CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Casación Nº 36507 Carlos Andrés Rodríguez Sánchez PAGE 26 Casación Nº 36507 Carlos Andrés Rodríguez Sánchez Proceso nº 36507 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA Aprobado Acta Nº 303 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil once (2011). VISTOS Decide la Sala acerca de la admisión de la demanda de casación presentada en nombre de CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, contra el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán que confirmó en cuanto al objeto de apelación el emitido en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, mediante el cual, con base en un preacuerdo, éste fue condenado con Andrés Martín Cifuentes Castillo, Andrés Felipe Gamboa Pino y John Jairo Arias Achinte, como coautores de los delitos de hurto calificado, agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
HECHOS Y SÍNTESIS PROCESAL 1. El 28 de mayo de 2009, en Popayán, en una casa de habitación del Barrio San Camilo, cerca de las 7:30 p. m., varios sujetos se presentaron esgrimiendo armas de fuego y, tras reducir a sus moradores, procedieron a empacar en maletas distintos objetos de valor y dinero en efectivo, pero como una de las víctimas alcanzó a alertar a las autoridades mediante llamada telefónica, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar y sorprendieron a los atracadores cuando de disponían a huir, presentándose en ese momento un intercambio de disparos con dos de los maleantes que abordaron una motocicleta en la que escaparon con algunos de los elementos hurtados, logrando los funcionarios capturar en flagrancia a CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Andrés Martín Cifuentes Castillo, Andrés Felipe Gamboa Pino y John Jairo Arias Achinte. 2.
Por esos sucesos, se llevó a cabo el 29 de mayo de 2009, ante un juez con funciones de control de garantías, la legalización de la privación de la libertad de los citados, formulación de imputación e imposición de detención preventiva por hurto calificado y agravado, luego de lo cual, el 26 de junio siguiente, el instructor presentó escrito de acusación por las referidas conductas punibles de conformidad con lo previsto en la Ley 599 de 2000, artículos 31, 239, 240, inciso segundo, 241, numeral 10, y 365, inciso segundo, numerales 1 y 3, con las modificaciones punitivas que a esas normas le introdujo la Ley 1142 de 2007. 3.
El Juez Quinto Penal del Circuito de esa ciudad dispuso celebrar la audiencia de acusación el 24 de agosto de 2009, diligencia aplazada en virtud de la solicitud que elevó uno de los defensores, quedando pospuesta para el siguiente 13 de octubre, oportunidad en la que tampoco se formuló acusación pues el instructor presentó un preacuerdo suscrito con los procesados el 1 de septiembre de ese año, negociación que en esa fecha no fue legalizada porque todas las víctimas no habían sido aún indemnizadas. 4.
El 30 de octubre y 20 de noviembre de 2009 por la inasistencia de algunos defensores no fue posible verificar la legalidad del preacuerdo, y sólo hasta el 27 del último mes en audiencia se publicitó tal negociación que consistió en lo siguiente: la Fiscalía, a cambio de la aceptación de responsabilidad de los acusados, les otorgó el máximo descuento (las tres cuartas partes) por la reparación integral de los ofendidos en el delito contra el patrimonio económico, luego la pena imponer por éste sería de treinta y seis (36) meses; además acordaron que para dosificar la sanción se partiría del mínimo en relación con la conducta punible contra la seguridad pública, es decir, de noventa y seis (96) meses y sobre ese monto, en razón del concurso, incrementar doce (12) meses, obteniendo así un total de ciento ocho (108) meses, el cual por virtud del mismo acuerdo se rebajó a la mitad, para así llegar a una pena principal a imponer de cincuenta y cuatro (54) meses.
Sin embargo, en desarrollo de esa diligencia, uno de los procesados abjuró del convenio al estimar que la aludida pena era exagerada, motivo por el que el juez al considerar también que lo pactado por la Fiscalía desconoció el máximo beneficio que podía otorgarse según lo normado en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004 y atendiendo la fecha en que sobrevino la negociación, improbó el aludido acuerdo, decisión que cobró ejecutoria el 30 de noviembre de 2009, al desistir los defensores del recurso de apelación formulado en desarrollo de la referida audiencia. 5.
Luego de lo anterior y tras obtener la libertad los acusados por vencimiento de los términos en el juicio (Ley 906, artículo 317-5), entre el 17 de diciembre de 2009 y el 21 de enero de 2010, por separado, los procesados suscribieron con la Fiscalía sendos preacuerdos en los que la única modificación consistió en pactar una rebaja del cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre el monto de la pena dosificada en la forma como la habían acordado inicialmente, y el 9 de junio siguiente el juzgador adelantó la respectiva audiencia a efecto del control de legalidad de esos convenios, asistiendo a ese trámite sólo Andrés Martín Cifuentes Castillo y CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, los cuales improbó por segunda vez en relación con éstos (frente a los demás señaló el 18 de junio para lo pertinente) al no estar en consonancia con lo previsto en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, decisión apelada por la asistencia técnica de los acusados y que quedó en firme el 11 del mismo mes al desistir los letrados de la impugnación. 6.
