CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 34248 JOAQUÍN LÓPEZ VS. CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Radicación No. 34248 Acta No. 07 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil nueve (2009).

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de JOAQUÍN LÓPEZ, contra la sentencia del 16 de marzo de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, quien actuó por virtud de la descongestión dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 3430 de 2006, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL y MINERO EN LIQUIDACIÓN.

ANTECEDENTES El actor demandó a la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL y MINERO EN LIQUIDACIÓN, para que fuera condenada a ajustarle el valor de la mesada de la pensión de jubilación, previa indexación de “ la primera mesada pensional según el I.P.C. promedio nacional causado para los años 1999 y 2000 ”; en consecuencia, actualizarle las mesadas pagadas en los años posteriores, con los correspondientes reajustes, incluidas las adicionales de junio y diciembre, y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirmó que prestó servicios a la Caja por un lapso superior a los 20 años, hasta el 27 de junio de 1999 en que su contrato terminó sin justa causa; por Resolución 01216 de 2001 la demandada le reconoció pensión a partir el 31 de mayo de 2001, sin la indexación que le correspondía; al momento de la terminación de contrato el monto equivalía a 3.29 salarios mínimos legales mensuales; el valor con que le otorgaron la pensión equivale a 2.72 salarios mínimos legales mensuales, razón por la cual se le debe actualizar el pago de la misma.

La Caja, al contestar la demanda (folios 1 a 14 C. 2), en suma manifestó que era improcedente la indexación de la primera mesada pensional, entre otras razones, porque se trataba de obligaciones de carácter convencional, “ sujetas únicamente a los reajustes anuales establecidos por el Gobierno Nacional ”; aludió la sentencia de 26 de febrero de 2003 Rad. 19036 sobre el tema.

Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, buena fe, compensación, falta de legalidad, pago e incompatibilidad entre la pensión de jubilación y los intereses moratorios. Por sentencia de 25 de febrero de 2005, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a la Caja de las pretensiones de la demanda (fls. 96 a 100).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL Al decidir la apelación de la parte demandante. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por sentencia de 16 de marzo de 2007, confirmó en su integridad la del a quo, y le impuso costas al recurrente (fls. 113 a 123 C. 1). El ad quem en lo que interesa al recurso extraordinario, encontró indiscutible que la demandante laboró para la entidad demandada, entre el 24 de abril de 1974 y el 27 de junio de 1999, y que le fue reconocida una pensión convencional a partir del 31 de mayo de 2001.

Evocó, entre otras sentencias de esta Sala, la del 13 de diciembre de 2004 (Rad. 24479), que reiteró los argumentos de la de 29 de enero de 2003 Rad. 19778 que, en suma, consideraron que por ser la pensión de naturaleza convencional no era viable la indexación de la primera mesada pensional, porque además, dicha pensión no pertenecía al Sistema General de Pensiones previsto por la Ley 100 de 1993.

EL RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, pretende el recurrente que se case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia se revoque la de primer grado y se acceda a las pretensiones iniciales. Por la causal primera de casación formula un cargo que fue oportunamente replicado.

CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar por vía directa: " por interpretación errónea de los artículos 8° de la Ley 153 de 1887, 11 de la Ley 6ª de 1945, 4, 19 467 y 468 del C.S.T. 8° de la Ley 171 de 1961, 27 del Decreto 3135 de 1968, 74 del Decreto 1848 de 1969; 1° de la Ley 33 de 1985 14 y 36 de la Ley 100 de 1993, 41 del Decreto 692 de 1994, 1613, 1614, 1626 y 1649 del C.C., 178 del C. C. A., 831 del C. C. 145 del C. P: del T. y 307 y 308 del C. P. C. en relación con los artículos 13, 29, 48 y el principio de favorabilidad del artículo 53 de la Constitución Nacional” En la demostración aduce que, el Tribunal interpretó en forma equivocada los preceptos denunciados, al deducir que no procedía respecto de obligaciones en las cuales el deudor no hubiera incurrido en mora, y que se acudiera a normas del derecho civil, para criticar el argumento, según el cual, entre las partes, no se pactó el incremento de la base de la liquidación. Reproduce apartes de los pronunciamientos de esta Sala de la Corte, de 15 de septiembre de 1992, Rad. 5221, del 11 de diciembre de 1996, Rad. 9083, de 31 de julio de 2007 de la que no citó su radicado, se refiere a la sentencia S U 120 de 2003 y T 459 de 21 de octubre de 1994 de la Corte Constitucional y comenta las últimas proferidas por esta Corporación en las que hubo una rectificación y un cambio jurisprudencial, para reclamar una decisión acorde con los fallos de 31 de julio sin Rad., 14 de agosto y 18 de septiembre de 2007, Radicados 31226 y 29979 respectivamente.

