7226(03-05-95) — Corte Suprema

7226(03-05-95)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1995

Magistrado ponente: Francisco Escobar Henriquez

Ley 100 de 1993Ley 113 de 1985Ley 12 de 1975Ley 126 de 1985Ley 16 de 1969Ley 171 de 1961Ley 33 de 1973Ley 71 de 1988

De qué trata

Tema: SUCESION - alegato sobre bienes (cuenta bancaria) exclusivos que no deben entrar en la masa sucesoral / APRECIACION PROBATORIA - analisis en conjunto de los movimientos bancarios, para inferir la procedencia del capital / PRINCIPIO DE REFORMATIO IN PEJUS - no es absoluto, excepcionalmente el juez puede variar la parte no apelada de la decisión judicial / MEDIDAS CAUTELARES "Valga memorar que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, consistente en que "el superior que conoce por apelación interpuesta por una de las partes contra la providencia que ha sido consentida por la otra, no puede, por regla general, modificarla y enmendarla haciendo más gravosa para el apelante la situación procesal que para este ha creado la providencia recurrida". (Sent. 11 de abril de 1972, t. CXLII, pg. 144), no resulta ser absoluto; excepcionalmente puede el juez variar la parte no apelada de la decisión judicial: tal el evento previsto en el artículo 357 del código de procedimiento civil, cuando al juez fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente ligados con el proveído, o si, por tratarse de materia que requiere siempre examen previo por el superior, obliga la declaración de que la relación procesal no se ha trabado cabalmente por falta de unos de sus presupuestos (sublíneas intencionales)." CONSIDERACIONES I: Buscó apoyo la demandante para provocar el presente litigio en el artículo 1388 del Código Civil, en cuanto allí se dispone que “las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible, serán decididas por la justicia ordinaria”. Partiendo de esa premisa, y como no podía ser diferente, el debate probatorio se centró en determinar si, en efecto, cual lo pregonaba la demandante, eran de su propiedad la mitad de las sumas de dinero que, luego del deceso de Luis Hermann Riascos Mora, fueron depositadas en la cuenta corriente y el fideicomiso señalados, o si tales valores hacían parte del patrimonio de la sucesión del mencionado causante, como se afirmaba en la contrademanda. Y concluyó el juzgador que era esto último lo cierto y no lo primero, con miras a lo cual se remontó al origen mediato de los dineros allí consignados. Y fue especialmente en la prueba documental en donde halló el tribunal la demostración de que en las aludidas cuentas, cuyos titulares eran la actora y Luis Rodrigo Riascos -hijo y heredero de Luis Hermann Riascos- se depositaron exclusivamente dineros de propiedad del causante, cuentas entonces cuya finalidad no era otra que la de permitir a aquellos dos manejar y administrar dineros de la sucesión. La recurrente, aunque no lo dice expresamente pero se infiere -no sin dificultad- de lo expuesto en el cargo, arremete contra esa conclusión probatoria, aduciendo al efecto que a su juicio existen otros elementos de prueba dentro del proceso que demuestran todo lo contrario, esto es, que los sobredichos dineros depositados en la cuenta y trasladados posteriormente al FAM, eran tanto de ella como del señor Riascos Mora. De acuerdo con ello, pasa la Sala al análisis de cada uno los yerros fácticos denunciados, cuyo resultado se irá confrontando con el criterio expuesto por el sentenciador. a.- Desde ya debe descartarse como error el primer hecho denunciado como tal, a saber, que el tribunal menospreció la prueba sobre la posesión notoria del estado civil que de casada con el causante ostentó la actora, hecho del cual aspira a inferir que, entre otros, los herederos la tenían como titular de los bienes del causante en calidad de cónyuge supérstite del mismo, circunstancia que los llevó a contar con su beneplácito para abrir la cuenta corriente y administrar los bienes, pues no se ve cómo ello puede traducir error ostensible del tribunal al apreciar la prueba documental en que se fundó para concluir que los dineros depositados en las referidas cuenta corriente y ‘FAM’ provenían exclusivamente del causante y en ningún momento de la actora. Además, cual el mismo censor lo destaca, recuérdese que el tribunal prescindió expresamente de todo debate en relación con el estado civil de doña Ligia Collazos por cuanto “la demandante tiene un carácter de tercero que plantea a la sucesión un problema de dominio sobre unos bienes determinados y nada más”. b.