7293(06-06-95) — Corte Suprema

7293(06-06-95)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1995

Magistrado ponente: Francisco Escobar Henriquez

Decreto 2651 de 1991

De qué trata

Tema: PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DEL DOMINIO - elementos esenciales / POSESIÓN - caracteristicas pacifica, publica y continua sobre bien inmueble / VIOLACION DE LA NORMA SUSTANCIAL - diferencias entre la vía directa e indirecta CONSIDERACIONES I: Desacierta el casacionista en la formulación del cargo por la vía directa; equivocación que brota palmaria con solo leer la cortísima fundamentación del mismo, en la que antes que fustigarse al tribunal por haber interpretado erróneamente los textos legales allí aludidos, se lo emplaza es de haber distorsionado el contenido de la demanda, en la que nunca -asegura la censura- se adujo la agregación de posesiones como base de la pretensión incoada, reproche este muy propio de la vía indirecta. A propósito de esa falencia técnica, bien cabe memorar cuán nítida es la diferencia entre las llamadas vía directa e indirecta que conforman la causal primera de casación. Al paso que la directa emana de los errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado de un precepto legal sustantivo norma, sin consideración alguna a la prueba de los hechos o al contenido de la demanda o de su contestación, aspectos estos al rededor de los cuales, por tanto, no se admite controversia, los que por el contrario se tienen como correctamente apreciados, la indirecta se da por contragolpe o en vía de consecuencia, vale decir, cuando la infracción del derecho sustancial es el resultado de los yerros en la apreciación de las pruebas, la demanda o su contestación. Así, la vía directa presupone, ha dicho la Corte, “exclusión de todo reparo sobre la apreciación de pruebas, de manera que la impugnación se concreta derechamente en la impugnación al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considera indebidamente actuada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a través de la evidencia disponible en el proceso …” (CXVII, pág. 174), e indirecta, “donde la carencia de base legal se propone como consecuencia de errores de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia en la apreciación de determinadas pruebas” (CXVII, pág. 174). De donde se desprende, sin asomo de dudas, que la acusación en el caso de que se trata debió enfocarse por el sendero de la violación indirecta ante un presunto error de hecho del juzgador al apreciar la demanda, consistente según el recurrente en haber supuesto en el libelo una suma de posesiones que no invocó el demandante, acarreando aplicación indebida de las normas sustantivas que hipotetizan ese evento. Con esa equivocada presentación de la censura, salta a la vista la insuficiencia de técnica determinante de su fracaso. Por lo tanto, no prospera este cargo. CONSIDERACIONES II: 1.- De lo resaltado en los pasajes transcritos, denótase la confusión del casacionista al hacer las acusaciones formuladas en el cargo, pues a pesar de que desde su pórtico hace hincapié en los errores de hecho del juzgador, en el desenvolvimiento refiere indistintamente a yerros fácticos y de derecho, trocando indebidamente el uno con el otro, dejando en serios aprietos el contenido de la censura. Dicha deficiencia se muestra palmaria cuando alude a pruebas "inexistentes" y a infracciones de la ley probatoria porque en el fallo tuvo en cuenta el tribunal pruebas que no reúnen los requisitos de legales, o porque no tuvo en cuenta el testimonio de unas personas que señalan la posesión pretendida, o por haber advertido una suma de posesiones jamás invocada en la demanda, labor en que unas veces confunde y en otras entremezcla las dos especies de error, no obstante ser distintas e incompatibles dentro de un mismo punto del cargo; ante ello, se impone realizar un estudio separado de los reparos probatorios expresados por el impugnante, tomando como referente aquellos que guardan adecuada relación con la sentencia impugnada, la índole de la controversia y la posición del recurrente. 2.