CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RAD: 2 0 7 2

8. REVISIÓN ORLANDO GARCÍA MOLINA RAD: 2 0 7 2

8. REVISIÓN ORLANDO GARCÍA MOLINA Proceso No 20728 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL Magistrado Ponente: Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA Aprobado acta No. 104 Bogotá, D. C., diecisiete de septiembre del año dos mil tres. Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de revisión presentada por el sentenciado ORLANDO GARCÍA MOLINA.

La demanda. Actuando en nombre propio, con apoyo en las causales tercera, cuarta, quinta y sexta de revisión, y sin acompañar las copias de los fallos de primera y segunda instancia ni constancia de su ejecutoria, el sentenciado manifiesta no haber cometido el hecho por el que resultó condenado y cuestiona el mérito conferido por los juzgadores de instancia a la prueba recaudada.

Sostiene que en el curso de la actuación se transgredió el derecho de defensa, no se tuvo en cuenta la presunción de inocencia y no se allegó el testimonio de William de Jesús Euse Holguín que no agrega a la demanda. Anexa finalmente, un plano que en su criterio corresponde a la ubicación de la víctima, los testigos y el accionante. SE CONSIDERA: La jurisprudencia reiteradamente ha dejado sentado que la acción de revisión es el derecho de acudir ante los tribunales predeterminados por la ley -radicado en cabeza de los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro del trámite procesal-, que surge de la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 220 del Código de procedimiento penal con miras a destronar, del carácter de definitividad e inmutabilidad, la decisión ejecutoriada que puso fin a la actuación, sea que se trate de sentencia, cesación de procedimiento o preclusión de la instrucción. Para su ejercicio se requiere el adelantamiento de un procedimiento especial y posterior al fallo definitivo.

De conformidad con el artículo 221 del estatuto procesal, el sentenciado se encuentra facultado para promover la acción de revisión contra un fallo adverso a sus intereses. Esto no significa, sin embargo, que si carece de la calidad de abogado titulado legalmente autorizado para ejercer la profesión, se halle legitimado para presentar la demanda, pues de conformidad con el artículo 127 ejusdem “para los fines de su defensa el sindicado deberá contar con la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio”.

Obedece esta limitante, a que la acción de revisión corresponde a una actividad posterior a la culminación del proceso, que comprende la elaboración del libelo según precisos requisitos formales, la invocación de concretas causales legales, el correcto señalamiento de los fundamentos jurídicos y fácticos, la relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de la petición, y una adecuada sustentación compatible con la naturaleza de la causal que se invoca.

Todo ello es, evidentemente, materia de especiales conocimientos jurídicos, como igual se exige en casación (art. 209 del Código de procedimiento penal), El hecho de no haberse contemplado expresamente para la revisión el requisito de que la demanda deba ser presentada mediante apoderado, como sí lo estaba en el Decreto 2700 de 1991 (art. 233), no puede entenderse que dicha exigencia hubiere desaparecido del ordenamiento.

A estos efectos, el inciso último del artículo 127 del estatuto procesal establece que “En todo caso si el sindicado fuere abogado titulado y estuviere autorizado legalmente para ejercer la profesión, podrá de manera expresa aceptar y ejercer su propia defensa sin necesidad de apoderado”. Esto significa, entonces, contrario sensu, que en caso de no contar con dicha calidad, siempre deberá estar asistido por quien sí la tenga.

Por manera que si en el sentenciado concurre la calidad de profesional del derecho, bien puede actuar como demandante en revisión bajo la condición de que se identifique como tal. Dicha legitimidad no resulta acreditada en el evento contrario, dado que por su propia naturaleza, la presentación de la demanda está reservada a un abogado titulado como acto de postulación, precisamente por el carácter eminentemente técnico y rogado que el instrumento ostenta (cfr. auto revisión de dic. 6/01.

Rad. 18520). En el caso de autos, observa la Corte que el sentenciado ORLANDO GARCÍA MOLINA suscribe el libelo pero sin acreditar la condición de abogado titulado. Así resulta evidente la ausencia de legitimidad para presentar la demanda, lo que constituye motivo suficiente para disponer la inadmisión del libelo. Al margen de ello, ha de destacar la Sala, finalmente, que a consecuencia de esta carencia de legitimidad, resalta en la demanda la falta de técnica en la postulación de la propuesta.

Precisamente por estar alejada en grado sumo de los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 222 del estatuto procesal, contiene únicamente cuestionamientos generales a la validez del juicio y críticas a la apreciación probatoria realizada por los juzgadores, sin relación ninguna con las causales de revisión que invoca. Se observa en ella, por el contrario, consideraciones particulares sobre la forma en que los hechos tuvieron realización, y críticas generales a la validez del juicio y la actividad probatoria realizada en las instancias, lo cual la convierte en un escrito de elaboración libre, distante, por tanto, de los requisitos técnicos y lógicos que la normativa procesal exige.

No acompaña, tampoco, las copias de los fallos cuya rescisión pretende, ni las pruebas que pretende hacer valer en pro de sus pretensiones, por lo que la Corte no se halla en condiciones de conocer los fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoya la solicitud, ni las sentencias sobre las cuales habría de proyectarse la revisión que demanda.

Por las razones que preceden, la demanda de revisión será inadmitida (art. 223 de la ley 600 de 2000). En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, R E S U E L V E: INADMITIR la demanda de revisión presentada por el sentenciado ORLANDO GARCÍA MOLINA. Notifíquese y cúmplase. YESID RAMÍREZ BASTIDAS HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE JORGE A. GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O. PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE L. QUINTERO MILANÉS MAURO SOLARTE PORTILLA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria PAGE 6