25968(24-05-06) — Corte Suprema

25968(24-05-06)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2006

Magistrado ponente: Camilo Humberto Tarquino Gallego

De qué trata

Tema: PENSIONES » PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA » APLICACIÓN EN PENSIÓN DE INVALIDEZ - En el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 es aplicable el principio de la condición más beneficiosa para la obtención de la pensión de invalidez, tomando en cuenta el cumplimiento de las semanas de la norma anterior Tesis: «No le queda duda a esta Sala que en este caso, como en otros similares, el demandante tiene derecho a su pensión de invalidez, a pesar de no haber cotizado ninguna semana en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de su invalidez, por cuanto había acumulado, durante toda su vida laboral, una densidad de cotización que le otorgaba derecho a esa prestación. Razón le cabe a la censura al considerar que no puede resultar acorde con los principios que gobiernan el Régimen de Seguridad Social Integral, negarle una pensión de invalidez a un trabajador por no haber cotizado 26 semanas en el año anterior a su invalidez, aunque sí lo hubiera hecho, y por un número mucho mayor -como 580 en el caso en estudio-, durante toda su vida laboral. Aquellas 26 semanas, definitivamente, no pueden tener un mayor peso que estas 580. De conformidad con ello, necesariamente debe aplicarse el principio de la condición mas beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, para que al demandante le sea reconocida la pensión de invalidez, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, que, preveían el derecho con 150 semanas de cotización durante los 6 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época. Resulta importante reproducir apartes de las consideraciones acogidas mayoritariamente por esta Sala en sentencia 24280 de 5 de julio de 2005: “Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para éste de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte. “Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas. “Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente -971- que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento. “Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema. “Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado. “Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo éste que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad. “Aún cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo -hecho determinable-, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición. “Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 049 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le de a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte. “Por todo lo dicho, resulta viable predicar que el Tribunal incurrió en la infracción legal denunciada. Por consiguiente se casará la sentencia, en cuanto infirmó la decisión condenatoria de primer grado”. Se considera entonces que el Tribunal incurrió en la infracción legal alegada por el recurrente, razón por la cual se casará la sentencia en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado». PENSIONES » PENSIONES LEGALES » PENSIÓN DE INVALIDEZ, DECRETO 758 DE 1990 » REQUISITOS » SEMANAS DE COTIZACIÓN » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Se declara procedente el pago de la pensión de invalidez contemplada en el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa pues la demandante acreditó aportes al Instituto de Seguros Sociales, durante su vida laboral, por quinientas ochenta semanas, por lo que se revoca la sentencia proferida por el a quo y en su lugar, se condena al ISS a pagar la pensión de invalidez, desde el 17 de octubre de 1996, en un monto no inferior al salario mínimo legal mensual con los respectivos incrementos de ley Tesis: «Resulta probado que el demandante acreditó aportes al Instituto de Seguros Sociales, por 580 semanas, antes de la estruturación del estado de invalidez, que lo fue el 17 de octubre de 1996 (folios 3 y 4 C.1), de donde se colige que cotizó más de 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Así las cosas y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en sede de Casación, se revocará la decisión absolutoria del a quo, para, en su lugar, condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al reconocimiento de la pensión de invalidez, en un monto no inferior al salario mínimo legal mensual, con las mesadas de junio y diciembre de cada año y los respectivos incrementos de ley». PROCEDIMIENTO LABORAL » EXCEPCIONES » EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Procede