- Y, en pos de tal cometido, lo primero de destacar es que de ninguna manera constituye error de hecho del juzgador el haber conferido eficacia probatoria a las declaraciones de Carmen Victoria Astro Castillo, Policarpo y Abel Sotelo Suárez, Jorge Rodríguez y Carlos Julio Rico Ramos, así como a la prueba documental que el impugnador acusa de “inexistente para el proceso”; la razón toral de ello es que dichas pruebas existen objetiva y físicamente dentro del expediente, al que llegaron previa solicitud, decreto, práctica e incorporación, asunto sobre el cual guarda conveniente silencio el recurrente, mutismo explicable en fin de cuentas, porque de aceptar su presencia entraría en franca contradicción con la repetitiva afirmación de su inexistencia. De todas maneras, subráyase en cuanto toca con el testimonio de Carmen (María, dice equivocadamente el censor) Victoria Astro Castillo, que tal como lo enseñan los folios 10 a 16 del cuaderno 4°, contentivos a la sazón del acta en que su declaración fue recepcionada, aunque el nombre de la persona citada a testificar era Vicky de Rueda, el juzgador resolvió recibir la declaración de la compareciente Carmen Victoria Astro Castillo, después de que constató que se trataba de la misma persona, incidencia que, a pesar de su trascendencia en el punto, calla la censura. En relación con "los testimonios" de Policarpo y Abel Sotelo Suárez, obsérvase que si bien el a-quo denegó su recepción, en tanto que integran la parte demandada dentro del proceso, de todos modos, tal como se indicó, sus declaraciones obran en el expediente como prueba trasladada (folios 171 a 176 del cuaderno de copias del proceso abreviado de entrega seguido por Andrés Canal Mora contra Estanislao Abel Sotelo Suárez y otros), con lo cual la acusación por este aspecto cae en el vacío. Y relativamente a las declaraciones de Jorge Rodríguez y Carlos Julio Rico Ramos, y a los recibos y contratos a que se refiere el tribunal, pruebas que según el censor son inexistentes por la tacha de sospecha que frente a los primeros resultó probada y porque los documentos no fueron aportados al proceso "... con el lleno de los requisitos que la ley exige", denótase cómo, mientras de un lado se plantea la comisión de un error de hecho por la suposición de los medios de prueba en cuestión, en forma simultánea se alude a la improcedente eficacia legal que el tribunal les otorgó como elementos de convicción, defecto técnico en punto del cual la doctrina de la Corte ha expresado lo siguiente: “No menos ostensible que los anteriores es el defecto que presenta la demanda al denunciar, frente a los mismos medios probatorios, por error de hecho y de derecho, olvidando el acusador que estas dos clases de yerros en la apreciación de las pruebas, por emanar de causas disímiles y aún contradictorias, tienen entidad específica propia y que, por consiguiente, es contrario a la técnica de casación proponerlos simultáneamente en el mismo cargo y en relación con idéntico punto del medio probatorio, o hacer de los dos errores un compuesto híbrido para derivar el uno de la comisión del otro” (auto de 30 de julio de 1974, ordinario de Ciro Alberto Montañez contra Antonio Angarita). Puestas en evidencia de esta manera las cosas, aparece protuberante la falla de orden técnico en esta parte de la impugnación, suficiente para determinar su improsperidad. 3.- Con todo, si fuese posible pasar por alto falencias como las detectadas, dando por entendido que las escuetas alusiones a la “violación de la ley probatoria”, o al “concepto errado de que las pruebas solicitadas por la parte demandada, reúnen los requisitos exigidos por la ley procesal”, o bien a la “conclusión errática de derecho” configuran un error de derecho, habría que objetar que tampoco por ese camino sería posible dar razón al recurrente; pues resalta la ausencia de demostración de la infracción de las normas de carácter probatorio que supuestamente violó el tribunal al dar eficacia a las sobredichas declaraciones, cual lo exige el artículo 374 del código de procedimiento civil. Evidentemente, tal como se apuntó, ningún cotejo del texto legal con lo expresado por el sentenciador en su valoración hace el acusador para deducir de allí alguna asonancia entre los dos postulados. Acaso sólo de otras piezas del expediente se vislumbra que el reparo que se hace en relación con el testimonio de Carmen Victoria Astro Castillo radica en la diferencia entre el nombre de la persona citada a declarar y la que rindió testimonio; pero con prescindencia de los aspectos ya analizados en lo que atañe a las circunstancias en que se dispuso finalmente la recepción de la declaración, lo cierto es que, como lo ha señalado la doctrina jurisprudencial, no es exacto afirmar “(..) que en todos los casos en que se presenten diferencias entre el nombre con que se cita a un testigo y el que éste proporciona al momento de declarar surge indefectible el fenómeno de la sustitución personal de aquél, porque es pertinente tener en cuenta que ni las partes de un proceso ni el propio juez están obligados a conocer todos los pormenores de la identificación de un testigo, y justo por eso lo razonable es reconocer que lo determinante