- Siempre en orden a inquirir por el origen de los valores en cuestión, se duele el recurrente de que se pasó por alto la prueba de que el 23 de enero y el 10 de febrero de 1992 fue únicamente Ligia Collazos quien trasladó dineros al ‘FAM’, amén de no haberse apreciado el reconocimiento que se le hacía por la entidad bancaria de su calidad de titular de las cuentas. Pero, ciertamente, para el tribunal los titulares de la cuenta y el ‘FAM’ eran tanto Ligia Collazos como el heredero Luis Rodrigo Riascos; de donde, no es cierto, entonces, que se hubiese pasado por alto esta circunstancia; anota sí el ad quem -y con toda razón- que ello no demuestra por sí solo propiedad alguna, en la medida que el problema radica en determinar si en ellas se manejaban dineros así de la actora como del causante, o sólo de la sucesión. Es verdad, y así lo certifica el Banco Ganadero, que fue Ligia Collazos quien ordenó debitar de la cuenta las cifras aludidas ($3’500.000,oo en una primera oportunidad y $22000.000,oo en una segunda); sin embargo, amén de la poca utilidad que para despejar el punto dimana de esa circunstancia, resulta ostensible que el manejo del dinero no entraña automáticamente un dominio sobre el mismo, a lo que cabría de todos modos agregar que tratándose de una cuenta conjunta, sus titulares se encuentran facultados para efectos tales. Por lo demás, el recurrente olvidó advertir que ese movimiento bancario tuvo como finalidad trasladar esos valores al pluricitado Fondo de Administración Mobiliaria, cuyos titulares eran la actora y el heredero Luis Rodrigo Riascos; así lo acreditan, cual lo anota el juzgador, los recibos que obran a folios 99 y 100 del cuaderno principal, firmados por Ligia Collazos y en virtud de los cuales ella transfiere de la cuenta al referido ‘FAM’ las sumas de $3’500.000,oo y $22’000.000,oo. Todo lo cual se ve corroborado con los extractos bancarios foliados 65, 67, 68 y 69 del cuaderno principal. Para redondear este punto, es menester recordar nuevamente cómo al decir del sentenciador, “se ha comprobado idóneamente con los recibos de caja y comprobantes de ingresos y egresos firmados por la propia demandante, el origen cierto de los dineros consignados en la cuenta corriente los que sin lugar a dudas hacen colegir que eran de propiedad del causante Luis Hermann Riascos Mora”. Y cómo, siempre según esa Corporación, “el dinero con el cual se constituyó dicho ‘FAM’ del Banco Ganadero fue tomado de la cuenta corriente conjunta que habían abierto la actora y el señor Luis Rodrigo Riascos”. c.- Cuanto toca con el cheque de gerencia emitido por el Banco de la República que en copia obra en repetidas ocasiones dentro del expediente (folio 235 Cdno. 9, folio 6 del Cdno. 6 y folio 8 del Cdno. 2) cuyo "cruce restrictivo", según el recurrente, hacía imposible depositarlo en la multimencionada cuenta conjunta, cual lo entendió el juzgador, nótase una vez más anodino el punto; pues una eventual comprobación de que las cantidades consignadas en la referida cuenta corriente no provenían del causante, tampoco demostrarían la propiedad de doña Ligia Collazos sobre ellas. Haciendo sin embargo caso omiso de la precedente inconsistencia, véanse las pruebas de que se valió el ad quem para estimar que el valor representado en ese cheque -$22’925,560,oo- entró ciertamente a la cuenta corriente en cuestión: A folio 234 del mismo cuaderno N° 9 aparece el recibo de caja N° 003 datado el 22 de enero de 1992, correspondiente a la “sucesión de Luis Hermann Riascos Mora”, firmado por Ligia Collazos y Luis Rodrigo Riascos en donde se lee: “recibido de Banco de la República. Vr. Abono a capital e intereses efectuados por el Banco de la República, correspondiente al vencimiento de diciembre de 1991, sobre bonos agrarios de propiedad de Luis Hermann Riascos Mora $22’925.560. Consignado Banco Ganadero Cta. No, 927.00471-3” (Se subraya). Con este escrito, pues, resultó la misma demandante admitiendo, entre otras cosas y como lo había anunciado en la demanda (hecho 32), que la suma contenida en el cheque entró a la referida cuenta corriente; circunstancia que además, bien puede corroborarse con vista en el extracto de la cuenta, donde se encuentra anotada la consignación, para el 21 de enero de 1992, de la cantidad de $22’925.560,oo; suma igual, no hay para qué decirlo, a la del valor del cheque. (Folio 25 cuaderno 9), Ningún esfuerzo realizó el recurrente para contradecir toda esta evidencia, lo cual, naturalmente, excluye cualquier error en el punto. d.