la excepción de prescripción ya que si bien con la reclamación formulada el 22 de octubre de 1996, se interrumpió el término prescriptivo, la demanda sólo se presentó el 18 de septiembre de 2002, esto es, cuando habían transcurrido más de 5 años Tesis: «Aún cuando la pensión de invalidez se causó desde la fecha de la estructuración de la invalidez, el 17 de octubre de 1996, resulta procedente declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, ya que si bien con la reclamación formulada el 22 de octubre de 1996 (folio 13) se interrumpió el término prescriptivo, la demanda sólo se presentó el 18 de septiembre de 2002 (folio 15), esto es, cuando habían transcurrido más de 5 años. En consecuencia, dicha prescripción afecta las mesadas pensionales correspondientes al período transcurrido hasta el 17 de septiembre de 2002». PENSIONES » INTERESES MORATORIOS » PROCEDENCIA EN PENSIÓN DE INVALIDEZ, DECRETO 758 DE 1990 - Los intereses moratorios son viables, cuando en aplicación del principio de la condición más beneficiosa se reconoce la pensión de invalidez en el Acuerdo 049 de 1990, por pertenecer ésta al régimen de prima media Tesis: «De otra parte, en la demanda inicial también se pidió la sanción por no pago de la pensión, invocando como fundamento de derecho el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, se observa que son procedentes los intereses moratorios allí previstos, toda vez que así lo tiene establecido la Sala. En efecto, en sentencia 23159 de 20 de octubre de 2004, se dijo: “Tanto el Juzgado como el Tribunal estimaron que la pensión de vejez reclamada por el demandante cumplía las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por medio del Decreto 758 de 1990, frente a lo cual afirma el recurrente que no proceden los intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por no proceder respecto de pensiones de regímenes diversos al de esta ley, como las correspondientes al referido acuerdo. “De ser cierto que la pensión del actor no es propia del régimen pensional de la Ley 100 de 1993, tendría razón la entidad recurrente en lo que argumenta en los dos cargos, porque es verdad que la Corte ha expresado, de un tiempo para acá, entre otros pronunciamientos en el que cita y transcribe en lo pertinente la del 28 de noviembre de 2002, radicación 18273, que los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sólo están previstos respecto de las pensiones gobernadas en su integridad por el Sistema de Seguridad Social en Pensiones consagradas en esa ley, dentro de las cuales no se hallan las surgidas del régimen de transición en pensiones. Por ello, si se afirma que la pensión del actor no es una de las que se encuentran totalmente reguladas por la citada ley, no tendría derecho a los intereses moratorios de su artículo 141. “Sin embargo, el anterior criterio jurisprudencial debe ser ahora precisado, atendiendo la particular regulación legal de pensiones de vejez como la otorgada al actor, porque, a pesar de tener ella origen en el régimen de transición pensional, que fue lo concluido por el Tribunal, es dable entender que fue conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 de la citada ley, que incorporó al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones. “Lo anterior significa que una pensión de vejez del régimen de transición que jurídicamente encuentra sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido integrada al régimen de prima media con prestación definida, debe ser considerada como una pensión que origina “el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”, como lo señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es razonable concluir que corresponde a una pensión del citado régimen solidario de prima media con prestación definida, por las razones anotadas en precedencia. Y si ello es así, la falta de pago de las mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en la antedicha norma legal.” Luego, también en este aspecto, se revocará la decisión del a quo, para proceder a condenar al pago de los intereses moratorios, a la tasa máxima vigente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha de causación de las mesadas pensionales debidas desde el 18 de septiembre de 2002, hasta la fecha del pago. Además, se declara probada la excepción de compensación, razón por la que se autoriza al ISS para descontar el valor de la indemnización sustitutiva reconocida en la resolución de folio 2, la cual fue pagada por la suma de $1.337.624,oo el 16 de mayo de 1997, según comunicación del Banco del Estado (folio 27). No hay lugar a costas en casación, dada su prosperidad».

