PAGE 32 Expediente 19729 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DIAZ Radicación No. 19729 Acta No. 34 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil tres (2003). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSE PABLO QUINTERO MONTOYA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 21 de junio de 2002, en el proceso que le sigue la recurrente a las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN.

I.

ANTECEDENTES JOSE PABLO QUINTERO MONTOYA demandó a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN -E.S.P.-, para que fuera condenada a reconocerle la pensión de jubilación a partir del 23 de diciembre de 1993, en cuantía “equivalente al ciento (100%) por ciento de la suma promedia percibida (…), en el año de servicio inmediatamente anterior a la adquisición del derecho” (folio 7), liquidada en concreto “ a partir de su desvinculación definitiva del servicio oficial” (ibídem), y “en las condiciones particulares precisadas en el hecho décimo de la presente demanda” (ibídem), es decir, con las mesadas atrasadas, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aportes en salud y “en forma simultánea con la pensión de vejez” (folio 56); en subsidio, en las condiciones en que cada petición resultare debidamente probada, en conformidad con la ley correspondiente” (ibídem).

Adicionalmente, se declare que “la compensación ordenada y llevada a efecto por las EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN entre la pensión de jubilación que ellas habían reconocido (…) y la pensión de vejez que a favor del mismo demandante reconoció el Instituto de Seguros Sociales (…), fue una compensación totalmente contraria a la ley y a los reglamentos del régimen de seguros sociales obligatorios” (folio 56 a 57) y, como consecuencia, fuera condenada a pagarle lo que “ella recibió del Instituto de Seguros Sociales” (folio 57), lo que dejó de pagarle “como consecuencia de la ilegal subrogación del riesgo que la demandada declaró” (ibídem), y las sumas de dinero que pagó a la demandada “como saldo a su cargo por el contrato de mutuo suscrito” (ibídem), junto con “los intereses moratorios máximos” (ibídem),.

Fundó sus pretensiones, en suma, en que laboró como trabajador oficial al servicio de las Empresas Públicas de Medellín del 7 de abril de 1964 al 20 de julio de 1964 y desde 20 de agosto de 1964 hasta el 25 de diciembre de 1989, esto es, “ya había servido más de veinticinco años continuos para tales Empresas para diciembre 23 de 1993” (ibídem), y en que por haber cumplido 60 años de edad el 20 de mayo de 1990, por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la pensión especial de jubilación consagrada en el artículo 6º del Acuerdo 82 de 1959, expedido por el Concejo de Medellín, que consagró el derecho a la pensión de jubilación por servirle a la demandada por veinticinco o más años y haber cumplido sesenta años de edad, modificado por el acuerdo 20 de 1985, “para establecer que quienes hubieren laborado al servicio de tales entidades por los mismos veinticinco o mas años tienen derecho a pensionarse “cualquiera sea su edad” (folio 4).

Está dicho en el escrito de la demanda que adquirió el derecho pensional y, por lo mismo, el status de pensionado, en la fecha en que completó 25 años de servicios, y por haberse retirado antes de diciembre 23 de 1993, “la primera mesada pensional debe ser actualizada por el índice de precios al consumidor vigente para el momento de la adquisición del derecho pensional, para así liberarla de la pérdida de su valor por la inflación” (folio 4).

Así también, que no obstante haberle reconocido la pensión legal de jubilación contemplada en la Ley 6ª de 1945 en cuantía del 75% de lo devengado en el último año de servicio, cuando el I.S.S le otorgó la pensión por vejez la demandada se declaró parcialmente subrogada por aquella entidad pagándole únicamente desde ese entonces la diferencia entre una y otra pensión, y que antes de que le reconociera la pensión por vejez la demandada le obligó a firmar un contrato de mutuo por el cual ella se comprometió a entregarle mensualmente una suma de dinero igual a la que le debía por pensión de jubilación, suma que debió autorizar al I.S.S., devolverle de sus mesadas pensionales.

Al contestar la demandada, aun cuando aceptó que el demandante le prestó sus servicios por el tiempo que indicó, se opuso a las pretensiones alegando que no alcanzó a consolidar ningún derecho con amparo en los acuerdos municipales que en la demanda invocó por haber perdido su vigencia con la Ley 11 de 1986 y que por haberlo afiliado al I.S.S., cuando esta institución le reconoció la pensión por vejez a partir del 20 de mayo de 1990, se subrogó en el riesgo, debiendo asumir apenas la diferencia pensional.

