CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Demandante: José Mario Mesa Velásquez Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: Fernando Vásquez Botero Radicación Nro. 20450 Acta Nro. 64 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil tres (2003) Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSE MARIO MESA VELÁSQUEZ contra la sentencia de 13 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por el recurrente contra las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ANTECEDENTES JOSE MARIO MESA VELÁSQUEZ demandó a las Empresas Públicas de Medellín ESP, para que, de manera principal, se le condene a reconocerle una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 100% del promedio de lo que devengó en el último año de servicios, y que por ello se concrete el valor a pagar por la pensión, a partir de la adquisición del derecho.

En subsidio solicita que se condene a la demandada “en las condiciones en que cada petición resultare debidamente probada, en conformidad con la ley correspondiente” Funda las súplicas anteriores en los hechos que, en lo cardinal, se sintetizan así: que laboró para las Empresas Públicas de Medellín, en calidad de trabajador oficial, durante el período comprendido entre el 14 de noviembre de 1949 y el 24 de septiembre de 1978; que para el 23 de diciembre de 1993, fecha en la que entró en vigencia el artículo 146 de la ley 100, llevaba más de 25 años de servicios en la empresa; que con anterioridad a la vigencia de dicha norma, el 18 de marzo de 1988, cumplió 60 años de edad, por lo tanto, a la luz del referido artículo, adquirió el derecho a pensionarse con los requisitos exigidos en los Acuerdos Municipales, entre ellos el 82 de 1959, modificado por el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo 20 de 1985; que adquirió el derecho a la pensión al completar más de 25 años de servicios a la demandada; que el 1º de enero de 1.967 la empresa demandada afilió a todos sus servidores activos al Instituto de los Seguros Sociales, aún aquellos que tenían la calidad de empleados oficiales, afiliación que mantuvo hasta el 30 de junio de 1.987, cuando se ordenó por la Junta Directiva la desafiliación masiva de los servidores activos de la entidad, para asumir en forma directa todos los riesgos, y a partir de ese momento ella misma otorgaría a sus servidores todas las prestaciones, tanto económicas como asistenciales; que como consecuencia de lo anterior, la demandada no volvió a cotizar al ISS suma alguna por ninguno de sus servidores; que una vez el I.S.S. le reconoció la pensión de vejez, la demandada procedió a subrogar la pensión de jubilación que le había reconocido, pagándole al demandante únicamente la diferencia entre una y otra; que la pensión solicitada debe ser actualizada desde su primera mesada, con el reconocimiento y pago de los máximos intereses moratorios, y percibirse en forma simultánea con la pensión de vejez del I.S.S.; que agotó la vía gubernativa (fls. 37 al 54).

La entidad convocada al proceso contestó la demanda con oposición a las pretensiones; en cuanto a los hechos, manifestó que debe acreditarlos el actor según la obligación procesal que imponen las normas pertinentes, al paso que propuso las excepciones de indebida integración del contradictorio, inaplicabilidad de los Acuerdos Municipales invocados, cosa juzgada y pago, y subsidiariamente, las de prescripción trienal y subrogación. El basamento de la defensa se hace consistir en lo siguiente: que las EE.

PP. de Medellín le reconocieron al demandante la pensión de jubilación, a partir del 25 de septiembre de 1978, mediante Resolución No 122 del 31 de octubre de 1978; que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral - ha reiterado en varias sentencias su posición en el sentido de que son inaplicables las normas de los Acuerdos Municipales a las relaciones jurídicas entre las Empresas Públicas de Medellín y sus servidores (transcribe la parte pertinente de la sentencia 11157 de 20 de octubre de 1998); que es cierto que el demandante fue afiliado al Seguro Social para el riesgo de vejez y que esta entidad le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución No 05536 del 18 de octubre de 1988, a partir del 18 de marzo del mismo año, verificándose así la subrogación de la obligación pensional que asumió Empresas Públicas de Medellín, en cuanto a la diferencia entre las dos pensiones (folios 61 al 64).

El conflicto jurídico lo dirimió en primera instancia el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia calendada el 19 de junio de 2001, en la que absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas por el accionante Mesa Velásquez (fls. 261 al 272). Impugnada dicha providencia por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín la confirmó pero por razones diferentes.