LA OPOSICIÓN Considera que la demanda se debe desestimar, en la medida que las pensiones concedidas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, con carácter voluntario o convencional, no son susceptibles de indexación, tal como lo tiene definido la Corte en sentencias que citó por su fecha y radicado y que el fallo del Tribunal se encuentra ajustado en un todo al criterio de la Corporación sobre la materia.

SE CONSIDERA En la medida que la acusación se formula por la vía de puro derecho, se da por entendido que la censura no discrepa de los supuestos fácticos que encontró demostrados el Tribunal, según los cuales, el actor laboró al servicio de la demandada entre el 24 de abril de 1974 y el 27 de junio de 1999 y fue pensionado en los términos de la Convención Colectiva, a partir del 31 de mayo de 2001 en una cuantía mensual de $776.209,71, mediante Resolución 01216 del 30 de julio de 2001.

La controversia sobre la procedencia de la indexación de la base salarial para reajustar el valor inicial de la pensión de jubilación convencional, la definió por mayoría ésta Corporación en sentencia de 31 de julio de 2007, radicación No. 29022, con la que rectificó la anterior posición jurisprudencial, que sostenía la inviabilidad de la misma.

Sobre el particular, sostuvo lo siguiente: “…..Valga recordar que ya en vigencia de la Constitución Política de 1991, esta Corte venía disponiendo la indexación de la base salarial de la pensión extralegal y de la restringida de jubilación. Así por ejemplo lo definió en las sentencias del 8 de febrero, radicación 7996 y del 5 de agosto, radicación 8616, ambas de 1996.

Sin embargo, posteriormente, dicha doctrina fue recogida, para negarla, principalmente, en la sentencia del 18 de agosto de 1999, radicado N° 11818. “Luego, se admitió la reevaluación en comento, por mayoría de los integrantes de la Sala, sólo para los eventos en que se reclamaran pensiones con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, últimamente, también para las pensiones legales causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, según sentencia del 20 de abril de 2007, radicado 29470 y, más recientemente, en sentencia de 26 de junio de 2007 radicado 28452, en las que se utilizaron como soporte básico las decisiones de la Corte Constitucional del 19 de octubre y 1 de noviembre de 1996, radicaciones D-6247 y D-6246, respectivamente.

De suerte que, ahora, ante los antecedentes citados, la Corporación reexamina el tema propuesto, variando su tesis, por mayoría. “Pues bien, el fundamento constitucional jurisprudencial referido es el que a su vez otorga pleno soporte a la actualización de la base salarial de las pensiones, sin diferenciarlas por su origen, pues la misma tesis - según la cual la omisión del legislador no puede afectar a una categoría de pensiones, y a las que, por consiguiente, corresponde aplicarles la legislación vigente para otras, con el mecanismo de la indexación, para efectos de liquidar una mesada pensional actualizada-, es de recibo tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues éstas no corresponden, en rigor, a una prestación nueva, porque aún, con anterioridad a la nueva Constitución Política y a la expedición de la Ley 100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los trabajadores del sector privado y oficial, de ciertas contingencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de trabajo, de la propia naturaleza humana del trabajador o también de eventos fortuitos de diferente orden, que afectaran su vida laboral o, incluso, que pusieran fin a su existencia, con perjuicio de su núcleo familiar.

“Es que el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la convencional, no determina en principio más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal, mediante el cual se flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente incrementan su cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales, también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones legales.