Pese a lo anterior, y a que no se llevó a cabo la audiencia dispuesta en relación con Andrés Felipe Gamboa Pino y John Jairo Arias Achinte, el 21 de junio de 2010 el representante del ente acusador y los cuatro procesados suscribieron otra negociación en los siguientes términos: acordaron que tendrían derecho al máximo descuento (tres cuartas partes) por la reparación integral de los ofendidos en el delito contra el patrimonio económico y que la pena por imponer sería de treinta y seis (36) meses; además, en cuanto a la conducta punible contra la seguridad pública pactaron “ eliminar las circunstancias de agravación como cambio favorable… constituyendo esa la única rebaja compensatoria por el acuerdo ” y que por lo tanto la pena a infligir por el mismo sería de cuarenta y ocho (48) meses; finalmente, estipularon que partiendo de éste último guarismo el incremento por el concurso con el otro comportamiento delictivo sería de seis (6) meses, y de esa forma concluyeron que la sanción principal definitiva debía ser cincuenta y cuatro (54) meses de prisión. 7.
Sometido dicho acuerdo al control de legalidad del juez de conocimiento, el funcionario le impartió aprobación en audiencias celebradas el 11 de agosto de 2010 acerca de RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Cifuentes Castillo y Arias Achinte, y el 2 de septiembre de la misma anualidad en respecto de Gamboa Pino, y el 29 de noviembre siguiente emitió la sentencia de rigor, decisión en la que acogiendo las cláusulas del convenio le impuso a los procesados pena principal de cincuenta y cuatro (54) meses de prisión, así como la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso, y les negó la suspensión condicional de la ejecución de la condena, lo mismo que la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural. 8.
De la expresada providencia apeló el defensor de RODRÍGUEZ SÁNCHEZ únicamente en cuanto a la negativa a reconocer a su prohijado la prisión domicilia, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán mediante la suya de 10 de marzo de 2011, le impartió confirmación integral, fallo de segunda instancia que la misma parte impugnó a través del recurso extraordinario de casación, el cual sustentó de manera oportuna.
LA DEMANDA 9. El censor, con fundamento en el artículo 181, numeral 1, de la Ley 906 de 2004, presenta un cargo aduciendo la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 314, numeral 5, del citado ordenamiento penal adjetivo, dado que para conceder la prisión domiciliaria como pena sustitutiva, según criterio reiterado en decisiones de esta Corporación, de las que suministra los datos pertinentes, sólo era necesario acreditar la condición de padre cabeza de familia de su representado, como en efecto se comprobó, sin requerirse de consideraciones o valoraciones adicionales a la naturaleza y gravedad de las conductas punibles o la personalidad del procesado.
Por lo anterior solicita casar el pronunciamiento impugnado en el sentido de otorgar a su prohijado el subrogado en cuestión. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 10. De conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal que gobernó este asunto, el recurso de casación es un mecanismo de control tanto constitucional (artículo 235-1) como legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 180 del mismo ordenamiento, tiene como propósitos alcanzar (i) la efectividad del derecho material, (ii) el respeto de las garantías fundamentales, (iii) la reparación de los agravios inferidos y (iv) la unificación de la jurisprudencia. Para hacer efectivo el cumplimiento de esos objetivos, en el mencionado régimen procesal se dotó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de facultades sustanciales al conferirle, entre otras, la potestad de superar los defectos de la demanda para decidir de fondo cuando los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso, e índole de la discusión planteada, así lo ameriten.
Lo anterior no implica, sin embargo, que este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor y que tenga como finalidad abrir un espacio procesal semejante al de las instancias para prolongar el debate respecto de puntos que han sido materia de controversia, pues, por el contrario, dada su naturaleza extraordinaria, quien acude al mismo debe ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados, y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 del ordenamiento procesal, en aras de persuadir a esta Corporación de revisar el fallo de segunda instancia con el fin de corregir el pronunciamiento que se revela contrario a derecho.
De ahí que el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 consagre que no será admitida la demanda si el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, “ cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso ”, lo que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder a los planteamientos del demandante sin recurrir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación. 11.
Desde ahora la Sala advierte que la demanda no será admitida, pues aún cuando es indiscutible el interés del actor y desde la perspectiva lógico-argumental puede aceptarse que el cargo está bien expuesto por el motivo de casación invocado, el problema jurídico que subyace a la pretensión del recurrente fue abordado por la Corte en reciente pronunciamiento que agota en forma adversa su solicitud y cuyas precisiones se reiterarán a continuación, sin que sea entonces necesario emitir un fallo para responder a la proposición del memorialista. 12.
En efecto, en sentencia del pasado 22 de junio, en relación con las exigencias para otorgar la prisión domiciliaría como sanción sustitutiva de la privación de la libertad en centro de reclusión, la línea jurisprudencial invocada por el demandante fue recogida con base en lo siguiente: “ 2. El alcance de los artículos 314 numeral 5 y 461 de la Ley 906 de 2004 frente al mecanismo sustitutivo contemplado en la Ley 750 de 2002. ” 2.1.
Los argumentos esgrimidos por la Sala para sostener que la sola condición de cabeza de familia es suficiente para conceder la prisión o detención domiciliaria son del siguiente tenor: ” 2.1.1. El numeral 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal señala que la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia cuando el procesado fuese cabeza de familia ‘ de un hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado ’. ” 2.1.2.