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.No.25968 ANDRÉS AVELINO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ VS. I.S.S. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Radicación No.25968 Acta No.31 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil seis (2006).

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por ANDRÉS AVELINO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ contra la sentencia del 22 de octubre de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

ANTECEDENTES ANDRÉS AVELINO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para que se le condene al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, las mesadas adicionales, la sanción por no pago o indexación y las costas del proceso. Afirmó que solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de invalidez de origen común, pero se la negó mediante Resolución 001352 de 1997, por no reunir los requisitos consagrados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, no haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de invalidez, que fue el 17 de octubre de 1996.

Expresó que a la fecha de estructuración de la invalidez tenía cotizadas 580 semanas y una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; que de acuerdo con el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Seguros Sociales le debe reconocer la pensión de invalidez de origen común a los afiliados que, al momento de su estructuración, tengan una densidad de cotización suficiente para obtener dicha prestación dentro del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, un mínimo de 300 semanas cotizadas en cualquier época anterior al estado de invalidez.

En su apoyo, cita la sentencia de 26 de julio de 2001, radicación 15760. El Instituto de Seguros Sociales aceptó algunos de los hechos de la demanda, negó otros y se opuso a todas las pretensiones; propuso las excepciones de prescripción, imposibilidad de reconocer una prestación que no está determinada como tal en la ley, compensación y la genérica.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia calendada el 31 de agosto de 2004, absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones invocadas por el demandante y lo condenó en costas. SENTENCIA DEL TRIBUNAL Por apelación del demandante, el Tribunal, mediante providencia del 22 de octubre de 2004, confirmó la absolutoria del Juzgado, sin costas; consideró demostrado el estado de invalidez del actor a partir del 17 de octubre de 1996 en un 54.2 %, así como la cotización de 580 semanas durante toda la vida laboral del demandante, ninguna de las cuales en el año anterior a la invalidez; le negó el derecho por no reunir los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de l993, es decir, no haber cotizado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez; adujo que en ese momento, la normatividad vigente era la de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no tenía el actor ningún derecho con base en el Acuerdo 049 de 1990.

EL RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que se CASE TOTALMENTE la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, se revoque la proferida por el Juzgado, para que en su lugar se acceda a las pretensiones del demandante.

Con tal propósito formula dos cargos, oportunamente replicados, que se resolverán conjuntamente. PRIMER CARGO Lo enunció así: “Denuncio en la sentencia gravada, por la vía directa, interpretación errónea de los artículos 38 y 39 de la ley 100 de 1993, en relación con los artículos 50, 141, 142, de la misma Ley. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En el desarrollo del cargo, dijo que el ad quem consideró que el demandante no había consolidado su derecho en los términos del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, adujo que “ la seguridad social es un derecho de raigambre superior, en tanto, su consagración normativa fue prevista desde la misma Carta Política, refrendado, obviamente, en su carácter de derecho positivo, por la Ley 100 de 1993.

La pensión de invalidez, es de todos sabido, está instituida para satisfacer las necesidades mínimas de aquellas personas que han perdido su capacidad de trabajo, y pretenden, por este sendero, procurarse lo necesario para su congrua subsistencia. Es por lo anterior que los operadores jurídicos (Art. 228 C.N.), deben efectuar una interpretación de las normas jurídicas que guarde armonía con los postulados Constitucionales que garantizan a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social”.

Agregó que si bien el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para eventos como el presente, exige un mínimo de 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez, es evidente que tal requisito fue exigido como un mínimo, pues 26 semanas no pueden dar más derecho que las 580 que sufragó el actor con antelación a la fecha de la invalidez.

Insistió en lo inequitativo y contrario que resultaría que solo 26 semanas concedieran el derecho a la pensión, y que 580 no otorgaran igual protección, de cara a una misma prestación económica; transcribió apartes de una sentencia de esta Sala, la 16601 de 18 de abril de 2002, para concluir que el Tribunal, al interpretar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, le restringió su alcance, fijándole uno “que no se compadece con su espíritu y finalidad”.

LA RÉPLICA Estima que el Tribunal no interpretó erróneamente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, a pesar de que una persona sea inválida de acuerdo con lo establecido por el artículo 38, eso no significa que tenga el derecho a obtener la pensión de invalidez, ya que para ello también debe satisfacer alguno de los dos requisitos alternativos que establece el artículo

39. SEGUNDO CARGO Lo enunció así: “Por la vía directa, la decisión acusada infringe directamente, por falta de aplicación (según jurisprudencia de esa Sala), los artículos 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, en armonía con los artículos 48 y 53 de la C. N; y de paso aplica indebidamente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993”.

En el desarrollo del cargo, mencionó que el Tribunal consideró que al presente caso le eran aplicables las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y no las del Acuerdo 049 de 1990, por no haberse consolidado el derecho pretendido en vigencia de ésta última normatividad. Se refirió a los principios de la condición más beneficiosa y de proporcionalidad, aduciendo que “ un nuevo régimen no puede fijar unas condiciones de acceso mas gravosas que el anterior, por cuanto siempre la norma jurídica posterior se entiende como un avance cualitativo de la base normativa que gobierna tan espinoso tema, máxime cuando el derecho a la seguridad social encuentra respaldo, inclusive, en la propia Carta de Derechos”.