Propuso las excepciones de ‘falta de integración del contradictorio’, ‘inaplicabilidad de los acuerdos municipales invocados’, ‘pago’, ‘subrogación de las obligaciones derivadas del riesgo de vejez’ y, en subsidio, ‘ prescripción trienal’ (folio 42). El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, por sentencia de 23 de enero de 2002, negó a JOSÉ PABLO QUINTERO MONTOYA las pretensiones de su demanda y le impuso el pago de las costas; decisión que consultada fue confirmada por el Tribunal mediante la sentencia acusada en casación. II.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL En lo que al recurso interesa es suficiente decir que para confirmar la absolución el Tribunal asentó que el derecho reclamado en la demanda, para cuando entró en vigencia la Ley 11 de 1986, “la cual excluyó la aplicación de las disposiciones municipales y departamentales en materia de reconocimiento de pensiones extralegales como la que se pretende” (folio 104), no se había “cristalizado” (ibídem), lo cual quedó “reafirmado (…) por la Constitución Política de 1991, por cuanto tales acuerdos, ordenanzas o decretos, se expidieron sin competencias, creando unas situaciones de hecho” (ibídem).

Para el juez de segundo grado, como el demandante cumplió los 60 años de edad el 20 de mayo de 1990, para cuando entró a regir la Ley 11 de 1986, 15 de enero de 1986, no había cumplido la edad en ellos contemplada y si bien el Acuerdo 20 de 1985 previó que la pensión se otorgaba a cualquier edad, al cumplir los 25 años de servicio, 20 de agosto de 1989, ya habían dejado de tener vigencia. Por ello, aseveró que para el actor la pensión no fue más que “una mera expectativa” (folio 105) que se desvaneció y que no era dable reconstruir invocando el artículo 146 de la ley 100 de 1993 dado que ella “protegió solo situaciones jurídicas individuales definidas (…), y como se indicó, la situación del querellante no estaba cristalizada” (ibídem).

Para apoyar su aserto sobre los alcances del artículo 146 transcribió los apartes que consideró pertinentes de la sentencia C-350 de la Corte Constitucional de 29 de julio de 1997. Adicionalmente afirmó el juez de la alzada que, conforme a lo dicho por la jurisprudencia de la Corte y lo sostenido por esa misma Corporación en otras oportunidades, “tales acuerdos no son aplicables a los servidores de las Empresas Públicas de Medellín por ser un ente descentralizado, autónomo e independiente del municipio de Medellín” (ibídem).

Al efecto copió algunas de las consideraciones contenidas en la Sentencia de esta Sala de Casación de 5 de abril de 2000 (Radicación 13.216). Igualmente, aseguró el Tribunal que el actor no podía ser acreedor, de manera simultánea, como lo pretendía, a la pensión que le reconoció la demandada con la que le otorgó el Instituto de Seguros Sociales, “por no permitirlo la ley, ni en su momento el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, dado que ambas amparan un mismo riesgo, el de vejez, esto significa que no son acumulables y menos compatibles” (folio 106).

Según el juez de la alzada, la subrogación del riesgo por parte del Instituto de Seguros Sociales se debía producir “en virtud de los aportes efectuados, sin que sea relevante que la empleadora hubiera dejado de cotizar después del 30 de junio de 1987, fecha de la desafiliación masiva del ISS, pues las cotizaciones realizadas desde el 1º de 1967, hasta dicha fecha fueron suficientes para acceder a la prestación” (folio 107), tal y como lo permitían los artículos “5º y 8º de los Acuerdos 029 de 1985 y 049 de 1990” (ibídem).

III. EL RECURSO DE CASACION Inconforme el demandante, interpuso el recurso de casación (folios 7 a 112 cuaderno 2), que fue replicado (folios 118 a 123 cuaderno 2), en el que le pide a la Corte que case la sentencia impugnada para que, “previa revocatoria de la sentencia de primera instancia, profiera una decisión en la cual se acojan las súplicas de la demanda” (folios 9 a 10 cuaderno 2).

Para ello le formula cinco cargos que la Corte estudiará conjuntamente, con lo replicado, tal y como lo permite el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, atendiendo la similitud de su objeto y de los preceptos que en cada uno acusa como violados, y los defectos técnicos de que adolecen en conjunto y cada cargo en particular.