en últimas es entonces que el testigo citado, no obstante la alteración de nombre que pueda existir, sea la misma persona a quien se recibe la declaración; perspectiva desde la cual ese margen de inexactitud es tolerable” (G.J. t. CCLV, Cas. Civ. sent. de 19 de noviembre de 1998 expediente Nro. 5145). Ahora, en relación con las declaraciones de Policarpo y Abel Sotelo Suárez, el censor olvida u omite, como atrás quedó dicho, que éstas declaraciones llegaron por otro medio legal, como parte integrante de una prueba trasladada. Y en aquel trámite las dos declaraciones se decretaron y fueron recibidas con toda la ritualidad y con audiencia de todos los aquí involucrados, por lo cual no había obstáculo legal que impidiera apreciarlos, tanto más si en dicho proceso como en éste se polemizó sobre la posesión del inmueble. Frente al testimonio de Jorge Rodríguez, “inexistente” según el impugnante, por cuanto fue tachado por sospecha, probada en la medida en que el testigo admitió que el demandado Canal Mora le ofreció dádivas para que fuera a declarar, y el de Carlos Julio Rico Ramos, persona de quien se afirma “existe la prueba de la enemistad con el demandante”, omite explicar el recurrente en qué consiste la inaplicación de los artículos 217 y 218 del código de procedimiento civil por parte del tribunal, comoquiera que estas dos normas contemplan los más diversos aspectos en materia de testigos sospechosos y su tacha. Se conforma únicamente con la afirmación de que los hechos fundamento de la tacha están demostrados, circunstancia que, por demás, riñe con la realidad procesal. En efecto, en primer lugar, Jorge Rodríguez no aceptó el hecho del ofrecimiento de las dádivas por las que le preguntó el demandante; basta leer su respuesta para ver que la rechazó con énfasis y dio las explicaciones de lo verdaderamente ocurrido, verosímiles por cierto, si se miran las circunstancias de arrendatario de local que forma parte del inmueble pretendido. De tal manera que no se ve, en modo alguno, que el testigo hubiere admitido su particular interés de declarar en favor del demandado Canal Mora a tal punto que afectara su credibilidad. Por lo demás, ningún otro medio probatorio invocó con miras a demostrar la pretendida parcialidad. Y en segundo lugar, idéntica orfandad padece el ataque concerniente al testigo Carlos Julio Rico, de quien el demandante dice ser su enemigo por antagonismos políticos y por haber agredido a uno de sus hijos, afirmación que ahora trata de sustentar tan solo con su propia declaración de parte rendida al absolver el interrogatorio que le hiciera el apoderado del demandado Canal, y que paradójicamente denomina “confesión”. Nada que se parezca a confesión constituye esa acusación, pues obvio que al hacerla no le está produciendo consecuencias jurídicas adversas como lo exige el artículo 195 del estatuto procedimental. En similar caso dijo la Corte: “basta con señalar que lo que pretende el recurrente hacer ver como confesión, no lo es en realidad, pues todo lo que se quiere presentar como preterido en los interrogatorios de parte, no pasan de ser alegaciones del demandante, en relación con las cuales, naturalmente tenía la carga de la prueba. Como es bien sabido, para que exista confesión es indispensable que el hecho confesado “produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria” según lo establece el artículo 195 del C. de P.C. en su ordinal 2o”. (G.J. t. CCLVIII, Cas. Civ. Sent. de marzo 15 de 1999, pág. 223, expediente No. 5090). Por último, la traída acusación contra la prueba documental no resiste estudio alguno, visto como está que el cargo no hace la menor relación de los documentos en la mira. Si se refiere a los recibos de pago y contratos que obran a los folios 140 a 146 del cuaderno principal de copias del proceso abreviado de entrega, traído como prueba decretada sin objeción a solicitud del demandado Canal Mora en la contestación de la demanda, hay que concluir que esas pruebas, al haber sido legalmente aportadas en aquél proceso a propósito de la oposición a la entrega provocada por el ahora demandante en esta pertenencia, están trasladadas en debida forma y merecen ser apreciadas, a voces de lo dispuesto por el artículo 185 del código de procedimiento civil. 3.