Concluyó entonces que la Ley 100 de 1993 desmejoró los requisitos de acceso a la prestación, truncando al demandante en el derecho a adquirir la pensión en unas condiciones más favorables como eran las contempladas en el Acuerdo 049 de 1990; transcribió algunos apartes de la sentencia 17952 del 17 de abril de 2002 de esta Sala y terminó diciendo que el ad quem “aplicó indebidamente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que, según lo expresado, no gobierna el sub lite”.

LA RÉPLICA Considera que en este caso existe falta de técnica, por cuanto se acusa la infracción directa de normas que ya no están vigentes, como son los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, entendidas derogados por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993; más bien deberían haber sido denunciadas por su aplicación indebida. SE CONSIDERA No se incurre en defectos de técnica, como lo aduce la réplica, pues las normas por las que reclama su aplicación corresponden a las que consagran sus derechos.

Es claro que no hay controversia en los puntos referidos a que el demandante sufrió, a partir del 17 de octubre de 1996, una pérdida de su capacidad laboral del 54.2%, y que cotizó al Instituto de Seguros Sociales, durante toda su vida laboral, 580 semanas, ninguna de ellas en el año inmediatamente anterior a la invalidez. No le queda duda a esta Sala que en este caso, como en otros similares, el demandante tiene derecho a su pensión de invalidez, a pesar de no haber cotizado ninguna semana en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de su invalidez, por cuanto había acumulado, durante toda su vida laboral, una densidad de cotización que le otorgaba derecho a esa prestación. Razón le cabe a la censura al considerar que no puede resultar acorde con los principios que gobiernan el Régimen de Seguridad Social Integral, negarle una pensión de invalidez a un trabajador por no haber cotizado 26 semanas en el año anterior a su invalidez, aunque sí lo hubiera hecho, y por un número mucho mayor –como 580 en el caso en estudio-, durante toda su vida laboral.

Aquellas 26 semanas, definitivamente, no pueden tener un mayor peso que estas 580. De conformidad con ello, necesariamente debe aplicarse el principio de la condición mas beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, para que al demandante le sea reconocida la pensión de invalidez, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, que, preveían el derecho con 150 semanas de cotización durante los 6 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época.

Resulta importante reproducir apartes de las consideraciones acogidas mayoritariamente por esta Sala en sentencia 24280 de 5 de julio de 2005: “Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para éste de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros.

De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte. “Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado.

Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

“Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente -971- que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

“Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema. “Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

“Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo éste que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer.

Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad. “Aún cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo -hecho determinable-, ya para completar cierta edad, o, para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición. “Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 049 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le de a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte.

“Por todo lo dicho, resulta viable predicar que el Tribunal incurrió en la infracción legal denunciada. Por consiguiente se casará la sentencia, en cuanto infirmó la decisión condenatoria de primer grado”. Se considera entonces que el Tribunal incurrió en la infracción legal alegada por el recurrente, razón por la cual se casará la sentencia en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA Resulta probado que el demandante acreditó aportes al Instituto de Seguros Sociales, por 580 semanas, antes de la estruturación del estado de invalidez, que lo fue el 17 de octubre de 1996 (folios 3 y 4 C.1), de donde se colige que cotizó más de 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Así las cosas y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en sede de Casación, se revocará la decisión absolutoria del a quo, para, en su lugar, condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al reconocimiento de la pensión de invalidez, en un monto no inferior al salario mínimo legal mensual, con las mesadas de junio y diciembre de cada año y los respectivos incrementos de ley.

Aún cuando la pensión de invalidez se causó desde la fecha de la estructuración de la invalidez, el 17 de octubre de 1996, resulta procedente declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, ya que si bien con la reclamación formulada el 22 de octubre de 1996 (folio 13) se interrumpió el término prescriptivo, la demanda sólo se presentó el 18 de septiembre de 2002 (folio 15), esto es, cuando habían transcurrido más de 5 años.

En consecuencia, dicha prescripción afecta las mesadas pensionales correspondientes al período transcurrido hasta el 17 de septiembre de 2002. De otra parte, en la demanda inicial también se pidió la sanción por no pago de la pensión, invocando como fundamento de derecho el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, se observa que son procedentes los intereses moratorios allí previstos, toda vez que así lo tiene establecido la Sala.

En efecto, en sentencia 23159 de 20 de octubre de 2004, se dijo: “Tanto el Juzgado como el Tribunal estimaron que la pensión de vejez reclamada por el demandante cumplía las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por medio del Decreto 758 de 1990, frente a lo cual afirma el recurrente que no proceden los intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por no proceder respecto de pensiones de regímenes diversos al de esta ley, como las correspondientes al referido acuerdo.