Las exigencias de dicha disposición son menos restrictivas y, por lo tanto, más ventajosas para los intereses de la persona a quien se le impone la privación de la libertad, pues de su simple lectura se advierte que ‘ no está limitada […] por la naturaleza del delito, así como tampoco supeditada a la carencia de antecedentes penales y mucho menos a la valoración de componente subjetivo alguno ’. ” 2.1.3.
Esta norma, que en principio sería aplicable para la imposición de la medida de aseguramiento, también procede para efectos de la sustitución de la pena de prisión por la domiciliaria, toda vez que el artículo 461 del ordenamiento procesal faculta al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para sustituir la ejecución de la sanción privativa del derecho ‘ en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva ’. ” 2.1.4.
Dada ‘ la inmediatez en la efectiva protección de la restricción de la libertad ’, la competencia del juez de ejecución no sólo debe recaer en dicho funcionario, sino también en la Corte cuando emite un fallo condenatorio, pues lo hace con el carácter de definitivo. En cambio, cuando los jueces o tribunales hagan lo propio, y ‘ constaten cumplida la totalidad de requisitos de las causales regladas por el artículo 314, lo procedente será la aplicación directa de la causal de sustitución de la medida de aseguramiento ’. ” 2.2.
En cuanto al análisis de las condiciones subjetivas o personales del procesado, la anterior postura obedece a una incorrecta o limitada visión de las normas citadas por las siguientes razones: ” 2.2.1. Para efectos de imponer cualquier medida de aseguramiento que restrinja el derecho de libertad, es presupuesto indispensable verificar la existencia de por lo menos uno de los fines procesales de la detención preventiva en el caso concreto, situación que a la postre implica analizar factores de índole personal o subjetivo en cabeza del procesado, incluida la concurrencia de antecedentes penales. ” Ninguna discusión se presenta en este sentido, tanto en el ámbito internacional como en el del orden interno. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en relación con la procedencia de la prisión preventiva basada en los fines de ‘ peligro de fuga ’ y ‘riesgo de reincidencia ’ el deber de abordar circunstancias personales, entre las cuales se advierte las condenas por delitos anteriores: ‘La posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada. ’[…] para justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado.
Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad’. ” La Corte Constitucional, a su vez, declaró exequible de manera condicionada el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 (modificado por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007), que regula los criterios por los cuales el funcionario considera si el imputado representa un peligro para la comunidad, en el entendido de que en cualquier caso deberá valorar todas las circunstancias personales allí previstas, como ‘ la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional ’: ‘[…] para el funcionario judicial, al momento de determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad, no es suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible, sino que siempre deberá valorar, bajo las finalidades que la Constitución le ha otorgado a esa clase de medidas preventivas, además de los requisitos contenidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, las demás circunstancias contenidas en los numerales 1 a 4 del artículo 310 ibídem’. ” Y respecto del artículo 312 del estatuto procesal (modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007), el máximo tribunal en materia de control constitucional llegó a similar conclusión, esto es, que aparte de la gravedad de la conducta y la pena imponible el juez habrá de considerar aspectos propios del procesado como ‘ el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto ’, al igual que la actitud asumida frente al daño causado y su comportamiento ‘ durante el procedimiento o en otro anterior ’. ” La Sala, por su parte, había estimado de tiempo atrás que el análisis de los factores personales es insoslayable para la procedencia o no de la medida de aseguramiento, incluso la de detención domiciliaria: ‘[…] el funcionario queda obligado a realizar en cada caso un pronóstico a partir de las condiciones laborales, personales, familiares o sociales del procesado, que armonice con los fines y las funciones que la medida restrictiva de la libertad está llamada a cumplir, de tal manera que su aplicación responda a la idea según la cual, al tiempo que se asegura la comparecencia del sindicado al proceso, la eventual ejecución de la pena y se impide la continuación de su actividad delictual, se propende por garantizar la intangibilidad de la prueba y el normal desarrollo de la actividad probatoria por el órgano judicial’. ” 2.2.2.
Por su parte, es imposible escindir de la pena privativa de la libertad una valoración concerniente a sus funciones, y en ella las circunstancias relativas al autor del injusto (que en un sentido más amplio hacen parte del juicio de reproche individual como principio rector de la categoría de la culpabilidad) son necesarias a la hora de determinar judicialmente su efectiva ejecución. ” Esto es así de acuerdo con el artículo 4 del Código Penal, norma rectora que en tanto tal prevalece sobre las demás disposiciones y rige para la interpretación de todo el sistema.
