28205(17-05-06) — Corte Suprema

28205(17-05-06)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2006

De qué trata

Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » CONTRATO DE TRABAJO » TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO CONSENTIMIENTO » CONCILIACIÓN » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar con base en las pruebas aportadas, que no se demostraron vicios del consentimiento que invalidaran el contenido del acuerdo conciliatorio firmado entre la recurrente y el empleador, por cuanto en la redacción del acuerdo se evidencia el pleno conocimiento de la demandante sobre los términos de la conciliación, incluyendo la terminación del contrato de trabajo de común acuerdo y la cobertura de cualquier obligación pendiente por parte de la Federación Nacional de Cafetero, así como , nada se dijo sobre la prohibición absoluta del cobro de los préstamos otorgados y los intereses asociados Tesis: «No es exacta la afirmación de la censura referente a que el juzgador de segundo grado incurrió en la apreciación equivocada del acta de conciliación celebrada entre las partes, por haberse dedicado exclusivamente al análisis jurídico de la cosa juzgada, en tanto en la decisión recurrida se examinó detenidamente el contenido del acuerdo mencionado, hasta el punto que se hace alusión pormenorizada de cada uno de los derechos laborales sobre los cuales recayó dicho acto consensual. Incluso el Tribunal estableció que en el proceso no se acreditó la existencia de vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el acto jurídico aludido que llevaran a su invalidez; luego la aseveración de la censura no resulta razonable pues sin lugar a dudas se encuentra que el sentenciador hizo un análisis juicioso del contenido del acta correspondiente a la conciliación que suscribieron el demandante y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Al margen de lo anterior, es oportuno anotar que la redacción del acta correspondiente a la conciliación que celebraron las partes permite inferir que el demandante tenía claridad acerca de lo que se estaba conciliando y particularmente en torno a que el contrato de trabajo terminaba de común acuerdo. Además, de su contexto surge nítidamente que las partes quisieron precaver cualquier conflicto futuro y que con la suma acordada quedaba cubierta cualquier obligación que pudiera subsistir a cargo de la Federación, dentro de las que se incluyen obviamente las diferencias numéricas o jurídicas que pudieran resultar por los pagos o deducciones discriminados en la liquidación final de prestaciones sociales del señor JESÚS ANTONIO ROMERO ZAPATA, plasmada expresamente en tal acuerdo, con lo que se evidencia que tal acto jurídico fue lícito pues en parte se garantizó con la suma convenida el pago de todo crédito existente o generado a la terminación del contrato de trabajo por cualquier circunstancia o razón. En consecuencia, es obvio que las deducciones por préstamos e intereses sobre los mismos, efectuados durante la relación laboral o en la liquidación final de prestaciones sociales, que en sentir de la acusaciones fueron ilegales, quedaron cubiertos con la suma conciliada, en el supuesto que fueran improcedentes, en tanto con tal acuerdo se quiso zanjar cualquier diferencia. En cuanto a la aseveración del recurrente relativa a que el Tribunal ha debido declarar la nulidad sustancial de la conciliación porque la demandada dedujo de las prestaciones finales del actor sumas por concepto de préstamos que le había concedido y sus intereses, por ser ello violatorio de la normatividad laboral y civil, se observa que este punto concreto no fue materia de este proceso, pues para cuestionar la validez de tal acuerdo en la demanda se aludió a las presiones efectuadas por la empresa y al hecho de haber ésta elaborado el acta respectiva, pero nada se dijo acerca de la incidencia de la ilegalidad de las deducciones mencionadas en la eficacia jurídica del acto conciliatorio». LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » SALARIOS » DESCUENTOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES » INTERESES DE PRÉSTAMOS - El cobro de intereses por préstamos hechos al trabajador no está prohibido por la ley, siempre que no perjudique al asalariado Tesis: «No obstante lo anterior, encuentra la Sala oportuno precisar que el cobro de los aludidos intereses no se halla prohibido por la ley, como tampoco el modo que las partes acuerden para el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando no se acredite que dichos intereses perjudiquen al asalariado, tal cual se dijo en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicada con el número 20151, de cuyos apartes se hará cita al resolver el segundo cargo. […] En lo concerniente al aspecto específico del cobro de intereses por parte del empleador por préstamos otorgados y lo referente a los descuentos que por este concepto se efectuaron por la empleadora, que es el punto sobre el cual centra el ataque su inconformidad por estimar que constituye una apropiación indebida o pago incompleto de salarios y prestaciones, corresponde señalar que los mismos no están del todo prohibidos como tampoco el acuerdo a que se llegue para su pago, y mientras no se demuestre que su imposición estaría perjudicando al trabajador no hay quebrantamiento de los principios y normas protectoras sobre la materia, tal como lo concluyó esta Corporación en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicado No. 20151. “...La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen: “ART. 152. Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa. “ART. 153. Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses.” “Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos. “No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida. Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del Estatuto Sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto. “Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen.......la naturaleza humana que las inspira y justifica.” “Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se esta perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos. Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como Vicepresidente Financiero y Administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales. “Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros...”». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA DIRECTA - En el recurso de casación la vía directa supone plena conformidad con las conclusiones fácticas e inferencias probatorias del ad quem, razón por la cual sólo admite discusiones netamente jurídicas Tesis: «En estos dos cargos, ambos dirigidos por la vía directa, la censura se aparta de las conclusiones fácticas del Tribunal, al fundar su ataque en un hecho que no aparece acreditado en la sentencia recurrida, incluso respecto del cual no se hizo ninguna alusión en esa providencia, pues afirma que en este asunto el acto de la conciliación es nulo porque contiene a cargo del trabajador cláusulas de pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales, sobre los cuales durante la vigencia del contrato de trabajo se cobraron intereses. Es decir, que la censura parte de unos hechos distintos a los establecidos por el Tribunal, lo que es contrario a las reglas que regulan el recurso de casación laboral, que exigen a quien orienta su ataque por la vía directa mostrarse conforme con los antecedentes fácticos acreditados en la decisión recurrida, toda vez que a través de esta vía solo es viable controvertir los errores jurídicos en que haya podido incurrir el sentenciador». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - En el recurso de casación es necesario atacar los verdaderos argumentos de la sentencia acusada Tesis: «Por otra parte, la aseveración que hace la acusación en punto a que la declaración en forma genérica de cosa juzgada respecto de la conciliación celebrada por las partes, que en este asunto hizo el juzgador, como contraria a las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional, no resulta acertada en este caso pues en la decisión recurrida aparece que se examinó el contenido de la conciliación y se hizo referencia a los acuerdos sobre los cuales recayó el mutuo consenso de las partes, con las consideraciones adicionales del Tribunal relativas a que el acuerdo conciliatorio suscrito entre el demandante y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS no vulneró derechos ciertos e indiscutibles del trabajador y que además no se acreditaron en el proceso vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el mismo». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MEDIO NUEVO - En el recurso de casación la alteración del petitum o de la causa petendi de la demanda inicial desconoce el derecho de defensa y contradicción Tesis: «Igualmente se observa que el hecho aducido como causal de nulidad absoluta de la conciliación celebrada por las partes, en los cargos estudiados simultáneamente, referente a que existió mala fe de la demandada al cobrar al demandante intereses sobre préstamos o anticipos de salarios, no puede ser atendible en este recurso extraordinario, ya que se trata de una situación fáctica que no fue propuesta en la demanda inicial y admitirla ahora, en cualquiera de los cargos, violaría el derecho de defensa y el debido proceso». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - En el recurso de casación el ad quem no puede incurrir en yerros fácticos o jurídicos sobre aspectos de los que no hizo pronunciamiento alguno Tesis: «En cuanto a la pretensión subsidiaria a que se refiere el alcance de la impugnación, relacionada con la petición de condenar a la demandada a pagar al demandante los dineros que le retuvo, dedujo o compensó sin la correspondiente autorización legal, se encuentra que el sentenciador de segundo grado encontró que no era procedente estudiar ninguna de las reclamaciones subsidiarias pretendidas por la parte actora, en razón a que las reliquidaciones fueron solicitadas de manera general sin especificar los períodos o las sumas que no fueron tenidas en cuenta para su liquidación; luego es claro que en la decisión recurrida no se examinó ninguna de las pretensiones subsidiarias de la parte actora, de manera que mal pudo incurrir el Tribunal en error manifiesto de hecho alguno sobre un punto que no abordó; de manera que si la censura no estaba de acuerdo con lo resuelto en la providencia referida el ataque debió ser otro». CONSIDERACIONES I: En estos dos cargos, ambos dirigidos por la vía directa, la censura se aparta de las conclusiones fácticas del Tribunal, al fundar su ataque en un hecho que no aparece acreditado en la sentencia recurrida, incluso respecto del cual no se hizo ninguna alusión en esa providencia, pues afirma que en este asunto el acto de la conciliación es nulo porque contiene a cargo del trabajador cláusulas de pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales, sobre los cuales durante la vigencia del contrato de trabajo se cobraron intereses. Es decir, que la censura parte de unos hechos distintos a los establecidos por el Tribunal, lo que es contrario a las reglas que regulan el recurso de casación laboral, que exigen a quien orienta su ataque por la vía directa mostrarse conforme con los antecedentes fácticos acreditados en la decisión recurrida, toda vez que a través de esta vía solo es viable controvertir los errores jurídicos en que haya podido incurrir el sentenciador. Por otra parte, la aseveración que hace la acusación en punto a que la declaración en forma genérica de cosa juzgada respecto de la conciliación celebrada por las partes, que en este asunto hizo el juzgador, como contraria a las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional, no resulta acertada en este caso pues en la decisión recurrida aparece que se examinó el contenido de la conciliación y se hizo referencia a los acuerdos sobre los cuales recayó el mutuo consenso de las partes, con las consideraciones adicionales del Tribunal relativas a que el acuerdo conciliatorio suscrito entre el demandante y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS no vulneró derechos ciertos e indiscutibles del trabajador y que además no se acreditaron en el proceso vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el mismo. Igualmente se observa que el hecho aducido como causal de nulidad absoluta de la conciliación celebrada por las partes, en los cargos estudiados simultáneamente, referente a que existió mala fe de la demandada al cobrar al demandante intereses sobre préstamos o anticipos de salarios, no puede ser atendible en este recurso extraordinario, ya que se trata de una situación fáctica que no fue propuesta en la demanda inicial y admitirla ahora, en cualquiera de los cargos, violaría el derecho de defensa y el debido proceso. No obstante lo anterior, encuentra la Sala oportuno precisar que el cobro de los aludidos intereses no se halla prohibido por la ley, como tampoco el modo que las partes acuerden para el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando no se acredite que dichos intereses perjudiquen al