En efecto, señaló, que el a quo en las consideración del fallo nada dijo sobre la calidad de trabajador oficial del demandante y solo se refirió al agotamiento de la vía gubernativa; que en este punto la Sala encuentra que el actor no tenía tal calidad, pues su último cargo como Supervisor de Cuentas – fl. 6 –, nada tenía que ver con la construcción o sostenimiento de obras públicas, al tenor de lo dispuesto por el art. 5º del decreto 3135 de 1968 que fija las pautas para hacer tal determinación; que el accionante tenía la obligación de probar su vinculación a la demandada por contrato de trabajo, como lo señaló la opositora al responder la demanda (fls. 314 al 320).

EL RECURSO DE CASACIÓN Lo propuso la parte demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por esta Corporación, por lo que se procede a resolverlo, previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica. El recurrente le imprimió el siguiente alcance a la impugnación: “Por medio del recurso de casación interpuse, EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Laboral, sentencia que, como se dijo anteriormente, tiene fecha de TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS (2002), me propongo obtener que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, CASE TOTALMENTE la sentencia objeto del recurso para que, al proferir la que ha de sustituir la anulada, y PREVIA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, profiera una decisión en la cual SE ACOJAN LAS SUPLICAS DE LA DEMANDA, condenando a la Entidad demandada en las costas del proceso.” Con apoyo en la causal primera de casación, el impugnante presenta tres cargos, los cuales se considerarán en la forma como fueron propuestos.

PRIMER CARGO “Con fundamento en la causal primera de casación contemplada por el artículo 86 del C. de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 60 del decreto 528 de 1.964, acuso la sentencia de ser violatoria, EN FORMA INDIRECTA, de la Ley Sustancial por haber incurrido en la sentencia objeto del recurso en ERRORES DE HECHO que aparecen de un modo manifiesto en los autos, errores de hecho éstos que trascendieron a la decisión adoptada, errores de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar erróneamente la demanda y la réplica que a ésta le diera la entidad demandada, y al dejar de apreciar las pruebas que, en concreto, indicaré en el desarrollo del cargo o bien por apreciar erróneamente las otras que, igualmente, precisaré en concreto en el mismo.

Como consecuencia de estos errores de hecho la sentencia es violatoria por APLICACIÓN INDEBIDA, de los artículos: 1° DE LA LEY SEXTA DE 1945, 5° del Decreto 3135 de 1968, 3° del Decreto 1848 de 1969, 131-6, 132-6 del Código Contencioso Administrativo y 132-2 y 134 B-1 de la Ley 446 de 1998, y del artículo 306 del C. De Procedimiento Civil, aplicable a los procesos del trabajo por remisión expresa que a él hace el art. 145 del Código de procedimiento Laboral al regular con tales normas la situación fáctica sometida a su decisión, siendo totalmente ajenas a ella, VIOLACIÓN MEDIO ÉSTA que condujo al Tribunal a la violación por INFRACCIÓN DIRECTA, de las normas de derecho sustancial contenido en el artículo 146 de la ley 100 de 1993, del artículo 1° de la ley 71 de 1988, del 4° del Decreto reglamentario 1160 de 1989, y de los artículos 11, 14, 36, 141, 143 y 150 de la ley 100 de 1993, del artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 de 1966, de los artículos 53 y 228 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 4o del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales por mandato expreso del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, AL DEJAR DE DARLES APLICACIÓN al caso sometido a su estudio, siendo regulados por tales normas…” (fls. 19 y 20).

Anota el recurrente que esas violaciones tuvieron origen en los siguientes errores de hecho en que incurrió el Tribunal: “PRIMER ERROR DE HECHO: Dar por demostrado en el proceso que, en éste, las partes en contienda tuvieron, COMO OBJETO DE SU CONTROVERSIA, la cuestión relativa a la forma de vinculación del demandante a la entidad empleadora demandada, para el momento en que el actor se retiró definitivamente del servicio oficial para la entidad demandada.

