CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Casación sistema acusatorio inadmite N° 30981 Juan Carlos Rivera Vélez. PAGE Casación sistema acusatorio N° 30981 Juan Carlos Rivera Vélez. Proceso No 30981 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta N° 80. Bogotá, D. C., marzo diecisiete (17) de dos mil nueve (2009).

VISTOS: Se procede a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Juan Carlos Rivera Vélez, condenado en fallos proferidos por el Juzgado Penal del Circuito de Envigado y el Tribunal Superior de Medellín, como autor responsable de las conductas punibles de hurto agravado y falsedad en documento privado.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL: 1.- Los primeros fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera: Como hechos relevantes se reseñó que el señor Juan Carlos Rivera Vélez laboró en la empresa Diabonos S.A. desde el año 1991 hasta el 13 de octubre de 2007, fecha en la que abandonó intempestivamente el cargo. Durante todo ese lapso de tiempo (sic) y dado su desempeño laboral y confianza que paulatinamente se ganó, terminó manejando “la facturación, los despachos, control de inventarios y adquisición de las reposiciones de inventarios”.

Dado las múltiples anomalías que venían ocurriendo (quejas de vendedores, falta de entrega de productos facturados, pagos que no habían sido facturados, descuadre de 21 canecas), que no provocaron una respuesta satisfactoria del acusado, la revisoría fiscal externa de la compañía ordenó la realización perentoria de un inventario físico general, el cual debió ocurrir el 13 de octubre de 2006, precisamente la fecha en que injustificadamente el acusado abandonó la empresa, a más de que éste había dilatado la ejecución del mismo.

Inicialmente se había determinado un faltante de $1.380.330.726.90, pero dos facturas del proveedor Syngenta que no habían sido contabilizados aumentaron el valor del daño. El inventario arrojó finalmente un descuadre de $1.558.669.591.90. 2. Por los anteriores episodios, el 10 de diciembre de 2007 la Fiscalía 245 Seccional presentó ante el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Envigado, escrito de acusación contra Juan Carlos Rivera Vélez como autor de los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado. 3.

Realizadas las audiencias preparatoria y de juicio oral, el 13 de marzo de 2008 ese mismo despacho judicial resolvió condenar al acusado a las penas de noventa y ocho (98) meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad, al pago de indemnización de perjuicios y le negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria, como autor responsable de los cargos de la acusación. 4.

La decisión anterior fue recurrida por la defensa, y el 15 de abril siguiente el Tribunal Superior de Medellín la confirmó, con la modificación de fijar en cincuenta y seis (56) meses de prisión la pena privativa de la libertad y de inhabilitación de derechos y funciones públicas, mediante fallo objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por el mismo recurrente en primera instancia. LA DEMANDA: El demandante formuló un único cargo contra la sentencia condenatoria por “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.

CAUSAL PRIMERA. ERROR DE HECHO POR FALSO JUICIO DE RACIOCINIO”. Sostuvo que el ad quem al impartir confirmar al fallo de condena no tuvo en cuenta en su integridad las declaraciones dadas por el procesado, quien en sus intervenciones fue claro en determinar el tipo de participación que pudo tener en los hechos. Si bien el acusado abandonó la empresa para la cual trabajaba, de allí no se puede inferir el faltante de dinero que fijaron quienes participaron en el inventario realizado y laboraban para la empresa perjudicada, algunos de los cuales pusieron de presente que en ese documento se pudo incurrir en errores de mecanografía, como tampoco el resultado previsto en el dictamen técnico practicado al efecto.

Se queja que la judicatura no hubiera llamado a declarar a Diego Posada, jefe inmediato de su defendido. Y, Critica a los jueces de instancia por haberle negado al procesado la prisión domiciliaria. Por lo anterior, solicita que se case la sentencia impugnada para que en su lugar se profiera una absolutoria o en caso de no accederse a esta pretensión se le otorgue el derecho consagrado en el artículo 38 del cp o en lo dispuesto por la ley 750 de 2002.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1. La Sala ha venido abordando el tema del recurso extraordinario de casación en el marco del sistema acusatorio colombiano y lo ha definido como un mecanismo de control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores en los procesos adelantados por delitos, independientemente de la pena con la cual los sancione el legislador, cuando se afectan derechos o garantías fundamentales (artículo 181 de la ley 906 de 2004), cuya materialización se debe cumplir a través de una demanda que no es de libre elaboración porque debe ceñirse a rigurosos parámetros lógicos y a causales taxativas, no obstante la gran flexibilidad permitida, acorde con la estructura del Estado Constitucional de Derecho acogido por el constituyente. 2.

En relación con los requisitos de la demanda que sustente la impugnación extraordinaria, ha señalado que si bien el nuevo estatuto procesal no enumera rigurosamente los requisitos que debe cumplir un libelo de casación como lo hacía el anterior artículo 212, de los artículos 183 y 184 se pueden deducir los siguientes: 1. Que se señalen de manera precisa y concisa las causales invocadas. 2.

