6902(17-11-94) — Corte Suprema

6902(17-11-94)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1994

Magistrado ponente: Rafael Méndez Arango

Decreto 1848 de 1969Decreto 2127 de 1945Decreto 3118 de 1968Decreto 3135 de 1968Decreto 797 de 1949Ley 16 de 1969Ley 171 de 1961

De qué trata

Tema: FILIACION EXTRAMATRIMONIAL - Posesión notoria de estado de hijo; Valoración probatoria / TECNICA DE CASACIÓN - en la exposición de los fundamentos se debe tener claridad y precisió / APRECIACIÓN PROBATORIA - valoración en conjunto de los testimonios y pruebas documentales CONSIDERACIONES I: Dentro de la estructura de la causal 1ª. de casación cuando con respaldo en ella se acusa el fallo impugnado por violación indirecta de la ley como consecuencia de los errores de hecho en la apreciación de las pruebas, le corresponde al impugnante ajustar su proceder a ciertas exigencias técnicas, cuya omisión lleva indefectiblemente al fracaso del respectivo cargo. Entre dichas exigencias se encuentran las siguientes: la exposición de los fundamentos de la acusación debe hacerse en forma clara y precisa, como lo señala el artículo 374 del C. de P.C., a lo que se opone el ataque genérico e indiscriminado; es necesario que frente a cada prueba, debidamente determinada, la censura demuestre en dónde se halla el error de hecho manifiesto, pues el ataque no puede limitarse a plantear un análisis crítico sobre las conclusiones fácticas del fallador, sin señalar a su vez, en cuáles medios de convicción se presenta el error, dejando esa labor a la iniciativa del juzgador; igualmente debe determinar qué conclusión sacó el Tribunal en relación con dichas pruebas, para enseguida especificar qué es, en su criterio, lo que la prueba demuestra, a fin de verificar el error en que incurrió el sentenciador, y que como consecuencia de éste se violaron las normas de derecho sustancial señaladas y el concepto de la violación. Estas exigencias de técnica no se cumplen cabalmente en el cargo que se examina, como se demuestra a continuación: Se apoya la censura en la causal primera de casación y denuncia la infracción indirecta de distintas normas sustanciales como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas. El cargo ostenta una precaria fundamentación, carente de claridad y precisión, lo cual se evidencia con la simple lectura de la demanda, pues el censor no trae sino una referencia global e indiscriminada de los testimonios recibidos y del elenco probatorio en que descansa la sentencia impugnada. 3- No contrapone con la exactitud debida, las pruebas que estima erróneamente apreciadas frente a lo afirmado por el ad quem, sino que combate de modo general las conclusiones del Tribunal. El casacionista no detalla, ni discrimina, ni concreta las partes pertinentes de los elementos probatorios, en donde en su criterio está la afirmación o el concepto no expuesto para confrontarlo con el análisis del Tribunal y así establecer el error probatorio denunciado, sino que se limita a relacionar de manera genérica las pruebas, sin determinar, como era su deber, los aspectos precisos que no se debieron tener en cuenta o las afirmaciones que por el contrario, sí debieron prevalecer como consecuencia de la adecuada contemplación objetiva de la prueba, a fin de cumplir el censor con la carga de demostrar el yerro fáctico denunciado. Como lo ha sostenido invariablemente esta Corporación, la carga de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 ib., labor que no puede reducirse, como lo tiene dicho la jurisprudencia, “a la mera contraposición del punto de vista del recurrente con el del Tribunal acerca del sentido que se le puede atribuir al material probatorio, así el del recurrente merezca el calificativo de racional o atendible. No. Lo que prescribe la ley es que el impugnador con miras a dejar sentada la presencia del yerro, tiene que confrontar lo expuesto con el fallo representado con la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador de manera clara y evidente”, porque si el desacierto corresponde a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos meticulosos y detallados, dejaría de ser evidente o manifiesto como lo exige la ley, evento en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia que se combate, no solamente porque ésta ingresa al recurso de casación precedida de la presunción de acierto, sino porque este medio de impugnación no es una oportunidad adicional para debatir ampliamente las circunstancias fácticas del proceso, como una instancia más. Por otra parte, como se ha señalado, el error de hecho para que se estructure, además de ser trascendente, esto es, que sea el determinante de la decisión final, debe ser grave y notorio, que se imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio, pues no existe error de hecho cuando para demostrarlo se requiere de un esforzado razonamiento. En el presente caso el sentenciador negó las pretensiones de la demanda fundamentalmente porque aunque aceptó que del análisis en conjunto de las declaraciones rendidas se desprende que entre Lucio Ramos y María Elssy Serna existió una relación de pareja, antes y después del nacimiento de la menor, “…no se puede pasar por alto la afirmación de María Elssy Serna en el proceso de impugnación de la paternidad legítima de la demandante contra Alfonso Valero en el sentido de que ésta es hija de William Cortés después de haber convivido con él en 1989,…” como se indica en el hecho 9º. de la demanda. A pesar de esta afirmación, concluye el Tribunal, los declarantes indicaron que no le conocieron a la madre de la menor otro hombre distinto de Lucio Ramos, aspecto por el cual los testimonios dejan de ser veraces, exactos y completos, además de que no concuerdan sus dichos en el tiempo en que se dieron las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre con la época en que, según el