CORTE SUPREMA DE JUSTICIA §frgáll á Caláál& Casación 27.318 1 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES cado liererna (Afeara CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrados Ponentes: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Aprobado Acta No. 88 Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil siete. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de la demanda de casación presentada por la defensora del procesado LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES contra el fallo de segundo grado del 26 de octubre de 2006, proferido por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz en descongestión, mediante el cual confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, que condenó al procesado en cita a la pena principal de 123 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y Urepaima ek akivalia 4- Casación 27.31 1 •.1 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE 11,onl, lieribeerna AMTela funciones públicas por el mismo lapso, como autor de los delitos de acceso carnal y acto sexual abusivo con menor de 14 años.
HECHOS Fueron narrados así en el fallo de segunda instancia: "Una vez que decide separarse del padre de sus hijas, la señora Mary Isabel Pérez Bustillo, inicia una nueva relación con el señor LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES, conformándose un nuevo núcleo familiar entre estos y las hijas de aquella, las menores ( ) y ( ), en la medida en que compartían un mismo techo; transcurrido algún tiempo de dicha convivencia, y cuando se hallaba ausente la madre de las menores, el hoy procesado, inició una serie de tocamientos libidinosos con las menores, cuyas edades para aquél entonces oscilaban entre los 8 y los 9 años (aproximadamente para el año 2000, agrega la Sala), para pasar luego a accederlas carnalmente, compeliéndolas a guardar silencio, so pena de golpear a su madre.
"Tal cuestionable y deplorable situación, se mantuvo por largo periodo de tiempo, hasta que a finales de 2004, las menores fueron autorizadas para pasar las festividades de fin y comienzo de año, con su abuela materna, la señora Carmen Edith Bustillos, a quien, en buena hora, decidieron ponerla al tanto de lo que ocurría, quien sin demoras y como era su deber instauró bwvida do goismikt. 'ny Casación 27.31 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Cafe Ililrelta itliraffia la respectiva denuncia penal, ante autoridad competente, dándose inició a la respectiva investigación penal, que culminó con el proferimiento de la sentencia que hoy ocupa la atención de esta Sala".
LA DEMANDA DE CASACIÓN Un solo cargo al amparo de la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000 presenta la defensora de LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES contra la sentencia impugnada, la que acusa de violar en forma indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación de las pruebas. En orden a fundamentar el cargo, acusa a los juzgadores de haber incurrido en un falso raciocinio, específicamente al examinar los exámenes medico legales del 18 de enero de 2005, practicados a las menores ( ) y ( ), y el dictamen de la misma naturaleza rendido el 26 de octubre de 2005, sobre el resultado de la biopsia patológica practicado a la muestra de las lesiones presentadas por su defendido en su órgano genital. grOdiütz elo rackniiiit goteo *rema ekizettiela Casación 27.31 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE Las pruebas erróneamente examinadas por el fallador, agrega, dan razón, la primera de ellas, de que las menores víctimas al examen ginecológico presentaban cada una un himen integro, ''dilatable, lo cual indica que puede permitir el paso del miembro viril erecto, sin desgarrar la membrana".
Y la segunda, en la que se diagnostica a su representado una ''Queratosis Ceborreica". Destaca que el sentenciador de segunda instancia nada manifiesta en torno a lo dictaminado en relación con el examen ginecológico practicado a las menores, mientras que el de primera, se limitó a transcribir el contenido del examen, concluyendo erradamente y sin razonamiento alguno que las menores "tuvieron relaciones sexuales" antes de que cumplieran los 12 años.
Respecto del dictamen médico legal rendido con ocasión de la biopsia practicada al procesado, dice que el juzgador A-quo se limitó a señalar que el dictamen rendido el 26 de octubre de 2005 M:95' alma ek 901001.1140 di■ Casación 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES anls Inanna ok M'eta ' no le resta valor probatorio al del 24 de agosto de 2005, por lo que el indicio que hemos señalado, sigue vigente " Sostiene a continuación que al evaluar los dictámenes médicos sobre el examen de las menores, el juzgador ignoró aquella regla de la experiencia según la cual "una relación sexual de las magnitudes, antigüedad y frecuencia, como la atribuida a mi asistido, deja indefectibles señales en la membrana himenal, dada la fragilidad de su consistencia", a lo que se suma la temprana edad de las menores; la permanencia, progresividad y prolongación de los accesos; y la agresividad propia con la que se desencadena la ansiedad por satisfacer un deseo sexual dinamizado en la clandestinidad, todo lo cual indica que "no puede ella sobrevivir, en losanía (sic) y, sin signos de penetración".
