6888(12-10-94) — Corte Suprema

6888(12-10-94)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1994

Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio

Decreto 1848 de 1969Decreto 2127 de 1945Decreto 3135 de 1968Ley 100 de 1993Ley 11 de 1965Ley 171 de 1961Ley 64 de 1946Ley 71 de 1988

De qué trata

Tema: RECURSO DE CASACIÓN - Proceso de Sucesión / NULIDAD - la actora pretende que se declare la nulidad del registro civil de nacimiento del demandado es inexistente, careciendo de todo valor probatorio para determinar el parentesco de este con el causante. El artículo 2º. de la Ley 50 de 1936 (1742 del C.C.) preceptúa que "La nulidad absoluta…puede alegarse por todo el que tenga interés en ello…", norma según la cual pueden impetrar una nulidad absoluta, además de quienes intervinieron en el respectivo acto o contrato, todos aquellos que puedan verse efectados por sus consecuencias jurídicas. Respecto a este interés ha dicho la Corte: "Desde siempre doctrina y jurisprudencia se han preocupado por averiguar el significado de la expresión "interés", como fundamento legitimante de los terceros, porque como se anotó, el precepto en comento identifica a estos como "Titulares de la acción de nulidad absoluta", al lado de las partes y el ministerio público "en el interés de la moral o de la ley", sin perjuicio del deber de oficiosidad que la norma atribuye al juez, para cuando se dan las circunstancias que ella misma señala. "Esta Corporación, también ha precisado que el interés que legitima al tercero es un interés económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado. F.J. (Casaciones de 17 de agosto de 1893, G.J. t. IX, pág. 2; 13 de julio de 1896, G.J. t. XII, pág. 13; 29 de septiembre de 1917, G.J. t. XXVI, pág. 180; 8 de octubre de 1925, G.J. t. XXXV, pág. 7; 20 de mayo de 1952, G.J. t. LXXII, pág. 125, entre otras). Desde luego que el "interés" al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros". F.J: (Cas. Civil. Sent. 031 de 2 de agosto de 1999). Y en sentencia anterior expresó que "en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés"; y que con ese perjuicio "...es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad", añadiendo que "el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro...en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho". F.J.(G. J. LXII P. 431). Existe así mismo una sólida corriente doctrinal nacional y extranjera que sostiene que el interés que legitima a los terceros para impetrar la nulidad absoluta de los actos o contratos debe ser pecuniario. Así, entre otros, además de Claro Solar, citado anteriormente, Arturo Alessandri Besa indica que "Se tiene interés en solicitar la declaración de nulidad absoluta cuando haya de obtenerse un provecho patrimonial con la anulación del acto o contrato; por consiguiente las meras expectativas no constituyen el interés que el artículo 1683 (1742 del C.C.C.) exige para poder deducir la acción de nulidad". Ospina Fernández y Ospina Acosta señalan: "…la doctrina tiene declarado que tal interés debe ser el propio de quien alega la nulidad por vía de acción o de excepción, porque el acto impugnado le irroga un perjuicio económico cierto". Georges Lutzesco afirma que "Por cuanto a los terceros, también pueden prevalerse de la nulidad absoluta, tanto por vía de acción como por vía de excepción. Pero si pretenden invocar la nulidad deberán necesariamente probar la existencia de un interés legítimo. Esto no es todo. Debe también por una parte, demostrarse que este interés está protegido por la ley es decir, que es susceptible de poner en movimiento una acción judicial; y por otra, que la acción de nulidad no ha sido intentada por otro derecho-habiente"" En el caso en estudio el interés jurídico de la demandante radica, según indica en la sustentación de los cargos, en el parentesco de consanguinidad que podía ligarla con el demandado como hijo de su hermano y por lo tanto, su sobrino, al margen del interés económico que pudiera surgir como heredera del causante, porque, en su sentir, tratándose de normas sobre el estado civil, ese interés puede ser cualquiera. Vistas así las cosas, es de observar que el interés alegado por la demandante es indiferente para el derecho, pues la ley no puede proteger lo que no se puede prever y la familia de sangre no se escoge, se nace dentro de ella, por lo cual este no es un interés protegido por la ley, ni concreto, serio y actual para pretender la nulidad