6972(05-12-94) — Corte Suprema

6972(05-12-94)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1994

Magistrado ponente: José Roberto Herrera Vergara

Decreto 1050 de 1968Decreto 1222 de 1986Decreto 1848 de 1969Decreto 2127 de 1945Decreto 3135 de 1968Ley 153 de 1887Ley 153 de 1987Ley 171 de 1961Ley 50 de 1990Ley 6 de 1945

De qué trata

Tema: RESPONSABILIDAD CONTRATUAL - incumplimiento de entregar títulos valores en mutuo mercantil / CREDITO HIPOTECARIO - garantía por suscripción de pagarés / INTERESES LEGALES - en el ámbito mercantil son los que contempla el artículo 884 del Código de Comercio F.F. arts. 638,783, 884, 942,1163, 1251 C. de Ccio. Igual sentido sentencia de 24 de septiembre de 2001. Expediente 5876. sentencia de 18 de abril de 1995. Expediente 4434. Doctrina Arrubla Paucar Jaime. "De los contratos mercantiles". Ed. Dike. Tomo I, Medellín , 155, 1997. CONSIDERACIONES I: 1. Reitera la Corte que cuando el numeral 2º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, señala como causal de casación “no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”, procura garantizar que, en sus fallos, los jueces respeten el principio de la congruencia consagrado en el artículo 305 ibídem, en virtud del cual, dado el conocido carácter dispositivo que -en el punto- se predica de los procesos civiles, estas decisiones deben inscribirse dentro del marco trazado por las partes, en las oportunidades positivamente previstas para ello, y sin perjuicio de las declaraciones y reconocimientos que el juez deba disponer de oficio. De allí que, propendiendo por el acatamiento de esta regla procedimental de congruencia de los fallos judiciales, la Sala ha de enfatizar en el deber que pesa sobre el sentenciador de acometer, en ejercicio de su sublime función jurisdiccional, una adecuada labor de confrontación objetiva de los mencionados extremos del litigio (y, en su caso, de los deberes oficiosos que, según el caso, le ha impuesto la ley), con las resoluciones a proferir, para que estas guarden cabal consonancia con aquellos, puesto que, como repetidamente lo ha dicho la Corte, "la desarmonía entre la parte resolutiva de la sentencia y el elemento objetivo del proceso, genera un fallo incongruente, atacable en casación, lo cual puede ocurrir cuando se condena a más de lo pedido (ultra petita), o a lo no pedido (extra petita), o cuando no resuelve todo o parte de lo pedido (citra petita)" (sent. julio 14 de 1987, reiterada el 29 de agosto de 2000, exp. 5380), debiéndose insistir, en esta oportunidad, en que "Si la inconsonancia implica un error en la mecánica del proceso, sólo lo que está dentro del “concepto puramente formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede estructurarla" (sent. CXLII, págs. 196 y 197). 2. Con el confesado propósito de aplicar las anteriores premisas a los cargos recién resumidos, se rememora que, a través del primero, el ciudadano recurrente endilgó al fallo de segunda instancia incongruencia por extra petita, porque se condenó al demandado a pagar unos “intereses comerciales moratorios”, pese a que el libelista no pidió el reconocimiento de éstos, sino el de los “intereses legales” que, en el criterio del casacionista, se confunden con los civiles, tasados por el mismo legislador en un 6% anual. En su segunda acusación, el impugnante calificó el fallo atacado de inconsonante en la modalidad de ultra petita, en razón de que el Tribunal condenó al demandado “por cantidad superior a la pretendida, ya que ordenó que los intereses serían, no los legales demandados, sino los moratorios que son manifiestamente mucho más altos y que, por tanto, comportan suma superior a la pedida” (fl 21, cdno 18). Son varias las circunstancias que imponen el despacho adverso de estas acusaciones. Efectivamente: A. En primer lugar, estos reproches no pueden ser acogidos por la irrefutable y potísima razón de que, en su demanda, la actora pidió -de manera expresa, amén de categórica-, que las sumas principales por ella reclamadas fueran cubiertas "con sus intereses legales que desde ahora estimo con fundamento en el artículo 884 del Código de Comercio" (fl 4, cdno 1, resaltados fuera de texto), resultando de esta forma, in radice, desvirtuadas las argumentaciones basilares de ambas acusaciones, desde luego que la explícita referencia a la citada disposición del estatuto mercantil, como fuente positiva de la causación de los "intereses legales", no permite sugerir -con éxito-que la demandante quiso reclamar los intereses civiles y no los comerciales como a la postre, correctamente, otrora lo apreció el ad quem. B. Pero haciendo completa abstracción del anterior razonamiento, suficiente por sí sólo para desestimar los dos cargos en comento, acota la Corte que la determinación de la modalidad de los referidos “intereses legales”, pedidos así en la demanda incoativa y no específicamente como intereses “civiles”, guarda íntima consonancia con la etiología, a la par que con la naturaleza de la relación sustancial, de la cual, acorde con el libelo inicial, quiso derivarlos la parte actora. No cabe concluir, entonces, que el Tribunal -por haberse pronunciado sobre la causación de intereses legales de tipo comercial- haya desbordado -cualitativa o cuantitativamente- el ámbito de decisión demarcado por ésta, porque, destaca la Sala, como relación subyacente la demandante invocó los supuestos de hecho concernientes al ejercicio de la acción consagrada in abstracto por el artículo 638 del estatuto mercantil y, en virtud del artículo 1º, ibídem, las diferencias jurídicas como la señalada “se regirán por la ley comercial”, naturaleza que se predica de la norma en que se apoyó el ad quem cuando dispuso la precitada condena (art. 884 ya citado). C. Ahora, aunque es cierto que la señora Mondul de Elías, en el libelo primitivo -al implorar que la condena pedida frente a su contraparte se extendiera a los intereses concernientes a la suma principal allí perseguida- no hizo expresa alusión, llamándolos de esa manera, a los intereses moratorios mercantiles, los que, finalmente, fueron reconocidos por el Tribunal, no por ello este último incurrió en fallo