asalariado, tal cual se dijo en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicada con el número 20151, de cuyos apartes se hará cita al resolver el segundo cargo. Los cargos, conforme a lo expuesto, no están llamados a prosperar. CONSIDERACIONES II: No es exacta la afirmación de la censura referente a que el juzgador de segundo grado incurrió en la apreciación equivocada del acta de conciliación celebrada entre las partes, por haberse dedicado exclusivamente al análisis jurídico de la cosa juzgada, en tanto en la decisión recurrida se examinó detenidamente el contenido del acuerdo mencionado, hasta el punto que se hace alusión pormenorizada de cada uno de los derechos laborales sobre los cuales recayó dicho acto consensual. Incluso el Tribunal estableció que en el proceso no se acreditó la existencia de vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el acto jurídico aludido que llevaran a su invalidez; luego la aseveración de la censura no resulta razonable pues sin lugar a dudas se encuentra que el sentenciador hizo un análisis juicioso del contenido del acta correspondiente a la conciliación que suscribieron el demandante y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Al margen de lo anterior, es oportuno anotar que la redacción del acta correspondiente a la conciliación que celebraron las partes permite inferir que el demandante tenía claridad acerca de lo que se estaba conciliando y particularmente en torno a que el contrato de trabajo terminaba de común acuerdo. Además, de su contexto surge nítidamente que las partes quisieron precaver cualquier conflicto futuro y que con la suma acordada quedaba cubierta cualquier obligación que pudiera subsistir a cargo de la Federación, dentro de las que se incluyen obviamente las diferencias numéricas o jurídicas que pudieran resultar por los pagos o deducciones discriminados en la liquidación final de prestaciones sociales del señor JESÚS ANTONIO ROMERO ZAPATA, plasmada expresamente en tal acuerdo, con lo que se evidencia que tal acto jurídico fue lícito pues en parte se garantizó con la suma convenida el pago de todo crédito existente o generado a la terminación del contrato de trabajo por cualquier circunstancia o razón. En consecuencia, es obvio que las deducciones por préstamos e intereses sobre los mismos, efectuados durante la relación laboral o en la liquidación final de prestaciones sociales, que en sentir de la acusaciones fueron ilegales, quedaron cubiertos con la suma conciliada, en el supuesto que fueran improcedentes, en tanto con tal acuerdo se quiso zanjar cualquier diferencia. En cuanto a la aseveración del recurrente relativa a que el Tribunal ha debido declarar la nulidad sustancial de la conciliación porque la demandada dedujo de las prestaciones finales del actor sumas por concepto de préstamos que le había concedido y sus intereses, por ser ello violatorio de la normatividad laboral y civil, se observa que este punto concreto no fue materia de este proceso, pues para cuestionar la validez de tal acuerdo en la demanda se aludió a las presiones efectuadas por la empresa y al hecho de haber ésta elaborado el acta respectiva, pero nada se dijo acerca de la incidencia de la ilegalidad de las deducciones mencionadas en la eficacia jurídica del acto conciliatorio. En lo concerniente al aspecto específico del cobro de intereses por parte del empleador por préstamos otorgados y lo referente a los descuentos que por este concepto se efectuaron por la empleadora, que es el punto sobre el cual centra el ataque su inconformidad por estimar que constituye una apropiación indebida o pago incompleto de salarios y prestaciones, corresponde señalar que los mismos no están del todo prohibidos como tampoco el acuerdo a que se llegue para su pago, y mientras no se demuestre que su imposición estaría perjudicando al trabajador no hay quebrantamiento de los principios y normas protectoras sobre la materia, tal como lo concluyó esta Corporación en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicado No. 20151. “...La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen: “ART. 152. Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa. “ART. 153. Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses.” “Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos. “No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida. Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del Estatuto Sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto. “Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen.......la naturaleza humana que las inspira y justifica.” “Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se esta perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos. Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como Vicepresidente Financiero y Administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales. “Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros...” En cuanto a la pretensión subsidiaria a que se refiere el alcance de la impugnación, relacionada con la petición de condenar a la demandada a pagar al demandante los dineros que le retuvo, dedujo o compensó sin la correspondiente autorización legal, se encuentra que el sentenciador de segundo grado encontró que no era procedente estudiar ninguna de las reclamaciones subsidiarias pretendidas por la parte actora, en razón a que las reliquidaciones fueron solicitadas de manera general sin especificar los períodos o las sumas que no fueron tenidas en cuenta para su liquidación; luego es claro que en la decisión recurrida no se examinó ninguna de las pretensiones subsidiarias de la parte actora, de manera que mal pudo incurrir el Tribunal en error manifiesto de hecho alguno sobre un punto que no abordó; de manera que si la censura no estaba de acuerdo con lo resuelto en la providencia referida el ataque debió ser otro. El cargo, en consecuencia, no prospera. Consecuentemente las costas en el recurso son de cargo de la parte recurrente.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia CASACIÓN No. 28205 República de Colombia Corte Suprema de Justicia CASACIÓN No. 28205 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: CARLOS ISAAC NADER Acta No. 31 Radicación No. 28205 Bogotá D.C., Diecisiete (17 ) de mayo de dos mil seis (2006).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor JESÚS ANTONIO ROMERO ZAPATA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C., el 29 de julio de 2005, en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente, contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETER0S DE COLOMBIA.