- Acusación diferente y separada es la que el recurrente plantea aduciendo que el tribunal, además, no tuvo en cuenta los indicios de que Rosa Segunda Sotelo de Prieto no fue poseedora del bien, sino Alfonso Prieto Sotelo, indicios consistentes en la falta de contestación de la demanda y en lo estipulado en las cláusulas cuarta y séptima de la escritura pública 4306 de 1990 de la notaría segunda de Bogotá; y que tampoco aceptó los testimonios de Jaime Saavedra Santana, Lourdes Espitia Robelto, Hernando Pereira Suárez y Jaime Vargas Leguizamón, siendo que son contestes, responsivos y unánimes en manifestar que el actor por más de 20 años ha ostentado la posesión material del inmueble. La lectura de los apartes del cargo donde se plantea esta precisa queja, deja ver con facilidad cómo persiste acá el casacionista en la grave falla de técnica al denunciar frente a un mismo punto de determinado medio probatorio, error de hecho y de derecho simultáneamente o haciendo de los dos un compuesto híbrido, olvidando que estas dos clases de yerros en la apreciación de las pruebas son disímiles y aun contradictorias. Semejante yuxtaposición la rechaza el recurso extraordinario, falencia que es suficiente para la improsperidad del cargo. Empero, si se hiciera caso omiso de este desatino técnico, habría que apuntar que lo que en últimas propone el recurrente es que el sentenciador de instancia no vio los dos indicios que militan a favor de la posesión exclusiva en cabeza del demandante; y que vio contradicción en los citados testigos, defecto este que no existe. Planteamiento de un supuesto error de hecho que ni por modo le allana el camino exitoso de la casación. En efecto, en primer término debe advertirse que no solo es deber del recurrente desvirtuar de manera directa y concreta lo esencial de la motivación del fallo, sino que en el evento de centrar su crítica en las conclusiones del juzgador sobre cuestiones de hecho, debe así mismo echar a pique la totalidad de las apreciaciones probatorias en que tales conclusiones se apoyan, pues si alguna de ellas no es atacada y por sí misma presta base firme a la resolución judicial, ésta se mantendrá enhiesta, resultando intrascendente el que se demuestre la ocurrencia de errores parciales o aislados. De otro lado, tampoco puede olvidarse que en cuanto a la apreciación de las pruebas por parte del sentenciador de instancia, debe respetarse la discreta autonomía con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su propia convicción sobre la configuración fáctica del asunto litigado, habida consideración de que la facultad de la Corte frente al recurso extraordinario de casación es la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicación de las leyes sustanciales, no así la de revisar una vez más todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, razón por la cual “…ha de recibir la cuestión fáctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso …” (G.J. t. CXXX, pág.63). En consecuencia, quedan descartados aquellos recursos que, como el de autos, se estructuran sobre la base de planteamientos cuyo único objeto es disentir del criterio del tribunal en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jurídico general de la causa y observando naturalmente las normas de disciplina probatoria pertinentes, así como el atribuirles a dichos medios, según los dictados de la sana crítica, la jerarquía correspondiente dentro del conjunto, son facultades que le competen de manera privativa a los juzgadores de instancia, salvo los errores ostensibles. Insinúa el censor que el tribunal no dio por acreditada la posesión del demandante a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de la misma, es decir, ignorando la presencia de los testimonios y de los indicios que relaciona. Varios son los desaciertos de la censura al respecto: a) En pie, como se recuerda, han quedado la declaraciones de Jorge Rodríguez Pinilla, Carlos Julio Rico Ramos, Carmen Victoria Astro Castillo, Policarpo Sotelo Suárez, así como los documentos de folios 140 a 146 del cuaderno de copias del proceso de entrega mencionado, sobre los cuales edificó el tribunal la sentencia desestimatoria, pues que no es como lo quiso presentar el censor, negando la existencia de estas pruebas por el hecho de que no le favorecen, y mostrando únicamente aquellas que aisladamente le podrían representar algo en pro. Así que el fallo continúa teniendo sólido asidero en tales medios de convicción cuya crítica no floreció. b) Por si lo anterior fuera poco, cabe anotar que no hay el menor asomo de error de hecho manifiesto del tribunal en la apreciación de las pruebas que lo condujeron a tomar esa decisión. Ciertamente, mientras los deponentes Víctor Manuel Saavedra, Lourdes Espitia, Edgar Pereira y Jaime Vargas solo señalan que el demandante Alfonso Prieto ha vivido en el inmueble, sin saber cómo ingresó, a qué título y qué relaciones tenía con su progenitora Rosa Segunda Sotelo que también vivió en el inmueble; los otros testigos, Jorge Rodríguez, Carlos Julio Rico, Carmen