25134(24-10-06) — Corte Suprema

25134(24-10-06)Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2006

De qué trata

Tema: PENSIONES » INTERESES MORATORIOS » PROCEDENCIA EN PENSIÓN DE INVALIDEZ, DECRETO 758 DE 1990 » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Los intereses moratorios son viables cuando en aplicación del principio de la condición más beneficiosa se reconoce la pensión de invalidez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 -se adiciona la decisión de instancia proferida el 24 de octubre de 2006 en el sentido de condenar al ISS, al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 18 de junio de 2002, fecha en la que el actor presentó la reclamación pertinente, y a partir de la cual se constituyó en mora el demandado- Tesis: «Pues bien, para decidir sobre dicha pretensión, sólo basta traer a colación la sentencia proferida por la Corte el pasado 15 de agosto, radicación No. 27268 , en la que al resolver un asunto bajo el ropaje del principio constitucional de la condición más beneficiosa condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar una pensión de invalidez y le ordenó cancelar los intereses moratorios estatuidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; así se razonó: “Resulta probado que la demandante acreditó aportes al Instituto de Seguros Sociales, durante su vida laboral, por 523 semanas. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en sede de casación, se hace necesario revocar la decisión absolutoria del a quo, para, en su lugar, condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagar a la demandante MARÍA FLORALBA SALAZAR RUIZ, la pensión de invalidez, desde el 5 de septiembre de 1999, en un monto no inferior al salario mínimo legal mensual con los respectivos incrementos de ley. “Se aclara que el pago de la prestación se dispuso desde la fecha indicada, puesto que sólo el 5 de septiembre de 2002 se hizo la reclamación al ISS (folio 76), con lo cual la prescripción se interrumpió. “De otra parte, en la demanda inicial también se pidió la sanción por no pago de la pensión, invocando como fundamento de derecho el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, se observa que son procedentes los intereses moratorios allí previstos, toda vez que así lo tiene establecido la Sala. En efecto, en sentencia 23159 de 20 de octubre de 2004, se dijo: “Tanto el Juzgado como el Tribunal estimaron que la pensión de vejez reclamada por el demandante cumplía las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por medio del Decreto 758 de 1990, frente a lo cual afirma el recurrente que no proceden los intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por no proceder respecto de pensiones de regímenes diversos al de esta ley, como las correspondientes al referido acuerdo. “De ser cierto que la pensión del actor no es propia del régimen pensional de la Ley 100 de 1993, tendría razón la entidad recurrente en lo que argumenta en los dos cargos, porque es verdad que la Corte ha expresado, de un tiempo para acá, entre otros pronunciamientos en el que cita y transcribe en lo pertinente la del 28 de noviembre de 2002, radicación 18273, que los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sólo están previstos respecto de las pensiones gobernadas en su integridad por el Sistema de Seguridad Social en Pensiones consagradas en esa ley, dentro de las cuales no se hallan las surgidas del régimen de transición en pensiones. Por ello, si se afirma que la pensión del actor no es una de las que se encuentran totalmente reguladas por la citada ley, no tendría derecho a los intereses moratorios de su artículo 141. “Sin embargo, el anterior criterio jurisprudencial debe ser ahora precisado, atendiendo la particular regulación legal de pensiones de vejez como la otorgada al actor, porque, a pesar de tener ella origen en el régimen de transición pensional, que fue lo concluido por el Tribunal, es dable entender que fue conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 de la citada ley, que incorporó al régimen solidario de prima media con prestación definida las “disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones. “Lo anterior significa que una pensión de vejez del régimen de transición que jurídicamente encuentra sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido integrada al régimen de prima media con prestación definida, debe ser considerada como una pensión que origina “el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”, como lo señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es razonable concluir que corresponde a una pensión del citado régimen solidario de prima media con prestación definida, por las razones anotadas en precedencia. Y si ello es así, la falta de pago de las mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en la antedicha norma legal. “Luego, también en este aspecto, se revocará la decisión del a quo, para proceder a condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a favor de MARÍA FLORALBA SALAZAR RUIZ, al pago de los intereses moratorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 5 de septiembre de 1999, hasta la fecha del pago, a la tasa máxima vigente. “Pertinente resulta señalar que la demandada sólo se constituyó en mora, después de la reclamación que le formuló la actora, hecho que ocurrió, según ya se dijo, el 5 de septiembre de 2002. De allí que los intereses aludidos se impongan desde esa fecha”. Por lo anterior, se adicionará la decisión de instancia proferida el 24 de octubre de 2006 en el sentido de condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagarle a JULIO CESAR OSPINA OSORIO los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 18 de junio de 2002, fecha en la que el actor presentó la reclamación pertinente (folio 6 cuaderno 1), y a partir de la cual se constituyó en mora el demandado».

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 25 10 Instancia 25134 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DIAZ. Referencia No. 25134 Acta No. 76 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil seis (2006). DECISIÓN DE INSTANCIA Dentro del proceso ordinario laboral que JULIO CESAR OSPINA OSORIO le sigue al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, esta Sala de Casación, mediante sentencia del pasado 31 de enero, CASÓ la dictada por el Tribunal Superior de Medellín el 30 de julio de 2004.

