CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia 1 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. No. 28673 Carlos Eduardo Peña Gómez vs Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 28673 Acta No. 39 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil siete (2007).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por CARLOS EDUARDO PEÑA GÓMEZ (a través de apoderado judicial), con el que recurre la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de octubre de 2005, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

ANTECEDENTES El accionante demandó a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA S.A., para que, de manera principal, se le condene a reintegrarlo al mismo cargo que desempeñaba al momento de la ruptura contractual y a pagarle los salarios dejados de percibir. En subsidio, deprecó la reliquidación de la cesantía y sus intereses, con la sanción por mora por el no pago oportuno de aquélla y éstos; el dinero retenido, deducido o compensado sin la autorización legal correspondiente; la sanción por no haberle hecho practicar el examen médico de egreso y no haberle expedido el certificado de salud; la reliquidación de la indemnización por despido injusto de acuerdo con el artículo 4º de la convención colectiva de trabajo de 1984; la corrección monetaria sobre los valores que admiten esa figura; el valor de la pensión especial de jubilación, con base en el artículo 37 de la Ley 50 de 1990; el valor de los intereses ilegalmente descontados por concepto de los diferentes préstamos concedidos durante toda su vida laboral; los daños morales subjetivos ocasionados por el despido; y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones en que: Prestó sus servicios para la demandada desde el 25 de junio de 1958, hasta el 31 de julio de 1992, mediante contrato escrito a término indefinido; su último salario promedio fue de $311.049.00; la demandada no le incluyó el valor de los pagos constitutivos de salario, como son los recibidos por concepto de bonificación fondo de ahorros o ahorros por perseverancia, bonificación por retiro y la prima vacacional; su último cargo fue el de contador; durante toda la prestación del servicio la demandada le descontó de su salario el 5% con destino a un fondo de ahorros, que nunca ha existido en la vida jurídica real por carecer de los requisitos legales; que tal descuento fue sin su consentimiento y sin tener permiso de autoridad competente para captar ahorros en forma masiva; la demandada lo despidió injusta e ilegalmente con carta de 2 de julio de 1992; posteriormente el Jefe del Departamento de Personal le manifestó que, para que no se perjudicara, la empresa le haría un arreglo conciliatorio a criterio de la misma, y que, para tal efecto, le cancelaría el equivalente a la indemnización contemplada en la tabla de estabilidad laboral de que trata el artículo 4° de la convención colectiva de trabajo de 1984, en armonía con el artículo 3° de la convención de 1982, y que debería presentarse ante el Juez Catorce Laboral del Circuito de Bogotá el 21 de agosto de 1992, a las 11 de la mañana con el fin de firmar la correspondiente acta de conciliación; que no tuvo otra alternativa que dejarse vapulear y vulnerar en sus derechos; que Fedecafé ya había dado muestras de sus intenciones de golpear a los trabajadores por su parte más débil: el sustento cotidiano de sus mujeres e hijos, además de su estabilidad laboral, y ya había despedido un sinnúmero de trabajadores que no creyeron en sus amenazas; se presentó ante el funcionario indicado para suscribir, bajo las amenazas ya conocidas, el acta de conciliación que puso fin a su relación de trabajo de más de 34 años; dicha acta fue llevada al juzgado en formato ya elaborado por la empresa, nunca le fue mostrada, y el funcionario se limitó a hacerla firmar por las partes; la conducta desarrollada por la demandada tipifica un claro despido ilegal, pues ninguna de las razones expuestas por sus directivos sobre las condiciones económicas de la empresa resultan ciertas; era beneficiario de todos los beneficios convencionales; la indemnización cancelada fue inferior al resultado de aplicar las tablas de estabilidad laboral determinadas en el artículo 4º de la convención colectiva de 1984, la cual armoniza con el artículo 3º de la de 1982; la conducta desarrollada por la demandada violó la ley marco de los derechos humanos (74 de 1968) y el artículo 1508 del Código Civil, ya que se le hizo incurrir en error y se actuó con fuerza y dolo, tipificándose el delito de constreñimiento ilegal; entre la Federación Nacional de Cafeteros - FEDERECAFE y Almacenes Generales de Deposito de Café S.A. ALMACAFE existe unidad de empresa.

La demanda fue reformada en la primera audiencia, para agregar un hecho más, en cuanto a que, durante su vida laboral, la empleadora le otorgó préstamos de diferentes cuantías a tasas de interés comerciales, en contravía de lo ordenado por el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo. Se solicitaron otras pruebas. No hubo enmienda en lo tocante con pretensiones.