Victoria Astro, Policarpo y Abel Sotelo dieron cuenta detallada y fundamentada de hechos que indican que la posesión del bien estuvo, al menos hasta junio de 1994, en manos de Rosa Segunda, no del demandante, y que éste entró y vivió allí por ser hijo de aquélla, todo lo cual lo refuerzan los documentos que tuvo en cuenta el fallador. La no contestación de la demanda por parte de Rosa Segunda Sotelo y demás hermanos, no tendría porque afectar al demandado Canal Mora que sí se opuso con ahinco a las pretensiones, entre otras cosas porque sólo él tenía legitimación por pasiva, toda vez que aquellos hermanos ningún derecho real conservan en el inmueble como se desprende del certificado de tradición acompañado a la demanda, cual lo hizo notar el demandado Andrés Canal Mora desde el inicio del proceso. Por lo tanto, no existe el indicio que invoca el recurrente, y más bien lo que procede es el reproche por haber demandado a unas personas sin ninguna legitimación, en franca rebeldía con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 407 del código de procedimiento civil. Tampoco se equivocó ostensiblemente el juzgador de segunda instancia al haberse negado a calificar como indicio grave de la posesión en cabeza del actor, lo estipulado en los puntos cuarto y séptimo de la citada escritura Nro. 4306 (folios 4 al 11 del cuaderno de copias del proceso abreviado de entrega), como que de su contenido no se deduce que efectivamente lo fuese, ya que no solamente se habló en abstracto de esa calidad sino de la de ocupante o tenedor, y precisamente Alfonso Prieto Sotelo era uno de los ocupantes, pues nadie niega que allí vivía con su familia. 4.- Reitera el demandante, pero ya por la vía indirecta y como error de hecho, la acusación al fallo del tribunal por haber mencionado en la parte motiva una suma de posesiones que jamás invocó aquél en su libelo. El error del juzgador en este punto es en principio cierto, ya que basta con repasar el texto de la demanda para notar la ausencia absoluta de tal invocación. Pero es intrascendente del todo, no sólo porque posteriormente en la misma parte considerativa lo corrigió, sino porque para nada incidió en la decisión. En efecto, al inicio dijo: “en el caso de autos se pretende obtener la declaración de pertenencia por la parte actora sobre el inmueble … y teniendo en cuenta que los demandantes no llenan el tiempo requerido por la ley sobre la posesión material del acto sobre el inmueble buscan sumar a su posesión las posesiones anteriores”; y más adelante agrega: “La prolongación de la posesión por el tiempo que exige la ley, y tratándose de la extraordinaria el tiempo señalado es de 20 años ininterrumpidos, para lo cual puede el prescribiente solicitar la suma de posesiones… La agregación de posesiones debe reunir ciertos requisitos para que tenga efecto…”. Pero en el párrafo siguiente cambia de rumbo y corrige su análisis en estos términos: “El demandante afirma que ostentó la posesión sobre el inmueble por más de veinte años, ejerciendo actos de señor y dueño, hechos estos que no logró demostrar, pues de la prueba arrimada al proceso, se desprende que esta posesión la tuvo inicialmente la señora SALUSTIANA SUAREZ DE SOTELO, hasta su muerte (1975), y luego continuo con dicha posesión la señora ROSA SEGUNDA SOTELO, madre del actor”. Obsérvase, pues, cómo al final la decisión del tribunal se fundamentó, no en la infortunada motivación inicial de suma de posesiones, sino en la consideración posterior de que el demandante no demostró haber poseído el bien durante el tiempo requerido legalmente, habiendo desligado expresamente su situación de las posesiones que de acuerdo al acervo probatorio encontró en cabeza de otras personas. Más aún, si hubiera tenido en cuenta la supuesta suma de posesiones, habría sido para favorecer al demandante en su pretensión, dado que de las pruebas arrimadas al proceso el fallador no encontró que él solo y directamente cumpliera con el requisito de los 20 años de posesión. Y frente a esta realidad, no se ve de parte del acusador la demostración de lo contrario, vale decir, que el yerro sea evidente y haya tenido trascendencia en la resolución definitiva del juzgador. No se abre paso el cargo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION LABORAL - Sección Primera Radicación No. 7293 Acta No. 15 Magistrado Ponente: FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ Santafé de Bogotá, D.C., Junio seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por el apoderado de EDITORIAL LA UNIDAD S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el juicio promovido por JORGE AVILA PARDO contra la recurrente.