artículo 92 del C.C. debió tener lugar la concepción de la menor Ana Laskmy, y en consecuencia, la presunción consagrada en el numeral 4º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968 no se probó, como tampoco la establecida en el numeral 6º. del mismo artículo, también invocada en la demanda. De lo señalado anteriormente se infiere que la sentencia descansa en el valor de una declaración de la actora y en los vacíos y contradicciones de los testigos. Empero, el cargo en ninguno de sus apartes combate esas conclusiones de manera categórica y precisa, sino que se limita, como se dijo anteriormente, a señalar, de manera bastante ligera por cierto, que el Tribunal no apreció las pruebas aportadas, sin concretar ni precisar en dónde recae la equivocación del sentenciador de segundo grado. En cuanto a la acusación que formula el recurrente respecto de que el Tribunal de manera encubierta tuvo en cuenta la contestación de la demanda hecha por persona carente de legitimación sustantiva, observa la Sala que carece de fundamento, pues un simple repaso de la providencia impugnada permite concluir que en ninguna parte el ad quem hace referencia a dicha respuesta, ni a persona alguna diferente de quienes fueron testigos. Respecto de la prueba del grupo sanguíneo del causante, de la menor y de su madre, que, indica el censor, obra en el expediente, (fls. 82, 105 y 106 cd.1), certificados que indican que los tres tienen sangre tipo “O” positivo, se ha pronunciado así la Corte: “Los trabajos realizados sobre la materia, los cuales se reproducen en las obras especializadas, han comprobado que los hematíes de la sangre humana tienen un aglutinógeno (antígeno), y en correspondencia con él, hay en el plasma sanguíneo anticuerpos o aglutininas. Así, se ha encontrado dos aglutinógenos distintos, denominados A y B, que a su vez pueden manifestarse en los hematíes separadamente (A o B) o conjuntamente (AB), o faltar ambos, O, o sea, ni A ni B. El grupo sanguíneo en el sistema A B O está determinado por la existencia de tres genes diferentes, alelomorfos independientes; cada persona tiene uno de esos genes en sus células germinales. Por la dominancia de A y B, y la recesividad del O, las nueve combinaciones posibles dan lugar a seis genotipos (expresión genética de un factor) y cuatro fenotipos (expresión física apreciable de un factor genético) o grupos sanguíneos: A, B, AB y O, a partir de las cuales, independientemente de otros subgrupos o factores que no es menester mencionar, se han formulado los siguientes conceptos: 1o.) Las propiedades de los grupos A y B se heredan según las leyes de Mendel, como propiedades dominantes; por tanto, no pueden darse en los hijos si no existían en los padres. 2o.) El padre o la madre del grupo O no pueden tener un hijo del grupo AB; el padre o la madre AB no pueden tener un hijo O. “5.- Según Uribe Cualla, el análisis comparativo de los grupos sanguíneos conocidos de la madre, el hijo y el presunto padre, asegura con certeza la exclusión de la paternidad, pero en modo alguno la afirma (pág. 645)”. Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien es cierto que los tres, tanto el presunto padre como la madre y la menor tienen el mismo tipo de sangre, esta sola prueba no basta para demostrar que Ana Laskmy sea hija de Lucio Ramos. En relación con la violación del artículo 7º. de la Ley 75 de 1968, por no haber reprochado el Tribunal al juzgado de primera instancia su falta de actividad probatoria al no haber ordenado a la entidad correspondiente la práctica del examen sobre compatibilidad sanguínea, observa la Sala que esto no es así, en primer lugar, porque el juzgado de conocimiento decretó la práctica del examen de genética, solicitado por el demandado Javier López Roldán, a William Cortés, María Elssy Serna y la menor Ana Laskmy a fin de determinar las características antropoheredobiológicas, el cual no se pudo practicar porque el señor Cortés, tercero en este proceso, no se presentó al ICBF, prueba sobre la que el a quo en la sentencia precisa que fue decretada erróneamente, por cuanto quien la solicitó no estaba legitimado para asumir la defensa del causante en la acción impetrada por carecer de interés para hacerlo, y en segundo lugar, que dicha acusación carece de entidad en casación, dado que la actividad del recurrente cuando denuncia la comisión de errores de hecho, debe centrarse en señalar cuáles fueron las pruebas que el fallador no tuvo en cuenta, o que pretermitió o cercenó, y lo que éstas en realidad, demuestran. De conformidad con las consideraciones expuestas, no se abre paso el cargo en estudio. CONSIDERACIONES II: En este cargo el censor hace consistir el error de derecho en que el Tribunal no apreció las pruebas en conjunto y por lo tanto no expuso el mérito que le asignaba a cada una y además, en haber interpretado de manera exegética el término de cinco años que exige la ley para declarar la posesión notoria del estado de hijo. Respecto de este error ha dicho la Corte que: “Es indiscutible que el incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, genera un error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casación. Empero, no es suficiente que tal cosa se afirme simplemente, sino que es imperativo que, además de la individualización de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integración, a consecuencia de la cual se produce la violación de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela de no hacerse así permanezca inalterable la presunción de acierto que cobija toda decisión judicial, y por lo mismo incólume la sentencia atacada con el recurso de casación”. Es decir, que para que el error denunciado se configure debe demostrar el recurrente que la tarea de evaluación de las diversas pruebas efectuada por el sentenciador, se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto ordenado por el artículo 187 del C. de P.C., lo cual debe realizar poniendo de manifiesto que la apreciación de los medios de prueba lo fue de manera aislada o separada, sin buscar sus puntos de coincidencia o de enlace, pues si la tarea cumplida por el Tribunal se ciñó al precepto citado, no puede admitirse la existencia del error, cuando con este argumento lo que persigue el casacionista es que se sustituya el examen del conjunto hecho por el juzgador por el realizado por aquel. Pero además, señala la Sala que el cargo estudiado no se formuló de manera idónea por el recurrente, pues no es suficiente que en su sustentación se afirme que el Tribunal no cumplió con el deber de valorar las pruebas en conjunto, sino que es imperativo que además de individualizar los medios de prueba que en su concepto no se estimaron globalmente, indique el censor los apartes de cada uno de ellos que evidencien y demuestren la falta total de dicha integración, a consecuencia de la cual se produce la violación de norma de derecho sustancial, pues si no procede así, la presunción de acierto que cobija toda decisión judicial permanece inalterable y por lo tanto, incólume la sentencia recurrida. En la demanda el impugnante se limitó a indicar que el ad quem había violado el artículo 187 del C. de P.C. por no haber valorado las pruebas en conjunto, pero ni relaciona ni señala los aspectos de cada una de ellas que sirvan para demostrar esa falta de integración, es decir, el cargo no fue fundamentado con la claridad, precisión y contundencia requeridas para quebrar el fallo de segunda instancia, omisión que conduce necesariamente a su improsperidad. Pero con abstracción de las deficiencias advertidas en la formulación del cargo, la Corte observa que el Tribunal sí apreció las pruebas en conjunto, y así lo señaló expresamente en el fallo y con fundamento en ese razonamiento y al tener en cuenta las reglas de la sana crítica, consideró que de dicho acervo probatorio no podía inferirse la paternidad deprecada por ninguna de las dos causales invocadas. En efecto, dijo el Tribunal en la sentencia impugnada, después de aludir a las diversas declaraciones de María Susen Martínez de Junca, Gloria Cruz Hoyos García y Marina Arango de Martínez: “Apreciadas en conjunto las declaraciones conforme lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, de ellas se desprende una relación de pareja o de marido y mujer entre Lucio Ramos y María Elssy Serna antes y después del nacimiento de la demandante, lo cual no quiere decir que haya sido idéntico el trato entre ellos durante la época de la concepción, además de que no se puede pasar por alto la afirmación de María Elssy Serna en el proceso de impugnación de paternidad legítima de la demandante contra Alfonso Valero en el sentido de que ésta es hija de William Cortés después de haber convivido con él en 1989,…”. En consecuencia, la decisión del ad quem se ajusta cabalmente al precepto que en opinión del censor fue desatendido. Otro error de derecho lo hace consistir el recurrente en “hacer obrar indebidamente los artículos 397 y 398 del C.C. por su interpretación exegética de la transcurrencia necesaria de los cinco años continuos para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba de dicho estado”, dado que es un imposible jurídico exigir este tiempo cuando el presunto padre murió cuando la menor tenía dos años de edad. Observa la Corte que tal como está presentada esta acusación ha debido dirigirse por la vía directa, pues el recurrente no controvierte los argumentos fácticos del Tribunal sino que discrepa de la interpretación dada a los artículos 397 y 398 del C.C. en relación con los cinco años requeridos para la declaración de la posesión notoria de hijo extramatrimonial. Pero aún dejando de lado esta deficiencia y bajo la perspectiva que orienta el cargo, es preciso señalar que la presunción de paternidad consagrada en el numeral 6º. del artículo 6º. de la Ley 75 de 1968 está edificada sobre tres presupuestos que son, el trato, la fama y el tiempo, los que están orientados, como lo ha dicho la Corte “a que se conviertan en los equivalentes jurídicos de una especie de reconocimiento voluntario hecho por el padre ante determinado círculo, y además, por determinado tiempo”, factor este último que por expresa disposición del artículo 9º. de la Ley 75 de 1968, sustitutivo del artículo 398 del C.C., “deberá haber durado cinco años continuos por lo menos”. Lo anterior significa que el padre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento durante ese lapso como mínimo, y que debido a ese comportamiento los deudos o amigos, y el vecindario en general, lo reputen como hijo de dicho padre, comportamiento que debe ser reiterado, público y no secreto, prolongado en el tiempo, dado que la posesión notoria “…no surge de improviso, no es situación que sobrevenga en el sentido de presentarse inopinadamente, es una posición fáctica que sólo se va moldeando y definiendo con el paso incesante y prolongado de los días y con la reiteración pública, no secreta, de comportamientos que deudos y amigos, o del vecindario del domicilio en general, van grabando en la conciencia popular la certidumbre de que el beneficiario de esa posesión de estado tiene que ser hijo extramatrimonial de quien así provee a su subsistencia, educación y establecimiento”. Por lo tanto, al no cumplirse en el caso en estudio uno de los tres presupuestos indicados para la prosperidad de la presunción alegada, no se observa que el Tribunal hubiera incurrido en error alguno, por cuanto por lo demás, tampoco aparecen probados en el expediente los otros dos elementos, como son la fama y el trato, dado que solamente uno de los testigos, como lo señaló el Tribunal, se refiere a que Lucio Ramos acariciaba a la niña y la presentaba como su hija. Por lo dicho, el cargo no prospera.