PRIMER CARGO Acusa la sentencia de infringir directamente los artículos 53, 115, 123, 228, 311, 312 y 313 de la Constitución Política; 1° y 9° de la Ley 71 de 1988; 11, 14, 141, 142, 143, 146 y 150 de la Ley 100 de 1993; 38, 39 41, 68, 85, 87, 93-4º y 104 de la Ley 489 de 1998; 91 y 190 de la Ley 136 de 1994; 4° del Decreto 1160 de 1989 y 4º, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil;

“así como es violatoria, por aplicación indebida” (folio 10 cuaderno 2), de los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Ley 11 de 1986; 637 y 641 del Código Civil y 98 del Código de Comercio. Para su demostración afirma, en lo pertinente de su embrollado alegato, que el Tribunal simplemente fundó su fallo en que no había completado los requisitos establecidos por los acuerdos municipales que indicó en su demanda para cuando entró a regir la Ley 11 de 1986 y no se aplican a los trabajadores de la demandada, sin tener en cuenta que “laboró para la entidad empleadora demandada más de veinticinco (25) años, ( ), que llegó a la edad de cincuenta y cinco (55) años en agosto 19 de 1994 (…) en tales condiciones, estos dos requisitos los completó antes de diciembre 23 de 1993 o bien dentro de los dos años siguientes a su vigencia” (folios 11 a 12 cuaderno 2).

Aduce que en virtud de la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2767 de 1945 los gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos municipales podían establecer el régimen prestacional y pensional de los servidores públicos del orden territorial, habiéndose contemplado expresamente en el artículo 9º del segundo que esas prestaciones prevalecerían “sobre las normas de origen legal” (folio 16 cuaderno 2).

Sostiene que la Ley 11 de 1986 no es aplicable al caso de autos y que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 vino a modificar parcialmente el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales y de sus organismos descentralizados, pues en su inciso primero legalizó las situaciones jurídicas “que a partir de la Ley 11 de 1986 se habían consolidado toda vez que las consolidadas con anterioridad a ésta ya habían quedado vigentes, por mandato expreso de la ley” (folio 38 cuaderno 2); en tanto que, en su inciso segundo, “estableció un derecho nuevo” (ibídem), para quienes hubieren cumplido o cumplieren los requisitos con anterioridad a la vigencia de la ley, lo cual ocurrió en diciembre 23 de 1993.

Alude a varias sentencias del Consejo de Estado y de esta Corporación para afianzar su alegación de serle aplicables a los trabajadores de la demandada las disposiciones municipales que consagran el derecho que pretende, pues, en su decir, esa administración municipal, como todas, está integrada no sólo por los organismos gubernamentales que le pertenecen directamente, sino “también la integran todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas, o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano” (folios 48 y 65 cuaderno 2), por lo que el Municipio de Medellín y las Empresas Públicas de Medellín “integran, conjuntamente no en forma separada, la administración pública municipal” (ibídem).

La opositora confuta el cargo alegando que los acuerdos municipales en que se apoya la demanda fueron derogados por la Ley 11 de 1986, no le son aplicables a sus trabajadores, como tampoco fueron revividos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993. SEGUNDO CARGO Acusa la sentencia por infracción directa de los artículos 1º y 16 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 8º del Decreto 433 de 1971, y por la aplicación indebida de los artículos 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de esa anualidad.

La demostración del ataque se reduce a su aseveración de que como el Tribunal calificó la pensión que le reconoció la demandada como ‘voluntaria’, cuando quiera que le fue otorgada por virtud de la Ley 6ª de 1945, aplicó indebidamente las normas que cita dado que ellas se refieren a pensiones extralegales e infringió las restantes, no obstante contemplar la posibilidad de acumular las dichas prestaciones.

Sostiene el recurrente que cuando se cumplen a cabalidad los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, vale decir, cuando se cubren por la empleadora las cotizaciones que ellos imponen, no hay lugar a la adquisición de un doble derecho pensional por el extrabajador sino a la subrogación del riesgo en beneficio de la ex empleadora; pero en este caso, tal y como lo afirmó en la demanda, se acreditó en el proceso, y lo dio por probado el Tribunal, “la entidad demandada no cumplió con las obligaciones que le imponen los reglamentos --del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-- como supuestos de hecho requeridos para que el efecto jurídico pretendido se produzca” (folio 75 cuaderno 2).

