CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Rad. 26.377. Colisión de competencias JHON JAMES MOLINA y OTROS República de Colombia Corte Suprema de Justicia 15 Rad. 26.377. Colisión de competencias JHON JAMES MOLINA y OTROS República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso No 26377 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N° 139 Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006).
V I S T O S Resuelve la Corte la colisión negativa de competencias surgida entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, para el conocimiento de la causa adelantada contra JHON JAMES MOLINA, JAIME ANDRÉS MOLINA y GUILLERMO PERDOMO, acusados por el delito de concierto para delinquir de que trata el artículo 340, inciso segundo, del Código Penal.
A N T E C E D E N T E S 1. La Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Yopal, el 13 de octubre de 2005, profirió resolución de acusación contra Jhon James Molina, Jaime Andrés Molina y Guillermo Perdomo por el delito de concierto para delinquir, consistente en integrar “ las Autodefensas Campesinas de Casanare ”, previsto en el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8° de la Ley 733 de 2002. 2.
Ejecutoriada la resolución de acusación, el adelantamiento del juicio correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, despacho que, el 2 de febrero de 2006, remitió las diligencias por competencia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare), oficina judicial que mediante auto del 14 de febrero siguiente avocó el conocimiento de las diligencias. 3.
No obstante, encontrándose la causa en el curso de la audiencia pública, la cual aún no ha finalizado, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey decidió, en proveído del 29 de agosto del año en curso, declararse incompetente para seguir conociendo del asunto, toda vez que, en su criterio, con la expedición de la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional, a través de la cual declaró la inexequibilidad del artículo 71 de la Ley 975 de 2005, se concluye que el delito imputado no es el de “ sedición ” sino el de concierto para delinquir como así fue atribuido en el pliego de cargos, conducta punible que es de conocimiento de los jueces penales del circuito especializados, según las normas procesales vigentes, razón por la cual devuelve el expediente al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, proponiéndole colisión negativa de competencias. 4.
Por su parte, el mencionado Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, por auto del pasado 5 de octubre, se apartó del criterio de su homólogo, afirmando que no es competente para asumir el conocimiento, toda vez que como la audiencia pública ya se inició la competencia se prorroga en dicho funcionario. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.
No obstante que la colisión negativa de competencias se suscitó entre el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, ambos pertenecientes al mismo Distrito Judicial, resulta claro que corresponde a esta Colegiatura resolverlo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal. 2.
Para la adecuada solución del conflicto planteado, es imperioso precisar que con el proferimiento de la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se declaró inexequible (por vicios de forma), entre otras disposiciones, el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, la situación jurídica de los comportamientos que con base en dicha normatividad se tipificaron como sedición ha cambiado, en tanto que ahora, por dicha inexequibilidad, pasó nuevamente a la denominación de concierto para delinquir que consagran los ordinales 2° y 3° del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.
Ello es así en la medida en que debe entenderse que si se extrajo de la vida normativa y jurídica una disposición que modificó en su momento la competencia por razón de la tipificación que le otorgó el legislador, necesariamente las cosas vuelven a su estado anterior, es decir, como si la disposición nunca hubiera existido, sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente a la aplicación del principio de favorabilidad.
A este respecto, en decisión del pasado 8 de agosto con radicación 25.797, la Sala concluyó: "Lo consignado hasta aquí conduce a predicar de manera categórica -tal como ya se había adelantado- que la inexequibilidad del artículo 71 de la Ley 975/05 declarada mediante la sentencia C-370 de mayo 18/06 sólo produce efectos hacia el futuro, lo que comporta afirmar que todas aquellas conductas que fueron cometidas antes de la reseñada fecha (i) constitutivas para entonces de concierto para delinquir con fines de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, siempre y cuando su accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal, o (ii) por quienes hayan conformado o hagan parte de grupos guerrilleros con similar accionar de interferencia, deberán ser tipificadas como sedición, a términos del precitado artículo 71, dado que tal calificación comporta efectos favorables para el sindicado o condenado." Es por ello que sin desconocerse lo que sustancialmente corresponda a la aplicación del principio de favorabilidad, es decir, sobre la necesidad de respeto y acatamiento a todo lo que comporte un trato más benigno, debe concluirse que dada la tipificación que resulta ahora (concierto para delinquir de que trata el artículo 340 de la Ley 599 de 2000) y siguiendo las reglas generales de competencia, algunas de ellas señaladas en el numeral 7° del artículo 5° transitorio de la Ley 599 de 2000, se concluye que su conocimiento compete a los juzgados penales del circuito especializados, a los que se deberá enviar este tipo de actuaciones.
En otras palabras le compete al juez penal del circuito especializado que corresponda aplicar el principio de favorabilidad en cada caso y para lo que advierta que comporta una mejor situación, tal como ha venido insistiendo esta Corporación, además, en decisiones del pasado 11 de julio con radicaciones 25.258 y 25.190. No obstante, que no es este caso, no quiere dejar pasar por alto la Sala que, como se ha señalado en la primera de las decisiones atrás anotadas: " todas aquellas colisiones (numerosas por cierto) que con anterioridad al reseñado fallo de inconstitucionalidad fueron definidas por esta Corporación mantienen plena vigencia, como que (i) fueron adoptadas por la autoridad judicial llamada por la ley a ello, (ii) tuvieron como fundamento la legislación aplicable en su momento y (iii) esa asignación de competencia no se opone hoy día con los efectos benéficos que a lo largo de esta providencia se han precisado ".
Finalmente, no resulta atinada la afirmación hecha por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, según la cual, como en este caso ya se dio inicio a la audiencia pública, la competencia se prorroga en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, toda vez que no puede olvidarse que dicha figura jurídica opera respecto de aquel funcionario que, por virtud legal, cuenta con mayor jerarquía que permita continuar con el conocimiento del diligenciamiento, siendo claro que en este caso y por disposición expresa de la ley, el juzgado especializado es el llamado a conocer del proceso dada la jerarquía especializada con que cuenta.
En consecuencia las diligencias se enviarán al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal. Así mismo, de esta decisión se informará al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, R E S U E L V E 1. DECLARAR que la competencia para seguir conociendo de la causa que se adelanta contra JHON JAMES MOLINA, JAIME ANDRÉS MOLINA y GUILLERMO PERDOMO, corresponde al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal.
Por lo tanto, remítasele el expediente. 2. Por Secretaría de la Sala, infórmese lo decidido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey. Contra esta decisión no procede ningún recurso. Comuníquese y cúmplase. MAURO SOLARTE PORTILLA SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN Permiso JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NUÑEZ Secretaria PAGE 7