Orfelina Martínez Soto y otros vs. Wilbros Colombia S.A. y otra [sentencia] 6902 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL SECCION SEGUNDA Radicación 6902 Acta 59 Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, diecisiete (17) de noviembre de mil nove cientos noventa y cuatro (1994) Magistrado ponente: RAFAEL MENDEZ ARANGO Se resuelve el recurso de casación de ALEYDA MORENO DE MONDRAGON contra la sentencia de 28 de febrero de 1994 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio que le sigue a la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO.

ANTECEDENTES Ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, la recurrente llamó a juicio a la Caja Agraria buscando que sin solución de continuidad en el contrato de trabajo, se le reintegrara a su cargo de cajera y se le pagaran los salarios con los incrementos legales y convencionales o, en subsidio, la indemnización establecida en el artículo 47 de la convención colectiva de 1988-1990 o la legal, la pensión de jubilación proporcional y la indemnización establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 "incluyendo para el efecto los intereses de mora más la devaluación monetaria aplicados a las sumas adeudadas por la demandada ( ) desde la fecha de su causación hasta cuando se realice su pago efectivo" (folio 11) y las costas.

Según lo afirmó en la demanda inicial, como trabajadora oficial le prestó servicios a la Caja Agraria entre el 14 de diciembre de 1973 y el 1º de agosto de 1988, cuando pretermitiendo el procedimiento de la convención colectiva la despidió de su empleo como cajera en la oficina de El Bordo, Departamento del Cauca, en el cual devengaba un promedio mensual de $111.765,00.

Dijo igualmente que la causa del despido fue un faltante que se presentó el 3 de agosto de 1988, del que no fue ella responsable sino el inspector Horacio Campo Bedoya y el director Jaime Norberto Martínez. Al contestar la demandada aceptó el contrato de trabajo pero precisó que la trabajadora ingresó a su servicio el 25 de febrero de 1972 y laboró hasta el 2 de mayo de 1989, siendo su último empleo el de cajera principal en la oficina de El Bordo, con una asignación mensual de $83.824,00, del cual aseveró haberla despedido siguiendo los trámites y términos establecidos en la convención colectiva, por razón de la negligencia en que incurrió al permitir que otro trabajador cumpliera funciones no autorizadas.

Se opuso a las pretensiones y en su def ensa propuso las excepciones de "inaconsejabilidad del reintegro", inexistencia de la obligación, "no configuración del pago de ninguna indemnización", falta de causa, cobro de lo no debido, pago, compensación y prescripción. El juez del conocimiento, que lo fue el del Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia de 27 de octubre de 1993 condenó a la demandada a reintegrar a la trabajadora a su empleo y a pagarle la suma de $83.824,00 mensuales desde el 3 de mayo de 1989, cuando fue despedida.

En la sentencia se declaró que no existió solución de continuidad en el contrato y que la suma mensual por la que se condenó se debía aumentar "en los términos establecidos en la convención colectiva de 1988" (folio 564). La Caja Agraria fue condenada a pagar las costas. II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Apelaron ambas partes y el Tribunal al desatar la alzada, con la sentencia aquí acusada, revocó la de su inferior y absolvió a la demandada.

Fundó la absolución el superior en la convicción que se formó con base en los testimonios de Hernán García Restrepo, quien ratificó un informe que había rendido, según el cual era obligación de Aleyda Moreno de Mondragón, como cajera, "contar el dinero recibido en forma inmediata y no guardarlo en el cofre sin verificar su cuantía, conteo que sólo verificó a las cinco de la tarde" (folio 581); de Luz Neyda Revelo, quien hizo la consignación en donde se presentó un faltante de $350.000,00, y de Horacio Campo Bedoya, quien declaró que por encargo verbal que le hizo el director reemplazó a la cajera auxiliar y recibió la consignación que le efectuó Luz Neyda Revelo, la que entregó a la cajera principal.

Además de lo declarado por los testigos, tuvo en cuenta el reglamento interno de trabajo y el manual de funciones del cajero, los cuales, según el fallador, aceptó conocer la demandante. III. EL RECURSO DE CASACION Lo sustenta la recurrente con la demanda que corre del folio 8 al 22 del cuaderno de la Corte, replicada de folios 29 a 39, en la que fija el alcance de la impugnación pidiéndole que case la sentencia y, en instancia, confirme el fallo de primer grado o acceda a las peticiones subsidiariamente planteadas en su demanda inicial.