DEMANDA INICIAL: Fue promovida con el objeto de obtener el pago de los salarios causados entre el 15 de enero y el 10 de agosto de 1988; el reintegro de las sumas descontadas al trabajador sin autorización, asi como de los rubros cancelados al centro Médico de los Andes por concepto de atención médica; los intereses sobre el auxilio de cesantía consolidado a 31 de diciembre de 1987, incluida la sanción correspondiente; la reliquidación de la cesantía, de sus intereses sufragados al finalizar el vínculo contractual, de la prima de servicios causada en el primer semestre de 1988; la pension de invalidez originada en la incapacidad permanente proveniente de la enfermedad padecida por el demandante, sin estar afiliado al Instituto de Seguros Sociales; la indemnización por terminación del contrato; la indemnización moratoria por el no pago completo de salarios y prestaciones y las costas del proceso.

Se sustentó la demanda en la prestación de los servicios del accionante en el cargo de vicepresidente financiero de la empresa desde el 27 de abril de 1987, cuando devengó un salario de $200.000.oo; también en el hecho de que el 10 de octubre del año citado sufrió una enfermedad por la cual debió ser hospitalizado, sin que para entonces estuviera afiliado al Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual se le prometió que la demandada sufragaría todos los gastos que se ocasionaran.

Agregó el actor que los pagos por salarios durante la vigencia del contrato fueron insuficientes. LA DEMANDADA: Admitió los hechos relativos a la vinculación del demandante, el salario percibido y el cargo desempeñado. Manifestó no constarle o no ser ciertos los restantes; invocó en su defensa las excepciones de prescripción, pago y compensación. Argumentó que la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica originada en la enfermedad no profesional padecida por el actor la sufragó el Instituto de Seguros Sociales, entidad que a su vez reconoció las correspondientes incapacidades y por ello la empresa pagó los salarios por el tiempo no comprendido en tales incapacidades.

Agregó que al finalizar el contrato se le canceló la prima de servicios del segundo semestre de 1988 y durante la relación laboral, las correspondientes al segundo semestre de 1987 y la del primero de 1988; que la desvinculación del trabajador obedeció a que la enfermedad padecida se prolongó por mas de 180 días y que así cualquier indemnización por invalidez corresponde al Instituto de Seguros Sociales al que se afilió al actor desde el mes de octubre de 1987 (folios 13-16 cuaderno principal).

FALLOS DE INSTANCIA: El de la primera lo profirió el Juzgado Once Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá en audiencia pública celebrada el 26 de mayo de 1994, condenó al reintegro de la suma de $50.000.oo descontada ilegalmente por la demandada, al pago de $36.666.oo por prima de servicios, $310.666.oo por indemnización por despido y $6.666.oo diarios por concepto de indemnización moratoria desde el 8 de junio de 1988 hasta cuando se cancele la totalidad de las obligaciones; declaró parcialmente probada la excepción de pago e impuso las costas del juicio a la empresa accionada (folios 116-121).

Los recursos de apelación interpuestos por las partes fueron decididos mediante la sentencia aquí impugnada, en la cual el Tribunal revocó la condena impuesta por el a-quo por concepto de prima de servicios y en cuanto declaró probada parcialmente la excepción de pago; la adicionó para condenar a la devolución de $22.064.oo ilegalmente descontada; la confirmó en lo demás y se abstuvo de condenar en costas de la segunda instancia (folios 131-137).

RECURSO EXTRAORDINARIO: Interpuesto en tiempo por la demandada fue admitido y tramitado ante esta Corporación; mediante él se pretende la casación parcial del fallo acusado en cuanto confirmó las condenas impuestas por el a-quo por concepto de reembolso de la suma de $50.000.oo y por indemnización moratoria y en cuanto las adicionó por la suma de $22.064.oo, y que en sede de instancia la Corte revoque las condenas proferidas por el juzgador de primer grado por aquellos conceptos y la confirme en lo relativo a la absolución impartida por el último rubro citado.

Con este propósito se formulan dos cargos por vía indirecta, los cuales fueron replicados en oportunidad y se estudian conjuntamente conforme con lo previsto por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. PRIMER CARGO: Acusa la aplicación indebida de los artículos 22, 23, 25, 65 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo originada en los siguientes errores de hecho: "1.) Dar por demostrado sin estarlo, que EDITORIAL LA UNIDAD S.A. descontó la suma de $50.000.oo al actor en forma ilegal. 2.) No dar por demostrado estándolo, que el actor había recibido la suma de $50.000.oo que se le descontó en la liquidación final, como anticipo de la prima de servicios del primer semestre de 1988. 3.) Dar por demostrado sin estarlo, que la empresa EDITORIAL LA UNIDAD S.A. descontó en forma ilegal al actor la suma de $22.064.oo durante la relación de trabajo. 4.) No dar por demostrado estándolo, que la suma de $22.064.oo fue descontada en forma legal por EDITORIAL LA UNIDAD S.A. 5.) No dar por demostrado estándolo, que las sumas descontadas al señor JORGE AVILA PARDO por la sociedad EDITORIAL LA UNIDAD S.A., lo fueron en forma legal y que durante la relación de trabajo se hicieron los pagos de salarios y prestaciones sociales que se adeudaban al señor JORGE AVILA PARDO, no incurriendo la demandada en mala fe. 6.) Dar por demostrado sin estarlo, que la sociedad EDITORIAL LA UNIDAD S.A. obró de mala fe cuando descontó al señor JORGE AVILA PARDO la suma de $50.000.oo que se le había anticipado como pago de la prima de servicios de 1988".