Esta norma estatuye, a modo de fines de la pena, los de prevención general, retribución justa, protección al condenado, prevención especial y reinserción a la sociedad, siendo estas dos últimas ‘las que operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión’. ” Por ello, la Sala ha contemplado que, para la concesión de la prisión domiciliaria, los fines de la pena constituyen tanto la razón como el horizonte por el cual es deber del funcionario estudiar las condiciones relativas al ‘ desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado ’, de que trata el artículo 38 del Código Penal: ‘[…] el pronóstico al que se condiciona el reconocimiento de la pena sustitutiva, por sujetarse a su vez al entorno laboral, personal, familiar o social del sentenciado, ha de conciliar el sentido y fines de la pena, de modo que en éstos pueda armonizarse la prevención general y la especial, pues si bien es tan legítimo que, en un adecuado sistema de política criminal que orienta aquella función con arreglo a los principios de protección de los bienes jurídicos, proporcionalidad y culpabilidad, el derecho penal está llamado a desempeñar una labor profiláctica en abstracto, no menos lo es que, dados los presupuestos de garantía de los derechos del procesado, también se encuentra orientado a cumplir una función de prevención especial, pero no en un sentido negativo bajo el falso entendido de que existen delincuentes irrecuperables que seguramente volverán a reincidir, sino en uno contrario en que, de manera positiva y dentro del respeto por la autonomía y dignidad del condenado se propenda hacia su resocialización. ’En ese orden, el diagnóstico, así relativo, que demanda la norma en que se fundamenta la pena sustitutiva, obedece ciertamente a un juicio positivo sobre esa función preventiva especial pues, a no dudarlo, los supuestos subjetivos para su reconocimiento, en la medida en que se refieren a las condiciones personales, familiares, laborales o sociales del sentenciado, deben examinarse dentro de la posibilidad que éste tenga, a futuro, de vulnerar bienes jurídicos en relación, obviamente, con dicho entorno’. ” Por su parte, la opinión dominante en la doctrina contemporánea no defiende una postura distinta, pero no con base en un fundamento de orden legal, sino propio de la teoría del delito, según el cual la noción de culpabilidad (en tanto límite y sentido de la pena) comprende un reproche de índole personal: ‘En el juicio de reproche deben de tenerse en cuenta […] no sólo todos los elementos objetivos y subjetivos de la acción u omisión típica y antijurídica realizada, sino también todas las circunstancias que rodearon la conducta delictiva y que concurrían en el delincuente.
En lo que a éste respecta hay que tener en cuenta su vida anterior –el medio social del que procede, si pudo o no recibir una educación adecuada, si pudo o no conseguir trabajo, sus posibles antecedentes penales… – y su personalidad. […] No es que el objeto del juicio de reproche sea la vida del delincuente (culpabilidad por conducta de vida) o su carácter, sino que esos datos son relevantes para determinar si la realización de la acción u omisión típica y antijurídica le era o no reprochable y, en su caso, en qué medida le era reprochable’. ” En cuanto a los antecedentes penales como criterios indicativos de la personalidad, si bien la Sala ha precisado que no deben ser tenidos en cuenta por los jueces para considerar demostrada la comisión de la conducta, ni para individualizar una pena en detrimento de los intereses del procesado, también ha señalado que sirven para establecer que la sanción debe cumplirse en un establecimiento carcelario, o no puede ser suspendida condicionalmente, ni incluso ser sustituida por un mecanismo de punición menos drástico, como la prisión domiciliaria.
En palabras de la Corte: ‘[…] en relación con la existencia de antecedentes penales, la Sala, en pretérita decisión, señaló que tal factor no puede ser utilizado para demostrar la realización del injusto, ni mucho menos para individualizar la pena en detrimento de los intereses del procesado, en la medida en que, entre otras razones, constituyen manifestaciones indebidas del derecho penal de autor […] ’Lo anterior, sin perjuicio de que la existencia de antecedentes penales sea jurídicamente relevante a la hora de predicar otras consecuencias que trasciendan el propósito de demostrar los hechos materia de acusación o de dosificar la sanción aplicable, como imponer la detención preventiva con fundamento en el peligro para la comunidad que representa el imputado, o establecer la improcedencia de los mecanismos sustitutivos de la ejecución de la pena privativa de la libertad (suspensión condicional y prisión domiciliaria), cuyo análisis, por supuesto, debe estimarse a la luz de los fines de la misma y siempre con posterioridad a la verificación de la conducta punible y a la individualización de la pena’. ” 2.2.3.
Ya sea para imponer de la medida de aseguramiento o para disponer la ejecución de la sanción privativa de la libertad, el estudio de las condiciones particulares del procesado (orientado hacia los fines de la detención preventiva, en el primer caso, y en las funciones de la pena, en el segundo) responde a valores, derechos y principios constitucionales que, por esa misma razón, no pueden ser obviados ni ignorados por los funcionarios a la hora de decretar la detención o prisión domiciliaria, so pretexto de la calidad de cabeza de familia. ” De lo contrario, podrían verse afectados, entre otros: ” (i) La paz como valor supremo del Estado Social de Derecho (preámbulo de la Constitución Política ), así como derecho y deber de todo miembro de la sociedad (artículo 22 ibídem ). ” (ii) Los fines esenciales de ‘ garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución ’ (artículo 2) y de ‘ asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo ’ (ibídem). ” (iii) La prevalencia del interés general sobre el particular, fundamento del Estado Social de Derecho (artículo 1 ). ” (iv) El principio de la responsabilidad de los particulares ‘ por infringir la Constitución y las leyes ’ (artículo 6). ” Y (v) el derecho de todos los asociados de acceder a la administración de justicia, o derecho de tutela judicial efectiva, del cual se derivan las garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos, imposición de sanciones a los responsables y aseguramiento de una adecuada reparación a las víctimas (artículo 229 ). ” Acerca de esto último, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‘ el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad ’, concepto que a su vez fue definido como ‘ la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana ’. ” Por lo tanto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del procesado en razón de su condición de padre o madre cabeza de familia no puede en principio suscitar situaciones intolerables de impunidad, es decir, aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta de manera grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del proceso o del cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo ello dentro del ámbito de los objetivos que el derecho penal imponga por mandato constitucional en el caso concreto. ” 2.2.4.