“El actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también ahora para las extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo anotado. “Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación, lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación pensional, sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación, respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento, porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.

Como conclusión de lo precisado, resulta obligado para la sala reconocer procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, se repite, en los estudios de constitucionalidad efectuados en la sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año, atrás referidos….”.

En ese orden de ideas, como en este caso se está frente a una situación similar a la ya resuelta, inclusive respecto de la misma demandada, el cargo prospera y en consecuencia se casará la sentencia acusada. Para la definición de instancia se tiene en cuenta que al momento de empezar a regir la Constitución Política de 1991, esto es, el 7 de julio de esa anualidad, el actor se encontraba laborando; que el tiempo servido fue de “ 25 años y 64 días ”; cumplió la edad establecida en el artículo 41 de la convención Colectiva 1998 - 1999 (55 años) el 31 de mayo de 2001, esto es, en vigencia tanto de la Norma Superior como de la Ley 100 de 1993; que la demandada le otorgó la pensión a partir de la indicada fecha, por haber reunido los requisitos previstos en la convención; que el retiro del servicio fue a partir del 27 de junio de 1999; que el promedio base para la liquidación de la pensión fue de de $1.034.946,28 y el valor de la pensión inicial fue el equivalente al 75% de la suma anterior, por lo cual se fijó en $776.209,71, por tanto, como en otros eventos se ha señalado, procede la indexación conforme al siguiente detalle: Acorde con lo anterior, el valor de la mesada pensional que debe corresponderle al demandante, a partir del 1 de junio de 2001, es de $922.041.08; las diferencias adeudadas entre el 1 de junio de 2001 y el 30 de enero de 2009, ascienden a la suma de $19.965.396,68, según la liquidación que se detalló en el cuadro anterior; no hay lugar a prescripción, habida cuenta que la reclamación administrativa en punto a la indexación fue radicada el 9 de septiembre de 2003 (folio 7 C. 1).

En consecuencia, el valor de la mesada pensional a partir del 1 de febrero de 2009, será de $1.487.301,41 y así se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del mismo. Las de la primera instancia a cargo de la parte demandada. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 16 de marzo de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el proceso ordinario de JOAQUÍN LÓPEZ contra la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO, en liquidación. En sede de instancia, se revoca la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, de 25 de febrero de 2005 y, en su lugar se condena a la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL y MINERO en liquidación a actualizarle el valor de la mesada pensional de JOAQUÍN LÓPEZ a la suma de $1.487.301,41, a partir del 1 de febrero de 2009.

Así mismo, a pagar al demandante la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 68/100 ($19.965.396,68) por concepto de diferencias por mesadas atrasadas, entre el 31 de mayo (1 de junio de 2001) y el 30 de enero de 2009, conforme al detalle explicado en las consideraciones de esta providencia. Las costas de la primera instancia a cargo de la demandada.

Sin costas en el recurso extraordinario. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE, Y DEVÚELVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CAMILO TARQUINO GALLEGO ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DIAZ MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL SALVAMENTO DE VOTO Radicación No.34248 Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Ref: JOAQUÍN LÓPEZ Vs. CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACION.

Con mi acostumbrado respeto, y de acuerdo con lo manifestado en Sala, debo disentir en cuanto a la procedencia de la actualización monetaria del ingreso base de liquidación de las pensiones convencionales; criterio que consigné y mantengo, entre otros en el salvamento de voto de la sentencia de 31 de julio de 2007, radicación 29022, ratificada mediante fallo de 18 de septiembre de 2007, radicado 29979, el cual se trae a colación al despachar el cargo.

Fecha ut supra ISAURA VARGAS DÍAZ ACLARACION DE VOTO Del Magistrado Eduardo López Villegas Radicación: 34248 Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Demandada: CAJA AGRARIA La diferencia del criterio que me lleva a aclarar mi voto, es: a) en cuanto a la naturaleza de la pensión para efectos de la indexación pensional; b) y en cuanto a si el instituto de la pensión convencional o voluntaria, queda cobijada por las normas constitucionales o legales que disponen la actualización monetaria de la primera mesada pensional; y más específicamente, si está comprendido en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

A. La indexación que en el sub lite se reclama procede en cuanto la pensión de jubilación es legal y partir del momento que se configure como tal; ciertamente, su otorgamiento anticipado y por el tiempo que se adelanta, es convencional; pero cuando se cumple la edad de ley, bajo el supuesto de que cumplió los años de servicio, es pensión legal, y justamente a partir de entonces, es que ha de tener el tratamiento que se le concede a las de ese género.

