7032(27-03-95) — Corte Suprema

7032(27-03-95)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1995

Magistrado ponente: Francisco Escobar Henriquez

Decreto 2351 de 1965

De qué trata

Tema: ACCION DE PETICION DE HERENCIA - para heredar al hermano en la cuota de la madre no pueden recoger en su representación los hermanos de aquel por que el derecho de representación no opera para los ascendientes "...la acción de petición de herencia consagrada por el artículo 1321 del código civil, es la conferida al heredero de mejor derecho para obtener la restitución de la universalidad de la herencia contra quien la ocupa diciéndose heredero de ella". ASIGNACIONES FORZOSAS - se imponen aún sobre la voluntad del testador la libertad de testar se encuentra restringida por las llamadas asignaciones forzosas, que son, conforme al artículo 1226 del código civil, aquellas que "el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias". A lo que de paso cabe comentar que las mismas también operan en la sucesión intestada en cuanto señalan el mínimo que a determinados asignatarios ha de corresponder, siendo entendido que el precepto 1226 se refirió únicamente al caso del testamento por ser esa la situación en que tales asignaciones podrían desconocerse por el causante. LEGITIMAS RIGUROSAS - se imponen aún sobre la voluntad del testador Ciertamente, conforme al citado artículo 1226, dentro de las asignaciones forzosas se encuentran las legítimas, definidas por el 1239 ibídem como "aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamados legitimarios", entre los que se cuentan, precisamente, los ascendientes -artículo 1240 del código civil, modificado por el artículo 9o. de la ley 29 de 1982-. En ese orden de ideas, es menester aceptar que por el carácter que de asignaciones legales tienen las legítimas, quien las recibe lo hace siempre, no con base en el testamento sino en la misma ley, por lo que en punto a las mismas no puede hablarse de asignaciones testamentarias propiamente dichas, pues cuando el testador las instituye a favor de aquellos a quienes forzosamente corresponden, no hace más que ceñirse a lo previsto en la pertinente normatividad, como que de no hacerlo en esa forma, serán ellas suplidas por la ley, aun en perjuicio de las cláusulas testamentarias (Art. 1226 ejusdem). DERECHO DE REPRESENTACION - derecho de representación es aplicable tanyo a la sucesión testada como intestada la representación sucesoria, consagrado por el artículo 1041 del código civil, que la define como "una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si esta o aquel no quisiese o no pudiese suceder". dicho fenómeno "(...) tiene la virtualidad de impedir que, so capa de una aplicación rigurosa de principios de viejo cuño, una persona sume a la desgracia de haber perdido prematuramente a su padre o madre, la de no poder recoger lo que a éstos correspondería en caso de que la naturaleza hubiese observado el curso ordinario de las cosas, con arreglo a las cuales la muerte de un hijo no se adelanta a la de los padres Pues si bien constituye regla general la de que es en la abintestato en donde opera la sobredicha institución, y así lo prevé el artículo 1041, tal principio está lejos de ser absoluto cual lo consideró el tribunal, pues tiene ciertamente excepciones, siendo menester hacer en torno a este aspecto entonces la correspondiente rectificación doctrinaria: Evidentemente, la idea de la representación no tiene fácil cabida en la sucesión testamentaria, pues la calidad que de intuitu personae tiene la asignación que proviene de boca del testador se desnaturalizaría en un momento dado; pero es de rigor pasar de largo ante ello, y aquí viene la excepción, frente a los legitimarios, de lo cual tomó pronta nota la ley, cuando a vuelta de dejar sentado que "lo que se deje (en el testamento, por supuesto) a los parientes, se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo (…) teniendo lugar el derecho de representación" (artículo 1122 del código civil), dispuso, en consecuencia, de un lado, que "los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada". (Véase al respecto, v. gr. "Derecho Sucesorio", Manuel Somarriva, 1976, p. 113) y, del otro, "si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o exheredación, o porque la ha repudiado y no tiene descendencia con derecho a representarle dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria" (Se subraya). Los legitimarios, pues, admiten la representación, porque como bien lo anota Carrizosa Pardo "por este motivo, la representación en esta materia prolonga la obligación de pagar las reservas forzosas a la descendencia legítima del legitimario, el cual no se entiende faltar cuando hay quien lo represente. (Las Sucesiones. Ed. Lerner. 1959. p.402) (-se destaca-). En suma, en lo concerniente a las legítimas puede operar el derecho de representación, independientemente de que se trate de una sucesión intestada, o no. Y esa representación, ha dicho la Corte, "según las disposiciones legales que la consagran y reglamentan (arts. 1041 a 1044 del Código Civil), presupone los requisitos siguientes: a) Solo la establece le ley en línea descendiente; b) Es menester que falte el representado: c) El representante necesariamente debe ser descendiente legítimo -ahora puede serlo extramatrimonial, ley 29 de 1982-; d) Que los grados inmediatos de parentesco, si el representante no es inmediato descendiente del representado, se encuentren vacantes, y, e) Que el representante tenga en relación con el de cujus las condiciones personales de capacidad y dignidad indispensables para heredarlo". SUSTITUCION - causales de sustitución de la heredera universal a titulo testamentario ... en torno al alcance y entendimiento del artículo 1216 ibídem, conforme al cual, "la sustitución que se hiciere expresamente para algunos de los casos en que puede faltar el asignatario, se entenderá hecha para cualquiera de los otros en que llegare a faltar; salvo que el testador haya expresado voluntad contraria". sea lo primero advertir que el argumento referido al número plural utilizado en el comentado precepto, carece por completo de fundamento; en efecto, cuando la norma se refiere a "algunos de los casos" en que falte el asignatario, está remitiéndose a cualquiera de las circunstancias previstas en el 1215 ibídem; dicho de otro modo, la norma se aplica a todos los casos previstos por el artículo 1215, así no los haya mencionado el testador en su totalidad (omisión que igual sucederá cuando se mencionen varios o apenas uno de ellos), salvo eso sí, que haya voluntad en contrario, vale decir, que la mención que determinadamente hizo el testador tuvo por fin excluir los demás. a falta de exclusión, la disposición legal tiene aplicación extensiva a todos los casos del artículo 1215 del código civil, a saber: que el asignatario no acepte, que muera antes de que la herencia le sea deferida o a cualquiera otra que extinga su derecho, lo cual comprende las situaciones de incapacidad, indignidad, el hecho de que la persona no sea cierta y el no cumplimiento de la condición suspensiva. F.J Sentencia Sala Civil 17 de noviembre de 1941, LII, 660 SentenciaSala Civil 7 de diciembre de 1993, no publicada Sentencia Sala Civil Cas. 30 de junio de 1981 F.D. "Derecho Sucesorio", Manuel Somarriva, 1976 Las Sucesiones. Carrizosa Pardo Ed. Lerner. 1959