En este orden de ideas, si el juez, por un lado, encuentra en determinado asunto que se reúnen los requisitos de naturaleza legal y constitucional para imponer la detención preventiva en un sitio de reclusión, o bien para decretar la ejecución material de la pena en un establecimiento carcelario, pero al mismo tiempo advierte que en aras del derecho del hijo menor o incapacitado sería recomendable no quebrantar la unidad familiar, está ante una colisión de principios que pese al interés superior de este último deberá resolver mediante el llamado juicio de ponderación. ” En efecto, cuando los fundamentos de dos normas o disposiciones llamadas a resolver un mismo asunto son incompatibles entre sí (pues obedecen a valores o principios que riñen entre ellos), la solución para el juez en un Estado Social de Derecho consiste en establecer el grado de satisfacción de uno y el correlativo menoscabo del otro, y viceversa, para concluir cuál deberá aplicar, en virtud de su mayor relevancia, según las circunstancias particulares conocidas.
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: ‘La doctrina constitucional asegura que, frente a la jerarquía equivalente de los principios constitucionales, los conflictos emanados de su aplicación deben resolverse a partir del balance de sus mutuas implicaciones. Esta alternativa parte del reconocimiento de que la Constitución Política rige como un todo sistemático y armónico, en el que ninguna sección ostenta una primacía formal sobre la otra.
El juicio de ponderación obliga así a considerar los elementos circundantes a cada principio en pugna, para determinar, luego de un análisis de alcances y consecuencias, derivado del peso mismo de cada principio, a favor de cuál debe resolverse la colisión. ’La finalidad del juicio de ponderación es la maximización de los principios involucrados en las normas en disputa –cuando el análisis se hace respecto de normas jurídicas–, de manera que ninguno de los extremos resulte anulado, sino meramente atenuado por el que lo enfrenta’. ” Ahora bien, es cierto que el principio contemplado en el inciso final del artículo 44 de la Carta Política señala que los derechos de los niños (entre los cuales se encuentra el de ‘ tener una familia y no ser separados de ella ’ ) ‘ prevalecen sobre los derechos de los demás ’. ” Sin embargo, lo anterior (que en la teoría constitucional obedece a un mayor ‘ peso abstracto ’ reconocido por la norma suprema) no elimina ni hace inocuo el juicio de ponderación, pues a pesar de que la supremacía o prevalencia del principio debe ser respetada por el intérprete de la norma, ello no excluye que en más de una ocasión impere el que en apariencia ostenta el menor raigambre. ” Tal fue uno de los argumentos de la Corte Constitucional cuando declaró exequible algunas expresiones del artículo 1 de la Ley 750 de 2002: ‘[…] los derechos de las niñas y los niños, pese a su especial protección, dentro de un estado social y democrático de derecho como el colombiano tienen límites como cualquier otra garantía constitucional.
Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha indicado que uno de esos límites se encuentra cuando la madre solicita que se le conceda el derecho de detención domiciliaria, y a pesar de que eso sea lo mejor para sus hijos, se le niega por representar ello un peligro o una amenaza grave para la paz y tranquilidad de la sociedad […] ’De esta manera, la jurisprudencia constitucional considera, por una parte, que es legítimo para el legislador introducir derechos en materia penal a mujeres que se encuentran privadas de la libertad, como por ejemplo la prisión domiciliaria; pero por otra, considera que no concederla a una mujer cabeza de familia, cuando ésta pone en riesgo la seguridad de la comunidad y puede representar una amenaza para los derechos de los asociados, es legítimo, porque es constitucional restringir esa posibilidad en tales condiciones’. ” 2.2.5.
Por consiguiente, aun en el evento de concluir que el numeral 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal desplazó al artículo 1 de la Ley 750 de 2002 (tanto en materia de prisión como de detención domiciliaria) en cuanto a la menor exigencia de requisitos, no habría razón alguna para concluir acerca de la imposibilidad de estudiar factores relativos al procesado, o a los antecedentes penales que registre, pues en virtud del juicio de ponderación en la aplicación de la ley se verá obligado a sopesar las circunstancias concernientes al interés superior del menor con las atinentes a los fines de la medida de aseguramiento, o a los de la ejecución de la pena, en aras de determinar si el mayor peso abstracto de uno de los principios en pugna es traducible en uno específico. ” Es decir, el debido respeto al interés superior del menor no implica un reconocimiento mecánico, irrazonable o autoritario de sus derechos.
Y dejar como único requisito de la detención o prisión domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la constatación de la simple condición de tal convierte en absoluto el derecho del menor a no estar separado de su familia, y además lo hace en detrimento de unos institutos (la detención preventiva en centro de reclusión y la ejecución de la pena en establecimiento carcelario) que no sólo atienden a principios y valores constitucionales (como la paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso a la administración de justicia de todos los asociados), sino que deben ser determinados por las circunstancias personales del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en todos los casos. ” 2.2.6.