- Las mismas pruebas anotadas en el aparte anterior sirven para desestimar otra de las quejas del recurrente, fincada en que si la autorización dada por el causante a su hermano Gaspar Alfonso Riascos, para el cobro de los intereses de los bonos agrarios ante el Banco de la República tiene fecha posterior a la muerte de aquél, debe inferirse, según el censor -forzadamente por demás- que esos intereses no llegaron a la tan mentada cuenta corriente. Ya se dejó asentado que en el recibo de caja 003, la propia demandante admitió tanto la recepción de los dineros correspondientes a capital e intereses de los bonos agrarios por el año 1991, como la consignación de esa cantidad en el Banco; lo cual se compagina, si se quiere, con la prueba visible en el folio 53 del cuaderno 4; allí se encuentra un recibo firmado por doña Ligia en virtud del cual dice haber recibido el 20 de enero de 1992, de manos de Gaspar Alfonso Riascos, entre otros, los siguientes documentos: “82 bonos agrarios...”; la autorización de Luis H. Riascos a Gaspar Riascos para “presentar los bonos”; la autorización de aquél a éste para “cobrar capital e intereses a Dic. 19/91“ y, además, “El cheque N° 125072 del banco de la república (sic) a nombre de Luis Hermann Riascos Mora por valor de $22’925.560 correspondiente a la liquidación de capital e intereses a Dic. 19/91”. De este modo, nuevamente las dudas del censor no alcanzan a rozar siquiera la convicción del juzgador sobre el origen de los dineros depositados en la cuenta corriente. e.- Que los bonos agrarios, arguye el recurrente, fueron endosados a la actora, lo que abría a ésta las puertas para cobrar los intereses derivados de esos títulos y para endosarlos a terceras personas; este aspecto, alega, no lo tuvo en cuenta el fallador, como tampoco apreció el hecho de que el causante, antes de su deceso, hizo entrega de ellos a Ligia Collazos, tal cual aparece en documentos del folio 17 del cuaderno N°7. Así mismo, habríanse pasado por alto los documentos de folios 167 a 177 del cuaderno 9, donde se da fe de que Hernán Mejía Collazos solicitó y obtuvo del juez de la sucesión de Luis Hermann Riascos el levantamiento del embargo practicado sobre los títulos en cuanto no se encontraban “en cabeza del causante”. A este respecto, fuera de discusión estuvo dentro del proceso que los bonos agrarios aparecen firmados por el causante, por doña Ligia Collazos y por Hernán Mejía Collazos. Y cierto es que a folio 17 del cuaderno 7 en un trozo de papel datado el 15 de diciembre de 1991 y que se dice firmado por el mismo causante, se lee lo siguiente: “Yo, Luis Hermann Riascos M. Manifiesto que doy en calidad de regalo a Ligia Collazos P., los bonos agrarios a mi nombre”. Pero, como es sistemático, también aquí omite el censor referirse a los medios de prueba en que el sentenciador apuntaló su decisión. Pues en el punto se basó especialmente en el arriba aludido recibo de caja de fecha 22 de enero de 1991 -posterior entonces a la del pretendido “regalo”- mediante el cual -es menester continuar reiterándolo- Ligia Collazos admite expresamente la propiedad de Luis Hermann Riascos sobre los bonos agrarios, relacionando en la sucesión de éste la suma recibida por concepto de los títulos, cantidad que además consignó en la cuenta corriente conjunta, por cierto sin ninguna salvedad al respecto. Sobre lo cual cabría añadir todavía, que el pago que hiciera el Banco de la República el 15 de enero de 1992 en razón de los bonos, lo fue a favor del causante -no de la actora- lo que permite suponer que hasta ese momento era éste quien figuraba como tenedor de ellos. Circunstancia esta última que, además, por lo que hace a ese pago parcial realizado por el Banco de la República, descarta, en principio al menos, que para esa fecha Hernán Mejía Collazos, quien se presenta como endosatario de los sobredichos títulos, tuviese derecho a reclamar los réditos en cuestión. Así, ni el hecho de que los bonos hubiesen sido endosados -sin precisarse cuándo-, ni la supuesta donación que de ellos se hizo a la demandante, son bastantes para demostrar que el fallador incurrió en error evidente cuando consideró que las sumas recaudadas por ese concepto pertenecían a Luis Hermann Riascos, lo cual hizo atendiendo especialmente a la expresa manifestación escrita de la demandante en tal sentido. f.- Con apoyo en el resto de medios probativos enunciados en lo que queda por examinar del cargo, insiste el censor en demostrar la interdependencia de los negocios adelantados por el causante y la actora; se refiere entonces a letras giradas por aquél a favor de ésta, a las transferencias de dinero entre sus cuentas y a la tenencia por parte de Ligia Collazos de títulos valores cuyo secuestro fue solicitado en el proceso de sucesión; con esto se pretende demostrar cómo el tribunal erró al afirmar que los negocios de la pareja eran independientes. A lo cual añade el impugnador que no todos los herederos habrían sido partícipes del pretendido mandato otorgado a la actora para administrar bienes del causante, amén de que ese contrato no se hizo constar por escrito. Empero, bien mirados estos medios de persuasión, ya aisladamente o de manera asociada con vista en el contenido indiciario que ellos revelan, incluso enlazándolos con los que vienen de analizarse en los literales que anteceden, constitutivos igualmente de indicios, encuentra la Corte que aun resultando erradas las