�PRIVADO �� CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL -Sección Primera- Radicación Nº 7032 Acta Nº 10 Magistrado Ponente. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ Santafé de Bogotá, D.C., marzo veintisiete (27) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del demandante ORLANDO INSIGNARES PALMA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 28 de febrero de 1994, en el juicio instaurado contra el BANCO DE COLOMBIA -SUCURSAL DE CIENAGA-.

ANTECEDENTES El actor demandó a la entidad bancaria mencionada para que mediante los trámites del proceso ordinario laboral de doble instancia, fuera condenada a reintegrarlo al cargo que desempeñaba al momento en que fue despedido, junto con el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales dejados de percibir hasta cuando se reanude la relación laboral y la declaración de que no existió solución de continuidad en el contrato de trabajo.

En subsidio reclama el reconocimiento de la pensión de jubilación o en su defecto la pensión sanción. También reclama el pago de intereses de cesantía, prima extralegal, prima de diciembre, vacaciones proporcionales, la quincena correspondiente al mes de marzo, la indemnización por despido sin justa causa y la indemnización moratoria. La demanda se funda en que el trabajador fue despedido por el Banco sin justa causa, el 9 de marzo de 1989, después de haber prestado sus servicios por espacio de diecinueve (19) años, once (11) meses y veintiún (21) días.

Así como en el hecho de que las prestaciones sociales fueron liquidadas con un salario inferior al que le correspondía. La entidad bancaria demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones del extrabajador argumentado que el despido obedeció a consideraciones distintas a las señaladas por el actor en la demanda y que no es cierto que el Banco hubiese consentido los hechos invocados en la carta de despido.

Agregó a lo anterior que canceló debidamente el salario y prestaciones sociales del accionante. DECISIONES DE INSTANCIA El juez del conocimiento en audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 1993 absolvió al Banco demandado de todas las pretensiones del actor. Providencia que fue confirmada en todas sus partes por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que conoció de esa decisión en consulta.