“SEGUNDO ERROR DE HECHO: No dar por establecido en el proceso QUE LA AFIRMACIÓN QUE HICIERA EL DEMANDANTE EN LA DEMANDA, mediante la cual se dio iniciación al proceso, en el sentido de QUE SU VINCULACIÓN A LA ENTIDAD EMPLEADORA DEMANDADA SIEMPRE ESTUVO REGIDA POR UN CONTRATO DE TRABAJO, circunstancia ésta en virtud de la cual el actor siempre, por todo el tiempo que duró su vinculación laboral para la entidad demandada, tuvo la calidad de TRABAJADOR OFICIAL, ES PRUEBA SUFICIENTE para concluir que la jurisdicción laboral ES COMPETENTE DIRIMIR EL LITIGIO, puesto a la decisión del Tribunal en el proceso de la referencia, máxime cuanto la entidad demandada NO CUESTIONÓ JAMÁS LA EXACTITUD DE TAL AFIRMACIÓN, NI TAMPOCO TRATÓ JAMÁS DE APORTAR AL PROCESO LA DEMOSTRACIÓN DE QUE TAL AFIRMACIÓN NO FUERA EXACTA, Y SIN QUE JAMÁS PROPUSIERA, SIQUIERA, LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN LABORAL para dirimir el conflicto suscitado entre las partes en contienda ACEPTANDO IMPLÍCITAMENTE QUE LO ES.” Refiere además, que esos errores manifiestos de hecho, a su turno, fueron consecuencia de una equivocada apreciación por parte del ad quem, de la demanda que obra a folios 39 y ss y del escrito de réplica (folios 61 al 64).

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Para fundamentar la acusación, refiere en censor: que el juzgador violó la disposición del artículo 305 del C. de P. C. por cuanto la sentencia no es consonante con los hechos y pretensiones de la demanda; que el objeto de los procedimientos es la efectividad del derecho sustancial; que la demandada jamás cuestionó ni propuso como excepción la incompetencia de jurisdicción ni el contrato de trabajo que determinaba la calidad de trabajador oficial del demandante; que al Tribunal no se le propuso como materia de discusión entre las partes la forma de vinculación laboral, por lo que no ha debido ocuparse en dirimir tal aspecto, como quiera que le estaba vedado hacerlo; que como consecuencia de los errores cometidos, el ad quem profirió una sentencia meramente formal, y con ello infringió directamente la normatividad al dejar de aplicarla al caso concreto.

LA RÉPLICA En contra del cargo planteado el opositor expone lo siguiente: que el actor no probó ante el juez del conocimiento la calidad de trabajador oficial de las Empresas Públicas de Medellín, declarando entonces la excepción de incompetencia de jurisdicción; que las relaciones jurídicas de trabajo entre la empleadora y el demandante, desde su vinculación hasta la expedición del Acuerdo 069 del 24 de diciembre de 1997 que transformó a la demandada en Empresa Industrial y Comercial del Estado, no estuvieron reguladas por ningún contrato de trabajo, dado que los empleados públicos están excluidos de tal reglamentación; que al ostentar el accionante la calidad de empleado público necesariamente el tribunal estaba en el deber de declarar probada, como lo hizo, la excepción de incompetencia de jurisdicción (fls. 46 y 47).

SE CONSIDERA La acusación se centra en controvertir la conclusión del Tribunal en el sentido que el demandante no demostró en el proceso su condición de trabajador oficial, afirmada en la demanda ordinaria, por lo que carece de competencia para dirimir el conflicto jurídico planteado entre las partes. En tal dirección, aduce el censor, que el tema de la forma de vinculación del accionante a la empleadora no fue objeto de controversia entre las partes, y que la afirmación que hiciera éste en el libelo introductorio en el sentido que su vinculación laboral siempre estuvo regida por un contrato de trabajo, es prueba suficiente para concluir que la jurisdicción ordinaria laboral es competente para dirimir el litigio, máxime cuando la entidad llamada al juicio ni siquiera propuso la excepción de “ INCOMPETENCIA DE JURISDICCION” (…)” (f. 24 cdno de cas.), y fue ella misma quien aportó copia auténtica del contrato laboral.

Sin embargo, el ataque no está llamado a prosperar, por las siguientes razones: 1. A folios 319 y 320 del expediente, en la sentencia que desató el conflicto en segunda instancia, dijo el ad quem: “Observa la Sala que el A quo, en las consideraciones del fallo – folios 266 – nada dijo sobre la calidad de trabajador oficial del demandante, y sólo se refirió al agotamiento de la vía gubernativa.

“ Estudiando la Sala este punto, encuentra que el actor no tenía la calidad de trabajador oficial, pues su último cargo, como Supervisor de Cuentas –folios 6 -, nada tenía que ver con la construcción o sostenimiento de obras públicas, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º del decreto 3135 de 1968, el cual fija las pautas para hacer tal determinación. “ Y el demandante, estaba obligado a probar dicha condición, ya que la opositora, al responder el libelo, - folio 61 – manifestó que debía probar los hechos, y entre ellos, está el primero que se refiere a la calidad de trabajador oficial”.

Trae a colación la Sala el anterior aparte de la sentencia gravada, porque de él emerge que el juzgador colectivo no incurrió en el primer desacierto fáctico, que con visos de ostensible y manifiesto se le imputa, pues visto el primer hecho del introductorio (fl. 39), en relación con la contestación que respecto al mismo entregó la entidad llamada al proceso (fl. 61), se colige que por parte alguna ésta aceptó que el actor tuviera la calidad jurídica de trabajador oficial, de donde deviene razonable que el ad quem hubiera entrado inicialmente a examinar en su proveído el tema de la forma de vinculación laboral entre las partes, en camino de determinar si la jurisdicción ordinaria laboral era la competente para dirimir el conflicto surgido entre ellas.

De ahí que no es atendible la tesis de la acusación, en el sentido que el fallo gravado desbordó los límites que le impone a los juzgadores el artículo 305 del código de procedimiento civil, aplicable al contencioso laboral por la integración procesal que permite el artículo 145 del código de procedimiento laboral y de la seguridad social, dado que al no poderse inferir de la contestación de la demanda, como se constata, que la entidad pública demandada aceptó inequívocamente la afirmación del actor de que su forma de vinculación laboral era la contractual, propia de los trabajadores oficiales, es incuestionablemente congruente, en desarrollo además del artículo 177 del código de procedimiento laboral, que el Tribunal examinara en su proveído si el accionante cumplió con la carga de demostrar lo que expresó en el gestor, esto es, que su vinculación a la función pública en el ente descentralizado demandado estuvo regida por un contrato laboral. 2.

Aunque es cierto que inveteradamente la jurisprudencia ha dejado sentado que la sola afirmación del demandante en el introductorio, de que su vinculación laboral con el empleador de derecho público estuvo gobernada por un contrato de trabajo, es suficiente para que el juez laboral adquiera competencia para dirimir el conflicto, ello no va más allá de tener tal estricta consecuencia de índole adjetivo, pero no apareja que indefectiblemente el litigio deba resolverse con la premisa de que existió el contrato laboral, pues la decisión de mérito precisamente tiene que estar presidida por la determinación de si efectivamente entre las partes del juicio existió tal tipo de vinculación laboral.

Por tanto, el cargo no prospera. SEGUNDO CARGO Lo plantea así la censura: (…) “Acuso la sentencia que aquí hago objeto del recurso de casación de ser directamente violatoria de la ley sustancial, en forma directa, INFRACCIÓN DIRECTA de los artículos 32 de ley 142 de 1.994, 84, 85 y 93 de la ley 489 de 1.998, y de los artículos 132 literales 2º y 6º del Código Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1.988, y 132-2 y 134 B-1 de la Ley 446 de 1998, al dejar de regular la situación fáctica de autos mediante sus disposiciones para en cambio infringir directamente, POR APLICACIÓN INDEBIDA, de los artículos 5º del Decreto 3135 de 1.968, 3º del Decreto 1848 de 1.969, al regular con tales normas la situación fáctica sometida a su decisión, siendo normas totalmente ajenas a ella, VIOLACIÓN ESTA que condujo al Tribunal a la violación por INFRACCIÓN DIRECTA de las normas de derecho sustancial contenido en el artículo 146 de la ley 100 de 1993, en el artículo 1º de la ley 71 de 1988, en los artículos 11, 14, 141 y 143 de la Ley 100 de 1993, en los artículos 1 y 16 del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 0758 de 1.990, del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, de los artículos 53 y 228 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 4° del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales por mandato expreso del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, AL DEJAR DE DARLES APLICACIÓN al caso sometido a su estudio siendo regulados por tales normas, y por haber violado directamente, como así paso a demostrarlo” (fls.25 y 26).

DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Para demostrar el cargo, señala, en síntesis: que de conformidad con la legislación pertinente la entidad demandada estaba regida por el derecho privado, y en consecuencia las controversias que surjan entre ella y sus servidores no pueden ser de conocimiento de la justicia contencioso administrativa, pues sus actos no son administrativos (fls. 26 al 32).

LA RÉPLICA Refiere el replicante frente al cargo a estudio: que la Ley 11 de 1.986 defirió exclusivamente en el legislador nacional la potestad de establecer el régimen prestacional de los servidores de las entidades territoriales y reitera que los acuerdos municipales no le son aplicables automáticamente a los trabajadores de las Empresas Públicas de Medellín; que una ley nueva no puede revivir situaciones jurídicas definidas, consumadas o consolidadas con anterioridad a su vigencia; que el principio de favorabilidad legal en beneficio del trabajador, preconizado en el art. 53 de la Constitución Política presupone la vigencia simultánea de dos estatutos legales para que el sentenciador pueda juzgar cual de ellos le es más favorable, lo que no ocurre en este caso; que los imaginarios desatinos fácticos que el cargo le atribuye a la sentencia recurrida, parten del supuesto equivocado de que la ley 100 de 1993 es aplicable en el sub examine, lo que ya quedó desvirtuado con las razones que expuso con relación al cargo precedente (folios 47 y ss).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE El recurrente pretende demostrar en este cargo, que la entidad demandada estaba regulada por el derecho privado y, consecuentemente, que sus actos no son administrativos, por lo que, a su juicio, compete a la jurisdicción ordinaria laboral dirimir la controversia. Pues, bien, además de todo lo dicho en las consideraciones del cargo anterior, especialmente en cuanto a la competencia, que son plenamente aplicables al presente, y a ellas se remite la Sala, basta anotar que si fuera cierto que la entidad demandada, en atención a los servicios que prestaba, estaba sujeta al derecho privado, mal puede afirmarse que a sus trabajadores se le aplicaban los Acuerdos expedidos por el Concejo de Medellín; ello por la potísima razón de ser una regulación del sector oficial, es decir, perteneciente al derecho público, cuyos destinatarios son los servidores del Municipio de Medellín y no los de las Empresas Públicas de Medellín que es un ente completamente distinto del anterior, como en forma uniforme y reiterada lo ha venido sosteniendo esta Sala.

En consecuencia el cargo no prospera. TERCER CARGO Se acusa la sentencia de ser violatoria, “INDIRECTAMENTE” de los artículos 32 de la Ley 142 de 1.994, 84, 85 y 93 de la Ley 489 de 1.998, 131 y 132, numerales 2º y 6º del Decreto 01 de 1.984, modificado por el Decreto 597 de 1.988, por infracción directa al no haber regulado la situación fáctica de autos mediante sus disposiciones, siendo la normatividad mediante la cual ha debido ser regulada, Infracción medio que indujo al tribunal a incurrir en violación por infracción directa de las normas del derecho sustancial contenido en el artículo 146 de la ley 100 de 1993, 1, 2, 3 y 4 del Decreto Ley 2767 de 1945, en concordancia con el artículo 17 de la ley 6ª de 1945; 1° de la Ley 71 de 1988, 11, 14, 36, 141, 142, 143, y 150 de la Ley 100 de 1993, 1º y 16 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990; 45 del Decreto Reglamentario 1748 de 1995; 5° del Decreto Reglamentario 813 de 1994; 53 y 228 de la Constitución Política y 4° del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales por mandato del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo (fls 32 y 33).

Le endilga al tribunal los siguientes errores de hecho: “PRIMER ERROR DE HECHO: No dar por plenamente demostrado en el proceso, que la Entidad demandada era NO SOLO una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios SINO, igualmente, una empresa industrial y comercial del Estado, para el momento en que despachó desfavorablemente, las peticiones que le habían sido formuladas por el demandante.

SEGUNDO ERROR DE HECHO: No dar por establecido en el proceso QUE POR SER LA ENTIDAD DEMANDADA, para AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1.999, momentos éstos en los cuales despachó en forma desfavorable, las peticiones que el demandante le formuló en AGOSTO 23 DE 1.999, no SOLO una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios SINO, de la misma manera, UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL, SUS ACTOS ESTABAN REGULADOS POR EL DERECHO PRIVADO.” Como pruebas mal apreciadas por el ad quem, señaló los documentos auténticos visibles a folios 225 y 226 (certificación expedida por la entidad demandada); la réplica a la demanda (fls.61 al 64) y la copia auténtica de la resolución 122 de octubre 31 de 1978 (fls. 228 al 231). documentos de los cuales el tribunal dedujo la calidad de establecimiento público del orden municipal de la demandada en el período durante el cual el demandante le prestó sus servicios personales.

Como pruebas dejadas de apreciar señala: los documentos auténticos de folio 18 (petición del demandante); resolución 100075 de septiembre 14 de 1.999 (fl. 23); escrito que contiene el recurso de alzada contra la resolución prementada (fl. 26); Resolución 102756 de octubre 25 de 1999 (fl. 29). DEMOSTRACIÓN DEL CARGO Argumenta el censor, en resumen: que la entidad demandada era una empresa prestadora de servicios públicos descentralizados, cuya naturaleza jurídica era la de empresa industrial y comercial del Estado de orden municipal, y por ello el régimen legal de sus actos estaba regulado por el derecho privado, y la competencia en caso de litigio estaba radicada en la jurisdicción laboral (fls. 35 al 40).

LA RÉPLICA Sostiene el opositor que este cargo intenta conseguir que el demandante disfrute simultáneamente de la pensión de vejez que le reconoció el ISS y de una pensión de jubilación a cargo de las EE. PP. De Medellín; que desde la expedición de la ley 6ª de 1945 que organizó y modernizó nuestro derecho laboral, su art. 12 sentó el principio universal de que el régimen de prestaciones a cargo de patronos y empresarios solo tendría vigencia hasta que el sistema de la seguridad social fuera asumiendo los distintos riesgos laborales; que a medida que el ISS y la Caja Nacional de Previsión Social lo hicieron, las entidades públicas fueron quedando paulatinamente subrogadas por las entidades oficiales de previsión social; que la ley 90 de 1946 estableció el seguro social obligatorio y encargó de su administración al ISS para que fuera asumiendo paulatinamente la atención de los riesgos laborales de los trabajadores, dentro de ellos “ de los trabajadores que prestan sus servicios a la Nación, los departamentos y municipios en la construcción y conservación de las obras públicas y todos los trabajadores de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta de carácter nacional, departamental o municipal, que para los efectos del seguro social obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares”, tal como lo prevé el art. 2º, ordinal b) del decreto ley 433 de 1971; que en ese orden de ideas queda claro que es legalmente procedente afiliar al ISS a los trabajadores de las EE.PP. de Medellín y que por ello, también es incuestionable que el ISS subrogó a las EE.PP. de Medellín en la atención del riesgo de vejez del demandante Arango García, por lo que resulta palmaria la falta de derecho del actor para reclamarle a la demandada simultáneamente pensión de jubilación, habiendo quedado libre de atender la pensión de vejez, al serle reconocida ésta por el ISS (fls. 51 al 53).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Este cargo contiene un defecto de técnica insalvable, pues a pesar de que inicialmente se acusa la sentencia de haber violado indirectamente la ley, se agrega que lo hace en la modalidad de infracción directa, y luego se le califica de infracción medio, para concluir que todo lo anterior indujo al tribunal a incurrir en infracción directa, al dejar de darles aplicación, atribuyéndole al juzgador de segundo grado, errores de carácter fáctico derivados de la equivocada estimación de varios medios de convicción, y la falta de apreciación de otros, cuando sabido es que en un cargo por esta vía, se parte de la plena conformidad del recurrente con los hechos que se dan por demostrados en el fallo.

Por lo dicho, el cargo se desestima. Como el recurso se pierde y fue replicado, las costas del mismo se le impondrán a la parte recurrente. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 13 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por JOSE MARIO MESA VELÁSQUEZ a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Costas en casación a cargo del recurrente.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS GONZALO TORO CORREA GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ LAURA MARGARITA MANOTAS GONZÁLEZ Secretaria 31