Dice que la inferencia correcta a la que debió llegar el juzgador con base en los dictámenes médico legales era descartar la real ocurrencia del acceso carnal, pues sin duda alguna la "integridad de la membrana himenaf' es absolutamente incompatible con los numerosos, repetitivos y duraderos en el Casación 27.31 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE tiempo de los accesos carnales y actos sexuales abusivos que se atribuyen al procesados.
De otro lado, agrega, sobre el diagnóstico de "Queratosis seborreica" dictaminado en las lesiones encontradas al procesado en su órgano genital, al expresar que no se "evidencia cambios citohistologicos relacionados con condilomas", descarta la presencia de esa enfermedad y por tanto los actos sexuales que se le atribuyen, porque necesariamente debieron reflejarse en una contaminación, todo lo cual se contrapone a las "erráticas" conclusiones del Juzgador A quo, cuando manifestó que "bajo este panorama no resulta acertado descartar de tajo que el señor Luis E. Sánchez, en su momento haya sufrido condilomatosis".
De tal manera, concluye la defensora, se incurrió en una indebida aplicación de los artículos 29, 208, 209 y 211 numerales 2° y 40 del Código Penal, porque los dictámenes muestran resultados que contradicen las imputaciones formuladas contra el procesado, dejándose de aplicar el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal al emitir el fallo condenatorio. ~idade90ibmiela afee Qeorema 451~ Casación 27.318i LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES También sostiene que se omitió la aplicación del principio del indubio pro reo, ante la carencia de medios probatorios que desvirtúen las dudas destacadas.
De no haberse incurrido en los yerros denunciados, agrega, los falladores hubieran reconocido la duda y por tanto se habría llegado irrefutablemente a la absolución del procesado. Culmina el cargo solicitando que se case la sentencia recurrida y en su lugar se absuelva a su defendido, previo el reconocimiento de la duda alegada. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Nuevamente debe insistir la Sala que dentro de un sistema de libre apreciación racional como el que nos rige, para los fines de desarrollar y fundamentar un cargo en casación por errores en la valoración de la prueba, le está vedado al recurrente conducirse bajo los parámetros de unas instancias ya superadas, por cuanto lo grosaa liiliwara 'ave Plgiserna táljain, lir Casación 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES ri que se trata en esta sede extraordinaria es de desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad con la que arriban los fallos a esta sede, propósito que sólo se logra en la medida en que se demuestre de manera coherente, clara y puntual, los vicios en que incurrió el juzgador de turno, así como su influencia nociva en los resultados del respectivo pronunciamiento al punto que, de no haberse presentado tales anomalías, otras muy distintas hubiesen sido las conclusiones de la determinación atacada.
En ese contexto, si el recurrente en casación pretende el quiebre de la sentencia aduciendo errores de hecho relacionados con la sana crítica (falso raciocinio), su demostración impone confrontar la forma como los juzgadores apreciaron la prueba que se afirma indebidamente valorada, acreditando que sus apreciaciones son arbitrarias o irrazonables por desconocer los derroteros de la sana crítica -los dictados de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes de la ciencia-, y que el desacierto tuvo incidencia trascendente en el contenido o sentido del fallo, luego de dejar establecido que éste no se puede mantener con las restantes premisas de la sentencia, para lo cual el demandante tiene la egrittglitade la01647arkl %,te (*Pala Aft Casación 27 3 8 TORRES LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ ES 1 correlativa carga de explicar por qué la apreciación de los demás elementos probatorios es insuficiente para sostenerla.
En el presente caso la censora no asume esa tarea, pues se limita a aducir contra toda la evidencia científica que cita en la misma demanda, que el juzgador ignoró la que llama "regla de la experiencia" según la cual ''una relación sexual de las magnitudes, antigüedad y frecuencia, como la atribuida a mi asistido, deja indefectibles señales en la membrana himenal, dada la fragilidad de su consistencia", desconociendo de tajo el concepto médico legal que dice todo lo contrario, a saber, que las menores víctimas presentaban un himen íntegro, pero "dilatable", lo que podía "permitir el paso del miembro viril erecto, sin desgarrar la membrana", de acuerdo con las trascripciones que se traen en la misma demanda de la prueba en cuestión. En este punto, debe precisar la Sala que no se trata de determinar a priori la prosperidad de la demanda, pero sí de establecer que su corrección formal no se sustente, como lo tiene señalado la Sala "sobre inexactitudes o mendacidades, ~ea alanika arte ligenta áfigada Página 10 S 13.