“De ser cierto que la pensión del actor no es propia del régimen pensional de la Ley 100 de 1993, tendría razón la entidad recurrente en lo que argumenta en los dos cargos, porque es verdad que la Corte ha expresado, de un tiempo para acá, entre otros pronunciamientos en el que cita y transcribe en lo pertinente la del 28 de noviembre de 2002, radicación 18273, que los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sólo están previstos respecto de las pensiones gobernadas en su integridad por el Sistema de Seguridad Social en Pensiones consagradas en esa ley, dentro de las cuales no se hallan las surgidas del régimen de transición en pensiones.

Por ello, si se afirma que la pensión del actor no es una de las que se encuentran totalmente reguladas por la citada ley, no tendría derecho a los intereses moratorios de su artículo 141. “Sin embargo, el anterior criterio jurisprudencial debe ser ahora precisado, atendiendo la particular regulación legal de pensiones de vejez como la otorgada al actor, porque, a pesar de tener ella origen en el régimen de transición pensional, que fue lo concluido por el Tribunal, es dable entender que fue conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 de la citada ley, que incorporó al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones.

“Lo anterior significa que una pensión de vejez del régimen de transición que jurídicamente encuentra sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido integrada al régimen de prima media con prestación definida, debe ser considerada como una pensión que origina “el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”, como lo señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es razonable concluir que corresponde a una pensión del citado régimen solidario de prima media con prestación definida, por las razones anotadas en precedencia. Y si ello es así, la falta de pago de las mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en la antedicha norma legal.” Luego, también en este aspecto, se revocará la decisión del a quo, para proceder a condenar al pago de los intereses moratorios, a la tasa máxima vigente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha de causación de las mesadas pensionales debidas desde el 18 de septiembre de 2002, hasta la fecha del pago.

Además, se declara probada la excepción de compensación, razón por la que se autoriza al ISS para descontar el valor de la indemnización sustitutiva reconocida en la resolución de folio 2, la cual fue pagada por la suma de $1.337.624,oo el 16 de mayo de 1997, según comunicación del Banco del Estado (folio 27). No hay lugar a costas en casación, dada su prosperidad.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 22 de octubre de 2004, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de ANDRÉS AVELINO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en tanto confirmó la absolución resuelta por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín. En sede de instancia, revoca la sentencia absolutoria proferida por el a quo.

En su lugar: 1) CONDENA al demandado al reconocimiento de la pensión de invalidez estructurada el 17 de octubre de 1996; 2) DECLARA PROBADA LA PRESCRIPCIÓN de las mesadas causadas con antelación al 17de septiembre de 2002 y por lo tanto absuelve del pago de ellas; 3) CONDENA al pago de las mensualidades pensionales debidas desde el 18 de septiembre de 2002, en cuantía no inferior al salario mínimo legal, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los incrementos de ley y los intereses moratorios señalados. 4) De las sumas debidas, el ISS podrá descontar el valor de la indemnización sustitutiva que sufragó al accionante, en cuantía de $1.337.664,oo.

Sin costas en casación. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y DEVÚELVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CAMILO TARQUINO GALLEGO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DÍAZ HUMBERTO JAIRO JARAMILLO VALLEJO CONJUEZ MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA Secretaria CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL SALVAMENTO DE VOTO Del Magistrado Eduardo López Villegas Radicación No. 25968 Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Parte demandada: I.S.S. Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, aceptando para el efecto que el requisito de cotizaciones sea el establecido en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, tomando por sustento el que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente vigentes. 1.

Es inobjetable que la jurisprudencia sobre las normas del sistema de seguridad social consulten continuadamente sus principios, pero siempre que sea buscando el sentido o alcance de la norma que garantice la realización de estos, pero no como sucede en la sentencia, para, simplemente, sustituir la regla según la cual el momento en el que se cause el derecho pensional es el mismo para determinar la legislación que los rige y a nombre de unos principios cuyo significado se desvirtúa, como se señala adelante. 2.

El argumento sustancial en que se funda la decisión de conceder pensión, aquel por el cual como el afiliado inválido que cumplió con un número de aportaciones tan suficiente -994- que de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior del infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. En buen romance lo anterior entraña la aplicación, sin invocación, del principio de la favorabilidad, más no aquel propio de la seguridad social contenido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, sino el que rige para el mundo laboral.

El principio de la favorabilidad en la seguridad social, de origen legal, tiene su propio contenido, que para el efecto prescribe el que para ser aplicado debe serlo bajo la condición de que la situación se “ someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley ”. El enfoque laboral de los temas de la seguridad social, en el que persiste la Sala con esta decisión, no es compatible con la clara regulación autónoma que el constituyente de 1991 hizo de la seguridad social, -que bien puntualiza la providencia en sus párrafos iniciales-, separada de la protección del trabajo, ni con la precisa concepción del sistema de seguridad social plasmada en la Ley 100 de 1993, la que superó normativamente la transitoriedad de los mecanismos pensionales previstos en la Ley 90 de 1946.

Habiendo quedado el afiliado inválido en vigencia de la Ley 100 de 1993, - y es la fecha de la estructuración la que señala el régimen que regula la pensión respectiva- se debió cumplir con el requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 46 de la mencionada ley; y faltando este no es posible acceder a la pensión que se reclama, aplicando silenciosamente, la condición más beneficiosa. 3.

La decisión que aquí reprocho no guarda coherencia con la posición que la Sala ha fijado en procesos recientes, cuando ha sostenido la siguiente tesis: “ La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, si fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones.

Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera íntegra a dicha regulación.” Sentencia de 25 de marzo de 2004, Rad.22060. 4. Con la decisión que adopta la Sala se instituye para las pensiones de invalidez el expediente de un régimen de transición que no existe para las pensiones de invalidez, - no preciso el fundamento de la aseveración de la Sala según la cual no puede darse transición frente a contingencias improbables-; la real razón es que se pretendía instaurar un nuevo concepto de cotizaciones, como se indicará adelante, bajo el supuesto de aportes permanentes e indefinidos que entrarían a operar de inmediato. 5.

Por lo demás, aquel argumento central de conceder pensiones de un sistema porque en otro se hicieron aportes en número tan suficiente o con abundancia de semanas se aleja de reglas básicas para definir si se cumple o no con los requisitos para acceder a la pensión. Porque la densidad de cotizaciones es un elemento que se mide cuantitativamente, y no cualitativamente.

Porque se hace una comparación por el número de cotizaciones, cuando, por corolario de cualquiera de los principios de favorabilidad, lo comparable es la totalidad del sistema, y no fragmentos de éste. Cuando se comparan dos conceptos de cotización diferentes, tomándolos por su elemento más aparente; no se trata de saber si son 150, 300 ó 26 cotizaciones; aquellas lo eran dentro de un sistema de aportes con un piso mínimo alto; y la última un piso bajo pero nunca mínimo; en aquél cuenta las cotizaciones efectuadas, en este se sancionan las que no se efectúen por cuanto lo más significativo de un sistema que obliga a un número reducido respecto a un evento incierto, es que se ha de estar en acto de permanente cotización. Efectivamente, desde esta perspectiva el número de cotizaciones tiene una trascendencia mayor que la de ser una cifra.

El dato numérico previsto en el Acuerdo 049 de 1990, guarismo elevado -300- cumplido en cualquier tiempo, significa un régimen de protección para un grupo de trabajadores restringido a los de una antigüedad de seis o más años, financiado con bases mínimas altas; y el previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con un guarismo bajo pero con la exigencia de ser cumplido en estricta oportunidad, -en el año inmediatamente anterior al hecho incierto de la muerte- significa un régimen con vocación de protección cercano a la universalidad – se excluye a los que no han cumplido seis meses de actividad- financiado por el universo de trabajadores, que de manera continuada y permanente –se admiten algunas intermitencias – deben realizar la solidaridad contributiva. 6.

Ciertamente, la vocación a la universalidad de la cobertura es uno de los principios de la Ley 100 de 1993, la cual puede ser alcanzada a condición de que actúe la solidaridad, otro de los principios rectores del Sistema de Seguridad Social. Ella se cumple si las personas contribuyen según su capacidad, como lo indica el artículo 2° de la misma Ley, -aquí como manifestación del principio de la integralidad.

De esta manera pese a que en la sentencia se invocan estos principios, desde mi aviso, se hace uso de ellos para su menoscabo. El que la seguridad social se haya ordenado como sistema impone que no se pueda invocar la universalidad prescindiendo de los mecanismos necesarios para realizarla. La decisión que adopta la Sala para acceder al otorgamiento de una pensión de invalidez para quien no reunió los requisitos conduce al desequilibrio financiero del sistema.

De hecho, la realización del propósito de universalizar la protección de la familia de los trabajadores –antiguos y principiantes- es posible bajo el presupuesto de que la obligación de cotizar sea igualmente universal; y cuando se afecta esta se compromete aquella, como cuando se exonera de por vida al contingente de trabajadores que antes de 1994 hubieren cotizado 300 semanas; ciertamente, se les releva del deber de efectuar una cotización más, en cuanto no hacerlo no les priva del derecho a la pensión de invalidez. 7.

El respeto a los principios de la universalidad y de la solidaridad es condición para realizar el anhelo de una sociedad verdaderamente justa, en la que al tiempo que se proporcione seguridad a la generación presente, se garantice la viabilidad del sistema para la generación que sigue, esto es, en una justicia que no se agote en distribuir prestaciones a los que primero lleguen acreditando necesidades sin hacer lo propio con la densidad de cotizaciones, quedando para los que vienen un sistema contributivo en quiebra, y el deber de cubrir una deuda histórica y atender a sus propios riesgos.

Fecha ut supra, EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS CARLOS ISAAC NADER FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ RADICACIÓN Nº 25968 PONENTE: Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO Nos permitimos expresar nuestro disentimiento respecto de la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto acoge la tesis de la indexación del ingreso base de liquidación para pensiones a cargo directo del empleador, pues es opinión reiterada de los suscritos que la actualización monetaria prevista en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no tiene lugar tratándose de pensiones a cargo directo del empleador, como en este asunto que trata de una prestación a cargo del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL.-, circunstancia que la coloca por fuera de la estructura económica pensional de esa normativa, sino cuando la prestación está a cargo de una entidad administradora de pensiones, salvo las excepciones del caso como por ejemplo en la hipótesis en que se reconozca una pensión de las contempladas en la Ley 100 y se impongan directamente al empleador como consecuencia de mora en el pago de las cotizaciones o de falta de afiliación. En consecuencia, salvamos el voto en este aspecto.

Respetuosamente, CARLOS ISAAC NADER FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Magistrado Magistrado ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Radicación N° 25968 Comparto la decisión adoptada en este caso, pero estimo pertinente aclarar que en mi opinión el principio de la condición más beneficiosa no podía servir de fundamento para resolver el asunto materia de debate en el proceso, pues, como es sabido, tal principio se halla referido a las condiciones laborales concretas anteriormente reconocidas, que deben ser respetadas por el empleador en cuanto resulten más favorables para el trabajador que las que surjan de la nueva disposición; de suerte que, desde esa perspectiva, se refiere a situaciones o condiciones laborales individuales y por ello no puede ser utilizado para dilucidar un conflicto sobre un derecho pensional, como el discutido en el presente asunto.

Y si bien es cierto que el principio en comento gobierna la situación de un trabajador cuando se presenta un cambio de normatividad, esto es, cuando se está en presencia de una sucesión normativa, a mi juicio no tiene cabida en tratándose de una modificación de preceptos legales, pues para este fenómeno jurídico existen en nuestro medio regulaciones precisas que ofrecen una solución concreta, como el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo tanto, creo que la mención al referido principio no es afortunada pues, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional no acepta que el artículo 53 de la Constitución Política en su último inciso lo consagre en los términos planteados por la Sala y por tal razón en la sentencia C-168/95 de 20 de abril de 1995, señaló que esa norma se circunscribe a establecer la añeja doctrina de los derechos adquiridos y la prohibición de que la ley los desconozca.

Pienso, por lo tanto, que para llegar a la conclusión obtenida por la Sala bastaba remitirse a los demás argumentos. Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL SALVAMENTO DE VOTO Del Magistrado Eduardo López Villegas Radicación No. 25968 Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Parte demandada: I.S.S. Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, aceptando para el efecto que el requisito de cotizaciones sea el establecido en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, tomando por sustento el que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente vigentes. 1.