extrapetita, pues -se reitera- ese pedimento no podía entenderse excluido de su reclamación general de "intereses legales" con fundamento en el artículo 884 del Código de Comercio, que, como luego se explicará, expresamente reguló lo atinente a los intereses moratorios en materia de negocios de la estirpe supraindicada. Por similares razones, tampoco es factible predicar que el Tribunal incurrió en incongruencia por ultrapetita, porque, se insiste, revisada en su integridad la demanda introductoria, incluyendo, desde luego -como corresponde-, tanto el capítulo de “hechos” como el de “pretensiones”, no se observa que expresa o implícitamente su promotor hubiera pedido el reconocimiento y pago de intereses de tipo civil, o que hubiera tasado los reclamados en un 6% anual. Conviene destacar que al asumir la posición precedentemente planteada, la Corte, no se aleja, siquiera parcialmente, de la doctrina contenida en su sentencia de 2 de febrero de 1988 (la invocada por el casacionista). En esa oportunidad, la Sala halló incongruente el fallo por el que, atendiendo una demanda por responsabilidad civil extracontractual en la que se pidió el reconocimiento de los “intereses legales” y siendo claro que ellos sólo podían corresponder a los civiles (tasados a un 6% anual, según normas citadas precedentemente), el respectivo tribunal dispuso que éstos se liquidaran en un 24%, por el mismo periodo, resultando incontrastable que, de esa forma, concedió más de lo pedido. Sin embargo, tal solución no es aplicable al sub judice, dada la génesis y naturaleza jurídica inherentes a los ya relacionados fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión que elevara la señora Mondul de Elías, en punto tocante con los intereses dinerarios. Conclúyese, así, que el ad quem no incurrió en ninguna de las modalidades de incongruencia que denunciara el casacionista. D. Finalmente, no puede la Corte pasar por alto que el censor afirmó también -al sustentar su primera acusación- que los intereses moratorios sólo se deben si “el deudor está en mora, como cuando ha sido judicialmente reconvenido”, lo que “nunca ocurrió en el caso aquí litigado” (fl 19, cdno 18). Este reproche casacional, por concernir a eventuales yerros en la selección y aplicación de las normas sustanciales que regulan el punto materia de debate (causación de intereses), debió plantearse con fundamento en la causal primera de casación y no en la segunda, pues, en puridad, involucraría un yerro de juzgamiento y no de procedimiento, circunstancia que, como repetidamente se ha precisado, impide su estudio de fondo (sents. sept. 12 de 2000, exp. 5573, nov. 29 de 2000, exp. 5035). En consecuencia, no son prósperas las acusaciones primera y segunda. CONSIDERACIONES II: 1. La Sala encuentra necesario, en esta oportunidad, enfatizar en que el error de hecho que puede provocar el resquebrajamiento del fallo impugnado con fundamento en la primera de las causales de casación consagradas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la vulneración de la ley sustancial, no sólo ha de incidir en el sentido de la decisión atacada por esa vía extraordinaria, sino que debe ser manifiesto o protuberante, esto es, "que sea fácilmente detectable por todos, precisamente porque teniendo luz propia no requiere de nada más para brillar con intensidad, y que, por ahí mismo, se pone al descubierto al primer golpe de vista" (sent. de mayo 10 de 1994). Ello, a fuerza ha de ser así, puesto que el "error probatorio de hecho equivale al absurdo, a aquello que frontalmente repudia el sentido común sin remitirse a largas discusiones; pero si la decisión del sentenciador no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o no se impone frente a ésta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando la existencia de la equivocación se ofrece apenas como una posibilidad, prevalece el juicio de instancia" (sent. de febrero 19 de 2002, exp. 7162), ya que tal "yerro no se configura cuando los medios de prueba allegados al proceso permiten diferentes valoraciones, todas lógicas y razonables y el Tribunal ha optado por cualquiera de ellas, pues la autonomía que tiene el ad quem para formarse su propia convicción debe ser respetada por la Corte" (sent. de febrero 8 de 2002, exp. 6735). 2. Realizadas las precisiones que anteceden, la Sala advierte que el tercer cargo no podrá ser acogido, en la medida en que no se verifica que el Tribunal hubiera incurrido -al apreciar la demanda introductoria-, en los errores denunciados por el casacionista y menos que ellos ofrecieran, in concreto, la evidencia requerida en sede casacional, acorde con la causal por la que el censor encauzó la acusación en estudio. A. En efecto, recuérdase que el impugnante censuró al Tribunal por no reparar en que la actora sólo alegó "como causa eficiente del perjuicio sufrido por el fracaso de la acción ejecutiva contra los avalados, el hecho de que Conavi no cumplió la obligación […] de entregar al avalista los títulos valores que él ha pagado", con lo que, según el casacionista, la demandante "tácitamente" aceptó que “omitió requerir o dar instrucciones a Conavi para que se le entregaran al avalista y no a los avalados los pagarés números 1004 y 1024, o hacer gestiones directas ante los avalados para que se le devolvieran los citados pagarés" y que no "ejercitó contra ellos la acción reivindicatoria…”, lo cual hubiera facilitado la "recuperación de los pagarés" y con ello el exitoso ejercicio de la acción cambiaria de regreso (fl 27, cdno 18). Para el censor, el ad quem también incurrió en error de hecho por no deducir de "ese proceder descuidado, la notoria incuria con que procedió la demandante" (fl 27, cdno 18). Sobre el contenido del referido aparte del libelo inicial, conviene resaltar que allí se aludió a la suscripción, por parte de la señora Mondul de Elías y a título de avalista, de los pagarés 1004 y 1024, extendidos a favor de la actora, en las fechas y por las cantidades en ese acápite relacionadas; al pago que del importe de esos cartulares la señora Mondul de Elías afirmó haber efectuado, a favor de Conavi; al hecho de que, "por error imputable" a esta