apreciaciones del fallador en el tema del mandato, no es posible de todos modos afirmar que la única posibilidad probatoria que de éstas adviene es la que propone el recurrente, lo que desde luego descarta terminantemente la existencia de un error de parte del tribunal con las características que autorizan el quiebre del fallo en casación, que como se sabe, ha de ser estrepitoso, al punto que aflore a simple golpe de vista. Y no tiene ese cariz especialísimo, porque en efecto, para el sentenciador fue fulminante al desestimar las súplicas de la demanda inicial el que con posterioridad a todas esas circunstancias indiciarias evocadas en el recurso, la demandante hubiese reconocido que los dineros depositados en la cuenta corriente eran del causante, cual lo dedujo de la prueba documental mencionada, vale reiterarlo una vez más, de las copias de algunos de los recibos de caja que aquella expidió en esa gestión, del cheque girado por el Banco de la República para el pago de los rendimientos y la amortización de los bonos agrarios y de los extractos de la cuenta corriente. Por supuesto que conclusión semejante, se ofrece sin remisión a dudas razonable, en tanto que cabe como una de las posibilidades probatorias que podrían considerarse al evaluar el punto, y por ello mismo debe respetársele al tribunal, si se parte de la base de que la autonomía que le asiste como juzgador de instancia en la apreciación probatoria hace que los fallos que adopte arriben a la Corte amparados de la presunción de acierto; lo cual significa que los errores de hecho que se le endilguen deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan echar a pique la sentencia impugnada, asunto sobre el que bien vale reiterar, como de continuo lo ha expresado la doctrina de la Corte, que en esa precisa labor el juzgador "goza de autonomía para evaluar y ponderar los diversos medios de prueba que integran el acopio demostrativo del expediente. Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrarán así impermeables al ataque en casación" ( Sent, de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992). Sobre lo cual expresó también esta Corporación, que no es extraño que, "una vez tomada la decisión, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por sí mismos motivo bastante para quebrantar la conclusión del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio lógico-crítico desprecia las señales que le envían algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los demás" (Cas. Civ. 26 de febrero de 2001) Así, no prospera el cargo. CONSIDERACIONES II: Valga memorar que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, consistente en que “el superior que conoce por apelación interpuesta por una de las partes contra la providencia que ha sido consentida por la otra, no puede, por regla general, modificarla y enmendarla haciendo más gravosa para el apelante la situación procesal que para este ha creado la providencia recurrida”. (Sent. 11 de abril de 1972, t. CXLII, pg. 144), no resulta ser absoluto; excepcionalmente puede el juez variar la parte no apelada de la decisión judicial: tal el evento previsto en el artículo 357 del código de procedimiento civil, cuando al juez fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente ligados con el proveído, o si, por tratarse de materia que requiere siempre examen previo por el superior, obliga la declaración de que la relación procesal no se ha trabado cabalmente por falta de unos de sus presupuestos (sublíneas intencionales). Asunto donde bien cabe reiterar que, imperando en materia de apelación el sistema de la personalidad del recurso, son las partes quienes determinan su objeto y por ende su extensión, limitando de tal suerte la competencia del superior. De donde adviene natural, y así lo preceptúa el citado artículo 357, que “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló adhiere al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sentado lo anterior y pasando ya al problema propuesto, tiénese que mediante la pretensión contenida en el literal “F” de la contrademanda se solicitaba al juez “ordenar hacer efectiva a favor de los demandados, la caución presentada por la demandante para resarcir las costas y perjuicios causados por la demanda instaurada y la cautela solicitada”. (Se subraya). Y esta precisa solicitud fue resuelta desfavorablemente en el punto 4° de su sentencia por el juez de primer grado, quien a la vez acogió todas las otras peticiones de la contrademanda y denegó en su totalidad las aducidas en la demanda inicial. Cierto es también, sin duda, que la parte demandada, al apelar, limitó a ese específico punto “Cuarto” del fallo su impugnación, dejándolo así expresado tanto al formular por escrito su recurso, como al sustentarlo ante el tribunal; no sin olvidar, de otro lado, que Luis Rodrigo Riascos Bernal al formular su contrademanda, lo hizo aduciendo su calidad de heredero de Luis Hermann Riascos Mora, pidiendo entonces “para la sucesión”. Puestas así las cosas, la queja del recurrente puede examinarse en este particular caso desde dos diferentes ángulos, complementarios por cierto el uno del otro: a.