Al efecto le formula un cargo en el cual la acusa de violar por la vía indirecta y por aplicación indebida los artículos 1º, 2º, 11, 12 y 17 de la Ley 6a. de 1945; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 467 del Código Sustantivo de Trabajo; 63 del Código Civil; 1º del Decreto 797 de 1949; 8º de la Ley 171 de 1961; 27 del Decreto 3135 de 1968; 74 del Decreto 1848 de 1969; 37 y 45 del Decreto 3118 de 1968; 178 del Código Contencioso Administrativo y 308 del Código de Procedimiento Civil.

Violación legal que se afirma en el cargo se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho: "1. Dar por demostrado sin estarlo, que la demandante permitió 'que el cajero auxiliar encargado momentáneamente recibiera dinero en efectivo y no dar por demostrado estándolo, que fue el gerente encargado quien dio tal autorización. "2.

Dar por demostrado respecto de la actora, sin estarlo, que 'sus funciones como responsable del dinero en efectivo solo le permitían a ella recibirlo, contarlo, guardarlo en indelegable labor'. "3. Dar por demostrado, en forma contraria a la realidad, que la demandante 'obro de manera burdamente descuidada' y que incurrió en grave negligencia. "4.

No dar por demostrado, estándolo, que la demandada adeuda a la actora el valor del auxilio de cesantía que le retuvo" (folio 10). Desaciertos que para la impugnante tuvieron origen en la mala apreciación de la confesión contenida en la contestación a la demanda (folio 66 a 73), la respuesta al agotamiento de la vía gubernativa (folios 10 y 11), la convención colectiva suscrita el 16 de febrero de 1988 (folios 12 a 62), la carta de terminación del contrato de trabajo (folios 105 a 108), el interrogatorio que absolvió (folios 555 y 556), su hoja de vida (folios 389 a 395), la liquidación del contrato de trabajo (folio 139), los documentos que denomina "descripción de funciones" (folios 143 y 248 a 250), la inspección judicial (folios 397 a 400 y 492 y 493), el reglamento interno de trabajo (folio 174 a 230), el expediente de formulación de cargos (folios 273 a 381), la providencia de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán (folios 462 a 486), el "informe de agosto 29 de 1988 (fs. 146 a 148)" y los testimonios de Horacio Campo y Luz Neyda Revelo (folios 457 a 461); e igualmente, en la falta de apreciación de la comunicación de la Caja Agraria de 5 de marzo de 1990 (folio 137 y 138), la "solicitud de informes de agosto 10 de 1988 (fs. 149-150)", el acta de arqueo (folio 157), el "oficio de octubre 5 de 1990 (fs. 163 y 164)" y el interrogatorio absuelto por el representante de la demandada.

En la demostración del cargo, la recurrente examina las pruebas que reseña vinculándolas a cada uno de los errores de hecho que le atribuye al fallo y en el orden en que los propone, afirmando que el primero de ellos resulta de la circunstancia de haber confesado la demandada, al contestar el sexto hecho de la demanda inicial, que el gerente encargado verbalmente le otorgó facultades al cajero encargado "para el manejo de numerario" al autorizarlo para que "colaborara en la Sección de Ahorros " --conforme está textualmente dicho en el cargo--, por lo que no fue ella la que le permitió recibir dinero; lo que igualmente resulta de la carta de despido, de la formulación de cargos, de lo contestado por el representante de la demandada en el interrogatorio que absolvió durante el proceso y del "documento de folios 146 a 148", en el cual, así lo dice la recurrente, "se repite lo relacionado con la autorización que el gerente encargado dio al Sr. Campo y la iniciativa surgida de éste, por su cuenta y riesgo, de recibir dineros en la sección de cuentas corrientes" (folio 13).

Refiriéndose a lo que denomina "la solicitud de informes que obra en los folios 149 y 150", sostiene que allí no se le atribuye "la supuesta conducta de permitir al Sr. Campo recibir dineros en la sección de cuentas corrientes" (folio 14). Respecto del segundo error evidente afirma que en los documentos donde se describen las funciones correspondientes al "cajero", no aparece, como el fallo lo afirma, que "la cajera principal fuera la única persona a quien por funciones se le permitía recibir el efectivo, contarlo y guardarlo 'en indelegable labor'", pues, "por el contrario en el folio 249, numeral 5º claramente se habla de 'recontar el numerario' lo cual, como es obvio, supone que alguien lo ha contado antes pues no puede entenderse que ello supone que la cajera tenga por obligación que contarlo por lo menos dos veces".