ANTECEDENTES El proceso se inició con el propósito de obtener el reintegro de la demandante al cargo que tenía al momento del rompimiento del contrato de trabajo, junto con el pago de los salarios dejados de percibir entre la fecha de su desvinculación y aquella en que se restablezca la relación laboral. En subsidio se reclamó la reliquidación del auxilio de cesantía, sus intereses doblados, los dineros retenidos, deducidos o compensados sin la autorización legal, la indemnización moratoria por la falta de práctica del examen médico de retiro, la indemnización por la terminación del contrato de trabajo, la indexación sobre las sumas ordenadas, la pensión de jubilación prevista convencionalmente, la indemnización de los daños morales causados con la ruptura unilateral del contrato de trabajo.

En el capítulo de las hechos de la demanda inicial se informa que el demandante celebró por escrito con la federación demandada un contrato de trabajo a término indefinido, que transcurrió del 22 de febrero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1992; como también que a la finalización de la relación laboral devengaba un salario mensual de $283.179.86 y un promedio de $672.920.73, en el que estaban comprendidos la cantidad de $283.179.86 por primas extralegales mensuales, $712.000.00 por devolución de Ahorros por Perseverancia o Bonificación Fondo de Ahorros o Bonificación Ocasional Fondo de Ahorros o Bonificación Fondo 5 y la suma de $2.696.740.00 por Bonificación por Retiro o Bonificación Fondo de Ahorros o Bonificación por retiro Fondo 5, $410.610.80 por concepto de prima de vacaciones.

Igualmente se refiere que para efectos de la liquidación del auxilio de cesantía e indemnizaciones, la empleadora de manera deliberada dejó de incluir en el salario mensual promedio los pagos por ahorros por perseverancia o bonificación ocasional Fondo de Ahorros o Bonificación Fondo 5, Bonificación por retiro Fondo 5 o Bonificación por retiro Fondo de Ahorros y la prima vacacional.

También se sostiene en relación con lo anterior que durante el tiempo de servicios, la demandada en forma indebida y sin autorización escrita de la demandante, retuvo de su salario mensual el 5% con destino a la Caja de Ahorros, Fondo de Recompensas, Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Almacenes Generales de Depósito de Café S.A., denominado en la actualidad Fondo Cinco Bienestar Social, que nunca ha existido en la vida real.

En torno a la terminación de la relación laboral se apunta que la Federación, ejecutando unas conductas tipificadas como hechos punibles, durante la segunda quincena del mes de diciembre de 1992 le comunicó al accionante la imperiosa necesidad de prescindir de sus servicios en forma inmediata por razones económicas y de reorganización administrativa, por lo que le sería cancelada una suma conciliatoria, liquidada conforme a las tablas de estabilidad laboral contempladas en el artículo 4º de la convención colectiva de trabajo y que en el supuesto de que no fuera aceptada esa proposición empresarial su contrato de trabajo sería cancelado mediante la aplicación de una justa causa y sus prestaciones sociales le serían consignadas a órdenes de un juzgado laboral.

Posteriormente, se asevera que el trabajador no tuvo otra alternativa que dejar vapulear y vulnerar sus derechos, siendo así como compareció ante la División Departamental del Trabajo Seccional Caldas, bajo las amenazas mencionadas, donde fue obligado a firmar el acta de conciliación, en formato preelaborado llevado por el representante legal de la demandada, terminando de manera irregular una relación de trabajo de más de 20 años de eficientes servicios.

RESPUESTA A LA DEMANDA En oposición de las pretensiones de la parte actora sostuvo que el demandante suscribió el 8 de enero de 1993 una conciliación ante la División Departamental de Trabajo y seguridad social de Caldas, en la que declaró a paz y salvo por todo concepto laboral a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quedando redimidos y conciliados todos los conceptos laborales que se hubiesen causado dentro de la ejecución y terminación del contrato de trabajo o provenientes de afiliaciones a entidades de creación empresarial o convencional.

Igualmente precisó que como el contrato de trabajo terminó por mutuo acuerdo no procede el reintegro ni el pago de salarios solicitados y que tampoco pueden prosperar las peticiones subsidiarias porque el accionante declaró a paz y salvo por todo concepto a la demandada. Además propuso las excepciones de prescripción, pago, compensación, buena fe y cosa juzgada.