entidad, los citados pagarés fueron entregados a Libardo Martínez Rodríguez, uno de los "avalados", así como al resultado adverso de la demanda ejecutiva que intentó con miras a recuperar lo desembolsado al acreedor cambiario (fl 2, cdno 1). Así las cosas, no se concluye que el Tribunal hubiera incurrido en el error de hecho denunciado por el censor, dado que de las manifestaciones efectuadas en la mencionada oportunidad por la señora Mondul de Elías -como puede constatarse de la lectura detallada de su contenido, el recién resumido-, no cabe deducir -y menos con la contundencia requerida en materia casacional-, que la demandante admitió, así fuera en forma implícita (e inclusive tácita, como lo sostuvo el censor), que incurrió en las conductas omisivas o imprudentes aducidas en el cargo que se despacha, respecto de las cuales, vale la pena resaltarlo, la demandante no efectuó la más mínima alusión. Efectivamente, el hecho de que sobre esos tópicos se haya guardado absoluto silencio en la demanda, no implica que, indefectiblemente, como única alternativa (unicum hermenéutico) tuviera que darse por cierto que la mencionada demandante "admitió" que no "reclamó", ni "instruyó" a CONAVI para que le entregara a ella los títulos valores; que no exigió judicial o extrajudicialmente de sus "avalados" la recuperación de los cartulares o que hubiera sido negligente al intentar -sin tener en su poder esos pagarés- la ejecución forzada en contra de estos últimos. En sentido muy distinto, fuerza concluirlo, de la ausencia de toda manifestación en el libelo -en punto tocante con las comentadas circunstancias-, pueden deducirse o emerger diversas interpretaciones, v. gr., que la actora no juzgó conveniente u oportuno abordar los temas concernientes a las contingencias aducidas por el casacionista; o creyó suficiente exponer -en lo pertinente y como fundamento de hecho de sus pretensiones- lo atinente a la entrega que de los susodichos pagarés Conavi hizo al señor Martínez Rodríguez; o simplemente partió del hecho de que su conducta respecto de los señalados sucesos no fue imprudente o negligente, etc., sin que tampoco pueda excluirse, de raíz, la hipótesis planteada por el censor, lo cual, se insiste, en manera alguna significa que tal apreciación -desterrando toda posibilidad orientada en dirección distinta, y aún contraria, esto es, sin dar cabida a la más mínima dubitación o hesitación- se imponga como la única admisible y, por ende, excluyente de todas las demás. No en vano se ha dicho que donde puede aflorar la duda o la vacilación, no puede abrirse paso el recurso extraordinario de casación. Por consiguiente, la prosperidad del cargo en estos términos formulado queda comprometida, en la medida en que, como ya se resaltó, el error de hecho en casación -para que sea apto en su propósito de quebrar in toto o in partis el fallo- debe manifestarse de manera abrupta, paladina, ostensible o colosal, lo cual no acontecerá si, para advertirlo "se requieren previos y más o menos esforzados razonamientos, o si él se manifiesta como una posibilidad y no como una certeza", pues, "entonces, aunque se demuestre el yerro ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario", …porque …si aparece que "existen otras conclusiones igualmente aceptables, vale decir que no es de envergadura tal que excluye de manera radical las que sobre el punto fundan el proveimiento en cuestión, de tal suerte que a pesar de todo y no obstante la fuerza de las críticas ensayadas por el recurrente subsiste aún la posibilidad de que no haya errado el juzgador de instancia, el cargo se desvanece en términos de no permitir la infirmación reclamada" (CXCVI, primer semestre, págs. 136 y 137, reiterada en la sent. de noviembre 11 de 1999, exp. 5281, subrayado fuera de texto). Por lo demás, añade la Corte que, aunque el casacionista no lo haya precisado de esa manera, en el evento en que el ad quem hubiera colegido la verificación de las prenotadas circunstancias -por cierto contingentes y más o menos probables según se anotó-, habría tenido que plantearse el fallador si, a cargo de la actora y en razón de lo que de manera "tácita" aceptó en el hecho tercero del libelo introductorio, se configuró una confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. P. C.), hipótesis descartable dado que esta modalidad de confesión, inexorablemente debe ser "expresa" (art. 195 ib). Por tanto, puesto que no es admisible deducir confesión de apreciaciones hechas, en forma implícita, en la demanda, se tiene que -así se admitiera que el Tribunal se equivocó en grado ostensible por dejar de ver parte del contenido material de la declaración vertida en esa pieza procesal-, en todo caso, tal omisión sería inocua, al no poder reconocérsele el alcance de confesión judicial, con motivo de los señalados razonamientos. Conlleva lo anterior, pues, el despacho desfavorable de la primera parte de la acusación en estudio. B. De otro lado, tampoco cabe atribuir error manifiesto de hecho al Tribunal, por haber ignorado, a voces de la censura, que la señora Mondul de Elías reclamó el reconocimiento y pago de unos intereses "legales" y no de carácter moratorio como dispusiera el ad quem. Y es que cumple precisar ahora, muy sucintamente, que en la legislación colombiana, por "intereses legales", no se entienden sola y privativamente, los calificados como tales por el Código Civil en sus artículos 1617 y 2232, sino cualesquiera otro que, en línea de principio, establezca la Ley con análogo propósito. Así, en el caso del Código de Comercio, son varias las disposiciones que expressis verbis se refieren al concepto de intereses legales mercantiles, como ocurre con el artículo 1163, norma según la cual, "salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales …"; o con el artículo 885 ibídem, en cuya virtud todo comerciante podrá exigir intereses legales comerciales de los suministros o ventas que haga al fiado …"; o con el artículo 1251, que regula lo atinente al remanente que pudiera quedar una vez clausurado el contrato de cuenta corriente, pues de conformidad con la citada disposición, “el saldo, aunque sea llevado a una cuenta