Afirma igualmente que en la misma descripción de funciones aparece que entre las del "Cajero en Agencia categoría 2", se encuentra la de "suministrar y recibir numerario a los cajeros auxiliares", de donde resulta que no era ella la única que podía recibir dinero y la única que podía contarlo, por eso cuando el inspector Campo Bedoya lo recibió no incurrió como empleada en un descuido o negligencia, y si el mismo gerente de la oficina había autorizado a dicho empleado para recibir dineros, así fuera en la sección de ahorros, "con mayor razón se debe concluir que esa función de recibir dineros y la consecuente de contarlos, no puede considerarse indelegable como lo afirma equivocadamente el Tribunal" (folio 15).

Dentro de la demostración de este segundo yerro se refiere genéricamente a "los mismos medios probatorios que se analizaron en relación con el primer error fáctico denunciado" (ibidem), para insistir en que fue el gerente quien delegó verbalmente en Campo Bedoya la facultad de colaborar en la sección de ahorros; y dice también que "sobre lo tocante a guardar el dinero no hay discusión en el proceso" pues "en todas las pruebas" aparece que fue ella quien lo guardó en el cofre o caja destinado para el efecto "y lo único que se señala es que al guardarlo por primera vez no había contado el dinero proveniente de la consignación que originó el faltante" (folio 16).

Para la impugnante resulta de vital importancia dentro de este proceso la conclusión a la que llegó el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán en su providencia, de la cual destaca que en ella no solamente se niega su responsabilidad en la comisión de un posible delito sino que contundentemente se asienta que "jamás podrá calificarse de negligente o de descuidado su comportamiento, ya que hacerlo así implicaría desbordar los parámetros de la lógica y desconocer la libre determinación para que una persona en un momento dado y en su fuero interno pueda asumir prioridades" (folio 16).

Afirma que su conducta "ya había sido calificada por la justicia, así el pronunciamiento viniera de un Juez de Rama distinta a la laboral", por lo que asevera que contrasta lo dicho por el Tribunal "con lo señalado en este medio probatorio en el cual hubiera podido apoyarse el ad-quem en forma más consistente pues sólo lo aludió para decir que si bien ( ) fue exonerada de responsabilidad penal 'en materia laboral, bien puede darse esa grave negligencia sin que necesariamente resulte sindicada por un delito culposo'" (ibidem).

Con relación al tercer desacierto, examina el interrogatorio que absolvió el representante de la demandada, para destacar que en el tiempo que duró la relación laboral nunca fue sancionada disciplinariamente y por ello --son sus palabras-- "una sola deficiencia, en el supuesto de que la hubiera cometido en una relación laboral de 17 años no puede considerarse como identificante de una conducta negligente ni mucho menos podría decirse que existe el elemento de gravedad que la ley exige para que dicha negligencia justifique un despido" (folio 17).

Igualmente, destaca que en el acta del arqueo efectuado el 3 de agosto de 1988 aparece claro que hubo un faltante de $350.000,00; pero así mismo figura que el dinero existente en esa fecha ascendió a $17.843.198,33, por lo que dice "no pudo presentarse un error con la calidad de grave pues el faltante no alcanza a significar el 2% de la cantidad antes mencionada" (folio 18).

Nuevamente, y también en forma general, alude a las pruebas que vinculó específicamente a los cargos anteriores, para insistir en que de ellas no resulta que "obró de manera burdamente descuidada", como lo dice el fallo, pues lo único que hizo fue recibir el dinero y guardarlo "para posteriormente proceder a contarlo ya que al momento de recibirlo se encontraba atendiendo otras funciones que impedían la adecuada atención en el conteo correspondiente", y por el contrario, su actuar fue prudente al poner a recaudo en el cofre de seguridad los dineros que le entregó Campo Bedoya, "para contarlos cuando se diera la disponibilidad y tranquilidad necesarias para hacerlo adecuadamente", y además no tenía porque suponer que un empleado que había sido autorizado por el gerente "le iba a entregar una suma inferior a la que correspondía" (ibidem).

Se ocupa por último del testimonio de Horacio Campo Bedoya y Luz Neyda Rebelo. Buscando demostrar el cuarto yerro, del cual dice es el más evidente de todos, la recurrente examina la prueba de la que resulta que no le ha sido pagado el auxilio de cesantía. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Lo primero que debe advertirse por la Corte antes de proceder al examen de las diferentes pruebas que reseña la recurrente como las que dieron origen a los errores de hecho evidentes que le atribuye a la sentencia, es la circunstancia de haberse dado por probado por el Tribunal que efectivamente Aleyda Moreno de Mondragón, como cajera principal de la Oficina de la Caja Agraria en El Bordo, a la una y treinta de la tarde del 3 de agosto de 1988, recibió de manos de Horacio Campo Bedoya una consignación en dinero efectivo por la suma de $1'250.000,00 efectuada a las once de la mañana de ese día por Luz Neyda Rebelo, y sin verificar la exactitud del dinero depositado lo introdujo en un sobre de manila y la guardó en el cofre de caudales, habiendo procedido a contarlo tan sólo a las cinco de la tarde, momento en que se encontró un faltante por $350.000.00.