Casación 27.31 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE conscientes o inconscientes, pero en todo caso advertibles dentro de la propia autonomía que se reclama del texto de la demanda 4. De otro lado, la crítica alrededor del resultado del examen practicado a las lesiones observadas en el procesado es incomprensible, porque no se traen los argumentos íntegros del juzgador alrededor del punto, ni el demandante expresa con claridad qué es lo que quiere demostrar con ese resultado y qué incidencia tiene en la valoración asumida por el juzgador, por lo que su alegación en este punto no evidencia error alguno. Los errores plausibles en casación, reitera la Sala, son solamente aquellos tan manifiestos que ignoren por completo las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la experiencia, los cuales debe acreditar el demandante, quien en este caso no cumple con esa carga.
Además, advierte la Sala que las argumentaciones de la censora no incluyen una confrontación íntegra del fallo 'Auto del 24 de febrero de 2006, radicado No. 24.783. &Wad& thi cakmba i •, Casación 27.31 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE asee Oramina (kif/atila cuestionado, pues ni siquiera hace alusión a las motivaciones que llevaron al juzgador a concluir en la certeza de responsabilidad del procesado SÁNCHEZ TORRES, cuando ello era necesario a fin de demostrar la trascendencia de los pretendidos yerros.
Así, ante los insalvables defectos de fundamentación, que la Corte no puede enmendar por virtud del principio de limitación que gobierna la casación, se inadmitirá la demanda presentada a nombre del procesado LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES. No obstante lo anterior, observa la Sala necesario ejercer la facultad oficiosa prevista en el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal a fin de verificar si al procesado se le desconocieron sus garantías fundamentales de legalidad y favorabilidad, cuando como consecuencia de su determinación de condena, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal, la cual fue de 123 meses de prisión, decisión que el Tribunal Superior refrendó al impartirle integral confirmación al fallo de primer grado, cuando para la época en que empezaron Casación 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES las conductas delictivas por las que se le condenó regía el decreto 100 de 1980.
Para tal fin, la Corte dispondrá que se surta el traslado pertinente al Procurador Delegado para que emita el concepto de rigor legal. En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, RESUELVE 1. INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora del procesado LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES, por las razones esgrimidas en la parte motiva de esta decisión. 2.
Correr traslado al Procurador Delegado por el lapso de veinte (20) días para que emita el concepto de que trata el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, en los términos dejados expuestos en las consideraciones de la presente providencia. 0, b al-FarlDuLiDo: Casación 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Contra esta decisión no procede recurso alguno. Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.,SteWira de (aalosn4a, 4,, - >.. ' y a-,- (4ryn.4„1:nkr g Casación N° 27 318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto ACLARACIÓN DE VOTO Con el acostumbrado respeto que me merecen las decisiones de la Sala, en esta oportunidad me permito exponer los motivos por los cuales aclaro mi voto en el asunto de la referencia, en lo que atañe a la decisión de disponer en forma oficiosa la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación para la emisión de concepto frente a la posible vulneración de garantía fundamental, pese a la inadmisión de la demanda de casación. Es cierto que con anterioridad me había opuesto de manera categórica al proceder aludido —inadmisión de la demanda y traslado en forma oficiosa a la Procuraduría -, lo que hacía en los siguientes términos: " al inadmitir la demanda de casación presentada a nombre del procesado para a la vez disponer un trámite de c&ol-, mb a. t HI a,,,,,, 0(//',„„„„-, „kilt,. j ji Casación N° 27.31 LUÍS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto que no está previsto en la ley con el fin de evaluar la posibilidad de casar de oficio la sentencia por una presunta vulneración de derechos fundamentales, rompe de tajo la estructura del proceso y desconoce los institutos que le están anejos.
En efecto, la casación, tal y como quedó concebida en las disposiciones que por razón de la inexequibilidad de la ley 553 de 2000 y las pertinentes de la ley 600 del mismo año, recobraron vigencia —decreto 2700 de 1991-, es un medio extraordinario de impugnación llamado a cumplir las finalidades constitucionales de la prevalencia del Estado Social de Derecho, el imperio de la ley, la realización del derecho sustancial y la unificación de la jurisprudencia nacional, según se desprende de lo preceptuado en el artículo 235-1 de la Carta Política, por lo que no puede confundírsele con los recursos de la vía ordinaria.
Igualmente, la casación como un juicio de legalidad que se emite sobre la sentencia, tampoco puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo. La pretensión impugnativa en casación siempre tiene un objeto preciso y diferente al de las instancias; regido por U/N/Mea ir Cadawr ka. y acre-,(+. rina akfiO4,a. Casación N° 27.318.
LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE Aclaración de voto causales específicas señaladas por la ley, con cargos que han de adecuarse a estas y que se deciden por una nueva sentencia. Por lo tanto, es diferente y diversa en objeto y contenido de la que se profirió por los falladores de primero y segundo grados en el proceso respectivo. Ciertamente, esa configuración de la casación como recurso extraordinario no es campo vedado para que, reconociéndose el influjo que el proceso penal recibe de los principios y valores que emanan de la Carta Política, que para todos los efectos de la actividad estatal, incluida la jurisdiccional, estatuyó el modelo de Estado social y democrático de derecho para Colombia, la Corte también propenda por la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, la tutela del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a la administración de justicia, que tan caros resultaron en la decisión de cuyo contenido me aparto.
Pero alcanzar esos loables propósitos no justifica el empleo de cualquier medio, porque aún dentro de ese contexto toda función está sometida a muy precisos límites y se desarrolla con arreglo a determinadas competencias. No cabe duda que el legislador y la jurisprudencia de esta Corte, de modo paulatino, han venido flexibilizando '3:P4, él4 6:3/4-4?” dtil;;;~ Págma 4 de 17.
Casación N°27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto los rigores para acceder a la casación, ejemplo de lo cual es la introducción de institutos como la casación oficiosa y /a excepcional, circunstancia que, sin embargo, no sustrae la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación. También es cierto que la doctrina de la Corte venía entendiendo, hasta ahora, que para entrar a casar de oficio una sentencia debía mediar una demanda en forma, esto es, que hubiese superado el examen formal y, por ende, el trámite subsiguiente, el del traslado al Procurador Delegado, y que a pesar de desestimar sus fundamentos, por advertir la presencia evidente del quebranto a una garantía, se allanaba el camino al quiebre del fallo.
Un ejemplo de esa tendencia lo constituye un reciente pronunciamiento de la Sala: 'La Corte adquiere competencia para conocer de la casación, sólo a partir de la presentación de una demanda en debida forma y de la existencia de un interés jurídico para recurrir -artículo 213 de la ley 600 de 2000-, siendo ilegítima cualquier intervención suya sin el cumplimiento de dichos presupuestos, los cuales no pueden ser obviados con los enunciados genéricos de disposiciones constitucionales que la harían procedente. 'Aceptar. -sin más- la tesis propuesta a partir de la prevalencia del derecho material, la vigencia de un orden justo como fin esencial del estado y del principio de preeminencia de las normas y valores constitucionales que irradian al universo jurídico interno, ni más ni menos sería desquiciar el ordenamiento jurídico cuya defensa se propugna, pues por esa vía cualquier sujeto procesal (5.9;IIMIti ir.-.)eglilzirbe/ Casación N°27318 r LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto entendería encontrarse frente a una violación de sus garantías, que obligaría a la Corte a contrariar el orden que se quiere proteger y a desvirtuar la naturaleza de la casación que en nuestro medio es esencialmente un juicio de legalidad. 'Repárese en que la intervención oficiosa de la Corte, permitida por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal para declarar nulidades requiere que la demanda, háyase o no invocado la causal tercera del artículo 207 no prospere, pero aún así se advierta la irregularidad sustancial a corregir, corno quiera que la limita a tener en cuenta únicamente las causales 'expresamente alegadas por el demandante'.
Pero asimismo, prevé la posibilidad de casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma afecta las garantías fundamentales. ' (Sentencia del 8 de julio de 2004 ] radicación 20.323) Incluso, poco antes fue más allá y al constatar que respecto de un procesado que no había recurrido la sentencia de primera instancia ni tampoco interpuso casación, se le habían vulnerado sus garantías fundamentales, hizo uso de la potestad de casación oficiosa consagrada en el artículo 216, pero de todos modos, después de haberse surtido la plenitud del trámite presupuesto de la sentencia de casación. (Cfr. sentencia del 12 de mayo de 2004, radicación 20.114).
Cabe decir que en tales ocasiones y en algunas otras en las cuales esta Corporación dio lugar a casar de oficio una sentencia, lo hizo con plena competencia, en ejercicio cabal de sus atribuciones que como Corte de Casación le confiere el artículo 235-1 de la Constitución y la ley. «etta/Mcb de cadónié■kt arrn *yen aéfi:J.047 Casación N°27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto Pero la singular solución que ahora se adoptó está por fuera del ámbito dentro del cual la Corte puede ejercer de manera legítima su atribución como Corte de Casación. El Capítulo IX, del Título V del Código de Procedimiento Penal, dedicado a la casación, integrado con las normas del Decreto 2700 de 1991 que revivieron en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de algunos preceptos de la Ley 553 de 2000, así como de la Ley 600 de ese año (sentencia C-252/01), atinentes al recurso extraordinario, conforman unidad secuencial, lógica y racional.