La entidad accionada dio contestación a la demanda y se opuso al éxito de las pretensiones; negó los hechos y expuso las razones de la defensa. Propuso como excepciones las de cosa juzgada, prescripción, pago y compensación. Mediante fallo de 1° de abril de 2004, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, declaró probadas parcialmente las excepciones de cosa juzgada, prescripción y pago y condenó a la demandada a pagar al demandante las sumas de dinero descontadas por cobro de intereses, desde el 1° de mayo de 1990, por préstamos efectuados para inversiones distintas de vivienda y a salarios moratorios de $12.960.37 diarios, desde el 1° de agosto de 1992 hasta tanto se pagaran la totalidad de los descuentos.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Al conocer del proceso, por vía de apelación propuesta por ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, revocó los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, para, en su lugar, declarar probada la excepción de cosa juzgada respecto de ellos, y la confirmó en lo demás. En primer lugar, determinó el ad quem que el recurso se encaminaba a lograr la declaratoria de nulidad absoluta del acta de conciliación, porque durante los tres últimos años la empleadora había efectuado préstamos o avances diferidos de salario sobre los cuales había cobrado (a la trabajadora) intereses a diferentes tasas, lo cual, a juicio de la apelante constituía un proceder ilícito.

El Tribunal transcribió los siguientes apartes del acta de conciliación: “ De conformidad con el presente acuerdo conciliatorio el señor CARLOS EDUARDO PEÑA GÓMEZ declara a paz y salvo por todo concepto laboral a la FEDERACIÓN NACINAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y demás entidaes afiliadas o que hacen parte de l grupo, las cuales quedan exoneradas de cualquier concepto proveniente de la ejecución y extinción de la relación de trabajo tales como salario, vacaciones, primas legales y extralegales, cesantías, subsidios, viáticos, gastos de transporte, indemnizaciones de cualquier género y en general cualquier otro concepto laboral, salarial, prestacional o indemnizatorio de carácter legal, contractual o convencional, quedando redimidos y conciliados todos los conceptos que se hubieren causado dentro de la ejecución y terminación del contrato de trabajo o proveniente de afiliaciones a entidades de creación empresarial o convencional como el antiguo Fondo de Ahorros y el Fondo de Asistencia Social FAS, y de acciones convencionales o legales sobre reintegro”.

Al respecto expresó que el contenido del acta transcrita es de tanta claridad que no es posible encontrarle un sentido distinto del que las partes quisieron darle; que el contrato no solo se había terminado por mutuo acuerdo sino que se había hecho una liquidación de prestaciones, de cuyo pago se dejó constancia en el mismo acta, y se entregó una suma de dinero imputable a cualquier obligación salarial, prestacional o indemnizatorio de carácter legal, contractual o convencional, derivada del contrato de trabajo.

Manifestó, además, no tener duda de la existencia del acuerdo con el lleno de las formalidades legales; que solucionó de antemano en forma legítima, pacífica y equitativa conflictos laborales, de lo cual había dado testimonio, al momento de realizarla, la autoridad competente, de manera que, el colegiado concluyó, debía dársele el valor de cosa juzgada asignado por la ley, lo cual hacía imposible cualquier litigio ulterior entre las mismas partes y sobre las materias que habían sido objeto del avenimiento cordial auspiciado y controlado por una autoridad pública.

Transcribió apartes de jurisprudencia de esta Corporación respecto de la conciliación, sin mencionar fecha, radicado ni Sala. Aseveró que no era posible la retractación del acuerdo por parte del demandante, pues, conforme al artículo 1602 del C.C., el mismo no podía ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales, y que tales circunstancias no habían sido acreditadas en el proceso.

Precisó que el acuerdo entre las partes incluyó el dinero retenido, deducido o compensado sin autorización legal, porque el trabajador había recibido de su empleador una suma conciliatoria con el fin de precaver diferencias futuras que se generaran con ocasión de la ejecución y la terminación del contrato, lo que implicaba que había aceptado el acuerdo de manera total y plena; que, si bien el artículo 153 del CST disponía que el empleador no puede cobrar intereses a sus empleados por préstamos diferentes a la adquisición de vivienda o anticipos de salarios, su sentido y alcance estaba concebido para un contexto histórico diferente del actual, y que por ello, para su aplicación debía tenerse en cuenta su ubicación dentro del contexto que había originado el crédito, y que tal prohibición sería predicable sobre el cobro de intereses mayores a los fijados por las entidades crediticias, por lo que, señaló, era inaceptable que ahora el trabajador burlara un compromiso económico adquirido con el empleador y que le había reportado beneficios, la buena fe del empleador que había creído en él y que le había facilitado el crédito en mejores condiciones financieras, y la lealtad legal y ética que el mismo demandante debía a su empleador.