nueva, causará los intereses pactados y, en su defecto, los legales comerciales”, o con el artículo 942, a cuyo tenor, "en caso de resolución de una compraventa por incumplimiento del vendedor, el comprador tendrá derecho a que se le pague el interés legal comercial sobre la parte pagada del precio …". En estos términos, resulta por entero entendible que un sector de la doctrina nacional -desde la perspectiva indicada- haya sostenido sin más, que los intereses legales “son aquellos cuya tasa aparece determinada por la ley”; y que, en asuntos civiles “se fija la tasa en un 6% anual”, mientras que, “en materia mercantil se equipara el interés legal con el interés bancario corriente, según lo dispone el artículo 884”, criterio que también corre parejo con el acogido recientemente por esta Corporación, cuando se precisó que, con relación a los intereses "legales comerciales … queda excluida la posibilidad de acudir a un tipo de interés distinto al bancario corriente, … pues ese es el tipo de interés que para los negocios mercantiles establece el artículo 884 del Código de Comercio" (sent. sept. 24 de 2001, exp. 5876), norma ésta a la que, justamente, se aludió en la demanda, por lo demás, en forma expresa. Fluye, entonces, de lo anotado, que si en un caso judicial concreto se imploran “intereses legales” derivados de obligaciones relacionadas con asuntos mercantiles, lo que ocurre v. gr., cuando, como en el asunto sub lite, se reclaman réditos de capital en materia cambiaria, no puede menos que entenderse que los “intereses legales” así pedidos -con independencia de su causación o procedencia en cada evento específico-, no son otros que los consagrados en el artículo 884 del Código de Comercio como réditos remuneratorios; o moratorios o ambos, según las circunstancias, los que difieren de los previstos en los artículos 1617 y 2232 del Código Civil, según lo explicitó igualmente esta Sala en su sentencia, ya citada, de septiembre 24 de 2001, exp. 5876. De las precedentes explicaciones, emerge, pues con total claridad que no incurrió en yerro de hecho el Tribunal cuando, al acometer su deber de interpretar la demanda, encontró que la pretensión de reconocimiento de “intereses legales” relacionados con una obligación de linaje mercantil incluía los réditos moratorios comerciales, de una parte, porque el calificativo de "legales" no es privativo de los intereses civiles, sino que en algunos casos es predicable en el ámbito mercantil, y de la otra, porque la actora, específicamente, reclamó que sobre los rubros principales correspondientes a la indemnización demandada fueran aplicados intereses "legales" estimados con apoyo en el artículo 884 del Código de Comercio (fl 4, cdno 1), circunstancia que -rectamente entendida y por sí sóla- desvirtúa in radice la materialización del anunciado error de hecho, porque, precisamente ese precepto normativo, cuya naturaleza legal es indiscutida, concierne, entre otras cosas, a los intereses de tipo moratorio en obligaciones relacionadas con negocios mercantiles. Dedúcese, entonces, adicionalmente, que no se evidencia que el Tribunal -por no encontrar que con la demanda inicial la señora Mondul de Elías persiguió el reconocimiento de intereses legales civiles- haya cometido el anunciado error fáctico que, de contera, lo hubiera llevado a dejar de aplicar el artículo 1617 del Código Civil, norma que no fue siquiera citada por la actora al impetrar la comentada pretensión. Lo anterior sin que pueda olvidar la Sala que el censor, a la vez que reprochó la condena por intereses moratorios, originada por una errónea apreciación de la demanda, añadió que también se equivocó el Tribunal porque reconoció ese concepto "a partir del día en que el avalista pagó, pues el artículo 783 del Código de Comercio se refiere sólo al caso en que la demanda se dirige contra la persona garantizada o contra los que sean responsables de esta última por virtud del título, según el art. 638, pero no contra el extraño que es llamado en acción de responsabilidad contractual" (fl 28, cdno 18), planteamiento que no impone un pronunciamiento de la Corte en cuanto atañe, netamente, a los aspectos de derecho sustancial que el mismo involucra, puesto que tal reproche fue esgrimido como consecuencia del denunciado error manifiesto de hecho en la apreciación de la demanda, el que, nuevamente se pone de presente, no se acreditó en el sub judice. Por tanto, si no se materializó el denunciado yerro fáctico, según se estableció en líneas que anteceden, no cabe entrar a verificar si tuvieron lugar o no, los efectos que, acorde con el censor, le eran fatalmente inherentes. Finalmente, de entenderse que este último reproche, en rigor, no hace alusión a que el ad quem hubiera distorsionado la materialidad de alguna probanza, la supusiera o la ignorara, igualmente la Corte estaría dispensada de todo pronunciamiento adicional en torno a ella, ya que, en ese supuesto, tal censura no sería compatible con la vía (indirecta) que, ad libitum, escogió el impugnante al denunciar la vulneración de las normas sustanciales por él invocadas, debiéndose concluir de ello -como la Corte lo hiciera en pretérita ocasión- que no se acertó en punto tocante con el sendero seleccionado, esto es, "la vía indirecta que dentro de la causal primera eligió, toda vez que, sin discutírsele nada al Tribunal desde el punto de vista fáctico y probatorio, la polémica no quedaría confinada más que a un aspecto meramente jurídico…" (sent. de abril 18 de 1995, exp. 4434), lo que de suyo es inherente a la otra senda (la directa) por la que se puede acusar un fallo, en casación, por infracción de la ley sustancial. En consecuencia, la demanda casacional no prospera.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPRIVATE SALA DE CASACION LABORAL SECCION SEGUNDA MAGISTRADO: DR.JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA Referencia: Expediente No. 6972 ACTA No. 63 Santafé de Bogotá, Distrito Capital, diciembre cinco de mil novecientos noventa y cuatro. Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali, el 28 de abril de l994, en el juicio ordinario que le sigue SONIA FERNANDEZ POSADA.