De esa forma, señala los eventos en los que procede la casación (artículo 205), fija las causales susceptibles de ser invocadas (artículo 207), prevé quiénes están legitimados para presentar la demanda (artículo 209), se ocupa del trámite que opera una vez interpuesto el recurso (artículos 224 del Decreto 2700 y 211 Ley 600), especifica los requisitos que debe contener el libelo (artículo 212), estatuye el efecto que se deriva de no superarse el examen formal de la demanda al momento de su calificación o lo que ocurre si está presentada en debida forma (articulo 213), establece el principio de limitación y la posibilidad de casación oficiosa (artículo 216), y traza los derroteros a seguir en caso de que la M 9=&1/Wira.
Cada/74a ar/c- 04atyma tí-fi:~ 111, Casación N°27318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE Aclaración de voto Corte acepte como demostrada alguna causal (artículo 217) A despecho de que lo que sigue pueda llegar a ser tachado de puro formalismo, cabe destacar que en punto de la demanda de casación, la Corte tiene contacto en dos ocasiones: la primera, cuando la califica, esto es, al momento de verificar si satisface los condicionamientos para su admisibffidad; frente a esta oportunidad, puede ocurrir que la admita y que, en consecuencia, le de traslado al Procurador Delegado para que emita su opinión sobre el mérito del libelo; o, al contrario, puede suceder que por no reunir alguno de los requisitos legales que la hagan viable, la inadmita y, en consecuencia, ordene la devolución del expediente al tribunal de origen.
El otro momento se contrae al estudio de fondo del problema propuesto en la respectiva censura, si la demanda ha sido admitida y después de conocerse el criterio del Ministerio Público sobre el particular Si nos detenemos en el instante en que la Corte sopesa la capacidad formal de la demanda, cabe reflexionar sobre el efecto de la decisión que no la encuentra ajustada a las exigencias formales de ley.
El canon 213 del Estatuto Adjetivo de manera clara establece que en.19":0-frtifirÑ if 13 /([ m Ab" "y 63/4/// e/ 44,741/27 Página 8 del? Casación N°27.318 ' LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto tal caso se inadmite el escrito y se devuelve el expediente al despacho de origen. ¿Qué fenómeno se produce en tal situación? Que hasta allí llega el trámite de la casación y lo que tenía carácter suspensivo, esto es, la sentencia demandada, adquiere firmeza y, por tanto, el carácter de cosa juzgada.
Otro interrogante ¿puede /a Corte conservar la competencia para examinar una sentencia o todo el proceso a pesar de que inadmitió una demanda de casación? No. La atribución que tiene como Corte de casación, conferida por el artículo 235-1 de la Carta Política, dirigida a cumplir las elevadas finalidades que traza el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, se desarrolla, de un lado, de conformidad con los fines y principios que inspiran la Constitución y, por otro, de acuerdo con los parámetros legales.
Siendo eso así, al prorrogar su injerencia —que no competencia- en el asunto, después de que ha inadmitido una demanda, ya no actúa como órgano de casación y mal podría, entonces, pretender corregir algún entuerto, por más protuberante que sea, por medio de una sentencia de casación, así se invoque la potestad oficiosa consagrada en el artículo 216.
Mnefram A cto/ondia, 1 am- affre/wa (-451145~ Página 9 de /7/ Casación N°27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto Expresado de otro modo, en tal escenario la Corte ya no actúa de conformidad con la facultad que le difiere el artículo 235-1 constitucional y ni siquiera como una tercera instancia, sino como una corporación de plena jurisdicción, quizá a la manera del grado de consulta, el cual hoy no opera en el proceso penal, pero en todo caso la determinación que llegare a adoptar no tiene el carácter de sentencia —menos de una de casación- ni puede incidir en algo que ya ha tomado la fuerza de cosa juzgada material.
Esto equivale a solucionar una evidente vía de hecho (fenómeno que tendría solución a través de otros mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico) —el supuesto desconocimiento del principio de favorabilidad-, con otra vía de hecho: una decisión sin competencia del órgano que la produce. Lo que se acaba de señalar no significa que la Corte deba permanecer indiferente a hipótesis como la concretada en la sentencia a que se refiere la decisión de la que me aparto.