DECISIONES DE INSTANCIA En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 9 de septiembre de 2003, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá D.C., declaró probada la excepción de cosa juzgada y consecuentemente absolvió a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA de todas las pretensiones del señor JESÚS ANTONIO ROMERO ZAPATA.

Decisión que fue confirmada en segunda instancia. En torno a la conciliación celebrada entre las partes, el Tribunal estableció que conforme al acuerdo plasmado en el acta correspondiente el actor declaró a paz y salvo a la federación accionada de cualquier concepto proveniente de la ejecución y extinción de la relación de trabajo tales como salarios, vacaciones, primas legales y extralegales, cesantía, intereses sobre la cesantía, subsidio, viáticos, gastos de transporte, indemnizaciones de cualquier género y en general cualquier otro concepto laboral, salarial, prestacional o indemnizatorio de carácter legal, contractual o convencional causado, quedando redimidos y conciliados todos los conceptos laborales que se hubieren causado dentro de la ejecución y terminación del contrato de trabajo, así como cualquier otro beneficio o derecho preveniente de afiliación a entidades de creación empresarial o convencional como el antiguo Fondo de ahorros y el actual Fondo 5 Bienestar Social y el fondo de Asistencia Social F.A.S. y de acciones convencionales o legales sobre reintegro.

Agregó acerca de la conciliación aludida que con tal acuerdo no se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, amen de no haber acreditado en el proceso vicios del consentimiento que afectaran la voluntad allí plasmada, que conllevaran a la invalidez del acto jurídico, de manera que ella surte todos sus efectos de acuerdo con los artículos 20 y 78 del C. de P. L. En cuanto a las pretensiones subsidiarias concluyó que no estaban llamadas a prosperar habida consideración que las reliquidaciones fueron solicitadas de manera general sin especificar los períodos o las sumas no tenidas en cuenta para su liquidación y, precisó además que la pensión quedó incluida dentro de la conciliación, en tanto que los supuestos daños morales no fueron acreditados en el proceso.

EL RECURSO DE CASACIÓN Solicita que se case en su integridad la sentencia recurrida para que esta Corporación decrete la nulidad absoluta de carácter sustancial del acta de conciliación, por adolecer de objeto y causa ilícitos o, en subsidio, se revoque la decisión de primer grado y en su lugar condene a la demandada a pagar al actor el dinero retenido, deducido o compensado sin la correspondiente autorización legal, como a la indemnización moratoria.

Con la finalidad anotada la acusación propuso tres cargos fundados en la causal primera de casación laboral, que tuvieron réplica oportuna, de los cuales se estudiarán simultáneamente el primero y tercero en razón a que ambos están dirigidos por la vía directa, acusan las mismas normas, salvo que en el primero se acusa la infracción directa y en el tercero la aplicación indebida, aduciendo conceptos de violación diferentes y porque sus argumentos son semejantes.

CARGOS PRIMERO Y TERCERO Orientados por la vía directa, denuncian la violación directa de los artículos 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 140, 142, 149, 150, 151, 152, 153 y 198 del Código Sustantivo del Trabajo; 80 del Decreto Legislativo 2351 de 1965; 6º de la Ley 50 de 1990; 6, 16, 17, 25, 27, 633, 641, 768,1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó el 1742 del Código Civil; 13, 25, 53, 58, 83, 228 y 230 de la Constitución Nacional y, 38 de la Ley 153 de 1887.

La acusación después de anotar que no existe ninguna divergencia de tipo fáctico respecto de la sentencia impugnada y que la inconformidad en este cargo es eminentemente jurídica, sostiene que el fundamento del juzgador de segundo grado consistió en establecer la cosa juzgada en forma general y a grosso modo respecto de todos los aspectos posteriores al acta de conciliación, sin reparar en la situación fáctica o el negocio jurídico que le dio origen.

Anota al respecto que la sentencia impugnada se encuentra edificada sobre premisas falsas que conducen necesariamente a la conclusión lógica de acuerdo con las cuales el acta de conciliación es nula, por adolecer de objeto y causa ilícitos. Razón que, entiende, justifica que gran parte de las normas invocadas en el cargo estén contenidas en la legislación civil como parte del Código Civil, de acuerdo con la aplicación supletoria que permite el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

Cita la censura el artículo 6° del Código Civil, para luego anotar que la Sala de Casación Laboral, en sentencia proferida en 1992, definió que el acta de conciliación es un acuerdo de voluntades para cuya validez y eficacia deben cumplirse los requisitos señalados por el artículo 1502 del Código Civil. A continuación se remite al contenido de los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, para sostener que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación es nulo de nulidad absoluta, toda vez que contiene a cargo del trabajador Jesús Antonio Romero Zapata, cláusulas de pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales no destinados para la adquisición de vivienda, sobre los cuales se cobraron intereses a través de los pagos de salarios, durante la ejecución del contrato de trabajo, con violación de los artículos 43, 142, 149, 151, 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

En sustento de su posición se remite al texto de los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo. Más adelante indica que la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa y, la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita; luego la carga del pago de intereses impuesta al trabajador sobre préstamos o anticipos de salarios y préstamos de prestaciones sociales es una obligación sin causa real y lícita, que origina la ilicitud al acto jurídico en cuestión. En tal sentido anota que siendo las normas del Código Sustantivo del Trabajó contentivas del mínimo de garantías y derechos consagrados en favor de los trabajadores, que por tener el carácter de orden público e irrenunciables y de efecto general inmediato, como lo predican sus artículos 13, 14 y 16 de dicho estatuto, mal podría llegar a creerse que con su quebrantamiento no se violaría el derecho público de la Nación en los términos de los artículos 6, 16, 1518, 1519, 1523 y 1524 del Código Civil.