I.- A N T E C E D E N T E S Ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, SONIA FERNANDEZ POSADA demandó a la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, para que previo el trámite del proceso ordinario se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba en la fecha del despido y el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuviera cesante.

De manera subsidiaria solicitó el pago de la indemnización por despido, la pensión restringida de jubilación y las costas del juicio. Manifiesta la demandante que prestó servicios a la Industria de Licores del Valle desde el 10 de diciembre de 1978 hasta el 9 de enero de 1992, fecha en la cual la demandada terminó el vínculo Laboral de manera injusta e ilegal; que devengaba la suma de $120.000.oo mensuales; que desempeñó los cargos de Secretaria de la Jefatura de Personal y auxiliar de la Sección de productos Terminados; que nació el 21 de marzo de 1956 y que agotó la vía gubernativa.

La demandada al descorrer el traslado sostuvo que la actora fue Empleada Pública sujeta a una relación legal y reglamentaria, por lo cual se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de incompetencia de jurisdicción, inexistencia de la obligación, carencia de acción o derecho para demandar, petición de lo no debido, prescripción, compensación, pago y la "genérica".

El Juzgado del conocimiento, mediante sentencia del 11 de noviembre de 1993, condenó a la demandada a pagar a la actora $726.037.20 por concepto de indemnización por despido y la pensión de jubilación, una vez cumpla 60 años, en cuantía proporcional al tiempo de servicio y según el salario a la fecha del retiro, atendiendo lo dispuesto por la ley 4o de 1976 y demás normas que consagran su reajuste, la absolvió de las demás pretensiones y le impuso las costas de la instancia. II.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL Por apelación interpuesta oportunamente por la demandada, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el cual en sentencia del 28 de abril de 1994, confirmó la del a-quo y condenó en costas a la recurrente.

Para el Tribunal, la actora era trabajadora oficial, como lo señaló en la providencia del 31 de agosto de 1993 en la que revocó la providencia de primer grado que había declarado la nulidad de lo actuado y rechazado in límine la demanda. Asimismo expuso, luego de hacer mención al inciso 2 del artículo 233 de 1986 que la demandada debió demostrar en primer lugar que la actora era empleada de dirección o confianza y en segundo lugar que la actividad que desempeñaba se encontraba "especificada como propia de un empleado público en los estatutos de la entidad", ya que por regla general sus servidores eran trabajadores oficiales.

Lo que no hizo, toda vez que el Acuerdo No. 37 de la Junta Directiva de la demandada, que aprueba el estatuto de personal y clasifica en empleados públicos y trabajadores oficiales sus servidores no cumplió con los requisitos de la norma indicada, porque "no son los estatutos de la entidad demandada, ni allí se especificaron las actividades que debían ser desempeñadas por empleados públicos, ni tampoco con un oficio producido con posterioridad al despido, se puede demostrar que las actividades que desempeñó Sonia Fernández Posada fueron de dirección o confianza." Igualmente dijo que dicho acuerdo no era aplicable según el artículo 12 de la ley 153 de 1887.

Respecto a las condenas impuestas por el a-quo las confirmó, por cuanto la demandada no indicó la causal que tuvo para terminar la relación laboral y por estar vigente para los trabajadores oficiales el artículo 8 de la ley 171 de 1961. IV.- RECURSO DE CASACION Inconforme la demandada interpuso oportunamente el recurso de casación el cual una vez concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala se procede a resolverlo con la advertencia que no hubo escrito de replica.

Pretende el recurrente se case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto confirmó las condenas del a-quo y le impuso las costas de la alzada para que en sede de instancia revoque dichas condenas y en su lugar absuelva a la demandada y condene a la actora a las costas del juicio. Para tal efecto, formula un sólo cargo en el que acusa la sentencia de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 5 del Decreto 3135 de 1968, 3, 4, 5, 6 y 74 del Decreto 1848 de 1969, 233 del Decreto 1222 de 1986, 12 de la ley 153 de 1987, 26 del Decreto 1050 de 1968, 1, 11, 12, y 17 de la ley 6 de 1945, 1, 2,3, 43, 47, 48, 49 y 51 del Decreto 2127 de 1945, 8 de la ley 171 de 1961 y el 37 de la ley 50 de 1990 Le atribuye el recurrente a la sentencia los siguientes errores de hecho: " 1.

No dar por demostrado, estándolo, que el cargo desempeñado por la demandante fue clasificado en los estatutos de la demandada como propio de un empleado público. "2. Dar por demostrado, en forma contraria a la verdad, que la clasificación del cargo ocupado por la demandante, lo hizo la empleadora por medio de un oficio "producido con posterioridad al despido".

"3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada clasificó el cargo ocupado por la demandante como correspondiente a un empleado público, dentro de un acuerdo expedido por la Junta Directiva, estando vigente la relación que existió entre las partes. "4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada durante todo el tiempo de vigencia de la relación que existió con la demandante, le dio a ésta el tratamiento propio de una empleada pública.

"5. No dar por probado estándolo, que la demandante desempeñó funciones de confianza para la demandada". Expone el recurrente que los yerros se originaron en la apreciación equivocada de las siguientes pruebas: "a) Resolución 0007 de enero 9 de 1992 (fs. 2 y 23). "b) Resolución 1283 de diciembre 1 de 1978 (fs. 4 y 25). "c) Comunicación de enero 9 de 1991 (sic) (f.5).

"d) Acuerdo No. 41 de octubre 6 de 1988 (fs. 26 a 36). "e) Acuerdo No. 37 de julio 14 de 1987 (fs. 44 a 57). "f) Acta de posesión de la demandante (f. 24). "g) Reliquidación de prestaciones sociales (fs. 69-70). Así como en la falta de estimación de las siguientes: "a) Resolución 1834 de Julio 31 de 1990 9f.3). "b) Relación o manual de funciones (fs. 58-59).

"c) oficio de la demandada de noviembre 30 de 1992 (fs. 65-66). "d) Liquidación de prestaciones sociales (fs. 67-68). "e) Certificaciones del Seguro Social (fs. 72-73). "f) Interrogatorio absuelto por la demandante (fs. 75-76)". En la demostración del cargo expresa el impugnante que el Tribunal para fundamentar su decisión afirmó que la demandada debía demostrar que la actora era empleada de dirección o confianza y que la actividad que realizaba en el cargo que desempeñaba, se encontraba especificada como propia de un empleado público en los estatutos.

Lo que cumplió la demandada y no lo aceptó el fallador por lo que incurrió en los ostensibles errores fácticos que se le atribuyen. Dice textualmente el recurrente que: "Tales errores dentro del contexto de esta censura se presentan como un conjunto y por ello las explicaciones que a continuación se brindan son aplicables a tal universalidad integralmente.