Por lo anterior (es decir, porque no puede haber principio, derecho o valor absoluto), no es posible considerar que la intención original del legislador al consagrar el numeral 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 fue la de suprimir el juicio de ponderación por parte del operador de la norma en privilegio de los derechos de los menores, sino la de resaltar desde el punto de vista legal el énfasis que tal interés superior tiene que orientar la valoración de cada asunto por parte de los jueces. ” Esto último lo consideró la Corte Constitucional en el fallo que dejó dicha norma vigente, pero no sólo para quienes no hayan cumplido los doce años o presentasen deficiencias de índole mental, sino para todos los menores de edad o discapacitados permanentes: ‘[…] la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado no implica, de ninguna manera, que el beneficio de la detención domiciliaria deba automáticamente concederse a la madre o al padre de cualquier menor de 18 años, sin consideración a sus condiciones fácticas particulares. ’[…] dado que la finalidad de la norma es garantizar la protección de los derechos de los menores, el juez de control de garantías deberá poner especial énfasis en las condiciones particulares del niño a efectos de verificar que la concesión de la detención domiciliaria realmente y en cada caso preserve el interés superior del menor, evitando con ello que se convierta, como lo dijo la Corte en la sentencia C-184 de 2003, en una estratagema del procesado para manipular el beneficio y cumplir la detención preventiva en su domicilio’. ” Lo anterior significa que no está prohibida la confrontación, en cada caso, de las circunstancias constitutivas del interés superior del menor con las condiciones personales en el imputado o autor del injusto que justifiquen la procedencia de la detención preventiva o de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en la medida en que estas últimas manifiestan valores constitucionales opuestos que, por el solo hecho de contar con un peso abstracto menor, no pueden ser excluidos de la sindéresis judicial. ” 2.2.7.
Si no fuera de esta forma, habría consecuencias jurídico-penalmente indeseables. Piénsese, por ejemplo, en el hecho de concederle a un miembro de una estructura organizada de poder, responsable de graves violaciones a los derechos humanos o con un considerable registro de antecedentes penales, la posibilidad de continuar en su casa con actividades criminales de alta repercusión social, o de impedir con eficiencia la reiteración de las mismas, tan sólo por el hecho de ser padre o madre cabeza de familia de un menor a quien tal decisión apenas en un cierto grado beneficiaría. ” 2.2.8.
Por último, no es posible sostener que los artículos 314 numeral 5 y 461 del Código de Procedimiento Penal derogaron los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 en lo atinente a la figura de la prisión domiciliaria para la persona cabeza de familia. ” Lo anterior, no sólo porque esta última norma es ley especial en lo que a la regulación de la ejecución de la pena privativa de la libertad se refiere, sino porque además es pertinente el mismo argumento que la Sala, en desarrollo de otra línea jurisprudencial, ha utilizado para concluir que el numeral 1 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 (que regula la figura de la detención preventiva en el lugar de residencia ) de ninguna manera ha derogado los requisitos previstos en el artículo 38 del Código Penal (relativo a la prisión domiciliaria como sustituto de la ejecución de la pena privativa de la libertad ).
En palabras de la Corte: ‘[…] como el defensor considera que la Ley 906 de 2004 no fijó límite punitivo alguno como requisito de procedencia para la prisión domiciliaria, […] advierte la Sala que de ninguna manera la nueva normatividad procesal modificó el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 sobre ese instituto, pues una cosa es la detención domiciliaria que procede en el trámite del proceso y otra, muy distinta, la prisión domiciliaria que procede para la ejecución de la pena. ’Es cierto que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, la detención domiciliaria no exige límite punitivo, como está consagrado en el artículo 314, norma que en verdad tiene efectos sustanciales favorables en la regulación de este específico instituto […] ’Este trato benévolo se entiende porque en la filosofía del sistema oral acusatorio el querer del legislador fue restringir el cumplimiento de la detención bajo el régimen carcelario para privilegiar, de manera general, un régimen que no esté sujeto a la severidad de la reclusión intramural, la que tendrá lugar únicamente cuando se considere necesario para los fines estrictamente señalados en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. ’Pero esa regla general que rige en el trámite procesal no puede extenderse a los casos donde el Estado, después de destronar la presunción de inocencia, condena al cumplimiento de una pena privativa de la libertad, porque en tales eventos la aplicación de la medida debe responder a otros fines distintos a los señalados en el referido precepto instrumental, que no son otros que los fines específicos de la pena establecidos en el artículo 4 del Código Penal –Ley 599 de 2000–. ’La observancia de esos fines en la aplicación de la pena necesariamente deben armonizarse con las exigencias legales establecidas en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para la prisión domiciliaria, como sustitutiva de la prisión, además de su requisito objetivo. ’Es decir, en la sistemática del nuevo Código Procesal Penal, la detención domiciliaria responde a unos fines específicos, aquellos señalados en el citado artículo 314, distintos a los fines de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, que se activan en momento de la imposición de la pena de prisión, por lo que no puede entenderse reformado el artículo 38 del Código Penal por el citado artículo 314 de la Ley 906’. ” En este orden de ideas, si para la Corte el numeral 1 artículo 314 de la Ley 906 de 2004 no modificó la figura de la prisión domiciliaria del artículo 38 del Código Penal, deberá predicarse lo mismo respecto del numeral 5 del artículo 314 del estatuto adjetivo y su relación con los requisitos tanto objetivos como subjetivos de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia del artículo 1 de la Ley 750 de 2002, pues frente a esta última situación también rigen principios distintos y el tratamiento más benévolo sólo puede justificarse en la medida en que no se haya desvirtuado la presunción de inocencia. ” 2.3.