En tales casos lo que se debe buscar es una solución que no acarree el rompimiento de las instituciones jurídico procesales, en orden a que prevalezca el derecho sustancial sobre lo formal y a salvaguardar las garantías de los sujetos procesales, en particular las debidas al procesado. «építMetz caik,inéia 'N. Hz Ityw'r P.471).erwhr (-“eiLi?.07 Casación N°27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto Por eso, nada se oponía a que, no obstante la ineptitud formal de la demanda y al detectarse de modo objetivo que la sentencia rompió con el orden jurídico y reportó agravios no reparables de otra manera en virtud de un yerro que no fue denunciado en ella, pero que constituye motivo de casación, fuesen salvados los defectos técnicos, se ajustara el libelo, se corriera traslado al Procurador Delegado y luego, ahora sí en ejercicio de su natural competencia, la Corte entrase a hacer uso de la facultad de casar oficiosamente el fallo, luego de desestimar el contenido de la censura.
Lo anterior resulta menos exótico que la solución tomada en la providencia de la cual discrepo y que, ya no de lege ferenda, se aproxima a lo que entrará a regir en virtud de la Ley 906 de 2004, cuyo artículo 184, inciso 3°, establece que "En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante.
Sin embargo, atendiendo los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo" (negrillas no originales). En síntesis, como la Corte no tiene competencia para casar un fallo después de que por razones de forma inadmitió la demanda de casación, estimo que en esta friab.," 4./0,,,4/c, -41-., ?:.,-,,,,, ve Casación N' 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRE Aclaración de voto oportunidad no ha debido inadmitir el libelo ni mucho menos, después de haberlo hecho, correr traslado al Procurador Delegado, porque ante esta última situación la Corporación perdió la facultad de obrar como Corte de casación." Sin embargo, al reexaminar el asunto bajo la perspectiva del nuevo Código de Procedimiento Penal, advierto que la posibilidad de "superar los defectos de la demanda" para realizar pronunciamiento de fondo por posible vulneración a garantía fundamental, resulta completamente viable, pues así se prevé en el artículo 184, inciso tercero, de la Ley 906 de 2004, a raíz precisamente de los fines de la casación, cuales son "la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos y la unificación de la jurisprudencia" (artículo 180 ibídem), para lo cual ha de tenerse en cuenta la fundamentación que en la demanda se haga de los mismos, la posición del impugnante dentro gifrfri//».(/ Casación N 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto (1*/),,/ trk,f1:4»vii del proceso y la índole de la controversia planteada, todo lo cual permite, itero, la posibilidad de superar los defectos de la demanda.
Y aun cuando la aludida ley solamente se aplica a los delitos cometidos a partir de su vigencia (artículo 533), no es menos cierto que al consagrar la misma una mayor posibilidad de acceso a la casación, ha de tenerse en cuenta en virtud al principio constitucional de acceso a la administración de justicia (artículo 229). En ese sentido, estoy parcialmente de acuerdo con el salvamento de voto que de modo sistemático plasma el Magistrado Pérez Pinzón frente a las decisiones en las que no obstante inadmitirse la demanda de casación, se ordena correr traslado al agente del Ministerio Público por advertir la Corte la presencia de un vicio generador de nulidad insubsanable o lesivo de las garantías NttíMect 4 carlowtéta *i an, 10fir6na Mi-5d~ Casación N°27316 * LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto fundamentales, en cuanto, en vez de eso, ahora habría que dictar, de oficio, sentencia de casación después de declararse inadmitida la demanda, porque es una interpretación que "es la que más se ajusta al derecho sustancial, y es la que permite resolver más rápido sobre los derechos agraviados.
La Corte, entonces, en vez de aumentar el tiempo de lesión de los derechos fundamentales, y de hacer giros que la Constitución y la ley prohiben, tiene que ocuparse directamente, de una vez, del tema" (cfr. Salvamento de voto al auto de casación emitido dentro del radicado 22.325). Es por lo someramente consignado que replanteo mi posición frente al tema en cuestión, para admitir de ahora en adelante que en aquellos casos regidos por la Ley 600 de 2000, la Corte puede de manera oficiosa corregir el yerro conculcador de alguna garantía fundamental de los Mfrt14(,ctde calo/in/va rir rk4:74-47 g Casación N°27318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto intervinientes en el proceso, pese a la ineptitud de la demanda.