Estos hechos que fueron los invocados como justa causa de despido los tuvo por probados con fundamento en lo declarado por los testigos Hernán García Restrepo, Luz Neyda Rebelo y Horacio Campo Bedoya, conforme quedó dicho atrás al hacer el resumen de la sentencia impugnada. Por disposición del artículo 7º de la Ley 16 de 1969 la prueba por testigos no es calificada para fundar un error de hecho con características de manifiesto en la casación de trabajo, pero como lo tiene aceptado la jurisprudencia, debe ser también incluida dentro de la crítica probatoria del recurrente cuando ella sirva de sustento a la sentencia, previa demostración de un yerro de tales características estructurado en una cualquiera de las tres pruebas autorizadas por dicha ley, a saber, la inspección ocular, la confesión judicial y el documento auténtico.

Aquí la impugnante omite relacionar entre los elementos de juicio las pruebas que estima dieron origen a los desaciertos del fallador, la declaración de Hernán García Restrepo, cuando dicha prueba le sirvió al Tribunal para formar su convicción sobre la ocurrencia de los hechos que motivaron el despido y la justificación de la determinación adoptada por el patrono. Dado que la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, está obligada a tener por ajustada a derecho la sentencia, mientras el recurrente no destruya la presunción de legalidad y acierto que la ampara, aniquilando por ello todos los soportes que le sirven de sustento a la decisión, podría en este caso desecharse la acusación sin necesidad de llevar a cabo un examen pormenorizado de los medios de convicción reseñados en el cargo.

No obstante, se examinará la prueba que particulariza la recurrente, siguiendo para ello el orden en que puntualiza los yerros fácticos que le atribuye al fallo, a fin de mostrar que tampoco de ellas surge como evidente una valoración probatoria equivocada del fallador que lo hubiera llevado a contrariar la ley al dictar la sentencia. En efecto: 1.

El primer error evidente de hecho que le imputa la recurrente al fallo es el de haber dado por demostrado que fue ella y no el gerente encargado quien permitió que un empleado no autorizado para ello recibiera "dinero en efectivo"; pero ocurre que el Tribunal expresamente asentó en la sentencia recurrida que el hecho de existir culpa en el gerente encargado "que permitió que el señor Campos reemplazara a la cajera auxiliar, no exonera a la cajera principal" (folio 584), pues era Aleyda Moreno de Mondragón quien tenía entre sus funciones la responsabilidad de recibir el dinero en efectivo, contarlo y guardarlo, labor que le correspondía efectuar personalmente y que era indelegable, según el juzgador.

Lo que tenía que haber demostrado entonces el cargo no es el hecho de haber sido Horacio Campo Bedoya autorizado verbalmente por el gerente encargado para reemplazar a la cajera auxiliar, pues ésto lo dio por establecido el Tribunal, sino que la labor de contar y guardar el dinero recibido en consignación la podía delegar la cajera principal en otro empleado.

Nada de ello resulta de la contestación al hecho sexto de la demanda, ni de la carta de despido, ni del pliego de formulación de cargos, ni de la respuestas dadas por el representante de la Caja Agraria en el interrogatorio que absolvió en el proceso, ni del informe rendido por Hernán García Restrepo, ni de la solicitud que éste le hiciera a Aleyda Moreno de Mondragón para que le explicara la circunstancias en que se presentó el faltante de los $350.000,00 en la consignación en dinero efectivo por un valor de $1'250.000,00 efectuada el 3 de agosto de 1988, que son las pruebas que vincula al primer error la recurrente.

Ciertamente, ni en la respuesta al hecho sexto de la demanda se confesó que se hubiera autorizado a la recurrente Moreno de Mondragón, en su carácter de cajera principal, para que delegara en otro empleado, y más específicamente en Horacio Campo Bedoya, su función de contar y guardar el dinero correspondiente a los depósitos en efectivo. Allí únicamente se afirmó que verbalmente se había autorizado por el gerente encargado al inspector agropecuario Campo Bedoya para que colaborara en la sección de ahorros "otorgándole facultades para el manejo del numerario", pero sin que le fuera dado a la cajera principal permitirle el acceso a las cuentas corrientes por ser obligación suya la de "contar el numerario que se le entregaba" (folio 67) y no serle permitido "guardarlo en el cofre de seguridad sin haber constatado la cifra que se le entregaba por una persona que no tenía facultades para recibir consignaciones" (ibidem).

Tampoco en la carta en que se comunica la terminación del contrato de trabajo (folio 105 a 108) ni en el "expediente de formulación de cargos" (folios 273 a 381) --el cual consta de 91 folios-- aparece que expresamente se haya autorizado a la impugnante para que en su condición de cajera principal delegara su función de contar y guardar el dinero correspondiente a las consignaciones recibidas de los clientes.

Al absolver el interrogatorio de parte el representante de la Caja Agraria aceptó que el gerente encargado había autorizado verbalmente y de manera puramente ocasional al empleado Campo Bedoya para que reemplazara a la cajera auxiliar en la sección de ahorros, mas no en la de cuentas corrientes, que fue en donde se presentó el faltante por la suma de $350.000,00 de una consignación por $1'250.000,00 que el 3 de agosto en horas de la mañana efectuó Luz Neyda Rebelo.