absoluta del registro del acta de nacimiento del demandado, y además, por cuanto como se señaló anteriormente, la Corte ha precisado que el interés que da legitimidad a cualquier persona para impetrar la nulidad es el económico o patrimonial, sin que se requiera, como lo sostiene Claro Solar, que "…el interés pueda estar representado por una cantidad determinada y que es interés de este orden el que consiste en que no se altere la situación de fortuna del deudor en forma de poder resultar perjudicado el tercero". Y este interés tampoco lo tiene la actora, porque al existir un heredero forzoso del causante, aquella queda desplazada como heredera en su condición de hermana, y si la sentencia en este proceso accediera a las pretensiones, de dicha providencia no dimanaría ningún beneficio material o económico, como sería su calidad de heredera del causante, interés que por lo demás, no fue atacado en ninguno de los cargos. CONSIDERACIONES I: Dentro de la confusa sustentación del primer cargo, en el que se acusa la sentencia de segunda instancia por violación directa de la ley sustancial, y al hacer suyos los argumentos expuestos por la Corte en la sentencia citada, concluye la Sala que la recurrente, con el fin de desvirtuar la calidad de heredero de Pedro Julio Tulena Ortega y así demostrar que sí tiene legitimación en la causa para impetrar la nulidad, considera que una cosa es el estado civil y otra la calidad de heredero, la que debe probarse mediante la aceptación de la herencia pues no basta la sola comprobación de los nexos de consanguinidad. Estos fundamentos de suyo implican que no es la directa la vía correcta para combatir la sentencia del Tribunal porque para hacerlo necesariamente se desciende a los hechos, es forzoso adentrarse en la situación fáctica del proceso, en el cual el juzgador consideró que de conformidad con las pruebas aportadas y los hechos narrados, al existir un heredero reconocido del causante Tulena Abiramy, la actora carecía de legitimación en la causa para impetrar la acción, por lo que el cargo así planteado trae una falencia técnica que impide a la Corte proceder a su estudio de fondo, pues desbordaría las atribuciones que le son propias como tribunal de casación. En muchas ocasiones ha recordado la Corte la distinción entre la vía directa y la indirecta, cuando se invoca como causal de casación la violación de la ley sustancial. La primera implica aceptación de las conclusiones del Tribunal en el campo de los hechos, de modo que la discrepancia de la censura estriba en la aplicación o interpretación de los textos legales, sin que le sea dable por tanto aludir a pruebas no vistas, supuestas o mal apreciadas, pues de esa manera mezcla la vía directa con la indirecta, en donde el ataque va dirigido a hacer ver los errores del juez en el campo de las pruebas. Como el punto relativo al interés de la demandante para incoar la nulidad también lo traen los cargos segundo y tercero, éste se resolverá en el despacho de esas acusaciones. Respecto al cargo cuarto, en el que la recurrente acusa la sentencia por violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de error de derecho en la apreciación de la prueba documental constituida por la sentencia de tutela, sin necesidad de entrar en consideraciones acerca de su configuración o procedencia, precisa la Sala que tal documento no es el soporte vertebral del fallo acusado, ni el ataque del censor por este aspecto se dirige al núcleo central del razonamiento del fallador de segunda instancia. En efecto, el Tribunal basó su sentencia en la falta de legitimación en la causa por activa por parte de la demandante, por lo cual no consideró necesario entrar a determinar la validez del registro civil del demandado, y así lo manifestó en la providencia acusada, aunque de manera tangencial advierte que comparte los razonamientos del juzgador de primera instancia en relación con la nulidad y hace referencia a la sentencia de tutela, sin que esta providencia tenga ingerencia alguna en la decisión. Los cargos por lo tanto, no prosperan. CONSIDERACIONES II: Como se dejó reseñado en los antecedentes, en el presente asunto la actora pretende que se declare que el acta de registro civil de nacimiento de Elías José Tulena Alvarez es inexistente, no tiene la calidad de registro, por lo cual carece de todo valor probatorio, y subsidiariamente, que se declare su nulidad y que no sirve como prueba para acreditar el parentesco entre el citado demandado y José Jorge Tulena Abiramy, por haberse producido con violación de las normas que rigen el registro civil de nacimiento. A su vez, tanto el juzgado como el Tribunal consideraron que por tratarse de una acción de estado, pues en el fondo lo que pretendía la actora era que se declarara que Tulena Alvarez no había sido reconocido como hijo extramatrimonial de Tulena Abiramy y por lo tanto carecía de vocación hereditaria para sucederlo, la actora no estaba legitimada en la causa para incoar la acción, porque el único que podía impetrarla era Pedro Julio Tulena Ortega, hijo extramatrimonial reconocido del causante. En efecto: en el escrito de demanda la actora para solicitar la invalidez del registro civil de nacimiento de Elías José Tulena Alvarez invoca como fundamentos de derecho el artículo 8º. del Decreto 2158 de 1970, los artículos 28, 29,30, 48, 50, 63, 103 y 104 del Decreto-Ley 1260 de 1970, 75 y siguientes y 396 y siguientes del C. de P.C., 401,1040, 1312 y concordantes del C.C., pero sin hacer ninguna alusión al artículo 1742 del mismo código; el juzgado, para admitir la demanda, estudia la naturaleza de las pretensiones aducidas para concluir que en ese despacho radica la competencia por tratarse de un proceso relativo al estado civil del demandado, planteamiento que no fue objetado por la demandante; por esta misma razón, en la audiencia de conciliación no propuso fórmulas de arreglo ni exhortó a las partes para hacerlo. Por su parte, el demandado en los alegatos de conclusión expresamente indica que: “Lo que se ha querido plantear a través de las figuras de la ‘inexistencia’ carencia de valor probatorio y de vocación hereditaria en el registro civil de nacimiento de ELIAS JOSE TULENA ALVAREZ, no es otra cosa que una verdadera impugnación de su estado civil de hijo extramatrimonial, antes natural, del finado JOSE JORGE TULENA ABIRAMY”. La recurrente en los cargos que se dejaron planteados considera que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 306 del C. de P.C. al declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa de la actora, e interpretó erróneamente el 1742 del C.C., que faculta impetrar una nulidad absoluta a todo el que tenga interés, y que en el presente caso la actora lo tiene en virtud del parentesco de consanguinidad que podía ligarla con el demandado, pero que el fallador restringió ese interés al puramente económico. Desde luego la Corte advierte que a pesar de que durante todo el curso del proceso y las instancias éste se desarrolló como una acción de estado y así lo falló el Tribunal al considerar, como ya se indicó, que no prosperaban las pretensiones por carecer la actora de legitimación en la causa para incoar la acción de nulidad del registro civil de nacimiento de Elías José Tulena Alvarez, como en la demanda con que sustenta el recurso de casación centra su ataque en la errónea interpretación del artículo 1742 del C.C., sobre este punto se limitará en la presente providencia el estudio de la sentencia impugnada. El artículo 2º. de la Ley 50 de 1936 (1742 del C.C.) preceptúa que “La nulidad absoluta…puede alegarse por todo el que tenga interés en ello…”, norma según la cual pueden impetrar una nulidad absoluta, además de quienes intervinieron en el respectivo acto o contrato, todos aquellos que puedan verse efectados por sus consecuencias jurídicas. Respecto a este interés ha dicho la Corte: “Desde siempre doctrina y jurisprudencia se han preocupado por averiguar el significado de la expresión ‘interés’, como fundamento legitimante de los terceros, porque como se anotó, el precepto en comento identifica a estos como ‘Titulares de la acción de nulidad absoluta’, al lado de las partes y el ministerio público ‘en el interés de la moral o de la ley’, sin perjuicio del deber de oficiosidad que la norma atribuye al juez, para cuando se dan las circunstancias que ella misma señala. “La doctrina y la jurisprudencia chilena al examinar texto similar al colombiano (art. 1683 del C.C. Chileno), han estado de acuerdo en que la norma se refiere a quienes tienen un interés económico o patrimonial en la declaración de nulidad absoluta, o sea a quien derive de la satisfacción de la pretensión un beneficio pecuniario, quedando excluido, según lo dice Claro Solar, el interés puramente moral porque éste es el que motiva la declaración por parte del ministerio público. “Esta Corporación, también ha precisado que el interés que legitima al tercero es un interés económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado. (Casaciones de 17 de agosto de 1893, G.J. t. IX, pág. 2; 13 de julio de 1896, G.J. t. XII, pág. 13; 29 de septiembre de 1917, G.J. t. XXVI, pág. 180; 8 de octubre de 1925, G.J. t. XXXV, pág. 7; 20 de mayo de 1952, G.J. t. LXXII, pág. 125, entre otras). Desde luego que el ‘interés’ al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros”. (Cas. Civil. Sent. 031 de 2 de agosto de 1999). Y en sentencia anterior expresó que "en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés”; y que con ese perjuicio “...es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad", añadiendo que "el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro...en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho". (G. J. LXII P. 431). Existe asímismo una sólida corriente doctrinal nacional y extranjera que sostiene que el interés que legitima a los terceros para impetrar la nulidad absoluta de los actos o contratos debe ser pecuniario. Así, entre otros, además de Claro Solar, citado anteriormente, Arturo Alessandri Besa indica que “Se tiene interés en solicitar la declaración de nulidad absoluta cuando haya de obtenerse un provecho patrimonial con la anulación del acto o contrato; por consiguiente las meras expectativas no constituyen el interés que el artículo 1683 (1742 del C.C.C.) exige para poder deducir la acción de nulidad”. Ospina Fernández y Ospina Acosta señalan: “…la doctrina tiene declarado que tal interés debe ser el propio de quien alega la nulidad por vía de acción o de excepción, porque el acto impugnado le irroga un perjuicio económico cierto”. Georges Lutzesco afirma que “Por cuanto a los terceros, también pueden prevalerse de la nulidad absoluta, tanto por vía de acción como por vía de excepción. Pero si pretenden invocar la nulidad deberán necesariamente probar la existencia de un interés legítimo. Esto no es todo. Debe también por una parte, demostrarse que este interés está protegido por la ley es decir, que es susceptible de poner en movimiento una acción judicial; y por otra, que la acción de nulidad no ha sido intentada por otro derecho-habiente"” En el caso en estudio el interés jurídico de la demandante radica, según indica en la sustentación de los cargos, en el parentesco de consanguinidad que podía ligarla con el demandado como hijo de su hermano y por lo tanto, su sobrino, al margen del interés económico que pudiera surgir como heredera de Tulena Abiramy, porque, en su sentir, tratándose de normas sobre el estado civil, ese interés puede ser cualquiera. Vistas así las cosas, es de observar que el interés alegado por la demandante es indiferente para el derecho, pues la ley no puede proteger lo que no se puede prever y la familia de sangre no se escoge, se nace dentro de ella, por lo cual este no es un interés protegido por la ley, ni concreto, serio y actual para pretender la nulidad absoluta del registro del acta de nacimiento del demandado, y además, por cuanto como se señaló anteriormente, la Corte ha precisado que el interés que da legitimidad a cualquier persona para impetrar la nulidad es el económico o patrimonial, sin que se requiera, como lo sostiene Claro Solar, que “…el interés pueda estar representado por una cantidad determinada y que es interés de este orden el que consiste en que no se altere la situación de fortuna del deudor en forma de poder resultar perjudicado el tercero”. Y este interés tampoco lo tiene la actora, porque al existir un heredero forzoso del causante, Tulena Ortega, aquella queda desplazada como heredera en su condición de hermana, y si la sentencia en este proceso accediera a las pretensiones, de dicha providencia no dimanaría ningún beneficio material o económico, como sería su calidad de heredera de Tulena Abiramy, interés que por lo demás, no fue atacado en ninguno de los cargos. Los cargos por lo tanto, no prosperan.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPRIVATE SALA DE CASACION LABORAL -SECCION PRIMERA - Radicación No. 6888 Acta No. 38 Magistrado Ponente: Doctor Jorge Iván Palacio Palacio Santafé de Bogotá D. C. doce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Se reconoce al doctor JAVIER MANTILLA ROJAS, como apo-derado sustituto de la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUS-TRIAL Y MINERO, en los términos y para los efectos del memorial poder que obra al folio 27 del Cuaderno de la Corte.

Por la Corte se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO contra la sentencia del 15 de marzo de 1994 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por JESUS ANTONIO GUZMAN TORRES contra la recurrente.

A N T E C E D E N T E S Jesús Antonio Guzmán Torres, mediante apoderado judicial demandó a la Caja de Credito Agrario, Industrial y Minero, para que previos los trámites de un juicio ordinario social se le condenara a pagarle la PENSION DE JUBILACIÓN restringida consagrada por el artículo 8( de la Ley 171 de 1961, con retroactividad al 4 de junio de 1977 fecha en la cual cumplió los sesenta años de edad.

Como fundamentos fácticos expresa la demanda que el actor trabajó al servicio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero como obrero en la explotación de caucho propia de tal entidad en el sitio conocido como "Caucheras de Villa Arteaga" ubicado en la zona rural del municipio de Mutatá del departamento de Antioquia, durante el lapso comprendido del 18 de julio de 1955 hasta el 30 de noviembre de 1965 cuando "la empleadora dio por terminado el contrato en forma unilateral e injusta".(folios 17 a 19 del primer cuaderno) En la respuesta al libelo la parte demandada acepta que el accionante trabajó a su servicio "en el oficio de sangrador de árboles de caucho, en el municipio y sitio citados" pero que en cuanto al tiempo de vinculación se atiene a la prueba.

Respecto al fenecimiento de la relación laboral expresa: "al demandante no se le dio por terminado el contrato de trabajo; la entidad demandada, que tenía la finca CAUCHERAS, a título de mera tenencia, recibida años atrás del Ministerio de Agricultura, una vez se le cumplió el correspondiente contrato, procedió a liquidar hasta esa fecha todos los trabajadores, entre ellos, el demandante, e hizo entrega de la misma a la Sociedad Antioqueña de Agricultores por orden de dicho Ministerio".

Propone las excepciones de INEXISTENCIA DE LAS OBLIGA-CIONES, FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, COBRO DE LO NO DEBIDO y PRESCRIPCION. (folios 26 a 28 del primer cuaderno) La primera instancia culminó con el fallo del 15 de febrero de 1994 del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el cual dispuso: "1() CONDENASE A LA CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, a pagar al señor JESUS ANTONIO GUZMAN TORRES, la suma de $3.052.975, por concepto de la pensión sanción, con retro actividad al 8 de junio de 1990, incluidas las mesadas adicionales de diciembre.

"2() CONDENASE A LA CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, a pagar al señor JESUS ANTONIO GUZMAN TORRES, la suma de $98.700 mensuales a partir del 16 de marzo de los corrientes como también la mesada de diciembre a que tiene derecho en el presente año, sin perjuicio de los reajustes y demás beneficios y obligaciones consagradas en la ley en favor de los pensionados.

"Costas a cargo de la entidad demandada en su totalidad. "De las excepciones propuestas solo esta llamada a prosperar la de prescripción, en la forma ya vista en la parte motiva de esta providencia." (folios 54 a 60 del primer cuaderno) Por apelación del apoderado de la parte demandada, conoció en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y mediante el fallo impugnado, de fecha 15 de marzo de 1994, CONFIRMO en todas sus partes la sentencia de primer grado.

(folios 66 a 76 del primer cuaderno) EL RECURSO EXTRAORDINARIO Lo interpuso el apoderado de la entidad demandada. Concedido el recurso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica. ALCANCE DE LA IMPUGNACION Dice: "Persigo con el cargo formulado la casación total de la sentencia gravada, para que en su lugar, y en sede de instancia, se revoque el fallo del a-quo y se absuelva a la empleadora de todas las pretensiones de la demanda, proveyendo sobre costas como corresponda" Con apoyo en la causal primera del recurso de casación laboral el censor formula un cargo en los siguientes términos: " Unico cargo: Violación por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 8 de la ley 171 de 1961; 1, 2, y 5 de la ley 4a de 1976; 1 y 2 de la ley 71 de 1988; 14 de la ley 100 de 1993; 26 y 27 del decreto 3135 de 1968; 74 del decreto 1848 de 1969; en relación con los artículos 47-g, 48, 49, 50, 51 y 53 del decreto 2127 de 1945; 11 de la ley 6a de 1945; 2 de la ley 11 de 1965; 2o de la ley 64 de 1946; a consecuencia de errores manifiestos de hecho en que incurrió el sentenciador, con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia y con perjuicio de los intereses de mi procurada.

"Errores manifiestos de hecho "El Tribunal incurrió en el error manifiesto de hecho consistente en dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada despidió al actor. " Pruebas erróneamente apreciadas "A. Documental. 1- Liquidación de prestaciones (f 2). 2- Oficio suscrito por la señora Luz Marina Porras (f 14). " B. Testimonial. Declaraciones de Abraham Usuga Torres (fs 49) y de Isaias Goez Goez (fs 49 y 50).

" Demostración "No se discuten los hechos atinentes al tiempo de servicios y edad del demandante. "En honor a la verdad debe reconocerse la pobreza probatoria exhibida por las partes en este proceso. No obstante lo anterior, a quien incumbía demostrar el hecho del despido era al demandante. "En materia probatoria y para convencerse del hecho del despido, el fallo acusado se apoyó fundamentalmente en dos pruebas documentales: la primera, la liquidación de prestaciones, la cual estimó tan trascendental para los fines expresados, llegando hasta el extremo de afirmar que de ella 'sola' se desprende que 'la terminación del contrato fue unilateral y sin justa causa'; y la segunda, el oficio de folio 14.

"Al respecto cabe anotar que del examen de la liquidación mencionada, no emerge la verdadera razón o motivo de terminación del contrato de trabajo y mucho menos puede inferirse de ella que mi mandante lo haya 'terminado unilateralmente', como con error notorio lo expresó el ad-quem, incurriendo en un yerro manifiesto. En consecuencia, sin necesidad de mayor elucubración, a simple vista, se colige que lo que dicha prueba acredita no es la terminación del contrato por ninguna de las partes, sino que el demandante recibió el valor de dicha liquidación. "El documento de folio 14 fue también estimado erróneamente porque si bien en él se habla de justa causa, como lo observó el sentenciador, en el mismo no se da cuenta que la demandada haya efectuado la ruptura del vínculo laboral.

"Contrario a lo que asentó el Tribunal, la liquidación de prestaciones no 'implica' inexorablemente la terminación del contrato, y menos en casos como el presente en que se adujo por la demandada la continuidad del nexo jurídico, como consecuencia de una sustitución patronal. "Si algo debía demostrar el accionante en este proceso, de conformidad con lo exigido por la reiteradísima jurisprudencia, era el hecho del despido; al no hacerlo, es claro que se quebrantó uno de los presupuestos axiológicos de la pensión deprecada, y en consecuencia, el cargo no puede prosperar.

"Demostrado el yerro manifiesto con la prueba documental procede el análisis de la no calificada apreciada erróneamente por el ad-quem y que conduce a idéntica conclusión. "En efecto, lo que desprende en realidad de los dos testimonios estimados, no es lo que dedujo el fallador, sino que, por el contrario, que el demandante, si bien dejó de prestar los servicios a la Caja, continuó laborando inmediatamente, en el mismo giro de los negocios, con arreglo al artículo 2o de la ley 11 de 1965, y sin solución de continuidad, bajo la subordinación del nuevo empleador, vale decir, de la Sociedad Antioqueña de Agricultores, estructurándose así los elementos básicos de la sustitución patronal alegada por la accionada.

"De tal manera que el fallador incurrió en un desatino que lo condujo a imponer una condena ilegal. "En consecuencia, si el Tribunal no hubiera cometido tan ostensibles errores fácticos, no habría aplicado indebidamente las disposiciones enlistadas en la proposición jurídica del cargo, que lo condujeron a condenar a la demandada, sino que la habría absuelto, tal como lo impetré en el alcance de la impugnación." De otro lado, la réplica advierte que la demanda de casación está mal plateada porque la proposición jurídica es confusa, incompleta y contradictoria y en el desarrollo del cargo no se precisa lo que se considera violación de la ley por aplicación indebida.

Considera que el Tribunal no incurrió en los errores que el censor le endilga. Y observa que en el caso no se demostró ni existió sustitución patronal a más de que nunca antes de la sentencia de primera instancia se planteó por la demandada tal fenómeno laboral.(folios 23 a 25 del cuaderno de la Corte) S E C O N S I D E R A Como expresamente lo dice la censura, no se discute el hecho de que el actor estuvo vinculado a la entidad demandada por contrato de trabajo durante mas de diez años, ni que completó sus sesenta años de edad el 4 de junio de 1977.

La controversia se centra en lo relacionado con la desvinculación, si ésta fue decidida por la parte demandada y si condujo a la terminación del contrato de trabajo o si por el contrario, la desvinculación del actor de la entidad demandada y su correspondiente liquidación del contrato de trabajo no implicó la terminación de éste. Con base en los documentos de folios 2 y 14 el Tribunal estableció el hecho de que la Caja Agraria liquidó de modo definitivo el contrato de trabajo del accionante dejando constancia de que trabajó a su servicio durante el lapso comprendido del 18 de julio de 1955 hasta el 30 de noviembre de 1965; y que la desvinculación se produjo por decisión de la entidad empleadora aduciendo "justa causa" consistente en que se terminó el contrato de arrendamiento sobre las Caucheras de Villa Arteaga las cuales fueron entregadas a la Sociedad de Agricultores de Antioquia.

Bajo tales presupuestos y con la apreciación de que la entidad demandada no demostró "que el vínculo jurídico hubiera continuado con la Sociedad de Agricultores de Antioquia", el Tribunal arribó al convencimiento de que el contrato de trabajo sub exámine terminó con la liquidación en referencia, con la presencia de una causa legal pero no prevista como justa en las normas legales pertinentes, por lo que, acogiendo jurisprudencia reiterada en tal sentido, concluyó que el actor tiene derecho a la pensión restringida que establece el artículo 8 de la Ley 171 de 1961.

El censor orienta el cargo por la vía indirecta y acusa la sentencia del Tribunal de haber apreciado erróneamente los documentos de folios 2 y 14 lo cual le condujo a dar por demostrado, sin estarlo, "que la demandada despidió al actor". Analizados los dos documentos no encuentra la Corte que las deducciones del Tribunal evidencien desatino y mucho menos error ostensible si se tiene en cuenta, como lo expresa el ad quem, que no existe prueba de que al desvincularse el actor de la institución demandada hubiera continuado la vigencia del contrato de trabajo operándose el fenómeno de la sustitución patronal pues, echa de menos el fallador colegiado, que ni siquiera existe prueba de que hubiese continuado el accionante al servicio de la misma empresa; y de la prueba calificada signada por la censura no se infiere tal circunstancia; al contrario, la prueba documental en referencia demuestra la liquidación definitiva(folio 2) acompañada de la manifestación de la empleadora de haber "desvinculado" al actor aduciendo "justa causa que se configura al terminarse el 30 de noviembre de 1965 el contrato de arrendamiento que la Caja Agraria tenía con el Ministerio de Agricultura, para la explotación de las Caucheras de Villa Arteaga en el municipio de Mutatá (Antioquia)"(folio 14) La anotación que se agrega al documento de folio 14 de que en la misma fecha, o sea el 30 de noviembre de 1965, "fue liquidado todo el personal de la Caja en esas Caucheras, y estas fueron entregadas a la Sociedad de Agricultores de Antioquia", por sí sola no acredita sustitución patronal, institución laboral que implica la continuidad del contrato de trabajo tanto como la continuidad de la empresa.

En consecuencia y puesto que de la prueba calificada no fluye el yerro que predica el censor, no le es dado a la Corte proceder al análisis de los testimonios, aunque es del caso observar que esta prueba también se tuvo en cuenta por el ad-quem antes de arribar a la conclusión de que en los autos no aparece acreditada la sustitución patronal.

En las condiciones preanotadas el cargo no prospera. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de marzo de 1994, en el proceso ordinario instaurado por JESUS ANTONIO GUZMAN TORRES contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO.

Costas a cargo de la recurrente. Tásense. COPIESE,

NOTIFIQUESE, y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE al Tribunal de origen. JORGE IVAN PALACIO PALACIO RAMON ZUÑIGA VALVERDE FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ LUZ EMILIA JIMENEZ DE MOLINA Secretaria