"En los folios 58 y 59 aparece una certificación expedida por el Jefe de Personal de la entidad demandada, debidamente autenticada, en la cual relaciona las funciones propias de un auxiliar de la Sección de Producto Terminado, cargo último desempeñado por la demandante tal como se afirma en la demanda y se respalda con el documento del folio 3 que no fue apreciado por el fallador, lo cual naturalmente contribuyó a la configuración de los errores denunciados.

"En tal certificación se da fe de las funciones de dicho cargo, no se están creando las mismas como pudiera entenderse de la expresión del Tribunal, por lo cual el funcionario que la expide se limita a plasmar lo que hizo la demandante mientras desempeñó las funciones propias de un auxiliar de la Sección de Producto Terminado, lo cual concuerda con lo que la misma actora expresa al momento de absolver el interrogatorio que se le formuló, prueba que tampoco apreció el Tribunal, con lo cual por una parte incumplió los mandatos contenidos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, y por otra incurrió en una omisión que evidentemente contribuyó a que se cometieran los yerros señalados en este ataque.

"En la certificación bajo estudio se señala como función básica la de colaborar en la planeación, organización, control y evaluación de los inventarios almacenados en la bodega de Producto Terminado, lo cual por sí solo representa una función en la cual el elemento de confianza de la empleadora resulta inherente e imprescindible. "Quien organiza, controla y evalúa los inventarios de producto terminado necesariamente debe ser una persona en quien se haya depositado plena confianza por parte del empleador, funciones que por lo demás se encuentran aceptadas por la demandante, como se dijo, en las respuestas que dio al interrogatorio que se le formuló, particularmente a la pregunta octava.

"Las demás funciones incluidas en la certificación a la cual se viene aludiendo son un desglose de la función básica y por ello no resulta necesario individualizar el análisis de ellas, pero en su conjunto es claro que representan el manejo de las existencias de producto terminado de la demandada, activo fundamental dentro del contexto de bienes de la misma.

"Lo anterior significa que la demandada cumplió con el primero de los postulados que le impuso el fallo acusado, es decir, el de probar que la demandante ejerció funciones de confianza. "Frente a lo segundo, lo tocante con la clasificación del cargo de la demandante como propio de un empleado público, la expresión del Tribunal es algo confusa pues en algunos apartes parece que aceptara que ello está establecido cuando alude a que "no basta con demostrar uno solo de los presupuestos dichos" pero en otros parece llegar a un conclusión contraria cuando se refiere al Acuerdo 37 de julio 14 de 1987 frente al cual dice que en él "se aprueba el estatuto de personal y se clasifica éste en empleados públicos y trabajadores oficiales", para concluir que tal documento no cumple con las funciones requeridas por la ley.

"El primer argumento que señala el fallo para negar la eficacia del estatuto que obra entre los folios 44 a 57 es que no se especificaron allí las actividades que debían ser desempeñadas por empleados públicos, afirmación totalmente equivocada pues precisamente lo que hace este Acuerdo No. 37, tal como lo señalan sus considerandos y su parte resolutiva, es precisamente identificar cuáles de los cargos existentes al interior de la demandada corresponden a empleados públicos y cuáles son propios de trabajadores oficiales.

"Inclusive en el parágrafo del artículo primero se señala claramente que "las personas que ocupen los 131 cargos que conforman la anterior Planta de Cargos, tienen el carácter de empleados públicos", expresión que no deja ningún asomo de duda sobre la clasificación que está haciendo el estatuto en cuestión. "El cargo 98, que corresponde al de "auxiliar sección" en la Sección Almacén Producto Terminado, queda por tanto dentro de los calificados por el estatuto de personal como propio de un empleado público, lo que significa que la demandante tenía tal calidad por cuanto desempeñaba ese cargo, tal como se señala en la demanda en un hecho que no se controvierte en el proceso.

"Por otra parte dice el Tribunal que no se acepta la clasificación de la demandante como empleado público porque no se puede demostrar tal hecho y el desempeño de las funciones de confianza con un oficio producido con posterioridad al despido. "Si se refiere al Acuerdo 37 que se viene analizando, pues la expresión no es lo deseablemente clara, el error es absolutamente ostensible ya que el estatuto incluido en tal Acuerdo aparece expedido el 14 de julio de 1987, mucho antes de la terminación del vínculo que tuvieron las partes, pues esto ocurrió el 9 de enero de 1992.

"Si se refiere a la certificación que expidió el Jefe de Personal de la demandada (lo cual no es claro como ya se dijo y por ello esta prueba se incluye como no apreciada al igual que otro oficio que obra en los folios 65 y 66), hay que anotar por una parte que en tal documento no se hace ninguna clasificación de los funcionarios y por la otra que no se están creando con él las funciones que corresponden al cargo que tuvo la demandante sino que simplemente se están certificando las que aquella desempeñó estando como auxiliar de la Sección de Producto Terminado.

Prueba de ello es que el contenido de este documento se encuentra respaldado y en concordancia con lo que se expresa en la demanda y con lo contestado por la actora en el interrogatorio que se le formuló, cuando acepta el cargo que ocupó y las funciones que desempeñó en ejercicio del mismo". Por lo anterior expresa que la demandada cumplió con su carga probatoria como lo señaló el mismo Tribunal.

Pero que además en el Acuerdo 41 de octubre 6 de 1988, artículo 54, también señaló que se tiene como empleados públicos quienes cumplan actividades de "dirección, confianza, manejo o administrativas" y como la demandante cumplió esas funciones, se "supone que con la expedición de este estatuto queda la demandante encuadrada nuevamente dentro del conjunto de funcionarios con la calidad de empleados públicos".

Que por lo anterior tampoco tiene aplicación el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 pues lo efectuado por la demandada por medio de los Acuerdos 41 del 6 de octubre 1988 y 37 del 14 julio 14 de 1987 no es contrario a la Constitución toda vez que la Junta Directiva de la demandada cumplió con expedir un estatuto en el cual " se identificaran los funcionarios que tenían la calidad de empleados públicos, precisamente para desarrollar lo previsto tanto en el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 como en el particular de los servidores departamentales, artículo 233 del Decreto 1222 de 1986".