Anota que fueron erróneamente apreciados el memorando de folio 20 suscrito por el presidente de la compañía demandada quien ordenó girar un cheque por $50.000.oo como anticipo a la prima de servicios del primer semestre de 1988 y la inspección judicial de folio 96 del expediente en la que se acredita que los descuentos verificados entre julio y septiembre de 1987 se hicieron con destino al Instituto de Seguros Sociales y que se le cancelaron a esa entidad; agrega que fue inestimada la liquidación de prestaciones de folio 18 en la que aparece el descuento por la suma citada y la firma del demandante con lo cual se corrobora la documental de folio 20.

Anuncia la censura que de las pruebas reseñadas se infiere que el extrabajador recibió el anticipo de $50.000.oo y que la ausencia de anotación alguna por su parte en la liquidación final de prestaciones indica que le fue entregada efectivamente la suma citada. REPLICA: Advierte que la documental de folio 18, contrario a lo que sostiene el recurrente, si fue apreciada por el ad-quem al colegir la existencia del descuento de la suma de $50.000.oo y que como lo precisó el juzgador, no se demostró que el demandante hubiese recibido ese rubro; que de las pruebas atacadas en el cargo no se concluye circunstancia diferente de las anotadas en la sentencia impugnada y que en todo caso no existe yerro alguno con carácter de ostensible.

SEGUNDO CARGO: Como consecuencia de los siguientes errores de hecho, acusa la aplicación indebida del articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 22, 23, 24, 127 y 306 de la misma obra: "1.) No haber dado por demostrado estándolo, que EDITORIAL LA UNIDAD S.A. obró de buena fe al término del contrato de trabajo y durante la etapa probatoria del proceso, para acreditar el pago total de salarios y prestaciones sociales causados a favor del señor JORGE AVILA PARDO durante la relación de trabajo. 2.) Dar por demostrado sin estarlo, que la demandada obró de mala fe por no haber justificado su conducta dentro del proceso, ni haber acreditado satisfactoriamente la razón de los descuentos efectuados al señor JORGE AVILA PARDO." Como pruebas erradamente estimadas cita la documental de folio 20 y la inspección judicial de folios 95-97 y 115 complementada con los documentos de folios 103-114 y como prueba inapreciada menciona la liquidación de prestaciones sociales de folio 18 del informativo.

En síntesis expone la impugnación que de las pruebas acusadas surge la demostración de que la demandada estaba convencida que no adeudaba ninguna suma al demandante y que ello aunado a que éste no mostró objeción ni manifestación alguna al suscribir la correspondiente liquidación final, así como también que la empresa presentó esas probanzas, acreditan la buena fe patronal y la injusticia de la condena por indemnización moratoria.

LA OPOSICION: Señala que las pruebas atacadas no demuestran hechos diferentes de los que coligió el fallador de segundo grado y que el análisis que él verificó respecto del documento de folio 20, en cuanto a que no es oponible al demandante, es acertado, por lo cual solicita no se quebrante la sentencia acusada. SE CONSIDERA: La censura pretende demostrar en primer lugar la legalidad del descuento de $50.000,oo efectuado por la demandada en la liquidación final de prestaciones sociales del actor.

Al respecto observa la Sala que el documento de folio 18 del expediente no fue dejado de apreciar por el Tribunal, puesto que de él coligió precisamente la existencia de la deducción citada, cuando señaló: " La sentencia del juzgado, concluye que hubo un descuento de $50.000,oo de la liquidación final, el que evidentemente se puede leer al folio 18 " (ver folio 134 cuaderno de instancia).

Pero además de dicho documento únicamente se infiere que la empresa descontó la suma antes mencionada y la circunstancia de que el trabajador lo firmara sin salvedad alguna, no demuestra que el actor hubiese recibido con anterioridad la suma citada, que es lo que se propone demostrar el recurrente. En cuanto al documento de folio 20 el juzgador no le dio un alcance errado dado que de él se colige únicamente, como lo precisó la sentencia acusada, la orden emanada de la presidencia de la empresa el 23 de marzo de 1988 con destino a la tesorería de la misma, relativa al giro de un cheque a favor del demandante por la cantidad de $50.000.oo por concepto de anticipo de prima de servicios del primer semestre de 1988.