- Destácase de comienzo que la aludida pretensión del literal “F” del escrito de reconvención, contenía la solicitud de que se hiciese efectiva la caución otorgada por la actora para resarcir las costas y perjuicios causados no sólo por “la demanda instaurada” -cual parece entenderlo el recurrente- sino también por “la cautela solicitada”. En virtud de ello es preciso admitir que lo atinente a la caución, las medidas cautelares y las costas y perjuicios que de ellas se pudiesen derivar, fue tema que el apelante puso sobre el tapete cuando cuestionó la decisión que denegaba esa solicitud, como que con respecto a ella ninguna restricción dejó establecida y bien al contrario limpiamente manifestó que “la parte apelada comprende el numeral cuatro, referente a la negación de la condena en perjuicios a la parte demandante, solicitada en la demanda de reconvención interpuesta por el suscrito”. Así, con independencia de toda otra consideración, es factible aseverar de una vez, entonces, que en estricto sentido, no vulneró el tribunal el principio prohibitivo de la reformatio in pejus cuando, como consecuencia del levantamiento de las medidas cautelares, condenó a la parte actora al pago de las costas y perjuicios correspondientes. Y no se diga, como se insinúa en la censura, que la precedente decisión del tribunal pasó a formar parte de la sentencia sólo en cuanto este proveído se refiere a la demanda inicial -aspecto, dice, que no fue objeto de censura por la demandada-, y no a la contrademanda; pues, desde luego, la sentencia es una sola y, ubíquese donde se quiera una determinada previsión del juzgador de segundo grado, no es ese el punto a definir para los efectos del principio en comento, sino el de la facultad que éste tiene para decidir lo atinente a una resolución del a quo, facultad que sin duda adquiere en cuanto la misma ha sido impugnada por quien tiene interés jurídico para ello. A lo que se suma que fue al entrar en el análisis de aquella pretensión que de la demanda de reconvención fue denegada en primera instancia cuando el tribunal, tras advertir que la caución presentada por la actora en este proceso no es la de garantizar cualquier perjuicio sino aquellos que llegaren a causarse en razón de las medidas cautelares decretadas con apoyo en el literal b) del artículo 690 del estatuto procesal civil, expresó a guisa de conclusión: “Sencillamente, habrá de ordenarse el levantamiento de la medida cautelar y de conformidad con el artículo 687 numeral 10 inc, 2°, se hará la condenación en costas y perjuicios". b.- El otro aspecto es el de que la referida decisión del tribunal, es de aquellas que los jueces han de adoptar oficiosamente; así lo determina, en efecto, el mencionado inciso 2° numeral 10 del precepto 687, según el cual ”siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4 a 8 del presente artículo, se condenará de oficio o a petición de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa”. Recuérdese que en el presente caso, el levantamiento de la cautela se imponía como consecuencia de absolución del demandado, evento contemplado en el numeral ‘5’ de la precitada disposición (sublíneas ajenas al texto). Y de antaño tiene definido la jurisprudencia que resoluciones del linaje de las que el juez ha de tomar a impulso y por imposición de la norma -preceptivas se les ha llamado- por su naturaleza carecen de entidad para vulnerar el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, comoquiera que, entre otras cosas, se salen de la órbita de la disposición y autonomía de las partes y encuentran su razón de ser en el mismo ordenamiento jurídico, sin que por ende el juzgador pueda excusar su aplicación. Resulta así evidente que si la previsión tomada por el ad quem en el presente proceso encontró su hontanar en un imperativo legal, cual es lo estatuido en el numeral 10 del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, por este solo aspecto habría de descartarse la violación del principio impeditivo a que se viene haciendo alusión. No halla, pues, buen suceso el cargo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL Sección Primera Radicación No.7226 Acta No. 11 Magistrado Ponente: Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ Santafé de Bogotá, D.C., Mayo tres (3) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de ANA LUCIA CORREA VIUDA DE BETANCOURT contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 18 de julio de 1994 en el juicio que le promovió LUIS ALFONSO ATEHORTUA MONSALVE.