También sostiene la censura que: "Otro argumento mencionado por el Tribunal es negarle al Acuerdo 37 la calidad de estatuto de personal que le asignó la Junta Directiva de la demandada, pero no indica las razones de su posición, lo cual hace imposible y vano atacar tal argumento. Si el motivo lo constituye una supuesta incostitucionalidad, tal como se indicó en el aparte anterior, basta señalar que ni siquiera se indica en el fallo en que forma dicho estatuto viola la Constitución Nacional, por lo que resulta ser un argumento carente de explicación y de fundamento.

"Aunque no fundamental, pues la forma externa de los actos no condiciona la naturaleza de la relación jurídica, es pertinente señalar como elemento coadyuvante en la configuración de los errores fácticos en que incurrió el ad-quem, el no haber reparado en que la calidad de empleada pública no fue atribuida por la empleadora a la demandante solo en el momento del litigio, sino que durante toda la vigencia de la relación, desde su inicio, en su transcurso y hasta en el momento de la finalización, la empleadora le dio en tratamiento de tal, ceñida rigurosamente a lo contemplado dentro de los estatutos de la entidad y éstos expedidos en ejecución de lo previsto en los citados Decretos 3135 de 1968 y 1222 de 1986 y en lo desarrollado en el Decreto 1848 de 1969.

"Por ello el nombramiento, la promoción de que fue objeto la actora y la declaratoria de insubsistencia corresponden a actos administrativos puros, al igual que sucede con la misma liquidación de su contrato incluyendo el reajuste que se le practicó. Todo ello, de haber sido apreciado debidamente, hubiera conducido al fallador a aceptar que la demandante efectivamente es una empleada pública, tal como, por lo demás, se desprende de los estatutos general y de personal que obran en el proceso y de la certificación de funciones propias del cargo que desempeñó la demandante.

"Como elemento ratificante del contenido de la prueba que se ha analizado se encuentra el oficio que obra en los folios 65 y 66 del expediente, que tampoco fue apreciado por el Tribunal o por lo menos no es claro si lo hizo, como ya se ha expresado, pues en uno de sus apartes la sentencia alude a un oficio pero no se identifica si se refiere a esta documental o a la certificación de funciones o al mismo acuerdo 37.

De haber tenido en cuenta esta comunicación hubiera encontrado el fallador todavía más claro, si ello es posible, que la demandante tuvo siempre el tratamiento de una empleada pública y que ello correspondió a las funciones de "especialísima confianza" que se reseñan en el documento en cuestión. "La transcripción que se hace en el fallo de una sentencia de esa H. Sala hace necesario precisar que ésta se refiere a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y por tanto la aplicación del artículo 26 del Decreto 1050 de 1968 no resulta pertinente, por lo cual la expedición de los estatutos que obran en el expediente por la Junta Directiva de la demandada no son susceptibles de glosa y brindan pleno respaldo a la clasificación de personal que ellos incluyeron.

"Naturalmente los errores fácticos explicados y la consecuente violación normativa que se ha señalado por este cargo como cometida por el Tribunal, condujeron al fallador a que aplicara indebidamente las normas atinentes a la indemnización que impuso y a la pensión restringida de jubilación, disposiciones que en su recta aplicación han debido conducir a la absolución para la parte demandada, partiendo de la legitimidad de la terminación del vínculo administrativo que tuvieron las partes mientras la demandante prestó sus servicios a la demandada.

"Se incluyó dentro del errado análisis probatorio del ad-quem la certificación expedida por el I.S.S. para destacar que incluso aceptando la errada conclusión a la cual arribó, ha debido absolver por la pensión-sanción pedida puesto que la demandante ya cumplió los requisitos para obtener su pensión de vejez lo cual convierte en vana toda consideración sobre el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 que también resultó mal aplicado".

S E C O N S I D E R A El Tribunal para condenar a la demandada partió de la base de que la calidad de trabajadora oficial de la demandante ya la había definido en su providencia del 31 de agosto de 1993, en la que "quedó claramente establecido que la actora no era empleada pública". La naturaleza jurídica del vínculo de un trabajador, bajo el imperio de la normatividad vigente no puede dilucidarse prima facie con carácter definitivo, porque si bien es menester que exista un pronunciamiento previo para efectos de la determinación de la competencia, es la providencia que resuelve el fondo de la litis, la que esclarece, con el mencionado carácter, el status respectivo.

Sin embargo dicho soporte de la sentencia permanece incólume porque no ameritó reparo en la acusación. Los errores de hecho atribuídos a la sentencia, pretenden desvirtuar la conclusión a que arribó el Tribunal en el sentido de que la demandante tenía la calidad de trabajadora oficial. Además de lo expresado, el ad-quem fundamentó su decisión en tres aspectos que se pueden resumir así: a) Que incumbía a la demandada demostrar que la actora ostentaba la condición de empleada de dirección o confianza; b) Que la actividad por ella realizada no se encontraba encasillada en los estatutos de la entidad, como propia de un empleado público; y c) Que el Acuerdo No. 37 de julio 14 de l987 expedido por la Junta Directiva de la demandada, aprobatorio del "estatuto de personal", no comporta los "estatutos de la entidad demandada", ni especifica las actividades que deben ser desempeñadas por empleados públicos.

Para verificar si el cargo logra destruir tales soportes se procede primeramente al examen de las pruebas que la censura relaciona como erróneamente apreciadas: Las Resoluciones 0007 del 9 de enero de 1992 (folio 2 y 23), mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la actora, y 1283 del 1 de diciembre de 1978 (folio 4 y 25), por la que se le designó en el cargo de Secretaria de la Jefatura de Personal; la carta del 9 de enero de 1991 (folio 5), en la que se le informa que el "nombramiento como auxiliar de Bodega de envases y Cajas ha sido declarado insubsistente"; el acta de posesión (folio 24), y la Reliquidación de sus prestaciones sociales (folios 69 y 70), no desvirtúan la conclusión del sentenciador, ya que se fundamentó en el inciso 2 del artículo 233 del Decreto 1222 de 1986, en el sentido de que por ser la demandada una de empresa industrial y comercial del orden departamental -aspecto no controvertido- quienes presten servicios son trabajadores oficiales, y por excepción, en los estatutos de la misma puede establecerse qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.