Los razonamientos esgrimidos en el recurso extraordinario, que llevaron a la prosperidad de los cargos, y que además resultaban suficientes para las consideraciones de instancia, disponían, en suma, que al haber cotizado el demandante más de 300 semanas, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, cumplía con el supuesto fáctico establecido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, para acceder a la pensión de invalidez, bajo el amparo del principio de la condición más beneficiosa instituido en el artículo 53 de la Constitución Política.

Empero, para mejor proveer, en sede de instancia, se ordenó por Secretaría, librar oficio al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para que certificara lo referente a los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el demandante durante toda su vida laboral. II. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA. Como se dijo en sede de casación, no hay discrepancia en que el actor (i) estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, entidad para la cual cotizó un total de 768 semanas para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, de las cuales 495 de ellas se produjeron antes del primero de abril de 1994;

(ii) que fue declarado invalido, según dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con fecha de estructuración el 21 de mayo de 2002; y (iii) que el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de invalidez, por cuanto no acreditó haber cotizado 26 semanas en al año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.

De manera que, se reitera, si los hoy contendientes no controvierten, sino que por el contrario aceptan que el actor cotizó al Instituto de Seguros Sociales 768 semanas, que tienen plena validez y que 495 de ellas fueron cotizadas antes del primero de abril de 1994, semanas que, desde luego, superan la exigencia prevista en el Acuerdo 049 de 1990, en sana lógica no pueden ser desconocidas por la modificación introducida por la Ley 100 de 1993, porque por sabido se tiene que con la afiliación al riesgo de invalidez, se origine ya en riesgos profesionales o comunes, se cubre la contingencia por “la pérdida de la capacidad para procurarse mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, a su formación profesional, y a su ocupación, una remuneración”, acaecer que al igual que las otras eventualidades, de vejez y muerte, implican la afiliación y cotización a la seguridad social para tales riesgos, para que ante su ocurrencia no se llegue a ellos sin los recursos económicos suficientes para atender las necesidades de subsistencia en momentos en que se pierde esa capacidad para procurárselos directamente.

Siendo lo anterior así, procede la Sala a calcular el monto inicial de la mesada de la pensión de invalidez a la que tiene derecho el demandante, para lo cual se tendrá en consideración los salarios mensuales de base- hoy ingreso base de liquidación- certificados por el Instituto de Seguros Sociales(folios 91 a 95 del cuaderno 2), teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 5º en concordancia con el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que reza: “El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas”.

Asimismo, para obtener la cuantía se acudirá a lo instituido en el parágrafo 2º de dicho precepto, que dispone: “ La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla: NUMERO SEMANAS % INV. P.TOTAL % INV.P. ABSOLUTA % GRAN INV. VEJEZ 500 45 51 57 45 550 48 54 60 48 600 51 57 63 51 650 54 60 66 54 700 57 63 69 57 750 60 66 72 60 800 63 69 75 63 850 66 72 78 66 900 69 75 81 63 950 72 78 84 72 1.000 75 81 87 75 1.050 78 84 90 78 1.100 81 87 90 81 1.150 84 90 90 84 1.200 87 90 90 87 1.250 o más 90 90 90 90 Número de semanas: Número de semanas cotizadas. %,Inv.

P. Total: Porcentaje Invalidez Permanente Total. % Inv. P. Absoluta: Porcentaje Invalidez Permanente Absoluta. % Gran Inv.: Porcentaje Gran Invalidez”. Ahora, para determinar el porcentaje a aplicar sobre el salario de base (hoy I.B.L), se validarán todas las semanas cotizadas hasta la fecha de estructuración de la invalidez, 21 de mayo de 2002, esto es 768.

Hechas las anteriores precisiones, se tiene que el monto de la mesada pensional asciende a $309.000.00, equivalente al salario mínimo legal mensual que regía para el año 2002, tal como se desprende de la siguiente liquidación: En este orden de ideas, se condenará al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a NELSON DE JESÚS GRISALES LEON pensión de invalidez a partir del 21 de mayo de 2002, en un monto inicial de $309.000.00- dado que ninguna mesada pensional puede ser inferior al salario mínimo legal mensual- junto con las mesadas adiciones y los incrementos anuales de ley, autorizándole descontar los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en sede de instancia,

RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2004, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, que absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. - En su lugar, condena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar al demandante JULIO CESAR OSPINA OSORIO una pensión de invalidez, a partir del 21 de mayo de 2002, en una cuantía inicial de $309.000.00, la cual debe ser reajustada anualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad.

TERCERO. - Autorizar al Instituto demandado a descontar de las mesadas pensionales los aportes con destino al sistema general de salud. Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Cópiese, Notifíquese, Cúmplase, Publíquese y Devuélvase al Tribunal de Origen. ISAURA VARGAS DIAZ GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria República de Colombia � Corte Suprema de Justicia