Más en modo alguno acredita ese documento, según lo pretende el ataque, que el accionante recibiera efectivamente esa suma de dinero en la fecha aludida. Por último el acta de inspección judicial de folio 115 a que se refiere la censura, no pudo ser erróneamente apreciada por el Tribunal, puesto que su decisión relativa a la devolución de los $50.000.oo no se sustentó en esa prueba.

A lo anterior se agrega que ella tampoco demuestra que la demandada sufragara efectivamente al demandante la suma aludida, pues así no aparece de su contenido, ni del de las documentales de folios 103 a 114 allegadas al practicarse la diligencia, dado que únicamente dan fe de los salarios devengados por el demandante entre enero y junio de 1988 y del monto que percibió por intereses a la cesantía correspondiente a 1987.

El segundo aspecto cuestionado por el recurrente es el relativo a la devolución que ordenó el Tribunal de la suma de $22.064.oo que también encontró que fue indebidamente descontada por la empleadora. Al respecto se observa que la inspección judicial señalada por el impugnante, como prueba erróneamente estimada, no demuestra los yerros atribuidos al sentenciador, pues el juzgado del conocimiento en el acta de audiencia de folios 95-97 tan sólo dejó constancia de las sumas que aparecían anotadas en las nóminas y en los recibos de pago por concepto de descuentos con destino al Instituto de Seguros Sociales, más con ello no se desvirtúa la conclusión del ad-quem en cuanto a que la falta de afiliación del demandante a esa institución para la época en que se efectuaron los descuentos (julio a septiembre de 1987), obliga a considerar que los aportes al I.S.S. no debieron efectuarse.

En suma, del medio de prueba reseñado tan sólo es dable colegir el monto del descuento, más no, como lo infiere el impugnante que la suma de $22.064 deducida al actor durante el período citado ingresara a las arcas de la entidad de seguridad social. El último punto objeto de impugnación es el relativo a la indemnización moratoria a la que condenó el Tribunal.

Al respecto encuentra la Sala que si bien en principio la demandada demostró haber satisfecho las obligaciones al accionante, esto es, los salarios y prestaciones debidos durante la relación laboral y a su terminación, no sucedió lo mismo con el anticipo de la prima de servicios descontado por la empleadora de la liquidación final efectuada al demandante, puesto que como quedó analizado, de los medios de prueba singularizados por la censura no se infiere que el demandante recibiera el valor correspondiente a dicho anticipo.

Luego, como el Tribunal concluyó que no bastaba que la empresa adujera el pago del rubro referido, sino que era necesario acreditarlo para que se exonerara de la indemnización moratoria reclamada, no incurrió en error manifiesto de hecho, pero además, él no surge de los documentos de folios 18 y 20, ni de la inspección judicial de folios 95-97 y 115, dado que de tales probanzas no se coligen hechos diferentes de los mencionados anteriormente.

A lo anterior se agrega que la circunstancia de que el demandante suscribiera el acta de liquidación sin dejar constancia de su inconformidad, no demuestra por sí misma la buena fe de la empresa, pues como lo precisó el juzgador de segunda instancia, corresponde al empleador cancelar todas las acreencias del trabajador, y si no lo hace, es a él a quien atañe probar los motivos de su omisión, mas no constituye razón suficiente y única el hecho de que aquél reciba sin objeción las sumas que le liquide y entregue la accionada, al fenecer el vínculo contractual.

Conviene también recordar que de antaño la jurisprudencia laboral ha explicado que la firma por el trabajador de finiquitos o paz y salvos no exonera al empleador del pago de la totalidad de los salarios y prestaciones debidos, puesto que es principio rector del derecho del trabajo el de la irrenunciabilidad de esos derechos (artículo 14 y 340 C. S. del T.) y aquella circunstancia por sí misma tampoco acredita la buena fe de la empleadora que incumplió su obligación de cancelar todos las acreencias del trabajador.

De otra parte, debe señalarse que además del descuento de $50.000.oo, la demandada realizó otros que conforme con la diligencia de inspección judicial estaban destinados al Instituto de Seguros Sociales, sin que el trabajador estuviera afiliado a esa entidad, según lo determinó el Tribunal, lo cual generó que se le condenara a su devolución. Esta circunstancia sumada a la anterior no permite inferir la buena fe que pretende la censura.

En consecuencia los cargos no son prósperos. Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., el veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte impugnante. COPIESE,

NOTIFIQUESE, Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ JORGE IVAN PALACIO PALACIO RAMON ZUÑIGA VALVERDE LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria.