Notas al pie · 12

1. 106.La Corte toma nota con satisfacción de la contribución que el Estado hace a la protección de los derechos humanos, al expresar su voluntad de incluir en los cursos de formación y actualización de los funcionarios apropiados el estudio de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos respecto de “los estándares internacionales de efectividad del acceso a la justicia”. Al respecto, el Tribunal considera que el Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, como una forma de prevenir que casos de violación a los derechos humanos sean investigados y juzgados por dicha jurisdicción. “107. La Corte, asimismo, valora la disposición del Estado de adoptar las medidas necesarias para que este caso sea aplicado como una “lección aprendida” en los cursos de derechos humanos de los funcionarios de la Policía Nacional. Al respecto, el señor Wilson Gutiérrez Soler expresó en su testimonio que estaba de acuerdo en que su caso fuera públicamente conocido, como una manera de contribuir a que hechos como los que sufrió no ocurran a otras personas. En este sentido, el Tribunal considera que el Estado debe incluir el caso del señor Wilson Gutiérrez Soler en el programa señalado en el párrafo anterior como un elemento pedagógico que contribuya a que hechos de esta naturaleza no se repitan. “108. Por otra parte, aunque el estudio de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es un factor crucial en la prevención de hechos como los que afectaron al señor Wilson Gutiérrez Soler, el Estado también debe adoptar las medidas necesarias para que dicha jurisprudencia y los precedentes de la Corte Constitucional de Colombia respecto del fuero militar sean aplicados de manera efectiva en el ámbito interno. “e) Implementación de los parámetros del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (“el Protocolo de Estambul”). (…) “112. La Corte observa con satisfacción la disposición del Estado en relación con este tema importante. Al respecto, el Tribunal dispone que Colombia debe adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención, con el propósito de garantizar condiciones de detención adecuadas y el respeto a las garantías judiciales. Los referidos mecanismos de control deben incluir, inter alia: a) la realización de exámenes médicos que respeten las normas establecidas por la práctica médica a toda persona detenida o presa. Concretamente, se llevarán a cabo en privado bajo control de los médicos y nunca en presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno. Dichos exámenes se efectuarán con la menor dilación posible después del ingreso del detenido en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, aquél recibirá atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario; b) la evaluación psicológica regular de los funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de la libertad, con el propósito de asegurar que dichas personas presentan un adecuado estado de salud mental; y c) acceso frecuente a dichos centros para los funcionarios de organismos apropiados de control o de protección de derechos humanos. (…) “117. A la luz de lo anterior, la Corte considera procedente, en equidad, ordenar al Estado, por concepto de costas y gastos de este caso, que se entregue US $25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Wilson Gutiérrez Soler. De este monto total, la cantidad de US $20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a las costas y gastos del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, y US $5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponderá a las de CEJIL. “118. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, Colombia deberá efectuar el pago de las indemnizaciones (supra párrs. 76, 78, 85 y 103) y el reintegro de costas y gastos (supra párr. 117) dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia. En cuanto a la publicación de las partes pertinentes de la Sentencia (supra párr. 105), el Estado deberá dar cumplimiento a dicha medida dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma. Respecto de las otras medidas ordenadas sin un plazo específico dispuesto, el Estado deberá cumplirlas dentro de un plazo razonable, contado a partir de la notificación de esta Sentencia. “
2. 119.El pago de las indemnizaciones establecidas se realizará según lo dispuesto en el párrafo 70 de la presente Sentencia”. “120. Los pagos relativos al reintegro de costas y gastos serán hechos al señor Wilson Gutiérrez Soler, quien efectuará los pagos correspondientes según lo dispuesto en el párrafo 117 de la presente Sentencia. “121. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. “122. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuera posible que éstos las reciban dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria colombiana solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados. “123. En el caso de la indemnización ordenada a favor de los beneficiarios menores de edad, el Estado deberá aplicar su monto a una inversión bancaria a nombre de éstos en una institución colombiana solvente, en dólares estadounidenses o en moneda nacional, a elección de quien legalmente los represente. La inversión se hará dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria mientras sean menores de edad. Podrá ser retirado por los beneficiarios cuando alcancen la mayoría de edad o cuando, de acuerdo con el interés superior del niño y por determinación de una autoridad judicial competente, así se disponga. Si transcurridos diez años contados a partir de la adquisición de la mayoría de edad no es reclamada dicha indemnización, la suma será devuelta al Estado con los intereses devengados. “124. Los montos asignados en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnización del daño material, inmaterial y costas y gastos no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. Por lo tanto, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia. “125. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Colombia. “
3. 126.Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Colombia deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta Sentencia”. Por las anteriores razones y otras similares, mediante sentencia del 12 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fallar el “ CASO GUTIÉRREZ SOLER VS. COLOMBIA ”, dispuso, entre otras cosas, que: “Por unanimidad, “1. Reafirmar su Resolución de 10 de marzo de 2005, en la cual admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado. “DECLARA, “Por unanimidad, que: “1. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los señores Wilson Gutiérrez Soler, Kevin Daniel Gutiérrez Niño, María Elena Soler de Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez Hernández (fallecido), Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, en los términos de los párrafos 52, 57 y 58 de la presente Sentencia. “2. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 52 de la presente Sentencia. “3. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 52 de la presente Sentencia. “4. El Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 52 de la presente Sentencia. “5. El Estado incumplió las obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler, en los términos del párrafo 54 de la presente Sentencia. “6. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 83 de la misma. “Y DISPONE, “Por unanimidad, que: “1. El Estado debe cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 96 a 100 de la presente Sentencia. “2. El Estado debe brindar gratuitamente, a través de las instituciones de salud que el propio Estado designe, tratamiento psicológico y psiquiátrico a los señores María Elena Soler de Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez Soler, Yaqueline Reyes, Luisa Fernanda Gutiérrez Reyes, Paula Camila Gutiérrez Reyes, Leonardo Gutiérrez Rubiano, Leydi Caterin Gutiérrez Peña, Sulma Tatiana Gutiérrez Rubiano, Ricardo Alberto Gutiérrez Rubiano y Carlos Andrés Gutiérrez Rubiano, en los términos del párrafo 102 de la presente Sentencia. En el caso del tratamiento médico y psicológico del señor Wilson Gutiérrez Soler y de la atención psicológica de su hijo Kevin Daniel Gutiérrez Niño, el Estado debe entregar la cantidad fijada en el párrafo 103 al señor Wilson Gutiérrez Soler para cubrir los gastos razonables al respecto. “3. El Estado debe publicar dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional, la Sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 51 a 59 de la Sección denominada Fondo de dicha Sentencia, así como la parte resolutiva de la misma, en los términos del párrafo 105 de la presente Sentencia. “4. El Estado debe implementar en los cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 106 a 108 de la presente Sentencia. “5. El Estado debe adoptar un programa de formación que tenga en cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul, en los términos del párrafo 110 de la presente Sentencia. “6. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para fortalecer los mecanismos de control existentes en los centros estatales de detención, en los términos del párrafo 112 de la presente Sentencia. “7. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 76 y 78 de la presente Sentencia, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 70, 118, 119 y 121 a 125 de la misma. “8. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 85 de la presente Sentencia, por concepto de daño inmaterial, en los términos de los párrafos 70, 118, 119 y 121 a 125 de la misma. “9. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 117 de la presente Sentencia, por concepto de costas y gastos, en los términos de los párrafos 118 y 120 a 125 de la misma. “10. El Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de los señores Wilson y Ricardo Gutiérrez Soler y sus familiares, y debe proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias de este caso, de conformidad con la Resolución de medidas provisionales dictada por este Tribunal el 11 de marzo de 2005. “11. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 126 de la misma”. LA DEMANDA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN Mediante comisión otorgada por el señor Procurador General de la Nación, el Procurador 20 Judicial II en lo Penal, presentó demanda de revisión, así: Argumenta que con apoyo en la causal prevista en el numeral 4° del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, propone la revisión de las providencia fechadas el 2 de marzo y el 30 de septiembre de 1998, por medio de las cuales los juzgadores adscritos a la jurisdicción penal militar adoptaron la decisión de cesar todo procedimiento a favor de Luis Onzaga Enciso Barón. A continuación pasa a referenciar lo consignado en el Capítulo VII del fallo del 12 de septiembre de 2005 dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Soler Vs Colombia , en lo atinente a los hechos que motivó la intervención de dicha Corporación internacional. Anota que el Estado colombiano aceptó en su orden interno la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí que concluya que el carácter de fraudulento que afecta la decisión de cesación de procedimiento “ con que fue cobijado el oficial Enciso Barón, en orden a lo cual se vale del reconocimiento de responsabilidad que hizo Colombia al allanarse a los cargos presentados en su contra y, de igual manera, de los hechos probados en el procedimiento ante ella ventilado, en tal forma que ‘(…) no podía invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, (esas) sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana, porque no hacen tránsito a cosas juzgada originadas en tales hechos internacionalmente ilícitos”. Así mismo, recalca que el alto Tribunal internacional dispuso, por unanimidad, ordenar al Estado la observancia de las medidas orientadas a hacer efectiva la obligación de investigar los hechos denunciados, “ así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la violación que motiva la condena contra Colombia por violación contra derechos humanos de los cuales era titular Wilson Gutiérrez Soler ”. Por manera que resulta imperioso que la Procuraduría General de la Nación, con base en la competencia que le asigna la Constitución y la ley, acuda a la Sala con el fin de promover la mentada acción. Así, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política, es decir, el llamado bloque de constitucionalidad y demás normativa, estima que resulta necesario que se revisen los fallos que favorecieron al Coronel Enciso Barón. Dice que éstos no respondieron a la verdad real de lo acontecido, en tanto que están fundamentados en una apreciación subjetiva de los juzgadores que afectaron la credibilidad del denunciante y, por lo mismo, se “ favoreció ” una situación de impunidad “ que no consulta las necesidades de sancionar como corresponde una flagrante violación de derechos humanos en cabeza de Wilson Gutiérrez Soler a quien deben restablecérsele en consecuencia, sus derechos a que se conozca la verdad real de lo sucedido con él y a que se le haga justicia… ”. En el mismo sentido, de acuerdo con las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con lo preceptuado por el artículo 192-4 del Código de Procedimiento Penal, no resulta indispensable acreditar la existencia del hecho o pruebas nuevas no conocidas para la época de los debates. En tales condiciones, estima que la actuación que tramitó la jurisdicción penal militar debe retrotraerse y respetarse, de igual manera, el derecho de defensa del oficial, “ pero en todo caso, acatando los planteamientos formulados por la alta instancia internacional con base no solamente en lo que informa el propio expediente, sino los peritajes recaudados de que da cuenta el fallo de la Corte Interamericana, lo cuales informan de manera incontrastable que no fue un simple delito de lesiones personales del que se hizo víctima a Wilson Gutiérrez Soler, sino de tortura ”. En consecuencia, considera que la anterior situación lleva a colegir que la jurisdicción penal militar no es la llamada a seguir conociendo del trámite judicial sino que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, las “ flagrantes violaciones a los derechos humanos no son de resorte de esa clara jurisdicción, toda vez que ellas no corresponden al ejercicio natural de la función o del servicio de los uniformados, y en ese sentido, insistimos, la positividad que en sus efectos pueda tener el ejercicio de la presente acción debe concluir de manera ineludible e inequívoca a radicar el conocimiento de lo que debe replantearse procesalmente, ante la jurisdicción penal ordinaria ”. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, pide que se declare sin valor “ los autos de cesación de procedimiento emitidos a favor del Coronel Luis Onzaga Enciso Barón por parte de la justicia penal en virtud de los hechos por los cuales lo denunció el ciudadano Wilson Gutiérrez Soler ”. Por último, asevera que con la declaratoria de invalidez a partir del momento procesal que se considere pertinente, se deje a salvo las pruebas recaudadas. Anexó copia de la sentencia del 12 de septiembre de 2005, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y de las providencias a través de las cuales la jurisdicción penal militar cesó procedimiento a favor del oficial de la Policía. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Mediante providencia del 16 de julio de 2007, se admitió la demanda de revisión presentada por el Procurador 20 Judicial II en lo Penal. Por auto del 9 de octubre de 2007, se abrió el trámite a pruebas, lapso en el cual la defensora de Enciso Barón y el Procurador Delegado ante esta Corporación solicitaron algunos elementos de juicio y aquella elevó otras peticiones. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 15 de mayo de 2008, negó las pruebas deprecadas por los citados intervinientes, no revocó el auto por medio del cual se admitió la demanda de revisión y se decretó una probanza de oficio consistente en solicitar a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores que informara a partir de qué fecha y con el cumplimiento de cuáles requisitos tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano la sentencia del 12 de septiembre de 2005 caso Gutiérrez Soler Vs Colombia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de oficio número DDH.GOI 22751/1465 del 3 de junio de 2008, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó de la siguiente manera: “Sobre el particular, me permito remitirle copia informal de la sentencia de la Corte Interamericana de 12 de septiembre de 2005 en el caso de Wilson Gutiérrez Soler. Para su conocimiento, la copia certificada de esta decisión reposa en el archivo de esta Dirección. “En lo referente a su interrogante sobre requisitos a partir de los cuales tiene fuerza vinculante la decisión de la Corte Interamericana, me permito informarle que en virtud del artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los fallos de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento, puesto que los Estados Parte en dicho tratado se han obligado a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que sean o hayan sido partes. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: “3. Que el articulo 68.1 de la Convención Americana estipula que ‘Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones. “4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma integra. “5. Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt Servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado”. “En este sentido, una decisión del Tribunal Interamericano es obligatoria para el Estado colombiano desde el momento de su notificación. “Al respecto, le comunico que esta sentencia fue notificada al Estado colombiano el día 11 de octubre de 2006”. Mediante auto del 16 de junio de 2008, se ordenó correr el traslado reglado por el artículo 225 de la Ley 600 de 2000 con el fin de que las partes presentaran sus alegaciones dentro de este asunto. A L E G A T O S D E C O N C L U S I Ó N
4. 1.La defensora de Luis Onzaga Enciso Barón La citada profesional, después de conceptualizar sobre el derecho de defensa, manifiesta que el Estado colombiano se vio sometido a una situación de indefensión cuando infortunadamente fue mal representado por los funcionarios designados para la defensa y quienes mostraron una abierta ineptitud e ignorancia y permitieron que los demandantes triunfaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acota que el objetivo de los demandantes era económico y que se valieron de mentiras y pruebas falsas, las cuales fueron aceptadas como ciertas por la defensa del Estado colombiano. Una vez que relata algunos hechos y el trámite seguido después de la sentencia del 12 de septiembre de 2005, divide su escrito en varios acápites, así: a) En lo que llamó “ DETENCIÓN ARBITRARIA ”, dice que el señor Gutiérrez Soler se presentó el 23 de agosto de 1994 a las instalaciones de la empresa Dalhon Ltda. acompañado de varios miembros de la Policía Nacional, argumentando que estaban investigando un supuesto enriquecimiento ilícito y exigieron al subgerente una “ gruesa suma de dinero ”. Luego de que acordaran la ilícita pretensión y organizado el correspondiente operativo por parte del grupo UNASE fue capturado en flagrancia el citado sujeto. b) En lo que denominó “ Torturas ” argumenta que en el trámite obra el acta con los derechos del capturado y que recibió buen trato por parte de los policiales. Así mismo, dice que se encuentra plasmada la petición de su representado consistente en que concurrieran al lugar de detención las personas integrantes de los “ Derechos Humanos ante la negativa de Gutiérrez Soler a colaborar en la diligencia de declaración ”. Que los mentados miembros elaboraron un acta de visita al lugar en donde Gutiérrez Soler se hallaba recluido, “ sin dejar anotación sobre torturas o maltrato al capturado”. Que en la diligencia de versión libre fue asistido por una religiosa, quien posteriormente manifestó a la justicia que Gutiérrez Soler no fue sometido a ningún tipo de maltrato, ni daba muestras de dolor. c) Respecto al acápite “ TESTIMONIOS ”, cuestiona los rendidos por el hijo y el hermano de la victima, concluyendo que toda una familia se unió para mentir y así obtener dinero fácil, causando perjuicios a un inocente y a su familia. d) En cuanto al “ PERITAJE DEL PENALISTA IVÁN GONZÁLEZ AMADO ”, refiere que no entiende su argumento cuando afirma que Gutiérrez Soler no fue capturado en flagrancia, sino en desarrollo de un procedimiento policial ilegal, como tampoco la aceptación de cargos, máxime cuando anota que, en su criterio, las “ supuestas ” torturas fueron desvirtuadas. Reitera el testimonio de la religiosa y señala que su representado no torturó a la víctima y que, por el contrario, las pruebas demuestran que éste auto infringió las lesiones con el ánimo de perjudicar al Coronel Enciso Barón.
5. 2.El Procurador 20 judicial II en lo Penal El representante del Ministerio Público solicita a la Corte Suprema de Justicia “ que de aplicación al numeral 2° del artículo 227 ibidem, con la sustancial diferencia de que a consecuencia de la nulidad que a nuestro juicio debería decretarse a partir de la cesación de procedimiento con que fuera cobijado el oficial Luis Gonzaga Enciso Barón por parte de la Justicia penal militar en el año 1998, la actuación donde ello se produjo, no se remita a esa misma jurisdicción, sino a la Unidad de Fiscalía delegada para la Investigación de violaciones de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de las diáfanas consideraciones consignadas en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que las violaciones a su integridad y libertad personales de que fuera víctima Wilson Gutiérrez Soler no sólo constituyen exclusivamente un delito de lesiones personales, sino eventual y principalmente, un delito de tortura”. Después de reseñar apartes de los hechos y de referirse a la sentencia del 12 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aduce que los hechos de que fue víctima Gutiérrez Soler constituyen una violación de sus derechos fundamentales a la libertad y la integridad personal. Así mismo, acota que el trámite adelantado por la justicia penal militar constituye un franco desconocimiento de sus derechos.
6. 3.El Procurador Segundo Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Solicita que la causal argüida debe declararse probada y, por consiguiente, decretar la nulidad de la actuación a partir del auto de fecha 2 de marzo de 1998. Luego de referirse a los hechos, a la demanda de revisión, al problema jurídico y de señalar jurisprudencia sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que el trámite que se siguió en la justicia penal militar es un “remedo de proceso ” y que se vulneró el principio del juez natural por el Estado Colombiano. De igual manera, anota que Wilson Soler no fue capturado en flagrancia, sino como consecuencia de un procedimiento ilegal y que, además, no existe una relación funcional entre la conducta desplegada el día de los hechos por parte de Enciso Barón y sus atribuciones legales como miembro de la Policía Nacional y, concretamente, de las que cumplía como comandante del grupo UNASE. También manifiesta que la investigación fue por el delito de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente, conducta punible que no es la llamada a regir los hechos, pues la situación fáctica enseña que se encuentran presentes los elementos subjetivos del delito de tortura. Asevera que igualmente en trámite adelantado por la jurisdicción penal militar no investigaron a otros uniformados que participaron en la operación ilegal. Insiste en que se encuentra estructurada la causal de revisión consagrada en el artículo 192, numeral 4° de la Ley 906 de 2004. En lo atinente a la extinción de la acción penal por razón de la prescripción añade que a pesar del lapso trascurrido entre la fecha de los hechos y la emisión de la sentencia de revisión que se solicita, la cesación de procedimiento suspendió tales términos. Además, la condición de servidor público extiende en el tiempo el término de prescripción. Por lo expuesto, solicita a la Corte dejar sin efecto las providencias que cesaron el procedimiento a favor de Enciso Barón y declarar la nulidad de lo actuado por la justicia penal militar, a partir del auto de fecha 2 de marzo de 1998, proferido por la primera instancia. C O N S I D E R A C I O N E S D E L A C O R T E
7. 1.Como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala, pertenece a la esencia del derecho penal interno el principio de cosa juzgada , previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 19 del Código de Procedimiento Penal (Ley 599 de 2000) , según el cual, la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta. De ahí que dicho principio, generalmente conocido como non bis in ídem , no es absoluto, puesto que en consideración a intereses superiores de justicia y al interés público prevalente en el resultado de la acción penal, la misma normatividad contempla excepciones taxativas y establece un procedimiento, denominado acción de revisión , para remover el estatus de cosa juzgada alcanzado por la sentencia ejecutoriada o la providencia que tenga la misma fuerza vinculante, cuando se demuestre que son materialmente injustas, a través de alguna de las causales previstas en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 .
8. 2.De conformidad con el numeral 4° del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, como lo destaca los representantes del Ministerio Público, se advierte que para la demostración de la causal de revisión allí contenida, no es necesario acreditar el hecho nuevo o la prueba nueva, pero sí una instancia internacional reconocida por Colombia, verificó un incumplimiento protuberante del Estado de su obligación de investigar en forma seria e imparcial infracciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, como aquí sucedió. El Procurador 20 Judicial II en lo Penal tiene legitimidad e interés jurídico en la instauración de la demanda; y ésta satisface los anteriores requisitos, motivo por el cual sus pretensiones están llamadas a prosperar. Veamos: Legitimidad del demandante El artículo 220 de la Ley 600 de 2000 (hoy artículo 193 de la Ley 906 de 2004), estipula que la acción de revisión puede ser promovida por cualquiera de los sujetos procesales reconocidos legalmente dentro de la actuación procesal y que ostenten interés jurídico. Si bien es cierto que en primera instancia dentro del proceso penal adelantado en la jurisdicción penal militar (objeto de la acción de revisión) intervinieron la Procuradora Quince Judicial I en lo Penal y un Agente Especial del Ministerio Público, representado en el Procurador Nº 235 Judicial I en lo Penal, de todos modos el Procurador 20 Judicial II en lo Penal, así no haya intervenido en el referido proceso penal, sí tiene legitimidad para promover la acción de revisión, como lo hizo, dado que tal personería le viene dada, no de condición de sujeto procesal, sino de la calidad de agente o delegado directo del Procurador General de la Nación, en cumplimiento de las facultades contenidas en el artículo 277 de la Constitución Política. Interés jurídico del demandante El Procurador 20 Judicial II en lo Penal, como delegado del Procurador General de la Nación, tiene evidente interés jurídico para instaurar la presente acción de revisión, puesto que es deber de la Procuraduría General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes: “ Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad ”, para lo cual “ podrá interponer las acciones que considere necesarias ”, como lo estipula el artículo 277 de la Constitución Política. En el supuesto que ocupa la atención de la Sala, según el fallo de la instancia internacional, conocido como “ Caso Gutiérrez Soler Vs Colombia ”, donde presuntamente se cometieron, entre otros, el delito de tortura, sin duda alguna reviste trascendencia desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por manera que el interés jurídico del Ministerio Público es evidente. El Sistema Interamericano de Justicia Recuérdese que Colombia es miembro de la Organización de Estados Americanos , y en tal calidad suscribió y aprobó, mediante la Ley 16 de 1972 , la Convención Americana sobre Derechos Humanos , destinada a garantizar a toda persona el goce de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; para lo cual se estableció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos . Dicho sistema, está compuesto por dos órganos competentes: i) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ; y ii) la Corte Interamericana de Derechos Humanos . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos El artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que “ Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte. ” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es esencialmente un órgano observador y promotor de los derechos humanos; atiende y estudia las quejas presentadas por cualquier persona o grupo de personas; puede formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos; y decide si somete o no el tema de la queja a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Como lo explicó la Corte en providencia que negó las pruebas deprecadas por los intervinientes en este diligenciamiento, los conceptos o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen fuerza vinculante, o no son de obligatorio acatamiento para el Estado Colombiano: “Nada se dice en la Convención, por el contrario, acerca del efecto vinculante de las recomendaciones, si bien se establece que la Comisión estará atenta, dentro de un plazo determinado, al cumplimiento de las medidas que deben adoptar los Estados involucrados, luego del cual evaluará si se tomaron o no las medidas adecuadas y si se publica o no el informe respectivo. “Sin embargo, es claro que la publicación del informe no soluciona el problema de violación de derechos humanos que fue planteado por el solicitante y si de esto se sigue que la Comisión Interamericana deba remitir el asunto a la Corte Interamericana –donde, emitida una sentencia, esta sería de obligatorio acatamiento-, concluye la Sala que el alcance de las recomendaciones es bastante limitado.” En el presente asunto y como ha quedado reseñado en precedencia, la Corporación Colectivo de Abogados “ José Alvear Restrepo”, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el estudio del caso. La Comisión Interamericana admitió el asunto e hizo las recomendaciones que estimó pertinentes al Estado colombiano. Dicha órgano supranacional declaró admisible la presunta violación de los artículos 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana y, por lo tanto, decidió someter el caso a decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo el trámite reseñado en la parte inicial de esta providencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Como la Sala lo ha venido afirmado, la “ idea de establecer una corte para proteger los derechos humanos en la Américas surgió hace largo tiempo. En la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) se adoptó la Resolución XXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”, en la cual se consideró que la protección de esos derechos “debe ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente” La Quinta Reunión de Consulta (1959), que como se dijo creó la CIDH, en la parte primera de la resolución sobre “Derechos Humanos”, encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto sobre la creación de una “Corte Interamericana de Derechos Humanos ” y otros órganos adecuados para la tutela y observancia de tales derechos. Por último, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, creó (Capítulo VII de la Parte II) una Corte Interamericana de Derechos Humanos.” , con sede en San José de Costa Rica. Mediante Resolución No. 448 adoptada por la Asamblea General de Organización de Estados Americanos, celebrada en La Paz, Bolivia, en octubre 1979, aprobó el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 1° de ese Estatuto define la Corte Interamericana de Derechos Humanos como: “una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene función consultiva y jurisdiccional. En lo que atañe a la función consultiva, la Convención Americana prevé que cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a la Corte Interamericana acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La Corte puede también, a solicitud de cualquier Estado miembro de la Organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos internacionales. En cuanto a la función jurisdiccional, sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hubieren reconocido la competencia de la Corte, están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la mencionada Convención. Para que pueda presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contra un Estado Parte, éste debe reconocer la competencia de dicho órgano. Por disposición del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , cuando la Corte Interamericana verifique que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados; la reparación de las consecuencias, si fuere procedente y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, culmina con un fallo motivado (artículo 66 ibídem) , el cual es definitivo e inapelable (artículo 76 ibídem) ; y los Estados Partes en la Convención “ se comprometen a cumplir la decisión de la corte en todo caso en que sean partes” (Artículo 68 ibídem), “siempre que la sentencia sea notificada y el caso transmitido” (artículo 69 ibídem) . Obligatoriedad para el Estado colombiano de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos De acuerdo con lo expuesto en precedencia, surge fácil advertir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un juez colegiado cuyos fallos son obligatorios y vinculantes para los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , bajo la condición de que el Estado haya declarado que “ reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención ” (Artículo 63) . Así, Colombia es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a través de un instrumento de derecho internacional público declaró que reconoce como obligatoria de pleno derecho, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Por consiguiente, los fallos de este órgano judicial son vinculantes y de obligatorio acatamiento para el Estado colombiano. En efecto, el Estado Colombiano: “El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. En el mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.” En el trámite de esta acción de revisión, en respuesta a una consulta sobre la fuerza vinculante de la sentencia del 12 de septiembre de 2005, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de “ Gutiérrez Soler Vs Colombia ”, la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, con oficio DDH. GOI 27751/1465 del 3 de junio de 2008, conceptuó, como quedó expuesto anteriormente, que los fallos de esa instancia internacional son de imperioso cumplimiento y que dicha decisión le fue notificada al Estado colombiano el 11 de octubre de 2006. Dicho de otra manera, cuando se actúa como órgano de control y supervisión de derechos humanos, se está ante una decisión de carácter vinculante. Intangibilidad de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De conformidad con lo estipulado en el artículo 66 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos , el fallo de la Corte es definitivo e inapelable. En el fallo del 12 de septiembre de 2005 se declaró que el Estado colombiano vulneró los derechos consagrados en el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), 5.2 y 5.4 (Derecho a la integridad personal), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la libertad personal), 8.1, 8.2.d, 8.2, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impartió, entre otras, las siguientes órdenes: “Por unanimidad ”, cumplir con las medidas dispuestas en lo términos señalados en los párrafos 96 a 100 del mentado fallo, es decir, identificar, juzgar y sancionar a los responsables. En tales condiciones, lo inobjetable, lo que debe cumplirse sin posibilidad de oponer argumentos en contra es la orden que la autoridad competente investigue efectivamente los hechos, para identificar y juzgar a los responsables. Si embargo, debe quedar en claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado únicamente, en los términos antes vistos. La tipificación de las conductas punibles, su calificación circunstanciada y la individualización de los autores y partícipes es, precisamente, lo que corresponde a la autoridad nacional competente, vale decir, investigar a la Fiscalía General de la Nación y, si a ello hubiere lugar, adelantar la etapa del juzgamiento a los jueces de la jurisdicción penal común que resultaren competentes, como así se dispuso en la sentencia de la pluricitada instancia internacional. Sobre la prescripción de la acción penal Frente a este acápite vale recordar lo consagrado en los párrafos 97 y 98 de la sentencia del 12 de septiembre de 2005 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “ Gutiérrez Soler Vs. Colombia ”: “97. Asimismo, es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen y sancionen a los miembros de la fuerza pública que participan en casos de violaciones a derechos humanos. Por otra parte, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. “98. Este Tribunal ya se ha referido a la llamada “cosa juzgada fraudulenta”, que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso. A la luz del reconocimiento de responsabilidad de Colombia y los hechos probados, se desprende que los procesos del presente caso, ante los tribunales nacionales, estuvieron contaminados por tales vicios. Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana, porque no hacen tránsito a cosa juzgada decisiones judiciales originadas en tales hechos internacionalmente ilícitos. Por manera que si la Fiscalía llegare a calificar algunas las conductas punibles presuntamente cometidas en el caso “ Gutiérrez Soler ”, como tortura, la prescripción de la acción penal no sigue las reglas comunes sino los lineamientos de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y de la jurisprudencia de órganos internacionales de derechos humanos, en especial lo reglado por la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en resolución 3452 (xxx) del 9 de diciembre de 1975. En otros términos, de acuerdo con la mentada sentencia, surge incuestionable que en los procesos internos en donde no se cumplen los llamados estándares internacionales, en especial los preceptos contenidos en la Convención América, los mismos no comportan validez y, como lo dijo el mencionado Tribunal, no resulta admisible ni procedente acudir “a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad ”. Además, en el evento en que aquí se aplicara la legislación interna, de todos modos vale recordar que con relación a la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, ésta ocurre en el tiempo previsto en la normatividad nacional, pero teniendo en cuenta las incidencias de la acción de revisión. Esto es, se predica que el término de prescripción en la etapa instructiva empezó el día de los hechos y siguió corriendo hasta la fecha en que quedó ejecutoriada la cesación de procedimiento decidida por la jurisdicción penal militar (Auto del 30 de septiembre de 1998, del Tribunal Superior Militar) . De ahí en adelante, el término de prescripción no se cuenta y sólo vuelve a reanudarse a partir del momento en que la Fiscalía General de la Nación asuma de nuevo el conocimiento del asunto, en virtud de lo que va a resolverse en esta acción de revisión. Frente al punto en cuestión referente a la extinción de la acción penal por razón de la prescripción cuando hubo ya una decisión ejecutoriada que más tarde se remueve por declararse fundada la causal de revisión, la Sala de Casación Penal, en Sentencia del 15 de junio de 2006 (radicación 18769) señaló: “Unas precisiones adicionales, relacionadas con el tema de la prescripción. “1. Ejecutoriada una sentencia condenatoria, decae cualquier posibilidad de prescripción pues el proceso ha concluido dentro de los lapsos establecidos en la ley. Es decir, resulta inocuo, a partir de allí, pensar en la posibilidad de tal fenómeno extintivo de la acción. “2. Si se acude a la acción de revisión, entonces, no opera el fenómeno de la prescripción por cuanto se trata de reexaminar un proceso ya terminado. “3. Si la acción prospera y se retorna el asunto a una fase pretérita que incluya la caída de la sentencia, es decir, anterior a la ejecutoria de la misma, no es posible reanudar, para proseguir, el término de prescripción contando el tiempo utilizado por la justicia para ocuparse de la acción de revisión, precisamente porque el fallo rescindente no “prolonga” el proceso ya finiquitado, sino que da lugar a un “nuevo proceso”. “4. Por consiguiente: “4.1. Si respecto del fallo –obviamente en firme- se interpone la acción de revisión, no opera para nada la prescripción. “4.2. Durante el trámite de la acción en la Corte o en el Tribunal, tampoco se cuentan términos para efectos de la prescripción. “4.3. Si la Corte o el Tribunal declaran fundada la causal invocada y eliminan la fuerza de la sentencia, con lo cual, en general, se dispone el retorno del proceso a un estadio determinado, tampoco es posible adicionar el tiempo que ocupó el juez de revisión al tiempo que ya se había obtenido antes de la firmeza del fallo, para efectos de la prescripción, como si jamás se hubiera dictado. “4.4. Recibido el proceso por el funcionario al cual se le adjudica el adelantamiento del nuevo proceso, ahí sí se reinician los términos, a continuación de los que se habían cumplido hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia. “El motivo, se repite, es elemental: la acción de revisión es un fenómeno jurídico extraordinario que si bien puede romper la inmutabilidad e irrevocabilidad del fallo, no afecta otros temas, entre ellos el de la prescripción. “La Corte, entonces, insiste en su criterio, plasmado por ejemplo en la decisión del 15 de marzo de 1991, en el que afirmó: “Es importante recordar que cuando se dispone la revisión no son aplicables las normas sobre prescripción de la acción penal, pues no se puede desconocer que ya hubo una sentencia, luego no es predicable del Estado la inactividad que se sanciona con esa medida. Así mismo, nada impide que el nuevo fallo, el cual debe producirse, sea igualmente condenatorio, dada la oportunidad que se ofrece para practicar nuevas pruebas. “Sería absurdo que no existiendo un límite de tiempo para interponer el recurso extraordinario, la simple concesión de él permitiera la cesación del procedimiento por prescripción, dando lugar así a una muy expedita vía para la impunidad y cambiando la finalidad que le da razón de ser a este especial medio de impugnación.” Efectos de la prosperidad de la causal de revisión Por lo antes expuesto, se declarará fundada la causal de revisión promovida por el Procurador 20 Judicial II en lo Penal y, coadyuvada por el Procurador Delegado ante esta Corporación; y de tal determinación dimanan las siguientes consecuencias: Declarar sin validez lo actuado por la justicia penal militar, a partir del Auto del 2 de marzo de 1998, por medio del cual el Juzgado de Primera Instancia – Auditoría Auxiliar de Guerra Nº 60 de la Policía Nacional con sede en Bogotá, ordenó cesar todo procedimiento a favor del oficial Luis Onzaga Enciso Barón. Para redundar en claridad sobre la decisión a adoptar, se declarará, en forma expresa, sin validez el Auto del 2 de marzo de 1998. Se remitirá el proceso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, para que continúe con la investigación que venía adelantando la jurisdicción penal militar, en contra del Coronel de la Policía Luis Onzaga Enciso Barón y contra todas aquellas personas que participaron en el hecho delictual, siempre y cuando no hayan sido investigadas o juzgadas y la decisión adoptada no hubiese hecho tránsito a cosa juzgada. Por último, ninguno de los argumentos señalados por la defensora Enciso Barón tienen vocación de éxito, en tanto que, como ha quedado cabalmente expuesto, el trámite de la revisión bajo la causal argüida no es el escenario natural para pretender desvirtuar las conclusiones de la sentencia extranjera, por cuanto que esta es inmodificable e inapelable. Es decir, que al Estado colombiano sólo le resta su cabal cumplimiento en los términos allí establecidos. Dicho de otra manera, los reparos hechos por la profesional del derecho en torno a la responsabilidad de su defendido deben ser planteados al interior del proceso cuya revisión se ordenará. De otro lado, como también quedó visto, tampoco tiene razón la defensora en su afirmación, según la cual, para que se estructure la causal de revisión se requiere de hecho nuevo o prueba nueva, puesto que la misma está referida a una decisión de una instancia internacional donde Colombia está obligada a cumplirla. En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, R E S U E L V E 1 . Declarar fundada la causal prevista en el numeral 4° del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, invocada por el demandante.
9. 2.Declarar sin validez lo actuado por la justicia penal militar, a partir del Auto del 2 de marzo de 1998, por medio del cual el Juzgado de Primera Instancia – Auditoría Auxiliar de Guerra Nº 60 de la Policía Nacional con sede en Bogotá, ordenó, en primera instancia, cesar todo procedimiento a favor del oficial Luis Onzaga Enciso Barón.
10. 3.Remitir el proceso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, para que continúe con la investigación que venía adelantando la jurisdicción penal militar, en contra de Luis Onzaga Enciso Barón, y de todas aquellas personas que participaron en el hecho delictual, siempre y cuando no hayan sido investigadas o juzgadas y la decisión adoptada no hubiese hecho tránsito a cosa juzgada.
11. 4.Contra la presente sentencia no procede recurso alguno. Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase . SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO IMPEDIDO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ TERESA RUÍZ NUÑEZ Secretaria � Se debe aclarar que de acuerdo con la tarjeta decadactilar que obra en el trámite éste es el nombre correcto del oficial y no Luis Gonzaga Enciso Barón, lapsus en que se incurrieron varios funcionarios. � Concepto DDJ.GOI 45651/2483 del 5 de septiembre de 2007, emitido por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. � Sentencia de revisión del 6 de marzo de 2008. Rad. 24.841 � Diario Oficial No. 33780 del 5 de febrero de 1973. � Artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. � ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. OEA. Washington.D.C. 2007-2007. P 11. � ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. OEA. Washington.D.C. 2007-2007. P
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