Sentado lo anterior aduce que el acta de conciliación celebrada por las partes adolece de objeto y causa ilícitos, porque fue utilizada para convalidar actos ilegales cometidos por la empleadora durante la ejecución, desarrollo y terminación del contrato de trabajo, en manifiesta y flagrante violación al derecho público de la Nación como son las normas contenidas en el C. S. del T. Posteriormente plantea que la declaración en forma genérica de cosa juzgada, es atentatoria de las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58, en concordancia con el artículo 13 de la Constitución Política, que consagra la irrenunciabilidad de derechos y garantías, que además tampoco podría darse sobre conceptos que tienen el carácter de ciertos e indiscutibles sobre los cuales no cabe la conciliación. LA RÉPLICA Apunta en relación con los cargos primero y tercer que no obstante se hace en ellos la manifestación relativa a que no existe inconformidad con los hechos establecidos en la sentencia recurrida en el desarrollo de los mismos no se limita a un cotejo entre la sentencia recurrida y la ley, sino que difiere con aspectos fácticos que dio por establecidos el Tribunal.

SE CONSIDERA En estos dos cargos, ambos dirigidos por la vía directa, la censura se aparta de las conclusiones fácticas del Tribunal, al fundar su ataque en un hecho que no aparece acreditado en la sentencia recurrida, incluso respecto del cual no se hizo ninguna alusión en esa providencia, pues afirma que en este asunto el acto de la conciliación es nulo porque contiene a cargo del trabajador cláusulas de pago de intereses sobre préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales, sobre los cuales durante la vigencia del contrato de trabajo se cobraron intereses.

Es decir, que la censura parte de unos hechos distintos a los establecidos por el Tribunal, lo que es contrario a las reglas que regulan el recurso de casación laboral, que exigen a quien orienta su ataque por la vía directa mostrarse conforme con los antecedentes fácticos acreditados en la decisión recurrida, toda vez que a través de esta vía solo es viable controvertir los errores jurídicos en que haya podido incurrir el sentenciador.

Por otra parte, la aseveración que hace la acusación en punto a que la declaración en forma genérica de cosa juzgada respecto de la conciliación celebrada por las partes, que en este asunto hizo el juzgador, como contraria a las garantías consagradas a favor de los trabajadores en los artículos 53 y 58 de la Constitución Nacional, no resulta acertada en este caso pues en la decisión recurrida aparece que se examinó el contenido de la conciliación y se hizo referencia a los acuerdos sobre los cuales recayó el mutuo consenso de las partes, con las consideraciones adicionales del Tribunal relativas a que el acuerdo conciliatorio suscrito entre el demandante y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS no vulneró derechos ciertos e indiscutibles del trabajador y que además no se acreditaron en el proceso vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el mismo.

Igualmente se observa que el hecho aducido como causal de nulidad absoluta de la conciliación celebrada por las partes, en los cargos estudiados simultáneamente, referente a que existió mala fe de la demandada al cobrar al demandante intereses sobre préstamos o anticipos de salarios, no puede ser atendible en este recurso extraordinario, ya que se trata de una situación fáctica que no fue propuesta en la demanda inicial y admitirla ahora, en cualquiera de los cargos, violaría el derecho de defensa y el debido proceso.

No obstante lo anterior, encuentra la Sala oportuno precisar que el cobro de los aludidos intereses no se halla prohibido por la ley, como tampoco el modo que las partes acuerden para el pago del préstamo hecho al trabajador, siempre y cuando no se acredite que dichos intereses perjudiquen al asalariado, tal cual se dijo en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicada con el número 20151, de cuyos apartes se hará cita al resolver el segundo cargo.