LA DEMANDA INICIAL: Pretendió el pago de la remuneración por trabajo suplementario, la sobreremuneración de días festivos nacionales laborados, el reajuste salarial, calzado y vestido de labor, subsidio familiar, gastos médicos, auxilio de cesantía, sus intereses incluida la sanción por falta de pago, primas de servicios, compensación de vacaciones, reajuste de lo debido por incapacidad entre el 27 de abril y el 1º de septiembre de 1991, pensión de jubilación desde el 2 de septiembre de 1991, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria, indexación y costas procesales.

Argumentó el demandante que prestó sus servicios para la demandada y para Carlos Correa Vélez en la finca denominada "Guadualejo" o "Palmichal" desde el 1º de junio de 1952 y que al fallecer éste continuó el contrato únicamente con la accionada desde el 1º de abril de 1974 hasta el 2 de septiembre de 1991, fecha en la que se le desvinculó sin justa causa.

Agregó que durante el primer período anotado cumplió horario de lunes a sábado de 6:a.m. a 5:p.m. y que desde el 1º de abril de 1974 al 27 de abril de 1991 la jornada era de lunes a viernes de 6:a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 6:a..m. a 1:p.m; que en todo el tiempo servido laboró en días festivos nacionales, sin que se le retribuyeran en legal forma; que el salario devengado fue siempre inferior en un 25% del salario mínimo legal.

Expuso además que el día 5 de febrero de 1993 recibió la suma de un millón de pesos por salarios insolutos y prestaciones sociales, cifra que incluyó la de $611.246.oo consignada a órdenes de la justicia y el excedente entregado al extrabajador directamente por un pariente de la demandada. POSICION DE LA DEMANDADA: Señaló que no le constaban los hechos en que se fundamentó la demanda inicial; que con anterioridad a 1974 la finca en la que se desempeñó el actor era de Carlos E. Correa y Gonzalo E. Correa y que a la muerte de ellos los sucedió Martina Vélez viuda de Correa y que por informe recibido de un exadministrador de la finca conoció que el demandante ingresó al servicio el 2 de enero de 1975 y su vinculación se prolongó hasta el 2 de septiembre de 1990, cuando abandonó el cargo, pues en esa fecha se le requirió para que demostrara la incapacidad que alegó desde el 27 de abril de ese año, sin que así procediera; que en ocasiones laboraba 3 días a la semana, en otras 4 o 5; que se negó además a recibir liquidación final alguna, en razón a que aducía no tener sitio para habitar aparte de la casa que ocupaba dentro de la finca en la que laboraba; que como no entregara ese inmueble, la accionada depositó el valor correspondiente a las prestaciones sociales, que el actor recibió como retribución diaria $1.500.oo; que el 22 de enero celebraron transacción en la que acordaron el pago de $1'050.000.oo por prestaciones y $50.000.oo por reconocimiento de mejoras realizadas por el demandante en el predio por él habitado.