Sin embargo, debo señalar sobre esto último que al advertirse la posible vulneración a garantía fundamental, resulta innecesario el traslado de la actuación a la Procuraduría General de la Nación para la emisión de concepto sobre el particular, ya que esto sólo es procedente cuando la demanda satisface los requisitos formales (artículo 213, Ley 600 de 200), pues el concepto debe versar sobre los cargos admitidos, motivo por el cual al no haberse aceptado ninguno resulta innecesario el traslado, por lo que lo procedente es pronunciarse inmediatamente sobre el punto, incluso en la misma providencia inadmisoria de la demanda, para de esta manera dar aplicación al principio de pronta y cumplida administración de justicia, consagrado en el artículo 4° de la Ley 270 de 1996.
Mckxíliúw cb, lalo. ty tba, W ani-,e9ten rk, 1 1.1~2. Casación N° 27.318 « LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto Por último, debo ser enfático en que el ejercicio de la facultad oficiosa que la ley le otorga a la Corte para casar una sentencia de segunda instancia si percibe alguna de las condiciones señaladas en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, no abre paso a una tercera instancia, ni se asimila a un ámbito de plena jurisdicción, a modo de consulta, como para que pueda estimarse que tiene la gracia de decidir sobre todos los aspectos fácticos o jurídicos tratados en el fallo o examinar el completo andamiaje procesal.
En tal evento, el legislador estatuyó un plus de protección a las garantías fundamentales al asignarle a la Corte la misión de reparar ostensibles agravios a la estructura del proceso o las garantías debidas a los sujetos procesales, por manera que su campo de acción no es ilimitado sino el apenas necesario para introducir el correctivo que sea del caso.
Me'lviWira (ail.,ndia atfr 9/12-WW/i7 litlire747%.7 Casación N°27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto En cuanto sentencia de casación la que así produzca, desde luego, como cualquier otra de la misma naturaleza, también debe propender por el cumplimiento de los fines que la Constitución y la ley le asignan a esa sede extraordinaria: hacer efectivos el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y la reparación de los agravios inferidos a las partes con el fallo.
No son más, pero tampoco menos, los límites que tiene la Corte en el ejercicio de la atribución conferida de casar de oficio la sentencia. La ineludible e imperativa observancia de ellos garantizará que la casación no pierda su naturaleza de instituto procesal extraordinario, que se desarrolla por fuera de las instancias, técnico y especializado, y que no mute en simple escenario para revivir controversias ya agotadas o para prolongar, en ii)-e/ÁlÁiew /lainvaiel y Ir; '17&ITI;ntAn 69.-evrArv Casación N° 27.318 LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ TORRES Aclaración de voto desmedro de la celeridad que debe observar la administración de justicia, la discusión de asuntos resueltos en una sentencia judicial que se presume acertada y emitida con arreglo al ordenamiento jurídico.
De los señores Magistrados, SIG IF - ED* • IN* •A PÉREZ M. gistrado Cmajiár, #2_1. 313 VAMFNTCP PARCA PE VOTO "SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO" (Casación 27.319) He SalVadD PaEC:. a:mente e: voto poroue no estoy ceciclierc i4 o con e: tES:E,1 0 ciL:e se hace d.e: asunto al iMinISiter:0 PC,'Hico para oue emita concepto. En otras 000Kunidades he ex,miesto los motivos de mi qfsentimieMzo, que anon re±ce7.o. Decía: EstaHeod2, vulneración de un derecho o de una caRnt:.a, de rnectito e: fonocanaho 'LlicliP1 tiene e: dePer ec..arcarla, salvo aollellOS eventos en:cs cuales se adrr,:te H alemanda de casac:Or y se ternte a: Min:sterio PCHOI.co, 5: H ruptura ge los derechos es algo grave, y a plenitud la detecta e:: UeZ de casación,:o ciL;e debe nacer es decretar H:es:án a ellos tan pronto recibe el proceso y se percata de 2.
No veo cómo pueda el Miii:stero Rgb:ico opina:, Frente a una demanda que no reUne ',:os reguisltos tqcnico-fo:mnales mínimos. No sé cómo podría hacer:o 2ues es:CV H que como 1-217u/sito tje progernibihdQci pan esa entidad la d ccr,11,ción de "Idmtda" o hapista" de n Pemz;p,, cn. B a sta:eer disposición correspondierte: CasArien #27V,8 SALVAMFNFTC) PARCIAL DEVOTO 3 (Ya en 53,E U.2 se nacía •para mayores garantSas No veo por dué se haCe con• esa rin[lCiaq, si se tiene ¿aro que ha eXIS± LI G desconoc:miento de derechos.