De conformidad con lo hasta ahora expuesto, la Corte extrae las siguientes conclusiones: ” 2.3.1. El numeral 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal no puede ser interpretado de manera aislada en perjuicio del resto del ordenamiento jurídico, pues al operador de la norma no le está permitido dejar inocuos los valores y principios en los que se sustenta los fines de la detención preventiva, instituto para el cual siempre habrá de considerarse circunstancias atinentes a la persona del procesado, incluidas las derivadas de los antecedentes penales que registre. ” 2.3.2.
En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, los requisitos de orden objetivo y subjetivo consagrados en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 no pueden entenderse derogados por los artículos 314 numeral 5 y 461 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que estas normas obedecen a un carácter menos restrictivo del derecho a la libertad que desde el punto de vista de la Constitución Política se justifica por el hecho de no haber sido desvirtuada la presunción de inocencia. ” 2.3.3.
En consecuencia, ya sea por mandato constitucional o específico precepto legal, en ningún caso será posible desligar del análisis para la procedencia de la detención en el lugar de residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o madre cabeza de familia, aquellas condiciones personales del procesado que permitan la ponderación de los fines de la medida de aseguramiento, o de la ejecución de la pena, con las circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia de proteger su derecho, a pesar del mayor énfasis o peso abstracto del interés superior que le asiste. ” 13.
En el presente evento, el Tribunal frente a la apelación del hoy del demandante por el mismo aspecto blandido en casación, precisó ciertamente que la prisión domiciliaria como pena sustitutiva regulada en la Ley 750 de 2002, se hallaba supeditada a unos requisitos tanto objetivos como subjetivos, y que si bien los primeros podían considerarse satisfechos, no ocurría lo mismo respecto de los segundos, pues el desempeño laboral, personal y social del procesado exteriorizado en las circunstancias concretas de ejecución de las conductas punibles, y atendida la naturaleza y gravedad de las mismas, arrojaba un pronóstico negativo que impedía otorgar el beneficio en cuestión, como igualmente lo concluyó el fallador de primer grado.
La amplia ponderación consignada en la sentencia de segunda instancia acerca del no cumplimiento de los condicionamientos subjetivos está en directa consonancia con el análisis y consideraciones transcritas en el anterior punto, evidenciando ello que no hubo exclusión caprichosa de la norma invocada por el recurrente, y que el criterio para negar el mencionado subrogado, tanto en primera como en segunda instancia, se compagina o armoniza con el adoptado por la Sala en la decisión rememorada, siendo éste motivo suficiente para no admitir la demanda por el único cargo denunciado en ella.
Por lo demás, advierte la Corte que no observa violación de derechos o garantías de CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado, como para que sea necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección. Al contrario, la Sala no puede dejar de destacar que la situación de aquél y de quienes suscribieron el “ preacuerdo ” con la Fiscalía, resultó ampliamente favorecida con una terminación negociada que raya en el desconocimiento de las formas propias del juicio en esa materia, pues al ocurrir dicho pacto después de presentado el escrito de acusación, lo convenido por las partes acusadora y acusada en ningún caso podía ser superior o significar un descuento mayor a la tercera parte de la pena (Ley 906 de 2004, artículo 352) que podía imponerles el juez de conocimiento con sujeción a la calificación jurídica de las conductas y a su libertad reglada en la dosificación de la sanción. No podía el representante de la Fiscalía, sin desconocer la limitante atrás aludida, soslayar competencia exclusiva del fallador pactando el máximo de la rebaja por indemnización integral, y a la vez, con detrimento del principio de legalidad, retirar las agravantes especificas del delito contra la seguridad pública, lo cual en la práctica implicó un descuento del cincuenta por ciento para esa conducta, y además atar al juzgador a los mínimos así establecidos, y no conforme con ello, pactar un pírrico aumento por el delito concurrente, escasamente igual a una sexta parte de la sanción mínima que se podría imponer por este, a pesar de haber otorgado inopinadamente el máximo por la reparación integral de las víctimas.
Impávidos los juzgadores de primero y segundo grado avalaron un acuerdo que no sólo se apartó del precepto atrás mencionado, sino que en materia de las finalidades que deben orientar ese tipo de actuaciones, tampoco le rindió tributo a las mismas (Ley 906 de 2004, artículo 348), pues cabe preguntarse qué ahorro comportó a la administración de justicia esa tardía negociación, cuando la Fiscalía ya había presentado el escrito de acusación y contaba con todas las pruebas para la condigna condena de los acusados sorprendidos en situación de flagrancia; además que, luego de allegado el primer pacto, la actuación por maniobras atribuibles a los defensores y los acusados se dilató por más de un año, tiempo en el que pudo terminarse el juicio con todas las garantías y finalizar el mismo con la sentencia ordinaria de rigor.