Los documentos citados si bien hacen mención a la forma como se vinculó a la demandante, se promovió a otro cargo, se terminó su nexo y se liquidaron las prestaciones sociales, no demuestran la existencia de los estatutos, ni mucho menos que las actividades desempeñadas por ella sean de dirección o confianza, ni que se les hubiera clasificado en los "estatutos"para ser desempeñadas por un empleado público.

Para el Tribunal la calidad de trabajadora oficial de la demandante se adquiere por la naturaleza de la entidad a la cual se prestó el servicio y no por la forma como se ingresó, se promovió, terminó la relación o liquidaron las prestaciones sociales, circunstancia por la cual dichas pruebas no demuestran los errores hecho que se le atribuyen a la sentencia. Tampoco demuestran la calidad de empleada pública de la actora, como lo ha señalado la jurisprudencia, ya que lo determinante es la naturaleza de la entidad, la actividad ejecutada y lo establecido en los estatutos, según el caso.

El Acuerdo No. 41 del 6 de octubre de 1988 (folios 26 a 36), expedido por la Junta Directiva de la entidad demandada, "por el cual se dicta el estatuto" de la misma, no expresa que las actividades desarrolladas por la demandante sean de dirección o confianza, ni que se las hubiera clasificado para ser cumplidas por un empleado público, por lo que con base en él no fluye ningún desatino del Tribunal.

El Acuerdo No. 37 de julio 14 de 1987 (folios 44 a 57), según el cual se "aprueba la planta de cargos de la Industria de Licores del Valle", para lo cual relaciona 121, y entre ellos el de la actora, por lo que por este aspecto le asistiría razón a la censura pese a que no se haya expresado que se trata de actividades de dirección o confianza, como lo echó de menos el Tribunal, pues es claro que bastaba que así se dispusiera en dicho acto administrativo para que se presumiera que tales actividades eran de tal naturaleza, salvo que la jurisdicción competente dispusiera lo contrario.

Pero ocurre que el cargo no puede prosperar, toda vez que correspondía a la recurrente desvirtuar la aserción del Tribunal en el sentido de que dicho acuerdo de Junta Directiva tan sólo es un "estatuto de personal" y no los estatutos orgánicos de la entidad, que según la senten-cia son los que poseen la virtualidad de hacer tales cla-sificaciones, y resulta que de la acusación no se infiere un dislate "manifiesto" por parte del fallador sobre este particular, que inocultablemente es uno de los aspectos medulares de la decisión recurrida.

Además observa la Sala que el Acuerdo 41 de octubre de l988, antes invocado, dispone en su artículo 59 que para su validez requiere la aprobación del Gobierno Departamental, la cual no aparece en los autos, como era de rigor por cuanto tratándose de una disposición de ámbito regional, no se presume su existencia, sino que debe demostrarse en cada proceso.

Corrobora lo anterior el artículo 282 del decreto 1222 de 1986, que señala entre las funciones de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales de los departamentos, "Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del Gobierno Departamental".

A su vez el artículo 305 ibidem, sobre el régimen de personal y de los actos y contratos, dispone que "Con aprobación del Gobierno Departamental, corresponde a las juntas directivas de los establecimientos públicos y de las empresas industriales determinar las plantas de personal con sujeción a las normas que expidan las Asambleas sobre nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos", por lo tanto los actos de las juntas directivas de esas entidades, que precisen las actividades de dirección o confianza que deben ser desempeñados por quienes tengan la calidad de empleado público, requiere la ratificación del gobernador, porque en tanto actos administrativos complejos, sólo así se estructura su unidad normativa, y por ende, su imperio hacia los destinatarios.

Respecto a las pruebas relacionadas como no apreciadas, se observa lo siguiente: La Resolución No. 1834 de 31 de julio de 1990 (folio 3), mediante la cual se promovió a la demandante al cargo de Auxiliar Sección, no demuestra los supuestos fácticos echados de menos por el Tribunal, es decir los estatutos de la demandada ni que las actividades fueran de dirección o confianza.

La relación o manual de funciones (folio 58 y 59), y el oficio del 30 de noviembre de 1992 (folio 65 y 66), en los cuales se menciona las actividades desarrolladas por la demandante, no pueden tenerse como idóneos para evidenciar la calidad de empleada pública, ya que es en los estatutos en donde debe efectuarse la clasificación y en ella establecer qué actividades de dirección o confianza pueden ser desempeñadas por empleados públicos, dado que no todos los que tengan esa característica adquieren tal connotación. La liquidación de prestaciones sociales (folio 67 y 68), la certificación del seguro social (folio 72 y 73), tampoco demuestran la calidad de empleada pública de la demandante, por lo expresado anteriormente.

Lo manifestado por la actora al absolver el interrogatorio de parte, no tiene el carácter de confesión como lo pretende el recurrente, toda vez que no la perju-dica ni favorece a la parte contraria. La Sala reitera que cuando se pretende demostrar que un servidor de una empresa industrial y comercial del estado del orden departamental tiene la calidad de empleado público no basta con probar que las funciones cumplidas tienen la característica de dirección o confianza, ya que ese hecho por sí mismo no demuestra esa calidad; corresponde es a los estatutos orgánicos de la entidad precisar cuáles actividades de esa naturaleza adquieren tal calidad, sin que necesariamente todas la tengan.

En consecuencia, al no estar demostrados los errores de hecho atribuidos a la sentencia, no se quebrantaron las disposiciones acusadas, por lo que el cargo no prospera. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentecia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 28 de abril de l994.

Sin costas. Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA RAFAEL MENDEZ ARANGO HUGO SUESCUN PUJOLS LUZ EMILIA JIMENEZ DE MOLINA Secretaria