Que se desarrollen los cargos, esto es, que se expresen sus fundamentos o se ofrezca una sustentación mínima. Y, 3. Que se demuestre que el fallo es necesario para cumplir algunas de las finalidades del recurso. Esto porque de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo últimamente citado, no será seleccionada la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: (i).

Si el demandante carece de interés jurídico. (ii). Si prescinde de señalar la causal. (iii). Si no desarrolla los cargos de sustentación, y (iv). Cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. 3. Las siguientes son las falencias que ofrece la demanda presentada por el defensor del procesado Juan Carlos Rivera Vélez: 3.1.

Omitió señalar cuáles eran las finalidades del recurso (art. 180 cpp de 2004). 3.2. Tampoco precisó la causal propuesta. 3.3. En el único cargo formulado el libelista acusó al Tribunal de incurrir en violación directa de la ley sustancial por errores en la valoración probatoria. Esta forma de razonar constituye un desconocimiento de elementales reglas de técnica en la medida que la violación directa se presenta al momento de aplicar o interpretar la ley, sin que para esa clase de desaciertos interfieran la apreciación o valoración de las pruebas, yerro este propio de la transgresión indirecta de la ley sustancial por errores bien de derecho o de hecho. 3.4.

En otras palabras: en la violación directa de la ley sustancial, el error del juez es de juicio o in iudicando al momento de aplicar o interpretar la ley llamada a regular el caso a resolver, y puede acontecer por uno de estos sentidos: - falta de aplicación -error de existencia-, cuando se ignora que la norma existe, se considera que no está vigente o se estima que está vigente, pero no es aplicable. - aplicación indebida -error de selección-, cuando la norma escogida y aplicada no corresponde al caso concreto.

E, - interpretación errónea -error de sentido-, cuando la norma seleccionada es la correcta, pero el juez no le da el alcance que tiene o lo restringe. Frente a esta causal la jurisprudencia viene enseñando que el demandante debe aceptar los hechos y la valoración probatoria tal y como fueron plasmados por los jueces de instancia en la sentencia, debiendo proponer una discusión eminentemente jurídica en la cual demuestre el error o errores del intelecto al momento de aplicar o interpretar la ley y la consecuente trascendencia del yerro en el sentido del fallo. 3.5.

Cuando se demanda una sentencia por violación directa de la ley sustancial -que es lo que plantea el censor en el único cargo propuesto- en cualquiera de sus tres modalidades (falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), el casacionista debe demostrar, sin desconocer los hechos plasmados en el fallo y sin discrepar de la forma como el juzgador los declaró probados, que entre las partes motiva y resolutiva de la providencia no existe armonía. 3.6.

Al demandante le resultaba imperioso acreditar, mediante la confrontación objetiva de esos dos elementos constitutivos de la sentencia que entre ambos, en lugar de un nexo lógico, existía falta de correspondencia. Sin embargo, el recurrente no establece que el Tribunal en la motivación del fallo, hubiera reconocido sin lugar a equívocos que a favor de su defendido afloraban dudas sobre los delitos y su responsabilidad y, no obstante, en la parte resolutiva lo condenó como autor responsable de las conductas punible de hurto agravado y falsedad en documento privado.

Tampoco acredita que en las motivaciones de la sentencia se hubiera admitido que el procesado tenía derecho a la prisión domiciliaria y, no obstante, en la parte dispositiva se le negó. 3.7. En la violación indirecta de la ley sustancial en la sistemática del proceso acusatorio introducido por la ley 906 de 2004, la Sala ha venido sosteniendo: La causal tercera se refiere al “ manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia ”, punto frente al cual el legislador fundió las denominadas violaciones indirectas por errores de derecho o de hecho, todas relacionadas con el tema probatorio: Cuando se invoca la violación indirecta de la ley sustancial, el recurrente debe concretar el error, si de derecho o de hecho, la prueba o pruebas sobre las que recae y demostrar su trascendencia o incidencia en la transgresión de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal.

Si se trata de un error de derecho, el cual entraña la apreciación material de la prueba por el juzgador, quien la acepta no obstante haber sido aportada al proceso con violación de las formalidades legales para su aducción, o la rechaza porque a pesar de estar reunidas considera que no las cumple ( falso juicio de legalidad ); también, aunque de restringida aplicación por haber desaparecido de la sistemática procesal nacional la tarifa legal, se incurre en esta especie de error cuando el juez desconoce el valor prefijado a la prueba en la ley, o la eficacia que esta le asigna ( falso juicio de convicción ).