Con el traslado:o gue se Pace es.o contrario. prolorsdar adn mas, sin:izó% •a ruptura de esos derechos La mayor ci araMTa ciudadana frente a un eventual desconocimentc de derechos fundamentales es oue conozca el asunto H Corte Suprema de Justicia pues esta, se afirma, es el iraximo Organismo de IE ii-1195dict5n Ordnaria. Y con esto no se• reenOSN'eda 271.Mr-histei-io Público.
No. Smnplemente se nacen las cosas como se deben hacer, I a Corte, tras in,km/din la demanda, observa una r,rUda vio:ac:én de derechos y/0 ga ■ -antas, o una protuberante causal de nuddad,:)or e, rango de su elercicio, debe proceder de una veza H declaración corresPonHente. 5. Si H Corte I. 1 -Ñ ("1 r 7 21# e:a demanda y dispone e'. traslado al M.:rsisteKo Pi:plico, en estricto sentido Ha perdido tata:mente su competencia. Por consipiente, cuando retorne e. expediente a su seno, carece de potestad DE'rE hacer CLICIeLJer tipo dé pronunciamiento. 6.
Si Corte inJdmiteH demanda, su dec:sión odeda eiecutorada con:a Firma de:os inteEp-antes de a Sala de Casación Penal. Si se envía e: asunto al:Ministerio Público y luego —mañana, dentro de Casación # 27316 SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Un MCS, dentro de un año, o cuando sea- éste retorna las diligencias con su opinión, la Corte, ante la flagrante lesión de una garantía bbica o de un derecho fundamental, no puede ocuparse del expediente, pues, se repite, su auto de inadmisión ya esta" ejecutoriado.
Y no me cabe en la cabeza que con el traslado a la Procuraduría surja otra figura jurídica: suspensión de la ejecutoria mientras conceptúa el Ministerio Público y mientras la Corte vuelve pronunciarse. 7. Si la Corte remite el expediente para concepto a la Procuraduría, esta opina y regresa el expediente a la Corte ¿qué sigue? Ensayemos: 7.1.
Un auto que modifique la sentencia. Por principio, con un auto no puede ser variado un fallo de segunda instancia que ya ha sido ratificado con la »2,9'61mi:51.6ns 7.2. Que la Corte case la sentencia. Pero tiene que hacerlo por medio de una sentencia de casación, que no es posible sin el "ajuste" previo de la demanda de casación y sin el.4-if Sí- concepto anterior del Ministerio Público, en cualquier sentido.
Ante este problema, pienso lo que siempre he pensado frente a los problemas: lo mejor es evitarlos. 8. La solución es muy sencilla: 3 Cals_a_cabia SAI VAMENTO PA RCIAL IDF VOTO 8.1. El artículo 216 del Código de Procedimiento Penal establece el principió de limitación en casación: la Corte no puede tener en cuenta causales distintas de las expresamente formuladas por el demandante.
Sin embargo, agrega: Peto tratndose de nulidad o de violación ostensible de garantías sustanciales, debe casar de oficio. 8.2. La lectura del artículo permite ver dos hipótesis: Una. Dictar rallo de casación luego de admitida la demanda y de obtenido el concepto de la Procuraduría, siempre ceñida a lo esgrimido por el recurrente. Pos. Otra, por eso el pero, que permite a su vez dos hipótesis: Primera.
Dictar sentencia de casación de oficio, después de la declaración de "ajustada' de la demanda y de la recepción del concepto del Ministerio Público, ms allá de lo planteado por el casacionista, por violación de derechos y garantías o por la percepción de una causal de nulidad. Segunda. Dictar sentencia de casación, de oficio, sin limitación alguna pues la demanda habrá de ser inadmitiida, por las mism as razones anteriores. 4 CajrJril_ir 2 31 SALVAMENTO PARCAL 3E VOTO Por supuesto que esta:nterpretoár; puede ser discut:Itle.
Pero sOt duct: es.l a ce rr,s, se a:usta al erec:no sustancis:, y es:a ce oerrmte reso:ver ris ra. p:do sobre:os d'el-CCHS gr:;V:,;05. La Corte, entonces, en vez de aumentar- e: tiempo de les.Lán de:Os ciereCHOS fundamentes, y 1;e hacer ga'os zi Le:a Constituoón y I, iey 9rokfbeti, terSC cue ocuparse d:recta mente, d'e Una vez, O:el tema: \ 9 / 7, Álv,--;:r Led:zIrddo P',.e.rez PInzón • (13-07-07)