EL RECURSO DE CASACION La parte actora a través de un cargo único acusa la violación por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, de los artículos "58, numeral 1º, 6l literal h, y 62 numeral 6 ( artículo 7º, numeral 6 del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo " en relación con otras disposiciones que individualiza en la proposición jurídica de la objeción; como consecuencia de errores manifiestos de hecho, en su opinión, originados en la equivocada apreciación por parte del Tribunal de la carta de despido visible a folios 8 a 10, del manual de funciones actuante de folios 11 a 15, de la comunicación obrante a folios 92 y de la documental que aparece en el folio 147 del cuaderno de instancia. Los yerros fácticos manifiestos atribuidos a la sentencia recurrida, son los siguientes: " 1.- En no dar por demostrado, estándolo que el Banco de Colombia adujo como justa causa de terminación del contrato de trabajo " graves fallas administrativas en aspectos que le competían como Gerente.

" 2.- En no dar por demostrado, estándolo que el Banco de Colombia alegó como justa causa de conclusión unilateral del contrato de trabajo " conducta sumamente negligente en materia grave. " 3.- En no dar por demostrado, estándolo que el Banco de Colombia, patrocinó, toleró y consintió la permanencia de dinero efectivo por encima de los topes máximos establecidos en el reglamento;

" 4.- En no dar por demostrado, estándolo que el Banco de Colombia, no obstante la permanencia de dinero efectivo en bóveda por encima del tope máximo, no requirió del empleado el cumplimiento del reglamento; " 5.- En no dar por demostrado, estándolo que la función de enviar los dineros al Banco de la República no está asignada al Gerente sino al cajero principal".

El ataque sostiene en primer lugar que el juzgador ad quem se equivocó al encontrar debidamente probada la conducta negligente y grave atribuida por la empresa al trabajador fundado solamente en la carta de despido y los documentos visibles a folios 11 y 147 del cuaderno de instancia que no constituyen respaldo probatorio. De otra parte argumenta que el empleador no puede fundarse, para el despido de un trabajador con más de 19 años de servicios, en su propia desidia, negligencia error o culpa al haber permitido que en la bóveda de la sucursal de Ciénaga se mantuviera efectivo por encima del máximo autorizado, sin haber llamado la atención al gerente ni al personal de la oficina por esa situación; reprocha al Banco el que no haya efectuado ninguna auditoría durante los meses en que se afirmó se mantuvo en la caja fuerte dinero en efectivo por valores superiores a los autorizados en los reglamentos.

En resumen advierte el recurrente que el ad quem se equivocó al no encontrar demostrado que el empleador estructuró la causa aducida para dar por terminado el contrato de trabajo en su propia culpa, originada en la negligencia y desidia para exigir el cumplimiento de las normas internas que lo rigen. OPOSICION AL CARGO La réplica indica que las pruebas señaladas en la acusación no demuestran los errores fácticos atribuidos al ad quem y para demostrar su aseveración comenta en relación con la carta de despido que ésta solamente describe las conductas que originaron la decisión del despido; manifiesta también que los documentos obrantes a folios 11 y siguientes corroboran la violación en que incurrió el demandante en sus obligaciones laborales.

Resalta igualmente que se encuentra demostrado en el proceso con las documentales obrantes a folios 11 a 15 y 47 del cuaderno de instancia que el actor tenía la obligación de controlar que en las bóvedas del Banco no permaneciera una suma superior a $16.000.000.oo. Apunta finalmente que la circunstancia de que el Banco no hubiese practicado visita de auditoría a la oficina de Ciénaga durante los últimos cuatro meses del año de 1988 no constituye razón que justifique el incumplimiento de la reglamentación interna de la institución por parte del extrabajador, comenta al respecto que la función de control no puede ejercerse de manera permanente sino a través de visitas periódicas como lo indican los procedimientos de auditoría comúnmente aceptados.

SE CONSIDERA El despido del trabajador de acuerdo con los términos de la carta de terminación del contrato de trabajo adoptada obedeció a que aquel permitió, durante los últimos meses del año de 1988, que el límite máximo de $ 16.000.000.oo del cupo en efectivo asignado para la bóveda de la sucursal de Ciénaga fuera excedido en varias oportunidades.

Esta situación fue advertida de acuerdo con la misiva, dentro de la investigación adelantada a raíz del hurto perpetrado en esa oficina entre el 30 de diciembre de 1988 y el 2 de enero de 1989, cuando fueron sustraidos $19.377.570.oo de la bóveda en la que se encontraban depositados. Pues bien, al demandante le correspondía en su calidad de gerente de la sucursal del Banco según el numeral 19 del manual de funciones para su cargo, visible de folios 11 a 15 del cuaderno de instancia, aportado por el mismo accionante al proceso, " Coordinar y supervisar el envió de remesas de efectivo al Banco de la República cuando haya exceso de él en la oficina y solicitarlo cuando haya insuficiencia, previa autorización del superior inmediato".