Un ejercicio abstracto de dosificación, partiendo de los límites legales mínimos para las conductas punibles de las que se ocupó este proceso, y en el que se hubiese pactado la rebaja de una tercera parte permitida, enseña que la sanción por imponer a los acusados estaba muy por encima de la acordada; sin embargo, como se trata de apelante único, la Corte no puede corregir el desafuero, ni siquiera acudiendo al mecanismo de la nulidad, ya que esa sería una forma velada de desconocer la prohibición de constitucional de reforma en peor, garantía que aun en casos como éste, en criterio mayoritario de la Sala, debe permanecer incólume. 14.
Por último, impera señalar que respecto de la decisión de inadmisión procede el mecanismo de insistencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 184, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004, y como allí no se regula su trámite, de tiempo atrás la Sala clarificó su naturaleza y definió las reglas que habrán de observarse para su aplicación, en los siguientes términos: a. La insistencia es un mecanismo especial, que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia mediante la cual la Corte decide rechazar la demanda de casación. b. La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, ante uno de los Magistrados que hayan salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no intervino en la discusión y no suscribió el correspondiente auto. c. Es facultativo del Magistrado disidente, del que no participó en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días, y d. El auto a través del cual no se acepta la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló ese recurso, salvo que la insistencia prospere y lleve a la admisión del libelo, o que sea necesario proveer de oficio el restablecimiento de garantías fundamentales de las partes o intervinientes.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE
1. NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor de CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, de acuerdo con lo atrás puntualizado. 2. Según lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del recurrente elevar petición de insistencia en los términos precisados en esta decisión. Notifíquese y cúmplase. JAVIER ZAPATA ORTIZ JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � Carpeta principal, folios 1-4 y 11-14. � Ídem, folios 36-47. � Ídem, folios 50-53 y 55-80. � Ídem, folios 81-84, 87, 89-93, 95-97, 99-101, 103-108. � Ídem, folios 114-142, 149-151 y 167. � Ídem, folios 157-166. � Ídem, folios 220-223, 226-228, 238, 239 y 248-251. � Ídem, folios 254-258, 265-281 y 283-288. � Artículo 314 numeral 5 de la Ley 906 de 2004: “Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad mental permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado.
En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”. De esta norma, la Corte Constitucional, en el fallo C-154 de 2007, retiró del ordenamiento por inexequibles las expresiones “de doce (12) años” y “mental”. � Sentencia de única instancia de 26 de junio de 2008, radicación 22453. � Artículo 461 de la Ley 906 de 2004: “El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva”. � Sentencia de única instancia de 26 de junio de 2008, radicación 22453. � Ibídem. � Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 02 de 11 de marzo de 1997, Argentina, §§ 29 y 32. � Artículo 310 del Código de Procedimiento Penal.
Dichas circunstancias son: “1-. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. / 2-. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. / 3-. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional. / 4-.
La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional”. � Corte Constitucional, sentencia C-1198 de 2008. � Ibídem. Es de aclarar que la Corte Constitucional declaró inexequible dicha norma la expresión “en especial”. � Numeral 1 del artículo 312 del Código de Procedimiento Penal: “La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto”. � Numeral 2 ibídem: “La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a éste”. � Numeral 3 ibídem: “El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que pueda inferirse razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena”. � Auto de 29 de abril de 2003, radicación 17089. � Artículo 13 de la Ley 599 de 2000: “Las normas rectoras contenidas en este Código constituyen la esencia y orientación del sistema penal.
Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación”. � Artículo 4 del Código Penal: “La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. / La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”. � Numeral 2 del artículo 38 del Código Penal: “Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena”. � Providencia de 31 de agosto de 2001, radicación 15003.
En sentido similar, autos de 16 de agosto de 2001, radicación 18506, y 17 de junio de 2003, radicación 18684, entre otras. � Cerezo Mir, José, Derecho penal. Parte general, obras completas I, ARA, Lima, 2006, p. 886. � Cf., al respecto, sentencia de 20 de febrero de 2008, radicación 21731. � Sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 28362. � Preámbulo de la Carta Política: “El Pueblo de Colombia […], con el fin de […] asegurar a sus integrantes […] la paz […]”. � Artículo 22 de la Constitución Política: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. � Artículo 1 ibídem: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, […] fundada en la prevalencia del interés general”. � Artículo 229 ibídem: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”. � Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, § 237. � Ibídem. � Corte Constitucional, sentencia C-154 de 2007. � Inciso 1º del artículo 44 de la Constitución Política. � Corte Constitucional, sentencia C-184 de 2003. � Corte Constitucional, sentencia C-154 de 2007. � Numeral 1 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007: “Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imputación, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado”. � Artículo 38 del Código Penal: “La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos: […]” � Sentencia de 1º de junio de 2006, radicación 24764.
En el mismo sentido, fallos de 19 de octubre de 2006, radicación 25724, y 13 de junio de 2007, radicación 27064, entre otras. � Cfr. Sentencia de 22 de junio de 2011, radicación Nº 35943. � Carpeta principal, folios 268 -275.