El informe rendido por Hernán García Restrepo (folio 146 a 148), y de cuyo contenido se ratificó bajo la gravedad del juramento en su condición de testigo, es de todas las pruebas reseñadas la que menos permite establecer que el fallador cometió algún error, pues allí se destacan los que se califican como "desaciertos" de la cajera principal, afirmándose que la "señora Aleyda Moreno de Mondragón ( ) en forma inmediata debió contar el dinero que le estaba entregando el inspector agropecuario y no guardarlo en el cofre de caudales sin verificarlo" (folio 147).

En la "solicitud de informes de agosto 10 de 1988 (fs. 149-150)" ciertamente no se le atribuye a la recurrente conducta alguna, y la razón de ello es que dicho documento corresponde únicamente a la solicitud que le hizo Hernán García Restrepo a Aleyda Moreno de Mondragón para que le informara todo lo relacionado con el faltante de los $350.000,00. 2.

El segundo error de hecho lo hace consistir la recurrente en que el Tribunal dio por probado, sin a su juicio estarlo, que "sus funciones como responsable del dinero en efectivo sólo le permitían a ella recibirlo, contarlo, guardarlo en indelegable labor", y el desacierto se hace derivar en el cargo de la mala apreciación del documento en que se describen las funciones que como cajera principal tenía ella; pero resulta que junto con la genérica obligación de responder por "las demás funciones propias del cargo y las que le asigne el superior" (folio 143), específicamente aparece la de "contar dinero, clasificarlo, cuadrar caja y hacer entrega", de la cual se desprende como una inferencia fundada, y por demás razonable y lógica, la que hizo el Tribunal al concluir que no podía la recurrente delegar su responsabilidad en cuanto al manejo del dinero en efectivo, sino que era su deber recibirlo, contarlo y guardarlo.

La circunstancia de que el empleado Campo Bedoya hubiera sido ocasionalmente autorizado para reemplazar a la cajera auxiliar, lo que obviamente suponía la posibilidad de recibir dineros por concepto de consignaciones que efectuaran los clientes, no exoneraba a Aleyda Moreno de Mondragón de cumplir su función como cajera principal de contar el dinero que de manos de dicho empleado recibió ese día 3 de agosto de 1988, antes de guardarlo.

No solamente por ser una función inherente a sus atribuciones como cajera sino por elemental prudencia debió la hoy recurrente verificar la exactitud del monto de la consignación efectuada, por lo que no aparece equivocada la conclusión del fallador de que su actuar como trabajadora fue negligente, negligencia que justificaba su despido. Ninguna de las demás pruebas que se analizaron en relación con el primer yerro fáctico atribuido a la sentencia y a las cuales se remite la recurrente permiten demostrar este segundo error de hecho. 3.

El tercer error lo hace consistir la impugnante en haberse probado que "obró de manera burdamente descuidada" y que "incurrió en grave negligencia"; mas está ya dicho atrás que de las pruebas examinadas resulta precisamente que hubo un descuido de parte de Aleyda Moreno de Mondragón, quien como cajera principal debió por elemental prudencia verificar la exactitud del dinero depositado antes de guardarlo.

Debe aquí recordarse que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo adopta lo que doctrinariamente se conoce como sistema de persuación racional en la valoración de las pruebas, motivo por el cual el juez puede formar libremente su convencimiento sin sujeción a una tarifa de pruebas, salvo cuando se trate de pruebas ad substantiam actus, y con la única obligación de analizar todas las allegadas en tiempo e indicar en la parte motiva "los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento".

En tal virtud, no puede censurarse como un desacierto del Tribunal, y menos aun calificar como manifiestamente contraevidente su valoración, por la circunstancia de no haber tomado en consideración la calificación que de la conducta de la recurrente hizo el Fiscal Delegado ante el Tribunal de Popayán. Muy seguramente el juicio del fiscal sea acertado cuando concluye que la conducta de Aleyda Moreno de Mondragón no es reprochable penalmente; pero como bien lo advirtió el Tribunal de Bogotá, una cosa es el reproche que cabe o no hacerle a alguien como responsable de un delito, así sea dentro de la modalidad culposa, y otra, bien diferente, el que una persona inocente penalmente pueda ser responsable laboralmente por un acto de negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. 4.

El cuarto desacierto, consistente en no haber dado por demostrado que se adeuda el auxilio de cesantía a la recurrente, constituye un inaceptable medio nuevo en casación, por cuanto ni de las peticiones de la demanda inicial ni de los hechos que se afirmaron como causa de las mismas, resulta que hubiera sido materia del litigio la falta de pago del auxilio de cesantía que ahora extemporáneamente se reclama.

En consecuencia, no se demuestra ninguno de los errores de hecho atribuidos al fallo en el cargo, el cual, por lo mismo, no prospera. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida, dictada el 28 de febrero de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio que le sigue Aleyda Moreno de Mondragón a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen. RAFAEL MENDEZ ARANGO JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA HUGO SUESCUN PUJOLS LUZ EMILIA JIMENEZ DE MOLINA Secretaria