Propuso las excepciones de transacción, pago y prescripción (folios 26-31). FALLOS DE INSTANCIA: El de la primera lo profirió el juzgado del conocimiento, el Civil del Circuito de Andes (Ant.), en audiencia pública celebrada el 24 de mayo de 1994, en el cual determinó que por auxilio de cesantía le correspondía al actor la suma de $1'466.262.oo, por intereses a la cesantía incluida la sanción legal $351.902.88, por primas de servicios posteriores al 5 de octubre de 1990 $31.258.33, por compensación de vacaciones causadas desde el 5 de octubre de 1989 $35.557.50, por indemnización moratoria las sumas correspondientes al salario mínimo legal vigente entre el 2 de septiembre de 1991 y el 14 de septiembre de 1992, para un total de $1'884.980.71 cifra de la cual dedujo la cancelada de $1'000.000.oo; además condenó por mesadas pensionales el valor equivalente al salario mínimo legal desde el 2 de septiembre de 1991 y ordenó el suministro de tres pares de zapatos y tres vestidos de labor.

Declaró entonces probadas parcialmente las excepciones de pago y prescripción e impuso las costas a la demandada en un 70%. Precisó que ante el deceso del demandante ocurrido durante el desarrollo del juicio, sus representantes eran su cónyuge e hijos (folios 70-84). La apelación interpuesta por la demandada fue resuelta mediante la sentencia aquí impugnada, en la cual el Tribunal revocó las condenas impartidas por el a-quo, con excepción de la correspondiente a pensión de jubilación y se abstuvo de imponer costas en la segunda instancia (folios 107-119).

RECURSO EXTRAORDINARIO: Pretende la demandada la casación parcial del fallo impugnado en cuanto condenó por concepto de pensión de jubilación y que en sede de instancia revoque el fallo del a-quo proferido en igual sentido y la absuelva de tal concepto. Con este propósito formula un sólo cargo por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 67, 68, 69, 70, 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º y 12 de la Ley 171 de 1961; 1ª, 2º y 3º de la Ley 33 de 1973; 1º y 2º de la Ley 12 de 1975; 1º, 2º 5º y 8º de la Ley 4a de 1976; 2º de la Ley 113 de 1985; 1° de la Ley 126 de 1985; 1°, 2° y 10° de la Ley 71 de 1988; 11, 14, 289 de la Ley 100 de 1993; 60, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo en relación con los artículos 194, 195, 197, 200, 258 del Código de Procedimiento Civil.

Precisa que la violación de la ley se produjo a consecuencia del error en que incurrió el ad-quem al dar por demostrado que el demandante prestó sus servicios para la demandada desde el 1º de abril de 1970 hasta el 2 de septiembre de 1990, estando acreditado que el ingreso del trabajador se produjo el 1º de abril de 1974, yerro que manifiesta se originó en "..la apreciación.." de las confesiones contenidas en la demanda inicial y su contestación, la liquidación de prestaciones sociales de folios 23-25, la inspección judicial de folio 69 y los testimonios de Gustavo Isaza Holguín y María Lourdes Ochoa.

Advierte que en el escrito introductorio del proceso se confesó que fue a partir del 1º de abril de 1974 cuando existió un vínculo contractual laboral entre las partes del litigio y que el Tribunal desechó esa confesión sin motivo alguno; luego analiza la prueba testimonial reseñada en el cargo y anota que el juzgador infirió la fecha de desvinculación del demandante del documento de folio 23, prueba que escindió al no tener en cuenta que allí aparecía como extremo inicial de la relación el 2 de enero de 1975; agrega que cuando el ad-quem señaló que la pensión de jubilación reclamada no había sido objeto de la transacción contenida en esa documental, le dio plena validez a los restantes aspectos que constan en ese medio de prueba, puesto que el convenio celebrado por las partes tiene sustento en las fechas allí indicadas.