La fuente normativa de la que proviene un derecho es un elemento valioso pero no suficiente para determinar su naturaleza, ya fuere constitucional, legal, convencional o reglamentaria, por cuanto, como acontece con frecuencia, el mismo derecho puede ser materia de regulación en varias de ellas; en estos casos, se impone por el principio de la jerarquía normativa, la de mayor rango; así entonces, el derecho a la pensión de jubilación en los términos previstos en la ley no pierde su naturaleza legal, por ser objeto de regulación convencional; y cuando esto sucede y modifica uno de los elementos esenciales de la pensión, al lado de la naturaleza legal, surge la convencional y respecto a lo que esta se mejora de aquella.

La pensión de jubilación es una prestación ante la contingencia social de la vejez, constituida por dos elementos esenciales: el de la edad, aquella que ley asume como la del promedio de la población con vigor vital; y el haber trabajado el número suficiente de años, también señalados por la ley. La modificación de algunos de los elementos constitutivos de la pensión, y sólo de ellos, bien sea anticipando la pensión a edad más temprana, u otorgándola por menor tiempo de servicios, tienen capacidad de modificar la naturaleza legal de la pensión de jubilación y convertirla en convencional, pero sólo en cuanto a lo que vaya más allá de lo estipulado en la ley.

La pensión de jubilación así modificada no puede ser íntegra o únicamente convencional; de serlo aflorarían consecuencias inadmisibles, como la de poder ser materia de negociación colectiva, la existencia del derecho, o la desmejora de los factores que la integran por debajo del mínimo legal; o la de que el pensionado convencional tendría derecho a reclamar la pensión que se entendió modificado, y gozar de ambas, por cuanto, siendo distintos, no se puede oponer que con el pago de aquella se cumple con esta.

La obligación del pago de la pensión de jubilación se origina en el mandato del legislador de encomendarle transitoriamente a los patronos la protección de vejez de sus trabajadores, mientras el Estado organizaba los instrumentos institucionales para asumir la prestación directa de ese servicio público de seguridad social, como lo define la Constitución Política de 1991.

La subrogación pensional, mediante la cual el Estado releva a los patronos de las obligaciones pensionales, obra, justamente porque entre las pensiones de empresa, legales, voluntarias o convencionales, y las de seguridad social se da una identidad de naturaleza, sin la cual no tendría justificación el que el sistema de seguridad social asumiera obligaciones las que, de otra manera, tendrían meramente el carácter de privado.

A la naturaleza de prestación de seguridad social común para todas las pensiones, se le adiciona la dimensión convencional, por los beneficios que mejoran el mínimo legal, los que no pueden tener una magnitud con tal que tengan la virtualidad de desfigurar la institución pensional, y por los que, como pueden responder a motivos del empleador diferentes a la de la obligación ex lege, los beneficios tienen un tratamiento diferente en materia de subrogación, de manera que el Instituto de Seguros Sociales no asuma la mayor prestación, por el lapso entre la menor edad y la de ley, o el valor que excede el de la de vejez.

Así, entonces, las pensiones convencionales que se otorgan con anticipo a la edad de ley, pierden la condición de pensiones de naturaleza mixta, por desaparecer el beneficio convencional y obrar en ellas sólo la legal, ciertamente es axiomático que las pensiones legales de jubilación son las que se reconocen a partir de que el trabajador haya satisfecho los requisitos de ley.

Y la adopción de este criterio responde a la proporcionalidad que debe guardar la ley en la imposición de cargas a los ciudadanos, en nuestro caso, no haciendo más onerosa la obligaciones de seguridad social a algunos patronos y por razón de haber cumplido con su deber de la mejor manera no limitándose a lo legal, sino ofreciendo una protección mas amplia; y guarda coherencia con el principio de unidad y universalidad de las prestaciones que esta Sala viene aplicando reiteradamente, para resolver las controversias que se suscitan en torno al proceso del tránsito del sistema prestacional directo del patrono, al de la seguridad social.

B. El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 le ordena al legislador definir los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, este mandato es respecto a las pensiones que caen bajo la órbita de éste, esto es, las de carácter legal. Ciertamente, el artículo 260 de del C.S.T., la Ley 33 de 1985, la Ley 100 de 1993, de las que la Sala ha inferido el derecho del pensionado a la indexación de la primera mesada pensional, de conformidad con la interpretación que de ellas ha de hacerse según la sentencia de exequibilidad C 862 de 2006, o del texto expreso de la última, es respecto a las pensiones de origen legal.

El único régimen a que está sujeta la determinación del monto de las pensiones voluntarias o convencionales es aquél que haya ofrecido el empleador o hubieran acordado las partes; las reglas de liquidación contenidas en la fuente normativa o extra legal respectiva, debe respetarse por el juzgador tal como quedaron consagradas por quienes le dieron fuerza al acto jurídico de creación del beneficio, porque la Ley avala en ese escenario el valor de la manifestación libre de su voluntad.

Si el ofrecimiento del empleador o el acuerdo conciliatorio o el convencional no previeron la indexación de la primera mesada para la fecha en que ésta se iba a recibir, no es posible llegar a ella por criterios interpretativos y de integración con las normas que regulan las pensiones legales, únicas respecto de las cuales gravita el deber constitucional de mantener el poder adquisitivo de las mesadas; y ello es así por cuanto es sobre las pensiones de jubilación y de vejez, - y no las extralegales-, que la ley erige la cobertura del riesgo de la vejez; las voluntarias y extralegales, son una protección que supera ese mínimo legal, cuya configuración corresponde al empleador o a las partes, pudiendo incluso, como suele acontecer, que se brinden para antes de que acaezca el riesgo de la senectud.

Efectivamente, las pensiones extralegales no están cobijadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puesto que éste es el mecanismo previsto para hacer compatibles con el Sistema General del Pensiones los regímenes legales anteriores. Carece de sentido pretender su aplicación respecto de aquellas pensiones voluntarias o convencionales de las cuales no pueden ser trasladados ni sus fondos, ni sus cargas, a las entidades que administran el Sistema General de Pensiones.

De esta manera, sigue vigente lo que respecto a pretensiones como las del sub examine ha reiterado la Sala en numerosas sentencias, en los siguientes términos: “Es un principio angular del orden económico y jurídico, el que las obligaciones valen en todo respecto de conformidad con su tenor, y el cual puede ser modificado sólo por la ley en casos especiales, como reza el artículo 1627 del Código Civil; por ello, excepcionalmente y por mandato expreso del legislador puede ser impuesta la corrección monetaria de las obligaciones, ya fueren de origen legal o convencional.” [Sentencia del primero (1) de agosto de dos mil seis (2006), radicación 28504].

La coherencia de esta postura, o de la contraria, se pone a prueba cuando se ha de definir la naturaleza de la pensión para definir, por ejemplo, su compatibilidad con la de vejez; y se rompe cuando se acomoda a conveniencia, según las circunstancias; de convencional para recibir dos pensiones; y de equipararlas a las legales para resolver sobre la indexación. C. La Sala finalmente acudió, para reforzar su posición, al argumento de que no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con a arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a ser más onerosa una obligación pensional sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento.

¡Haberlo dicho primero!. De ser esta razón válida sería suficiente, y estaría de demás el que el legislador hubiera ordenado o no la indexación, y el afán de la jurisprudencia de la Sala de hallar la ley que la dispone para las de carácter legal. No guarda coherencia una jurisprudencia que en casos acude a principios que hacen superflua cualquier disposición, y en otros, a inquirir sobre la norma que señala el derecho a la indexación de la primera mesada pensional.

Fecha ut supra Con todo respeto, EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS República de Colombia � Corte Suprema de Justicia PAGE 26