Finalmente, dijo que se revocarían las condenas impuestas, al considerar que todos los conceptos de la demanda habían sido objeto del acuerdo libre y voluntario que las partes habían consignado en el acta de conciliación. EL RECURSO DE CASACIÓN En la demanda con que sustenta el recurso extraordinario (folios 9 a 56 del cuaderno de la Corte), que fue replicada (folios 69 a 77 ibídem), la recurrente pide a la Corte que case totalmente la sentencia de segundo grado y, en sede de instancia, “DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE CARÁCTER SUSTANCIAL DEL ACTA DE CONCILIACIÓN, POR ADOLECER DE OBJETO Y CAUSA ILICITOS, solicitada en esta demanda de casación y se dé aplicación al artículo 2° de la Ley 50 de 1936, que modificó el artículo 1742, del Código Civil…”.

De no declararse la nulidad, pide se CONFIRME LA SENTENCIA del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá en cuanto a las condenas que decretó. Con tal propósito, formula cuatro cargos, de los cuales la Corte estudiará conjuntamente el primero y el tercero, tal como lo permite la Ley 446 de 1998, dada su identidad de normas, su misma finalidad y su argumentación similar.

PRIMER CARGO Acusa la sentencia por “violación directa de la Ley, a las disposiciones contenidas en los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104, 105, 106, 107, 108, 140, 142, 149, 150, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; el artículo 6 de la Ley 50 de 1990; los artículos 6, 16,17, 25, 27, 633, 641, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746, y 2313 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; y los artículos 13, 25, 53, 58, 83, 121, 150 numerales 1, 2 y 21, 228, 230 y 334 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos” (folio 15 cuaderno Corte).

En el desarrollo del cargo, afirma que el fundamento jurídico de la sentencia de segunda instancia radica en proclamar la cosa juzgada, sin adentrarse en averiguaciones jurídicas encaminadas a establecer si el acto jurídico registrado en el acta de conciliación, cumple o no cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 1502 del Código Civil para la validez y eficacia de los actos o declaraciones de voluntad.

Transcribe lo dicho por ad quem respecto del alcance del artículo 153 del CST. y a continuación indica que su inconformidad radica en que la sentencia del Tribunal “está edificada sobre premisas falsas que conducen necesariamente a la conclusión lógica de que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación es NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, por adolecer de objeto y causa ilícitos”.

Aduce que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación, es: “NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, porque contiene a cargo del trabajador, cláusulas de pago de PRÉSTAMOS O ANTICIPOS DE SALARIOS Y PRÉSTAMOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y SUS INTERESES diferentes a préstamos destinados para la adquisición de vivienda, sobre los cuales durante la ejecución y terminación del contrato de trabajo se cobraron intereses a través de los pagos de salarios, en violación de los artículos 13, 14, 15, 16, 43, 104, 105, 106, 107, 142, 149, 151, 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, normas de orden público por expresa disposición de su artículo 14 y del artículo 53 constitucional” (folio 17 cuaderno Corte).

Arguye que el colegiado, de manera manifiesta, se rebeló a dar aplicación a la preceptiva contenida de manera categórica en el artículo 153 del CST, que es norma de orden público de efecto general, y que desbordó las funciones que le atribuye la Constitución y la ley; que derogó la normatividad e incurrió con ello en usurpación de jurisdicción, porque las funciones de crear, interpretar, reformar y derogar las leyes y las de expedir los códigos en todos los ramos de la legislación, reformar sus disposiciones y dirigir la economía estatal, está, reservadas al Congreso de la República, en la forma dispuesta en los artículos 121, 150 y 334 de la Carta, por lo que vulneró el debido proceso y los derechos adquiridos de la recurrente, claramente reglados en los artículos 53 y 58 de aquélla.

Alega que el ad quem ha debido declarar la nulidad sustancial solicitada para el acta de conciliación, en desarrollo de la obligación que le impone el artículo 2° de la Ley 50 de 1936, que subrogó al artículo 1742 del Código Civil, porque la ejecución del contrato se realizó con evidente mala fe, al cobrar al trabajador intereses sobre préstamos o anticipos de salario y sobre préstamos de prestaciones sociales, y al descontarle de sus prestaciones sociales dichos préstamos, con evidente quebranto legal, lo cual hace que el acta de conciliación sea nula, de nulidad absoluta por violar el derecho público de la Nación, el orden público, la moral y las buenas costumbres, en los términos de los artículos 6, 16, 1518, 1523 y 1740 del Código Civil, y 43 del CST.

