del salvamento de voto por parte del suscrito en este punto específico, se encuentran consignadas en los fallos proferidos en relación con los procesos radicados bajo los números 8739 y 8219, a los cuales me remito en gracia de brevedad. Fecha ut supra. GERMAN G. VALDES SANCHEZ