Ahora: si el yerro es de hecho, corresponde indicar la modalidad y especie del mismo, es decir, esta clase de yerros se pueden presentar cuando el juzgador se equivoca al contemplar materialmente el medio bien porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso, ora porque la supone existente sin estarlo o se la inventa ( falso juicio de existencia ); o cuando no obstante considerarla oportuna y legalmente recaudada, al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica, haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de ella ( falso juicio de identidad ); o, porque al apreciar la prueba transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, esto es, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria ( falso raciocinio ).

Cuando el reparo se dirige por error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición de prueba, es deber del casacionista demostrar el yerro mediante la indicación correspondiente de la sentencia donde se alude a dicho medio que materialmente no obra en el proceso; y si lo es por omisión de prueba, compete concretar en qué parte de la actuación se ubica ésta, qué objetivamente se establece de ella, cuál el mérito que le corresponde siguiendo los postulados de la sana crítica, y cómo su estimación conjunta con el arsenal probatorio que integra la actuación, da lugar a variar el sentido del fallo.

Si lo pretendido es denunciar la configuración de errores de hecho por falsos juicios de identidad en la apreciación probatoria, el recurrente debe señalar qué en concreto dice el medio probatorio, qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se tergiversó, cercenó o adicionó haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y, lo más importante, la trascendencia del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva de la sentencia. Y si se denuncia falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, se debe precisar qué dice de manera objetiva el medio, qué infirió de él el juzgador, cuál mérito persuasivo le fue otorgado, señalar cuál postulado de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia fue desconocida, y cuál el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración y de qué manera; y, finalmente, demostrar la consecuencia del desacierto indicando cuál debe ser la apreciación correcta de la prueba o pruebas que cuestiona, y que habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto al impugnado. 3.8.

A más de confundir la violación directa con la indirecta, el demandante no acreditó por qué el procesado debía ser absuelto cuando los jueces de instancia encontraron certeza sobre el tipo penal y responsabilidad en las conductas punibles investigadas, limitándose a exponer que al asumir tales determinaciones se basaron únicamente en testimonios de quienes laboraron en la empresa afectada, en inventario y en dictamen pericial, cuando contrario a ello se debió admitir las explicaciones suministradas por el acusado.

El defensor se contentó con plantear que se debió absolver, sin sustento jurídico alguno, sin mencionar siquiera las normas sustanciales transgredidas, y con la esperanza que la Corte asuma lo alegado por la defensa por encima de lo plasmado en el fallo que llega precedido de la doble presunción de acierto y legalidad que en manera alguna desvirtúa con la indicación y demostración de yerros trascendentes que hicieran posible cambiar el sentido de la decisión. 3.9.

El recurrente anunció que no se ordenó y practicó el testimonio de Diego Posada, jefe inmediato de su defendido, postulando así una posible transgresión al debido proceso y al derecho de defensa, tema propio de la causal segunda pero no de la primera. Aún así, tampoco demostró la trascendencia del medio omitido en el sentido final de la decisión. 3.10.

El Tribunal en forma razonada negó al acusado la prisión domiciliaria por su supuesta condición de padre cabeza de familia, al considerar que carece de tal calidad, porque los hijos menores de edad se encuentran bajo el cuidado y protección de la madre de aquellos, y tampoco se hace merecedor al derecho establecido en el artículo 38 del cp si al efecto se tiene en cuenta la gravedad del delito atendida la cuantía del millonario apoderamiento y su muy ponderada premeditación, valoraciones que en manera alguna logra el demandante desquiciar.

Y, 4. No puede la Sala superar las deficiencias ni corregir las imprecisiones de la demanda luego se ve avocada a inadmitirla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, inciso 2°, de la ley 906 de 2004; y porque no encuentra transgresión de derechos o garantías fundamentales que justifique salvar tales obstáculos, según autorización del inciso 3° de la misma preceptiva, en concordancia con el artículo 180 ibídem. 5.

La declaratoria de inadmisibilidad anunciada tan sólo admite el “ recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público ”, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 184 ejusdem. En el citado ordenamiento procesal no fue incluida la manera concreta de utilizar dicho instituto, razón por la cual la Sala, previa definición de su naturaleza, se vio impelida a establecer las reglas que habrán de seguirse, en los siguientes términos: 5.1.

La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por medio de la cual la Corte decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que reconsidere lo decido. También podrá ser propuesto oficiosamente por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal –siempre que el recurso de casación no haya sido interpuesto por un Procurador Judicial–, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria. 5.2.

La solicitud se puede presentar ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, o ante uno de los Magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión. 5.3. Es potestativo del Magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días. 5.4.

El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda. A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Juan Carlos Rivera Vélez. Y, 2. ADVERTIR que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia en los términos precisados atrás por la Sala. Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Cúmplase. JULIO E. SOCHA SALAMANCA JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria. � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Autos del 24 de noviembre de 2005, rad. 24.323; del 14 de febrero de 2006, rad. 24.611; y del 23 de marzo de 2006, rad. 25.197, entre otros. � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Auto agosto 10 de 2005, rad. 23.503.

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