SEGUNDO CARGO Acusa la sentencia por infracción indirecta y por aplicación indebida de los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 13, 25, 29, 53, 58, 83, 121, 150 numerales 1, 2 y 21, 228, 230 y 234 de la Constitución Nacional; 6, 15, 16, 17, 633, 641, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746, y 2313 del Código Civil; 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104, 105, 106, 107, 108, 140, 142, 149, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo de Trabajo; 12, 20 y 99 del Código de Comercio; 38 de la Ley 153 de 1887; con violación medio de los artículos 60 del Código Procesal del Trabajo y 177 del Código de Procedimiento Civil, “los primeros artículos por haberlos aplicado indebidamente y los segundos por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos…” (folio 26 cuaderno de la Corte).

Quebranto de la Ley que, afirma, obedeció a los siguientes errores de hecho: “1) No dar por demostrado, estándolo, que en el Acta de Conciliación del 21 de agosto de 1992 suscrita ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, entre las partes en litigio, adolece de objeto y de causa ilícitos y dar por demostrado sin estarlo, que dicho acto reúne todos los requisitos exigidos por la ley para su validez y eficacia”.

“2) No dar por demostrado, estándolo, que durante los tres últimos años de servicios la demandada, efectuó al señor…, PRÉSTAMOS O ANTICIPOS DE SALARIOS, Y PRÉSTAMOS DE PRESTACIONES SOCIALES COMO LA BONIFICACIÓN POR RETIRO, sobre los cuales le cobró INTERESES, QUE FUERON DESCONTADOS DE LOS PAGOS MENSUALES DE SALARIO, DE LAS PRIMAS SEMESTRALES DE SERVICIOS Y DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES REGISTRADA EN EL ACTA DE CONCILIACIÓN”.

“3) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada entregó en préstamo al trabajador recurrente, el valor de la BONIFICACIÓN POR RETIRO, que es una prestación social, y le cobró intereses que le fueron deducidos de los salarios y de las primas semestrales de servicios”. “4) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente no obra autorización expedida por el recurrente …, QUE AUTORICE A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PARA DESCONTAR DE SUS SALARIOS MENSUALES, PRIMAS SEMESTRALES DE SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS, EL VALOR DE LOS PRÉSTAMOS O ANTICIPOS DE SALARIOS E INTERESES”.

“5) No dar por demostrado, estándolo, que la CAJA DE AHORROS, FONDO DE RECOMPENSAS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACIÓN Y ALMACAFÉ S.A.: ES UN PROGRAMA DE BIENESTAR CARENTE DE PERSONERÍA JURÍDICA”. “6) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada durante la vigencia del contrato de trabajo descontó aL actor…el cinco por ciento (5%) de su salario mensual con destino a una CAJA – FONDO DE AHORROS NO AUTORIZADA POR LA LEY, descuento que tuvo el carácter de obligatorio POR DETERMINACIÓN REGLAMENTARIA DE LA DEMANDADA”.

“7) No dar por demostrado estándolo, que los FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA S.A., son una entidad gremial, SIN ÁNIMO DE LUCRO”. Como pruebas equivocadamente estimadas denuncia los documentos de folios 31 a 34, contentivos de la conciliación efectuada entre la patronal y el trabajador. Y como no valoradas, las probanzas obrantes de folios 3 a 33, 50 a 57, 40 a 45, 17 a 26, 27 y 28, 29 a 35 y 38 a 41 del cuaderno anexo N°1, 294, 182 a 238, 359 a 393, 162 a 181, 149, 312 a 316, 308 a 310, 150 y 151, 1y 2 del cuaderno anexo N°1, 125 a 133, 256 a 258 y 333.