No es entonces exacta la acusación cuando afirma que ésta no era función del actor. Por otra parte, el documento actuante a folio 147 del cuaderno de instancia acredita que el trabajador tenía conocimiento referente a que el límite máximo autorizado en efectivo para la Sucursal de Ciénaga era de $16.000.000.oo; y conviene decir que no se discute en el cargo la afirmación del Banco contenida en la carta de despido con relación a que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año de 1988 esa oficina sobrepasó la cantidad máxima que podía tener en efectivo.

En estas condiciones no aparece desatinado el Tribunal cuando encontró demostrada la falta atribuida por el Banco al Trabajador, para despedirlo con justa causa. Sin embargo, corresponde determinar si la entidad bancaria demandada tiene responsabilidad en los hechos que ocasionaron el despido del demandante, pues sostiene el ataque que ellos se debieron a la propia desidia y negligencia del empleador que no exigió el cumplimiento de sus normas internas, sino que además toleró y patrocinó con su omisión el mantenimiento de disponibilidad en dinero efectivo en cantidad superior a la permitida, aserción que apoya el recurrente en el hecho de que el Banco no practicó auditoría durante los meses arriba indicados, como también en la circunstancia de que no haya llamado la atención del gerente ni del personal de la sucursal.

Si bien de manera general le corresponde al empleador mantener el orden y la disciplina en los lugares donde se labora y el cuidar porque se cumpla el reglamento interno de trabajo, así como las ordenes que de manera particular haya impartido, ello no implica que ante su falta de vigilancia para que se dé cumplimiento a las disposiciones que rigen en la empresa, puedan los trabajadores incumplir sus obligaciones y deberes derivados del contrato de trabajo, más tratándose de aquellos que desempeñan funciones de dirección y confianza, como las que ejercía en este caso el actor, que como ya se dijo tenía el cargo de gerente.

Situación distinta tiene lugar cuando el empleador ha consentido o tolerado en forma reiterada un determinado comportamiento de sus trabajadores que es opuesto a los ordenamientos que rigen en la empresa, pues ante esa situación no estaría facultado para dar por terminado un contrato de trabajo aduciendo el incumplimiento de una obligación del trabajador cuando es precisamente él quien con su permisividad ha propiciado la ocurrencia de los hechos que a última hora rechaza.

En este asunto, la documental de folio 92 no acredita que el Banco hubiese sido negligente en la exigencia de los reglamentos por parte de los empleados de la oficina de Ciénaga, en particular de los deberes que incumbían al actor en su condición de gerente, por el contrario en ese documento se informa al juzgado del conocimiento que mediante comunicado del 7 de diciembre de 1988 se recordó que para el cierre prolongado de operaciones bancarias, como el de fin de año, se debía dejar obligatoriamente en bóveda el límite mínimo en efectivo autorizado para las sucursales, que en el caso de la dirigida por el demandante era de $4.000.000.oo.

El hecho de que el Banco no haya practicado visitas de auditoría a la oficina gerenciada por el accionante durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año de 1988, como se menciona en la certificación de folio 92 examinada, no es un indicativo de que éste hubiese consentido que el extrabajador permitiera que en la bóveda de esa sucursal permaneciera dinero en efectivo por encima de los límites autorizados, pues de tal situación resulta aventurado inferir ese hecho, dado que no puede concluirse como lo hace la censura que la supuesta falta de control de auditoría por parte del empleador disculpe al trabajador si infringe las norma administrativas o disciplinarias que rigen en la empresa.

De otro lado, las pruebas particularizadas en el ataque no demuestran que el empleador haya consentido que en la sucursal bancaria aludida se incumplieren los límites máximos de dinero en efectivo que podían permanecer en su bóveda. Por tanto no acredita la impugnación que el Banco sea el responsable de los hechos que dieron lugar al despido del actor, de ahi que el cargo no sea próspero.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el juicio promovido por ORLANDO INSIGNARES PALMA contra el BANCO DE COLOMBIA.

Costas a cargo de la parte recurrente, dado que su acusación no tuvo prosperidad. COPIESE,

NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ JORGE IVAN PALACIO PALACIO RAMON ZUÑIGA VALVERDE LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria. � �EXP No.7032 �página \* arábico�1