No hubo oposición al cargo, según la constancia de folio 23 del cuaderno de la Corte. SE CONSIDERA: El escrito demandatorio no contiene la confesión a que se refiere el recurrente, puesto que de él no se infiere que la fecha de iniciación de labores del trabajador en beneficio de la demandada fuera el 1° de abril de 1974. En efecto, acerca de este aspecto se dice en los hechos de la demanda que: "..1° El señor LUIS ALFONSO ATEHORTUA MONSALVE prestó su actividad personal de trabajador, es decir, realizada por sí mismo, bajo la permanente dependencia y subordinación de sus empleadores CARLOS Y ANA LUCIA CORREA VELEZ, desde el 1° de junio de 1952 ° desde el inicio de la relación contractual de carácter laboral hasta el día 1° de abril de 1974, fecha ésta a partir de la cual y hasta la terminación del contrato de trabajo continúo como empleadora la demandada, por muerte de su consanguíneo " (folio 15 cuaderno principal).

Como el Tribunal no concluyó nada diferente de lo transcrito, no incurrió en yerro fáctico alguno, dado que se atuvo al texto de la demanda, de la que además no podía inferir confesión puesto que ésta tiene ocurrencia en el evento de admitirse un hecho que produzca consecuencias adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria (artículo 195 Código Procesal Civil) y allí se anunció como extremo inicial de la relación el 1° de junio de 1952, que no es la fecha admitida por la accionada.

Diferente es que se haya advertido en el mismo escrito introductorio del proceso que en un comienzo, esto es, del 1° de junio de 1952 al 1° de abril de 1974, fueron dos los empleadores del accionante, entre ellos, la demandada, y que con posterioridad a la última fecha citada continuó sólo bajo la dependencia de la señora Ana Lucía Correa Vélez por haber fallecido el hermano de ella, Carlos Correa Vélez.

Por su parte el documento de folio 23 del expediente corresponde a la liquidación final de prestaciones del actor, quien si bien lo suscribió, no por ello debe colegirse necesariamente su conformidad con la fecha de ingreso allí anotada, dado que ella fue objeto de controversia durante el juicio, pues como quedó establecido, el demandante adujo la prestación del servicio desde 1° de junio de 1952, mientras que la demandada indicó el 2 de enero de 1975.

A lo anterior se agrega que el juzgador de segunda instancia concluyó la fecha de vinculación del demandante fundado en prueba testimonial cuando estableció: " Esta declaración (refiriéndose a la de Gustavo Isaza Holguín) acompasa con la de la cónyuge al sostener que se produjo el matrimonio en abril de 1979 y mientras fue novia durante cinco (5) años, ya trabajaba en la finca.

"En esa medida la Sala acogiendo parcialmente el testimonio del señor Isaza confrontado con el de la cónyuge, recoge como tiempo laborado el comprendido del 1° de abril de 1970 al 2 de septiembre de 1990, con vista en el documento de fl. 23 que fue firmado por el actor en señal de aceptación y coincide con el testimonio de Gustavo Isaza a fol.61" (folios 113 y 114 cuaderno de instancia).

No debe olvidarse que si en el expediente obran diferentes pruebas sobre el mismo hecho, el ad-quem gozaba de libertad de escoger, la que a su juicio ofreciera mayor credibilidad, en virtud del principio de libre formación del convencimiento consagrado en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo. De otra parte el Tribunal no contrarió el principio de la indivisibilidad de la prueba del artículo 258 del Código Procesal Civil, pues si bien tuvo en cuenta el citado documento de folio 23, lo hizo para corroborar que la fecha de retiro coincidía con la anunciada en la declaración del tercero referida, al contrario de lo que sucedió con la de vinculación, que era diferente de la señalada por el testigo, en cuya versión fue que realmente sustentó su decisión el adquem.

Por último, como quedó visto en este caso el sentenciador se fundamentó en prueba testimonial para determinar tanto la fecha de ingreso, como la de retiro del actor, de suerte que está impedida la Corte para confrontar las respectivas declaraciones de terceros legalmente inhábiles, puesto que no demostró la impugnación el error de hecho atribuido al juzgador, a través de la prueba que sí tiene el carácter de calificada en la casación laboral (artículo 7° Ley 16 de 1969).

EL CARGO Y LAS COSTAS: En vista de lo explicado el cargo no es próspero, sin embargo, no hay lugar a la imposición de costas en los términos del artículo 392-2 del C. de P.C. a cargo de la parte demandada recurrente,pues no aparece que la demandante haya realizado actuaciones que las puedan generar. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el dieciocho (18) de julio mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Sin costas en el recurso extraordinario. COPIESE,

NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ JORGE IVAN PALACIO PALACIO RAMON ZUÑIGA VALVERDE LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria