5319(22-10-92) — Corte Suprema

5319(22-10-92)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral1992

Decreto 1160 de 1947Decreto 1848 de 1969Decreto 3135 de 1968Decreto 797 de 1949Ley 64 de 1946Ley 65 de 1946

De qué trata

Tema: ACCION RESOLUTORIA - legitimación / CONTRATO / MUTUO DISENSO / RESOLUCION DE CONTRATO - por incumplimiento ACCIÓN RESOLUTORIA - legitimación / CONTRATOS. - El titular de la acción resolutoria es el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le corresponden. La acción debe dirigirse contra el contratante negligente, puesto que la legitimación para solicitar el aniquilamiento de la convención surge del cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el demandado. "…En el ámbito de los contratos bilaterales y en cuanto toca con la facultad legal que, según los términos del artículo 1546 del Código Civil, en ellos va implícita de obtener la resolución por incumplimiento, hoy en día se tiene por verdad sabida que es requisito indispensable para su buen suceso en un caso determinado, la fidelidad a sus compromisos observada por quien ejercita esa facultad habida cuenta que, como lo ha señalado la Corte, el contenido literal de aquél precepto basta para poner de manifiesto que el contratante incumplido utilizando el sistema de la condición resolutoria tácita, no puede pretender liberarse de las obligaciones que contrajo. Es preciso entender, entonces, que no hay lugar a resolución de este linaje en provecho de aquella de las partes que sin motivo también ha incurrido en falta y por lo tanto se encuentra en situación de incumplimiento jurídicamente relievante, lo que equivale a afirmar que la parte que reclama por esa vía ha de estar por completo limpia de toda culpa, habiendo cumplido rigurosamente con sus obligaciones, al paso que sea la otra quien no haya hecho lo propio…" "…se hace necesario detallar que de configurarse a cabalidad el supuesto de hecho en que ninguno de los contratantes cumple sin tener al propio tiempo la debida justificación, en principio debe descartarse el derecho legal de resolución que cualquiera de ellos pretende invocar con fundamento en el artículo 1546 del Código Civil, pero es necesario asimismo hacer ver que por obra de aquella circunstancia no siempre ha de quedar atascada la relación derivada del negocio y sometida en consecuencia "…a la indefinida expectativa de que -en algún tiempo- pueda ejecutarse o resolverse el contrato no cumplido por iniciativa exclusiva de aquella de las dos que considere derivar mayores ventajas del incumplimiento común, o de que la acción implacable del tiempo le da vigencia definitiva a través de la prescripción…" (G. J. Tomo CXLVIII, pág. 246). F.F. Art. 1546 del C.C. MUTUO DISENSO - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO - diferencias.- A la disolución del nexo es posible llegar por el camino del mutuo disenso o "distracto contractual" que deriva de lo dispuesto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, el cual se traduce en la prerrogativa de que son titulares las partes en un contrato para convenir en prescindir del mismo y dejarlo sin efectos, resultado éste que puede tener origen en una declaración de voluntad directa y concordante en tal sentido -caso en el cual se dice que el mutuo disenso es expreso-, o en la conducta desplegada por los contratantes en orden a desistir del negocio celebrado y además concluyente en demostrar ese inequívoco designio común de anonadar su fuerza obligatoria, evento en el que el mutuo disenso es tácito. Las diferencias entre la resolución del contrato por incumplimiento y la resolución por mutuo disenso, impiden al juez modificar pretensiones deducidas en juicio que con la claridad necesaria aparecen fundadas en uno u otro instituto. "…Se trata, pues, de una figura singular cuyos perfiles institucionales, muy precisos por cierto dentro de la variada gama de circunstancias que pueden dar lugar a la extinción sobreviniente de relaciones jurídicas de fuente contractual dotadas de plena validez, no permiten mezclarla en ninguna forma con la resolución del artículo 1546 del Código Civil, toda vez que en tanto ésta última se produce por razón del cumplimiento de una condición a la cual el ordenamiento positivo le atribuye ese alcance, vale decir por una causa legal, en la hipótesis del mutuo disenso, por definición, esa causa radica exclusivamente en la voluntad coincidente de las partes interesadas, expresada ella en el abandono recíproco de las prestaciones debidas, fruto de un acuerdo expreso o tácito, en el sentido de consentir la disolución del vínculo." "…entre la disolución de un contrato bilateral por efecto del llamado incumplimiento resolutorio y lo que acontece como consecuencia de la convención extintiva derivada del mutuo disenso, existen radicales diferencias que nunca pueden ignorar los jueces de instancia para, a su talante, modificar pretensiones deducidas en juicio que con la claridad necesaria aparecen fundadas en uno u otro instituto. A través del primero y dada su naturaleza estudiada de vieja data por los doctrinantes, se pide de manera unilateral por el contratante cumplido que el negocio se resuelva con restituciones e indemnización por daños a su favor, mientras que en el segundo lo solicitado ha de ser que, sobre la base insustituible de rendir la prueba de aquella convención extintiva en cualquiera de las dos modalidades en que puede ofrecerse, el acto jurídico primigenio se tenga por desistido sin que haya lugar, desde luego, a resarcimiento de ninguna clase ya que, como es bien sabido, este tipo de prestaciones indemnizatorias requieren de la mora (artículo 1615 del Código Civil) y en el supuesto de incumplimiento recíproco objeto de análisis, esa situación antijurídica no puede configurarse para ninguno de los contratantes de conformidad con el artículo 1609 ibídem. Y en lo que respecta al mutuo disenso tácito, desprovisto en realidad de regulación orgánica en la codificación civil pero no por eso menos importante desde el punto de vista práctico según lo ha puntualizado esta Corporación (G. J. Tomo CLXXX, pág. 130), es imperioso hacer hincapié en que no siempre que medie el incumplimiento de ambos contratantes y por consiguiente que el artículo 1546 del Código Civil no sea el pertinente para regir una hipótesis fáctica de tal índole, es permitido echar mano de la mencionada figura; "…es menester que los actos u omisiones en que consiste la inejecución, sean expresivos, tácita o explícitamente, de voluntad conjunta o separada que apunte a desistir del contrato…" (G. J. Tomo CLVIII, pág. 217). En lo último, resulta preciso, para que pueda consumarse esta forma de disolución tácita, que la conducta de todas las partes involucradas sea lo suficientemente indicativa de esa recíproca intención de "desistencia" que constituye su sustancia y que obviamente no se verifica si una de ellas, a pesar de su propio incumplimiento de la obligación de concurrir al perfeccionamiento del contrato de venta prometido, entiende que ese proceder está justificado por la conducta negligente anterior observada por la otra…" F.F. Arts. 1602; 1609; 1615; 1625; del C.C. CONSIDERACIONES I 1. Dos aspectos debe considerar la Corte a efectos de despachar el cargo: uno tiene que ver con el señalamiento de la causal de nulidad invocada, cuyo apuntamiento liga al sentenciador de casación sin que pueda éste a su antojo orientar la acusación hacia otra de las nulidades previstas en el artículo 140 del C. de P. C. que no hayan sido expresamente alegadas por el recurrente; es decir, que también en el ámbito de la causal 5ª predomina el principio dispositivo. En este caso, si bien es cierto que la censura va en pos de que se invalide el proceso bajo la idea de que existe falta de jurisdicción porque se tramitó en ambas instancias por sentenciadores del orden civil, en lugar del de familia, siendo éstos los que, en sentir del casacionista, debieron tramitar y decidir sobre el mismo, dado que cuando se inició ya se había creado la jurisdicción de familia –Decreto 2272 de 1989-, no lo es menos que, desde ese punto de vista, la cuestión, de darse en los términos que plantea la censura, toca con la falta de competencia y no con la de jurisdicción. En efecto, ha dicho esta Corporación que en el evento de que una causa sometida a juicio fuera de conocimiento de la “jurisdicción de familia” y no de la civil, cual aquí se propone, la irregularidad que debe predicarse es la falta de competencia del Juez, desde luego que, como es sabido, con raigambre en la propia Constitución Política, la jurisdicción ordinaria o común es única y se ocupa de las controversias de distintas especialidades entre las cuales se encuentran las dos antes mencionadas. 2. El otro aspecto que importa destacar es que las dificultades que en un principio se presentaron para determinar cuáles son en últimas los asuntos que están adscritos a la jurisdicción de familia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, numeral 12 del Decreto 2272/89, quedaron zanjadas de manera definitiva con la expedición de la Ley 446 de 1998 que consagró expresamente lo siguiente: “Artículo 26.- Competencia especial de los jueces de familia. Para los efectos del numeral 12 del parágrafo 1º del artículo 5 del decreto 2272 de 1989, se entiende que la competencia de los jueces de familia señalada en ese precepto solamente comprende: A. Los tipos de procesos declarativos sobre derechos sucesorales, cuando versen exclusivamente sobre los siguientes aspectos: … B. Los tipos de procesos declarativos sobre el régimen económico del matrimonio, cuando versen exclusivamente sobre los siguientes aspectos: Rescisión de la partición por lesión y nulidad de la misma. Acciones relativas que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales. Revocación de la donación por causa de matrimonio. El litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se discuta si estos son propios de uno de los cónyuges o si pertenecen a la sociedad conyugal. Controversia sobre la subrogación de bienes o las compensaciones respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de ésta o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de sociedad conyugal …”. Claramente se advierte, entonces, que a la luz del último precepto transcrito el proceso que se provocó con la demanda que dio origen al mismo, relativo a la resolución de un contrato de promesa de compraventa que promovieron los herederos de uno de los prometientes vendedores, ya fallecido, no clasifica en ninguno de los asuntos que trae el mismo por lo que queda despejado, sin duda alguna, que el asunto del que aquí se trata es de índole civil, ante cuyos jueces se acudió, entonces, correctamente. En ese sentido, y como lo había señalado esta Corporación en fallo reciente, en términos que se aplican exactamente al presente caso, “debe de una vez indicarse que el legislador fue concluyente al interpretar de forma auténtica el sentido del numeral 12 del artículo 5º del decreto 2272 de 1989, de modo que ningún otro alcance cabe hoy darle ante esa directriz del propio legislador, que ha de aplicarse a todos los asuntos en los que no se haya proferido sentencia ejecutoriada, pues de conformidad con el artículo 14 del Código Civil “las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio”, disposición que obliga a excluir lo que es materia del presente proceso en el que como aún no se ha dictado sentencia, debe ser aplicado el artículo 26 de la ley 446 de 1998. De acuerdo con lo anterior, la última disposición citada que enlista los asuntos que corresponden a la denominada jurisdicción de familia, “debe entenderse una sola con la que interpreta (numeral 12 del artículo 5 del decreto 2282 de 1989), por lo cual es aplicable incluso a los hechos anteriores a su promulgación pero posteriores a la ley interpretada, excepto aquellos ya sentenciados en los que la autoridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella implica se verían comprometidos y así revivirían infinidad de procesos ya concluidos. Pero aparte de esa excepción, la ley interpretativa debe ser aplicada de manera inmediata tanto para los hechos posteriores a su promulgación como para los acaecidos en ese periodo intermedio ya descrito, sin que por esa razón deba tildarse de retroactiva y atentatoria de situaciones jurídicas consolidadas”. (Lo dicho entre comillas, corresponde a la Sentencia de 27 de enero de 2.000). 3. Bastan, pues, las razones que anteceden para concluir que el cargo de nulidad aquí propuesto no puede prosperar. CONSIDERACIONES II: 1. En el ámbito de los contratos bilaterales y en cuanto toca con la facultad legal que, según los términos del artículo 1546 del Código Civil, en ellos va implícita de obtener la resolución por incumplimiento, hoy en día se tiene por verdad sabida que es requisito indispensable para su buen suceso en un caso determinado, la fidelidad a sus compromisos observada por quien ejercita esa facultad habida cuenta que, como lo ha señalado la Corte, el contenido literal de aquél precepto basta para poner de manifiesto que el contratante incumplido utilizando el sistema de la condición resolutoria tácita, no puede pretender liberarse de las obligaciones que contrajo. Es preciso entender, entonces, que no hay lugar a resolución de este linaje en provecho de aquella de las partes que sin motivo también ha incurrido en falta y por lo tanto se encuentra en situación de incumplimiento jurídicamente relievante, lo que equivale a afirmar que la parte que reclama por esa vía ha de estar por completo limpia de toda culpa, habiendo cumplido rigurosamente con sus obligaciones, al paso que sea la otra quien no haya hecho lo propio, de donde se sigue que “…el titular de la acción resolutoria indefectiblemente lo es el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le corresponden y, por el aspecto pasivo, incuestionablemente debe dirigirse la mencionada acción contra el contratante negligente, puesto que la legitimación para solicitar el aniquilamiento de la convención surge del cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el demandado u opositor…” (G. J. Tomo CLIX, págs. 309 y siguientes). 2. Desde esa perspectiva, en relación con la primera de las alternativas propuestas por el recurrente, consistente en que los promitientes vendedores no incumplieron ni estaban en trance de incumplir cuando los promitentes compradores se negaron a suscribir la escritura pública de compraventa, toda vez que dentro de su compromiso no se obligaron a traspasar la propiedad del inmueble, es del caso precisar que si bien es cierto que en la promesa de compraventa se aludió a la escritura pública número 614 del diez (10) de agosto de l948, otorgada en la Notaría del Círculo de Zipaquirá, registrada a su vez el seis (6) de septiembre del mismo año, de la que se deriva la calidad que ostentaban los prometientes vendedores sobre el lote objeto del litigio, también lo es que en la citada promesa ellos mismos no sólo manifiestaron que el inmueble era de su exclusiva propiedad, sino también que se obligaban a vender el lote de terreno, -no a vender determinados derechos sobre él, como lo intenta demostrar el casacionista-, lo que explica la razón por la cual la parte vendedora pactó que el 28 de febrero de 1974 otorgaría la escritura pública de venta, comprometiéndose además al saneamiento de la venta en los casos señalados por la ley, así como a entregar a los compradores los títulos de propiedad debidamente saneados, obligaciones que sólo se pueden entender si provienen de quien se considera dueño y señor de la cosa prometida en venta, y no de quienes como titulares de simples derechos sólo se limitan a prometer la transferencia de aquellos, evento en el cual, sin duda, se habría dejado previamente explicada dicha situación y se habrían omitido, en cambio, los restantes compromisos indicativos de la propiedad que se ostenta sobre el bien objeto de la promesa. Así, obra en la promesa de compraventa que el inmueble objeto de la misma era “de propiedad de los primeros nombrados”, e igualmente que “el vendedor declara que el inmueble que se trata es de su exclusiva propiedad y no lo ha vendido ni enajenado a persona alguna…”, para determinar en la cláusula décima que “el vendedor se obliga a entregar al comprador, el día de la venta, todos los títulos de propiedad del inmueble debidamente saneados”, sin que, en parte alguna se haya especificado que la propiedad de los prometientes vendedores se limitaba a los derechos previamente adquiridos; ninguna manifestación permite esa clase de interpretación. Comoquiera, pues, que las aseveraciones hechas en el contrato de promesa de compraventa dan a entender que los prometientes vendedores adquirieron la obligación de tener consigo los títulos de propiedad del inmueble prometido en venta al momento de firmarse la escritura, el error que se le endilga al Tribunal no existe, toda vez que la interpretación que pretende imprimirle el recurrente a la promesa no dimana, en forma natural, del contrato de promesa del que se ocupa la Sala, sino que requiere de una forzada apreciación que para el caso se presenta como meramente subjetiva, extraña, por ende, a la técnica de la causal invocada. Empero, no está de más decir que la cuestión litigiosa no atañe con la promesa de venta de cosa ajena que, de serlo, haya dado lugar a justificar el incumplimiento de los demandados, como da a entender el Tribunal, puesto que, según lo explicado, dicho contrato atañe con un inmueble, y no con derechos sobre el mismo, y en consideración a que los prometientes vendedores serían verdaderos dueños del mismo para cuando se perfeccionara el contrato prometido. 3. Mirada la cuestión desde la otra perspectiva propuesta por el recurrente, se hace necesario detallar que de configurarse a cabalidad el supuesto de hecho en que ninguno de los contratantes cumple sin tener al propio tiempo la debida justificación, en principio debe descartarse el derecho legal de resolución que cualquiera de ellos pretende invocar con fundamento en el artículo 1546 del Código Civil, pero es necesario asimismo hacer ver que por obra de aquella circunstancia no siempre ha de quedar atascada la relación derivada del negocio y sometida en consecuencia “…a la indefinida expectativa de que -en algún tiempo- pueda ejecutarse o resolverse el contrato no cumplido por iniciativa exclusiva de aquella de las dos que considere derivar mayores ventajas del incumplimiento común, o de que la acción implacable del tiempo le da vigencia definitiva a través de la prescripción…” (G. J. Tomo CXLVIII, pág. 246). A la disolución de dicho nexo es posible llegar por el camino del mutuo disenso o “distracto contractual” que deriva de lo dispuesto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, el cual se traduce en la prerrogativa de que son titulares las partes en un contrato para convenir en prescindir del mismo y dejarlo sin efectos, resultado éste que puede tener origen en una declaración de voluntad directa y concordante en tal sentido -caso en el cual se dice que el mutuo disenso es expreso-, o en la conducta desplegada por los contratantes en orden a desistir del negocio celebrado y además concluyente en demostrar ese inequívoco designio común de anonadar su fuerza obligatoria, evento en el que el mutuo disenso es tácito. Se trata, pues, de una figura singular cuyos perfiles institucionales, muy precisos por cierto dentro de la variada gama de circunstancias que pueden dar lugar a la extinción sobreviniente de relaciones jurídicas de fuente contractual dotadas de plena validez, no permiten mezclarla en ninguna forma con la resolución del artículo 1546 del Código Civil, toda vez que en tanto ésta última se produce por razón del cumplimiento de una condición a la cual el ordenamiento positivo le atribuye ese alcance, vale decir por una causa legal, en la hipótesis del mutuo disenso, por definición, esa causa radica exclusivamente en la voluntad coincidente de las partes interesadas, expresada ella en el abandono recíproco de las prestaciones debidas, fruto de un acuerdo expreso o tácito, en el sentido de consentir la disolución del vínculo. 4. En resumen, entre la disolución de un contrato bilateral por efecto del llamado incumplimiento resolutorio y lo que acontece como consecuencia de la convención extintiva derivada del mutuo disenso, existen radicales diferencias que nunca pueden ignorar los jueces de instancia para, a su talante, modificar pretensiones deducidas en juicio que con la claridad necesaria aparecen fundadas en uno u otro instituto. A través del primero y dada su naturaleza estudiada de vieja data por los doctrinantes, se pide de manera unilateral por el contratante cumplido que el negocio se resuelva con restituciones e indemnización por daños a su favor, mientras que en el segundo lo solicitado ha de ser que, sobre la base insustituible de rendir la prueba de aquella convención extintiva en cualquiera de las dos modalidades en que puede ofrecerse, el acto jurídico primigenio se tenga por desistido sin que haya lugar, desde luego, a resarcimiento de ninguna clase ya que, como es bien sabido, este tipo de prestaciones indemnizatorias requieren de la mora (artículo 1615 del Código Civil) y en el supuesto de incumplimiento recíproco objeto de análisis, esa situación antijurídica no puede configurarse para ninguno de los contratantes de conformidad con el artículo 1609 ibídem. Y en lo que respecta al mutuo disenso tácito, desprovisto en realidad de regulación orgánica en la codificación civil pero no por eso menos importante desde el punto de vista práctico según lo ha puntualizado esta Corporación (G. J. Tomo CLXXX, pág. 130), es imperioso hacer hincapié en que no siempre que medie el incumplimiento de ambos contratantes y por consiguiente que el artículo 1546 del Código Civil no sea el pertinente para regir una hipótesis fáctica de tal índole, es permitido echar mano de la mencionada figura; “…es menester que los actos u omisiones en que consiste la inejecución, sean expresivos, tácita o explícitamente, de voluntad conjunta o separada que apunte a desistir del contrato…” (G. J. Tomo CLVIII, pág. 217). En lo último, resulta preciso, para que pueda consumarse esta forma de disolución tácita, que la conducta de todas las partes involucradas sea lo suficientemente indicativa de esa recíproca intención de “desistencia” que constituye su sustancia y que obviamente no se verifica si una de ellas, a pesar de su propio incumplimiento de la obligación de concurrir al perfeccionamiento del contrato de venta prometido, entiende que ese proceder está justificado por la conducta negligente anterior observada por la otra, enunciados estos de cara a los cuales es ostensible que ninguna posibilidad existe, sin caer en el grave defecto de cambiar de oficio los términos petitorios del escrito rector en cuestión, de atribuirle a la parte actora en este proceso el propósito de desistir del contrato sin otras secuelas diferentes a las que, con carácter restitutorio, constituyen materia propia de la relación legal de liquidación que de ordinario surge de la extinción de los contratos que no pudieron llegar a alcanzar su finalidad normal. Tampoco la actitud asumida por los demandados dentro del presente proceso permite concluir que su intención sea dar por terminado el contrato por mutuo disenso, por el contrario, en comportamiento que indica sin duda alguna una posición tendiente a controvertir la pretensión resolutoria, con la defensa consistente en la alegada excepción de contrato no cumplido que sustenta su alegada ausencia de incumplimiento contractual que imputan, en cambio, en forma única y exclusiva, a la parte demandante, dieron a entender la intención encaminada a rechazar la resolución del contrato, razón por la cual no puede afirmarse que hubiese habido error del Tribunal que lleve a casar el fallo, por no haber aceptado un mutuo disenso inexistente. 5. Por lo demás, como es bien sabido, la sentencia “debe ser armónica con lo que constituye el objeto del litigio; es decir, con las pretensiones formuladas en la demanda, las excepciones propuestas por el demandado y, si fuere el caso, con las súplicas de la reconvención y de los hechos exceptivos que se aduzcan para lograr su enervamiento, ya que en esta materia tiene preponderancia el principio dispositivo que inspira el procedimiento civil. Sólo en casos determinados en que el juez se encuentra autorizado por el ordenamiento jurídico, puede hacer pronunciamientos oficiosos, pues, como lo enseña la Corte en sentencia de 28 de noviembre de l977, los jueces civiles tienen condicionado su poder decisorio a que los asociados demanden expresamente su intervención y les está limitado por los asuntos que éstos les demarquen en las pretensiones que ejerciten en la demanda o por el contenido de las excepciones que sean propuestas. El fallador, pues, no puede, sin desbordar los límites de su potestad, resolver temas que no le hayan sido propuestos oportunamente por las partes, y tampoco puede, desde luego que se reclama su intervención para desatar el litigio, dejar sin decisión materias de las que fueron sometidas a su composición” (Cas. Civ. 27 de marzo de l990, sin publicar). En la especie de este proceso se aprecia que una de las partes del contrato de promesa de compraventa demandó a la otra para que dicho contrato se declarara resuelto, a causa del incumplimiento no aceptado de esta última que rechazó las súplicas deprecadas y propuso la excepción de contrato no cumplido e ineficacia de la promesa celebrada. No se ajusta entonces a la realidad procesal, como alega el recurrente, que se haya propuesto al juzgador la disolución del contrato por incumplimiento recíproco de las partes, ni tiene éste la facultad legal de adoptar de oficio tal decisión, razón por la cual no puede atribuirse error al Tribunal por no haber resuelto el contrato con base en una causa diferente a la propuesta en la demanda. 6. Se sigue de lo anterior que éste cargo tampoco puede abrirse paso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA�PRIVADO �� SALA DE CASACION LABORAL SECCION SEGUNDA Radicación No. 5319 Acta No. 50 Magistrado Ponente: HUGO SUESCUN PUJOLS. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintidos de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992). � Por la Corte se resuelve el recurso de casa�ción que interpuso MARIA ESTELA RICAURTE BETANCUR contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 1.992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que le sigue a los FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, en li�qui�dación. I.- ANTECEDENTES.

La recurrente llamó a juicio a la empresa ferroviaria en liquidación para que previa declaración de que por justa causa tuvo que terminar el contrato que los vin�cu�laba, fuera condenada a reconocerle y pagarle la indemniza�ción por despido indirecto, la cesantía con base en su verdadero salario, la indemnización moratoria, la indexación y las costas del proceso.

Afirma como fundamento de sus pre�tensiones que mediante un contrato de trabajo de plazo presuntivo se vinculó al servicio de la entidad el 11 de septiembre de 1.982 y le prestó servicios como oftalmóloga-cirujana con una jornada de dos horas diarias y un salario básico mensual de $73.430.oo, además de un promedio mensual de $124.200.oo por las intervenciones quirúrgicas realiza�das a los traba�ja�dores y a los hijos de éstos, los que desde su vinculación se le pagaban adicionalmente.

Según la actora, el 30 de no�viem�bre de 1.988 se le quiso cambiar la forma de trabajo para que atendiera consultas pero no realizara cirugías, razón por la cual, invocando este hecho como justa causa, dió por ter�mi�nado el contrato; y que al efectuar la liquidación final de sus prestaciones sociales la demandada lo hizo con un salario inferior al que efectivamente devengaba. � Al responder la demanda, la demandada única�men�te admitió como cierta la jornada de trabajo, el último salario básico mensual y que la demandante renunció a su empleo.

Los demás hechos aseverados por la demandante fueron negados o pidió que se probaran. En cuanto al salario promedio mensual sostuvo que fue de $96.198.97 "según se desprende del reconocimiento de prestaciones sociales número 110206 del 5 de abril de 1.989" (folio 85). Se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de ausencia de causa para pedir.

El Juzgado Cuarto Laboral del Medellín, que conoció del juicio en primera instancia, condenó a la demandada a pagar a la actora $545.359.05 por concepto de reajuste de las cesantías, $2'215.456.56 como indemnización por despido indirecto y $5.902.69 diarios a partir del 24 de junio de 1.989 y hasta cuando le fueran pagadas a la traba�jadora las sumas reco�no�ci�das.

La absolvió de las demás pre�tensiones y negó la excep�ción propuesta. Le impuso las cos�tas como parte vencida. Por apelación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se surtió la alzada que concluyó con el fallo aquí impugnado, mediante el cual el Tribunal revocó el de su inferior, absolvió a la empresa de todos los cargos de la demanda inicial y dejó el proceso sin costas.

II.- EL RECURSO DE CASACION. Mediante la demanda que obra del folio 6 al 12 del cuaderno en que actúa la Corte, cuya réplica aparece a folios 25 a 29, la recurrente solicita que se case parcial�men�te la sentencia del Tribunal en cuanto absolvió a la demandada de las peticiones de reajuste del auxilio de cesantía y la indemnización moratoria, para que, actuando como ad-quem, confirme por estos conceptos la de primera instancia y provea sobre costas en consonancia con lo decidido.

En el único cargo que presenta acusa a la sen�ten�cia de violar, por vía indirecta, "los artículos 1, 8, 17-a), 11 de la Ley 6a. de 1945; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 20, 26,-6-, 37, 40,40 del Decreto 2127 de 1.945; 2 Ley 64 de 1946; art. 1, 2 Ley 65 de 1946; art. 1 Decreto 797 de 1949; Art. 6, parágrafo Decreto 1160 de 1947; Art. 5 Decreto 3135 de 1968;

Arts. 1, 3, 5, 6 Decreto 1848 de 1969; D.L. 1045 de 1978, Art. 40; C. de P.C., Arts. 194, 195, 200; C.P. del T., Art. 145 " (folio 8), debido a la apre�cia�ción equivocada de la liquida�ción de prestaciones sociales (folio 14), el in�terro��ga��torio que absolvió como demandante (folios 104 y 105), las cuentas de cobro que presentó para obtener el pago de las cirugías (folios 52 a 74), el oficio DAPE-043 de 20 de enero de 1.989 (folios 9 y 93), "las cartas de 3 de marzo de 1989 y su respuesta con el oficio número 149 del 16 de mismo mes y año (fs. 15 y 16), el oficio número 0080-DAM del 15 de marzo de 1.983 (folio 20), el oficio número GDA Aj del 25 de marzo de 1.983 (folio 22) y su carta de renuncia (folio 94).

Copiados textualmente, los errores de hecho que atribuye al fallo son los siguientes: "1o.- Haber dado por probado, sin estarlo, que las cirugías oftalmológicas practicadas por mi mandante a pacientes de los Ferrocarriles Nacionales no formaron parte de su contrato de trabajo. "2o.- No haber dado por probado, hallándose así, que la realización de dichas cirugías le fueron encomendada a la actora en virtud del contrato de trabajo que tenía celebrado con la entidad demandada desde el 11 de septiembre de 1982.

"3o.- Haber dado por probado, siendo lo contrario, 'que los pagos adicionales por la cirugía no revestían el carácter del salario'. "4o.- No haber dado por acreditado, siéndolo, que dichos pagos adicionales fueron contra�pres��ta�ción de los servicios prestados por mi representada en intervenciones quirúrgicas efectuadas a pacientes de la empresa oficial demandada" (folio 8).

Comienza la demostración del cargo diciendo que acepta como correcta la conclusión del sentenciador de no contemplar la Ley 6a. y el Decreto 2127 de 1.945 la figura del despido indirecto, como igualmente acertada es la consi�de�ra�ción de haber existido entre las partes un contrato de trabajo entre el 11 de septiembre de 1.982 y el 26 de marzo de 1.989.

Su discrepancia se centra en la negativa del Tri�bunal, fundada en una mala apreciación de sus respuestas en el interrogatorio que absolvió, a aceptar que las cirugías adicionales que práctico eran parte de las obligaciones de su contrato de trabajo y no actuaciones que realizara como "contratista independiente", como lo calificó el juez de alzada mezclando equivocadamente estas dos diferentes figuras laborales "con relación a la misma trabajadora y con la misma materia de su contrato de trabajo, cirugías oftalmológicas, lo que constituyen una clara situación contradictoria", según lo afirma textualmente en la demanda de casación, en la que igualmente asevera que "Es factible que un trabajador sirva con contrato de trabajo a un empleador y al propio tiempo realice una o varias obras en favor de ese empleador en asunto distinto de la labor perteneciente a aquel contrato.

Lo que no es jurídicamente aceptable es que los mismos tra��ba�jos ejecutados por el mismo trabajador en servicio del mismo empleador sean unos inherentes al contrato subordinado y otros al contratista independiente. Como el sentenciador de segunda instancia admite, aunque sin decirlo, la dudalidad apuntada, apreció con manifiesto error el documento mencio�nado que lo miró solo para tener como agotada la vía gu�ber�nativa" (folio 10).

También censura la conclusión del juzgador que le negó el carácter de salario a los pagos adicionales por las cirugías, con el argumento de ser los mismos servicios profesionales contratados por un precio determinado y cuyo pago se hacía una vez realizada la operación correspondiente mediante una cuenta de cobro. Del mismo modo le reprocha al Tribunal haber extraído de las respuestas de su interrogatorio que ella presentaba cuentas a nombre del Doctor Fernando Acosta, cuando lo respondido en la diligencia fue el haberle tocado hacer cirugías en vez de dicho médico, para así resolver problemas urgentes a algunos pacientes.

Concluye por ello diciendo que se impone la condena por indemnización moratoria "porque la demandada no ha aducido ningún motivo válido, razonable que explique la omisión de incluir el valor de las cirugías adicionales como factor de salario" (folio 12). Por su parte, la opositora para defender el fallo arguye que ninguno de los errores de hecho que se denuncian puede ser calificado como evidente ni conducir al quebranto de la decisión, puesto que la liquidación del folio 14 no establece nada diferente a los extremos del contrato, los valores del salario básico y la suma reconocida por ce�santía. Igualmente de las respuestas del interrogatorio que absolvió la actora resulta que ella no cobraba por las ci�ru�gías adicionales sino que eran parte de su contrato, y los documentos de folios 52 a 74 corresponden a unas cuentas de cobro y solicitudes de pago, pero de ahí no resulta que como empleador hubiera aceptado que los conceptos allí re�cla�mados integraran parte del salario de María Stella Ricaurte.

Obser�va que los documentos de folios 9 y 92, son los requeri�mien�tos a la demandante recurrente para que diera cumplimiento a su contrato pues había venido presentando unas cuentas de cobro sin justificación. Similares observaciones hace de la restante prueba documental, y refiriéndose es�pe�cíficamente al "concepto jurídico" que obra al folio 22 y a la carta de terminación del contrato de trabajo del folio 94, afirma que la opinión del "abogado asesor" es muy respe�table pero no la obliga ni la compromete y la carta única�mente prueba que la trabajadora presentó renuncia a su em�pleo.

III.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE. Conforme lo asevera la recurrente, basta con mirar las pruebas que en el cargo se reseñan como mal apreciadas para concluir aceptando que el Tribunal incurrió en los errores de hecho que le atribuye la impugnante, yerros que además de ser manifiestos incidieron en la equivocada decisión del fallador. Si bien la liquidación de prestaciones aisladamente considerada no demuestra algo diferente a los extremos temporales que enmarcaron la relación laboral y el salario que se tuvo en cuenta para efectuar la liquidación final de la trabajadora, a simple vista se observa el error de apreciación de las respuestas del interrogatorio que absolvió la demandante y de los cuales dedujo el Tribunal que a ella se le paga�ban adicionalmente, pero no como parte de su remuneración y factor de salario, las cirugías que prac�ticaba en cumpli�mien�to de sus obligaciones contractuales laborales, pues tales pagos se le hacían como a una "con�tra�tis�ta indepen�dien�te".

Esta lectura equivocada que hizo el Tribunal de Me�dellín, como si de una confesión que afec�taba los intereses de la absolvente se tratara, resulta desa�cer�tada en razón de que fracciona las diferentes res�puestas y contraría el verdadero sentido de lo contestado por la absolvente en el interrogatorio que absolvió a ins�tancia de su contraparte.

En dicha diligencia, como acertadamente lo explica el cargo, lo que la doctora Ricaurte Betancur res�pondió fue que ella no cobraba a sus pacientes --tra�ba�ja�do�res de la empresa o familiares de éstos-- el valor de las ope�ra�ciones que ocasionalmente les hacía, pues esas interven�cio�nes quirúrgicas le eran pagadas por los Ferrocarriles Na�cio�nales de Colombia, de acuerdo con "una especie de con�tra��to como el que se hace en el ISS" y cobrando la operación con el mismo valor del fijado en "los tarifas de la Sociedad An�tio�queña de Oftalmología menos el 25%", cobro por tarifa apro�ba�do por la gerencia de la empresa, cuyo pago no quedaba in�cluí�do dentro de la remuneración ordinaria del salario men�sual, sino que se efectuaba con periodicidad oscilante de acuerdo con el número de interven�cio�nes quirúrgicas que llevara a cabo, pues a ve�ces cobraba mensualmente, en otras bimensualmente y en otras ocasiones cada tres meses.

Tampoco es cierto que la absol�ven�te hubiera respondido en su interro�ga�torio que cobrara por las operaciones que realizaba el doctor Fernando Acosta, puesto que lo respondido claramente por la actora fue que "para poder resolverle los problemas urgentes (a) algunos pacientes" le tocó "hacer algunas cirugías a nombre del Dr. Fernando Acosta" (folio 104 vuelto).

La defectuosa apreciación de las diferentes respuestas, así como la errónea estimación de las cuentas de cobro, llevaron equivocamente al Tribunal a concluir que "los pagos formulados mediante cuenta de cobro no constituyen salario y es el hecho o circunstancia de que la demandante practicaba algunas cirugías y las cuentas las formulaba a nombre del Dr. Fernando Acosta( ).

En ningún momento, bajo ninguna modalidad, un trabajador recibe su salario a nombre de terceras personas y menos la parte empleadora, de acuerdo con la ley está facultada para efectuar esta clase de proce�di�mientos, es decir, retribuir el contrato laboral a persona diferente a la beneficiaria del salario" (folios 177 y 178). Como lo anota la recurrente en su censura, el error del fallador de alzada, y sobre el cual estrutura las equivocadas consideraciones que sirven de soporte al fallo en esta parte de su decisión, lo constituye la cir�cuns�tan�cia de suponer que la misma actividad de realizar ciru�gías por parte de la trabajadora como médica, era en unos casos parte de su labor y por lo mismo era un trabajo cuya remune�ra�ción quedaba incluida en su salario mensual, y en otros eventos las in�ter�venciones quirúrgicas surgían, como lo dice textualmente, de " la prestación de servi�cios profesionales de cirugía con�tra�tados por un precio de�terminado cada uno y pagados según cuenta de cobro presen�tada, la que no tenía la misma perio�dicidad con que nor�mal�mente se remunera a un servidor y lo que es más diciente, no se incluían los valores remune�ra�ti�vos de estos valores dentro del ingreso mensual o salario pac�ta�do, indicando ésto que los pagos adicionales por las ciru�gías no revestían el carácter de salario " (folio 177).

No es admisible, en principio, que idénticas actividades desarrolladas por alquien cuya condición de trabajadora no ha sido discutida, se realizaran en unos casos en cumplimiento normal de sus obligaciones laborales y, en cambio, en otros el mismo trabajo no fuera una actividad subordinada sino independiente, aun cuando remunerada también por el emplea�dor, dado que las personas intervenidas en las operaciones eran en ambas circunstancias igualmente traba�ja�do�res de la empresa o familiares de los mismos.

La con�curren�cia en este caso de un contrato de tra�bajo y uno de locación de obra resulta en verdad tan extraña que tendría que existir, y no existe, una prueba especialmente clara, inequívocamente demostrativa de que se dió esa dualidad de contratos para ejercer, se repite, la misma labor. Los demás errores de hecho que denuncia el cargo son simple consecuencia del que ya aparece demostrado y que es el fundamental.

Por consiguiente, la Sala comparte el análisis de las pruebas que hizo el juez de primera instan�cia y sus acertadas conclusiones respecto al verdadero salario de la trabajadora, puesto que indis�cu�ti�blemente y con las tex�tua�les palabras del fallo del a-quo: "El valor de las cirugías que la demandante practicaba eran en cumplimiento del contrato de trabajo que tenía celebrado con la deman�da�da y por ello no puede aceptarse el argumento por ésta esgrimido en el sentido de que se cum��plían en ejercicio de un contrato diferente y paralelo al laboral de carácter indepen�dien�te; esta afirmación carece de respaldo pro�ba�torio y por ello se presume que lo eran tam�bién en cumplimiento del contrato de trabajo " (folio 147).

Significa lo anterior que sin necesidad de un análisis más pormenorizado de las pruebas que se reseñan en el cargo, debe concluirse que la sentencia incurrió en los yerros que le atribuye la recurrente. En consecuen�cia, el cargo prospera y se casará la sentencia acusada. IV.- CONSIDERACIONES DE INSTANCIA. Además de las razones expresadas al es�tu�diar el recurso extraordinario, basta con anotar que en el proceso quedó plenamente probada la existencia del contra�to de trabajo que vinculó a la demandante María Estela Ri�caur�te Betancur y a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, actual�mente en liquidación, por virtud del cual aquélla le prestó sus servicios como oftalmóloga-cirujana desde el 11 de septiembre de 1.982 hasta el 26 de marzo de 1.989.

Al despachar el recurso quedó dicho que, conforme lo dió por establecido el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el salario devengado por la actora ascendió a un promedio mensual de $177.080.70, luego sobre esta base salarial, confirmando las condenas dispuestas en la primera instancia, se condenará a la demandada a reajustar el auxilio de cesantía. Quiere anotar la Sala, para precisar el ver�da�dero alcance de la doctrina contenida en el fallo de 18 de octubre de 1.990 al que acudió el Tribunal de Medellín, que lo allí dicho fue que en el régimen propio de los trabajado�res oficiales, regulado en los artículos 11 de la Ley 6a. de 1.945 y 47 y 51 del Decreto 2127 de ese mismo año, no se encuentra expresamente establecido el monto de la indemniza�ción cuando la terminación del contrato se origina en una determinación del trabajador, como consecuencia de una justa causa en la que haya incurrido el patrono oficial, razón por la cual en los casos en que se configure el denominado "autodespido" o "despido indirecto", estará obligado el tra�bajador a probar el monto del perjuicio que le irrogó la con�ducta del empleador.

Pero ello no significa que ante una conducta abusiva del patrono oficial, que por ser viola�toria de la ley o de las obligaciones convencionalmente esta�ble�ci�das, no pueda el trabajador dar por terminado el contrato de trabajo, ni menos aún que esta conducta ilícita haya de que�dar impune. Empero, como en este caso expresamente la recurrente delimitó el alcance de su impugnación a lo rela�tivo a las condenas por reajuste de la cesantía y pago de la indemnización moratoria, únicamente resta estudiar lo rela�cio�nado con esta última pretensión. Conforme lo tiene suficientemente explicado la Sala, el sentido del artículo 1o. del Decreto 797 de 1.949, que es el aplicable en este caso por tratarse de una trabaja�dora oficial, es el de que la carga de demostrar su buena fe es del empleador que a la terminación del contrato no paga la totalidad de lo que adeuda por concepto de salarios, presta�cio�nes sociales e indemnizaciones, de forma que si no la cumple se hace acreedor a la sanción por mora.

Aplicado el anterior criterio juris�pru�dencial al caso que se juzga, habría que concluir que no solamente la parte empleadora no acreditó su buena fe, sino que inclusive existe prueba que permite afirmar que en sus relaciones fi�na�les los Ferrocarriles Nacionales de Co�lombia no actuaron con razones atendibles al negarle el carácter salarial a los pa�gos que hacían a la demandante por concepto de las inter�ven�ciones quirúrgicas que en el campo de su espe�cia�lidad le prac��ti�caba a los trabajadores de la empresa o a los fami�lia�res de éstos, en cumplimiento de su contrato laboral, pero como actividad que se remuneraba separadamente del sueldo mensual.

Dicha prueba resulta de los documentos aportados con la demanda y no redarguidos ni tachados de falsos, ni tampoco des�co�no�ci�dos, obrantes a los folios 18, 19, 20 y 22 del expediente. En razón de las anteriores consideraciones se confirmará igualmente por este aspecto la condena impuesta en la sentencia de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, dictada el 28 de febrero de 1.992 por el Tribunal Superior del Ditrito Ju�di�cial de Mede�llín en el proceso que María Stella Ricaurte Betancur le sigue a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en liqui�dación, en cuanto revocó las condenas proferidas por el Juzgado Cuarto Laboral de dicho Circuito en su fallo de 13 de diciembre de 1.991, por reajuste de la cesantía e indem�ni�za�ción moratoria, para, en su lugar, actuando como ad-quem, confirmar las condenas dispuestas por esos conceptos en la sentencia de primera instancia. NO LA CASA en lo demás. Sin costas en el recurso extraordinario ni en la apelación. Las de primera instancia serán de cargo de la parte demandada.

COPIESE,

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. HUGO SUESCUN PUJOLS RAFAEL BAQUERO HERRERA ERNESTO JIMENEZ DIAZ JAVIER ANTONIO FERNANDEZ SIERRA Secretario � � �PÁGINA \* ARÁBIGO�18