Los cargos, conforme a lo expuesto, no están llamados a prosperar. SEGUNDO CARGO Acusa por la vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los artículos 13, 25, 29, 53, 58, 83, 228 y 230 de la Constitución Nacional; 6,15,16,17, 633, 641, 768, 1502, 1518, 1519, 1523, 1524, 1626, 1740, 1741, 1746 y 2313 del Código Civil; 2° de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil; 13, 14, 15, 16, 19, 21, 43, 55, 59, 65, 140, 142, 149, 150, 151, 152, 153 y 198 Código Sustantivo del Trabajo; 12, 20 y 99 Comercio; 38 de la Ley 153 de 1887; con violación medio de los artículos 60 del C. P. T. y 177 del C. de P. C., aplicables en el procedimiento laboral por remisión analógica del artículo 145 del C. de P. L y S.S. Quebrantamiento normativo que se originó en los siguientes yerros, que atribuye al Tribunal: “1) No dar por demostrado, estándolo, que en el Acta de Conciliación del 8 de enero de 1993 suscrita ante la División Departamental de Trabajo y Social de Caldas, entre las partes en litigio, adolece de objeto y de causa ilícitos y dar por demostrado sin estarlo, que dicho acto reúne todos los requisitos exigidos por la ley para su validez y eficacia. “2) No dar por demostrado, estándolo, que durante los tres últimos años de servicios la demandada, efectuó al señor ANTONIO ROMERO ZAPATA, PRÉSTAMOS O ANTICIPOS DE SALARIOS Y PRÉSTAMOS DE PRESTACIONES SOCIALES, sobre los cuales le cobró INTERESES QUE FUERON DESCONTADOS DE LOS PAGOS MENSUALES DE SALARIO, DE LAS PRIMAS SEMESTRALES DE SERVICIOS Y DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES REGISTRADA EN EL ACTA DE CONCILIACIÓN. “3) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada entregó en préstamo al trabajador recurrente, el valor de la BONIFICACIÓN POR RETIRO, que es una prestación social, y le cobro intereses que le fueron deducidos de los salarios y de las primas semestrales de servicios.

“4) No dar por demostrado, estándolo, que al expediente no obra documento suscrito por el recurrente ANTONIO ROMERO ZAPATA, QUE AUTORICE A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, PARA DESCONTAR DE SUS SALARIOS MENSUALES, PRIMAS SEMESTRALES DE SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS, EL VALOR DE LOS PRÉSTAMOS O ANTICIPOS DE SALARIOS E INTERESES.

“5) No dar por demostrado, estándolo, que la CAJA DE AHORROS, FONDO DE RECOMPENSAS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACIÓN Y ALMACAFE S.A.: ES UN PROGRAMA DE BIENESTAR CARENTE DE PERSONERÍA JURÍDICA. “6) No dar por demostrado estándolo, que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, es una entidad gremial SIN ÁNIMO DE LUCRO” (Los apartes en mayúscula, resaltados y subrayados son del recurrente) Con el propósito de acreditar los yerros fácticos atribuidos al sentenciador de segundo grado la censura cita como pruebas mal estimadas por el Tribunal la conciliación celebradas por las partes (fls. 54 a 58) y como pruebas dejadas de apreciar la demanda (fls. 8 a 38), la respuesta a la demanda (fls. 44 a 51), los Acuerdos NO. 3 DE 1941, 3ª DE 1943, 1 de 1948 y 6 de 1954, expedidos por el Comité Nacional de Cafeteros de Colombia (fls. 63 a 74, 75 a 82 y 85 a 88, la orden de pago y anexos de las prestaciones sociales del señor Antonio Romero Zapata (fls. 208 a 213), la constancia expedida por la demandada sobre la liquidación y pago de algunas prestaciones sociales al recurrente (fl. 224), la constancia expedida por la demandada sobre el descuento al trabajador del 5% de su salario mensual con destino a un programa de ahorros, de 21 de marzo de 2000, los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (fl. 283 a 302), el contrato de trabajo suscrito entre las partes (fl. 276), el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demanda y el estado de cuenta del señor Antonio Romero Zapata (fl. 277 y 278) La censura comienza aduciendo que el sentenciador de segundo grado estimó equivocadamente el acta de conciliación visible a folios 34 a 36 y reprobando la conclusión de esa corporación referente a que no se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, pues encuentra que la sentencia está edificada sobre premisas falsas que conducen a la nulidad del acta de conciliación. Posteriormente retoma varios argumentos jurídicos expuestos en los cargos primero y tercero para sostener que el acto jurídico registrado en el acta de conciliación es nulo, porque durante el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo suscrito entre las partes, la empleadora otorgó al recurrente préstamos o anticipos sobre los salarios y prestaciones, que no tenían como destinación la compra de vivienda o compra de casa y sobre los cuales le cobró intereses que le fueron descontados a la trabajadora de su salario y de las primas legales y extralegales de servicios, quebrantando de esa manera el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

Agrega que en el acta de conciliación se registró la liquidación definitiva de prestaciones sociales, de las cuales se dedujeron los diferentes préstamos otorgados al trabajador. Señalado lo anterior sostiene que el juzgador ad quem no apreció la liquidación definitiva de prestaciones sociales efectuada al recurrente a la terminación del contrato de trabajo (fls 260 y 324), donde se observa en el acápite de descuentos que se incluyeron rubros y conceptos a cargo del trabajador por préstamos o anticipos de salarios y prestaciones sociales y cita el préstamo por bonificación por retiro, préstamo por calamidad doméstica, préstamo línea universal capital e intereses préstamo línea universal.

Igualmente se reprueba que no se apreciaran los documentos contentivos de los Acuerdos emitidos por el Comité Nacional de Cafeteros, en los cuales se consagra que las bonificaciones y gratificación son pagos salariales. LA RÉPLICA Sostiene que el tema del cobro de intereses al actor por parte de la federación accionada no es aspecto que amerite un estudio de fondo, habida consideración que este aspecto no fue objeto de examen en la sentencia recurrida, dado lo cual el demandante debió solicitar la adición de la sentencia y no, como ahora lo pretende, valerse del recurso extraordinario para que se aborde su análisis.