En la demostración manifiesta que son varios los yerros que se endilgan al ad quem. Señala que, por haber apreciado equivocadamente el acta de conciliación obrante del folio 31 a 34, el Tribunal sin mayor fórmula de juicio declaró la cosa juzgada. Acto seguido reitera lo alegado en el primer cargo sobre la nulidad absoluta de la conciliación realizada: “…el acto jurídico registrado en el acta de conciliación, es NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, porque registra cláusulas falsas, que declaran a la entidad empleadora a paz y salvo por todo concepto, cuando la verdad es que le quedó adeudando salarios al trabajador a la terminación del contrato de trabajo, originados en el cobro de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y préstamos de prestaciones sociales diferentes a préstamos destinados para la adquisición de vivienda o compra de casa sobre los cuales le cobró intereses que le fueron descontados al trabajador de su salario a través de los pagos mensuales de salario, semestrales de las primas legales y extralegales de servicios, y de la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales en quebrantamiento de los artículos 13, 14, 15, 43, 59, 104 a 107, 142, 149, 151, 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, norma de orden público por expresa disposición de su artículo 14 y del artículo 53 constitucional” Manifesta, además, que, a las voces del artículo 16 del Código Civil, las partes en este litigio, no podían pactar intereses a cargo del trabajador sobre préstamos o anticipos de salarios y préstamos de prestaciones sociales, derogando con ello el mandato categórico contenido en el artículo 153 del CST.

Asevera, que por no haber apreciado otras pruebas, a las cuales se refirió en extenso, el ad quem no había encontrado violado derecho alguno de la recurrente; que, en definitiva, el ad quem no había apreciado que, consolidados los montos ilegalmente descontados del salario por la empleadora, por concepto del cobro ilegal de intereses, éstos ascendían a $425.474.63; que la declaración en forma genérica de cosa juzgada es atentatoria de las garantías consagradas por los artículos 53, 58 y 13 de la Constitución; que el colegiado había debido declarar la nulidad sustancial del acta de conciliación, en desarrollo de la obligación impuesta por el artículo 2° de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil, por objeto y causa ilícitos, por violarse el derecho público de la Nación, el orden público, la moral y las buenas costumbres en los términos de los artículos 6, 16, 1518, 1523 y 1740 del Código Civil.

TERCER CARGO Acusa la sentencia por “violación directa de la ley, en el concepto de aplicación indebida, de las disposiciones contenidas en los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con las disposiciones contenidas en los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 104, 105, 106, 107, 108, 140, 142, 149, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965; el artículo 6 de la Ley 50 de 1990; los artículos 6, 16,17, 25, 27, 633, 641, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746, y 2313 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; y los artículos 13, 25, 53, 58, 83, 121, 150 numerales 1, 2 y 21, 228, 230 y 334 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por no haberlos aplicado siendo necesario aplicarlos” (folio 43 cuaderno Corte).

La demostración la expone con argumentos idénticos a los del primer cargo. CUARTO CARGO Acusa la sentencia por infracción directa de la ley sustancial, en el concepto de interpretación errónea, del artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo. Transcribe nuevamente las expresiones del ad quem sobre el alcance del artículo 153 del CST y, a continuación, el contenido del artículo 153 ibídem, y arguye que dicho precepto contiene un mandato constitutivo de un imperativo categórico que por su claridad meridiana no admite interpretación, y que el único con facultad de interpretarlo era el Congreso de la República en desarrollo de sus prerrogativas y funciones conferidas por el artículo 150, numerales 1, 2 y 21 de la Carta.

Señala que el artículo 121 de aquélla dispone que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las atribuidas por la Constitución o la ley y que, con su errónea interpretación, no aplicó el imperio de ésta. Adujo que pensar que el artículo 153 está fuera de contexto histórico es negarle al artículo 53 de la Carta el carácter de derecho fundamental.

Calificó de deleznable la postura jurídica del ad quem, y expresa que en las reformas hechas al Código desde su vigencia, el legislador no ha considerado oportuno derogar ni interpretar los efectos del artículo 153, que continúa vigente como norma de orden público protectora del salario. Concluye al manifestar que, como consecuencia de esta interpretación errónea el Tribunal, dejó de aplicar el verdadero sentido del artículo 153 del CST.

LA RÉPLICA Además de imputar deficiencias de carácter técnico, manifiesta que el ataque se construye bajo el supuesto de la existencia de objeto y causa ilícitos, aparentemente relacionados con el acuerdo celebrado entre las partes, pero que la realidad es que, en ese aspecto, el Tribunal fue minucioso en señalar por qué no se podía considerar que mediara una ni otra situación. Argumentos que el cargo no tenía en consideración. Aduce que el colegiado no dijo nada diferente de lo que se lee en el acta de conciliación, y que todo lo tocado en el proceso es eminentemente discutible, por lo que es legítima su inclusión en una conciliación, y el efecto de cosa juzgada es procedente.