SE CONSIDERA No es exacta la afirmación de la censura referente a que el juzgador de segundo grado incurrió en la apreciación equivocada del acta de conciliación celebrada entre las partes, por haberse dedicado exclusivamente al análisis jurídico de la cosa juzgada, en tanto en la decisión recurrida se examinó detenidamente el contenido del acuerdo mencionado, hasta el punto que se hace alusión pormenorizada de cada uno de los derechos laborales sobre los cuales recayó dicho acto consensual.

Incluso el Tribunal estableció que en el proceso no se acreditó la existencia de vicios del consentimiento que afectaran la voluntad plasmada en el acto jurídico aludido que llevaran a su invalidez; luego la aseveración de la censura no resulta razonable pues sin lugar a dudas se encuentra que el sentenciador hizo un análisis juicioso del contenido del acta correspondiente a la conciliación que suscribieron el demandante y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS.

Al margen de lo anterior, es oportuno anotar que la redacción del acta correspondiente a la conciliación que celebraron las partes permite inferir que el demandante tenía claridad acerca de lo que se estaba conciliando y particularmente en torno a que el contrato de trabajo terminaba de común acuerdo. Además, de su contexto surge nítidamente que las partes quisieron precaver cualquier conflicto futuro y que con la suma acordada quedaba cubierta cualquier obligación que pudiera subsistir a cargo de la Federación, dentro de las que se incluyen obviamente las diferencias numéricas o jurídicas que pudieran resultar por los pagos o deducciones discriminados en la liquidación final de prestaciones sociales del señor JESÚS ANTONIO ROMERO ZAPATA, plasmada expresamente en tal acuerdo, con lo que se evidencia que tal acto jurídico fue lícito pues en parte se garantizó con la suma convenida el pago de todo crédito existente o generado a la terminación del contrato de trabajo por cualquier circunstancia o razón. En consecuencia, es obvio que las deducciones por préstamos e intereses sobre los mismos, efectuados durante la relación laboral o en la liquidación final de prestaciones sociales, que en sentir de la acusaciones fueron ilegales, quedaron cubiertos con la suma conciliada, en el supuesto que fueran improcedentes, en tanto con tal acuerdo se quiso zanjar cualquier diferencia. En cuanto a la aseveración del recurrente relativa a que el Tribunal ha debido declarar la nulidad sustancial de la conciliación porque la demandada dedujo de las prestaciones finales del actor sumas por concepto de préstamos que le había concedido y sus intereses, por ser ello violatorio de la normatividad laboral y civil, se observa que este punto concreto no fue materia de este proceso, pues para cuestionar la validez de tal acuerdo en la demanda se aludió a las presiones efectuadas por la empresa y al hecho de haber ésta elaborado el acta respectiva, pero nada se dijo acerca de la incidencia de la ilegalidad de las deducciones mencionadas en la eficacia jurídica del acto conciliatorio.

En lo concerniente al aspecto específico del cobro de intereses por parte del empleador por préstamos otorgados y lo referente a los descuentos que por este concepto se efectuaron por la empleadora, que es el punto sobre el cual centra el ataque su inconformidad por estimar que constituye una apropiación indebida o pago incompleto de salarios y prestaciones, corresponde señalar que los mismos no están del todo prohibidos como tampoco el acuerdo a que se llegue para su pago, y mientras no se demuestre que su imposición estaría perjudicando al trabajador no hay quebrantamiento de los principios y normas protectoras sobre la materia, tal como lo concluyó esta Corporación en sentencia del 19 de marzo de 2004, radicado No. 20151.

“ La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen: “ART. 152. Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa.

“ART. 153. Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses.” “Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos.

“No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida.

Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del Estatuto Sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto.

“Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, con exactitudes matemáticas que contraríen la naturaleza humana que las inspira y justifica.” “Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se esta perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos.

Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se toma en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como Vicepresidente Financiero y Administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales.

“Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros ” En cuanto a la pretensión subsidiaria a que se refiere el alcance de la impugnación, relacionada con la petición de condenar a la demandada a pagar al demandante los dineros que le retuvo, dedujo o compensó sin la correspondiente autorización legal, se encuentra que el sentenciador de segundo grado encontró que no era procedente estudiar ninguna de las reclamaciones subsidiarias pretendidas por la parte actora, en razón a que las reliquidaciones fueron solicitadas de manera general sin especificar los períodos o las sumas que no fueron tenidas en cuenta para su liquidación; luego es claro que en la decisión recurrida no se examinó ninguna de las pretensiones subsidiarias de la parte actora, de manera que mal pudo incurrir el Tribunal en error manifiesto de hecho alguno sobre un punto que no abordó; de manera que si la censura no estaba de acuerdo con lo resuelto en la providencia referida el ataque debió ser otro.

El cargo, en consecuencia, no prospera. Consecuentemente las costas en el recurso son de cargo de la parte recurrente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 29 de julio de 2005, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta JESÚS ANTONIO ROMERO ZAPATA a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente, CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CARLOS ISAAC NADER GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria PAGE 26