Invoca, finalmente, la posición jurisprudencial de esta Sala respecto del artículo 153 del CST. CONSIDERACIONES DE LA CORTE El plantear la censura, como causal de nulidad absoluta de la conciliación (diferente a la esgrimida en la demanda inicial basada en vicios del consentimiento), la existencia de mala fe de la demandada, al cobrar al demandante intereses sobre préstamos o anticipos de salarios, con el consecuente enriquecimiento ilícito con los dineros del trabajador, es inatendible en el recurso extraordinario, ya que representa una cuestión que no se propuso en la demanda inicial respecto de la validez del acto conciliatorio, y admitirla ahora, en cualquiera de los cargos, violaría el derecho de defensa y el debido proceso.

En efecto, asevera el recurrente que el Tribunal ha debido declarar la nulidad sustancial de la conciliación, porque, durante el contrato, la demandada le cobró al trabajador intereses sobre préstamos y anticipos y con ello violó la normatividad laboral y civil. Sin embargo, como quedó anotado, ese tema no fue materia de este proceso, pues, se reitera, para cuestionar la validez de dicho acuerdo en la demanda, se aludió a las presiones efectuadas por la empresa y al hecho de haber ésta elaborado el acta respectiva, pero nada se dijo acerca de la incidencia de la ilegalidad del cobro de intereses en la eficacia jurídica del acto conciliatorio.

Con todo, valga precisar que el cobro de los aludidos intereses no se halla prohibido por la ley, como tampoco el modo que las partes acuerden para el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando no se acredite que dichos intereses perjudiquen al asalariado, como lo definió esta Sala en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicación 20151: “ La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen: “ ART. 152.

Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa”.

“ ART. 153. Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses”. “Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos”.

“No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida.

Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del Estatuto Sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto”.

“Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen la naturaleza humana que las inspira y justifica”. “Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se esta perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos.

Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como Vicepresidente Financiero y Administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales”.

“Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros ” Resulta pertinente recordar lo que en otras oportunidades ha dicho esta Corporación, que si bien es cierto que la ley laboral persigue proteger a los trabajadores de los excesos patronales, y procure mantener la integridad del salario y de las prestaciones frente a los descuentos arbitrarios efectuados por el empleador, también lo es que estos instrumentos de protección, en modo alguno, eximen al trabajador de cumplir las obligaciones pecuniarias contraídas.

Aceptar lo contrario conduciría a que los empleadores se cuidaran de auxiliar a los trabajadores con préstamos, de forma que se afectaría el interés de éstos en general, cosa que evidentemente no quiso el legislador. Si lo que pretende la recurrente es hacer notar vicio que impida la obligación del acto o declaración, por la ilicitud de la causa u objeto, cabe decir que no puede calificarse de ilícito el acto amigable mediante el cual las partes buscan precaver eventuales pleitos poniendo fin de manera total o parcial a sus diferencias producto de una relación laboral, pues “para la jurisprudencia la conciliación es un instituto jurídico concebido como un acto serio y responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz y seguridad jurídica”.

Así lo razonó la Corte en sentencia 11540 del 11 de marzo de 1999, tomando en consideración lo sostenido por la extinguida Sección Segunda de esta Sala de Casación en sentencia del 9 de marzo de 1995. En lo que concierne con que el Tribunal no dio por demostrado que durante la ejecución del contrato de trabajo la demandada descontó al trabajador de su salario mensual el 5% con destino a una Caja Fondo de Ahorros no autorizada por la ley, es de anotar que el accionante declaró en el acta de conciliación a la demandada, a paz y salvo por salarios y por cualquier otro beneficio o derecho proveniente de afiliación a entidades de creación empresarial, como el Fondo de Ahorros o Fondo 5 Bienestar Social, lo que comprende cualquier diferencia en relación al descuento de salarios para dicho fin.

En armonía con lo discurrido, aun cuando lo puesto en evidencia es suficiente para desestimar los cargos, dado que se fundamentan en una nulidad por materia diferente de la expuesta en la demanda, es de señalar, con todo, que no se percibe en el fallo del ad quem ningún yerro jurídico ni fáctico, al menos de carácter manifiesto, al concluirse que lo reclamado en este proceso fue objeto de conciliación entre los ahora contendientes y, por lo tanto, hace tránsito a cosa juzgada, además de avenirse su interpretación sobre el alcance del artículo 153 del CST a la que ha hecho esta Sala.

Por lo dicho, los cargos no prosperan. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de octubre de 2005, en el proceso promovido por CARLOS EDUARDO PEÑA GÓMEZ en contra de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la impugnante. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria PAGE 36