La réplica, por su parte, alega para este cargo como para los restantes del recurso extraordinario que la subrogación del riesgo es absolutamente procedente por haber reunido el actor las cotizaciones suficientes para que se produjera por lo que a ella le corresponde únicamente cubrir la diferencia pensional. TERCER CARGO Acusa por aplicación indebida los mismos preceptos que indica en el anterior cargo, con la diferencia de que a dichos dislates agrega la interpretación errónea de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo.

Su demostración se contrae a la afirmación de que el Tribunal incurrió en el dislate jurídico que le atribuye “dando por establecido, como único requisito para que el régimen subrogue a los patronos en los riesgos que vaya asumiendo, el pago de las cotizaciones que el régimen exige” (folio 82 cuaderno 2), pero de haber entendido en debida forma las normas que incluye en la proposición jurídica, “habría concluido que por no haber cumplido la entidad empleadora demandada los requisitos de afiliación y de continuar pagando las cotizaciones al régimen de los seguros sociales obligatorios en el período tantas veces precisado en el cargo, la subrogación del riesgo de vejez y la consecuente compensación de pensiones, (…), no son procedentes” (folio 84 cuaderno 2).

CUARTO CARGO Acusa la sentencia de ser violatoria, “por infracción directa” (folio 85 cuaderno 2), de los artículos 1º y 16 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, como consecuencia de los siguientes manifiestos errores de hecho: “PRIMER ERROR DE HECHO: no tener por establecido que en el proceso la entidad empleadora demandada no demostró haber afiliado al demandante, en calidad de afiliado obligatorio, al régimen de los seguros sociales obligatorios, en el período comprendido entre julio 16 de 1992, fecha ésta(sic) a partir de la cual las empresas demandadas reconocieron en favor del demandante pensión legal de jubilación, y junio 18 de 1997, fecha ésta(sic) a partir de la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció en favor del demandante pensión de vejez, supuesto fáctico establecido por la norma legal como requisito para que la consecuencia jurídica reclamada por la entidad demandada en su favor pudiera producirse: la subrogación del riesgo de vejez por el ISS, y la consecuencial compensación de pensiones.

“Segundo error de hecho: no tener por establecido que en el proceso la entidad empleadora demandada no demostró haber pagado las cotizaciones por el demandante al régimen de los seguros sociales obligatorios, en el período comprendido entre julio 15 de 1992, fecha ésta(sic) a partir de la cual las empresas demandadas reconocieron en favor del demandante pensión legal de jubilación, y junio 18 de 1997, fecha ésta(sic) en la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció en favor del demandante pensión de vejez, supuesto fáctico requerido para que pueda producirse el efecto jurídico reclamado por la entidad demandada en su favor: la subrogación del riesgo de vejez por el ISS y la consecuencial compensación de pensiones.

“Tercer error de hecho: darle validez en la sentencia cuestionada en el recurso, a la subrogación del riesgo de vejez, y en consecuencia a la compensación de la pensión legal de jubilación reconocida por la entidad demandada en favor del fallecido esposo(sic) de la(sic) demandante con la pensión de vejez, reconocida posteriormente por el Instituto de los Seguros Sociales también en favor del demandante, sin que la entidad empleadora hubiere demostrado en el proceso haber cumplido los requisitos de afiliar al fallecido esposo(sic) de la(sic) demandante al régimen de los seguros sociales obligatorios, como afiliado obligatorio, como pensionado cuya pensión legal de jubilación se va a compensar con la pensión de vejez que posteriormente reconozca el ISS en favor de ese mismo demandante, y sin que la misma entidad demandada hubiere demostrado haber pagado las cotizaciones al mismo régimen de los seguros sociales obligatorios en el período comprendido entre el día en que ella reconoció pensión legal de jubilación en favor de ese mismo fallecido esposo(sic) de la(sic) demandante y el día en que el Instituto de Seguros Sociales obligatorios reconoció pensión de vejez en favor de ese mismo fallecido esposo(sic) de la(sic) demandante, supuesto fáctico establecido por el conjunto normativo citado en el cargo como requisito para que el efecto jurídico reclamado por la entidad demandada en su favor pudiera producirse: la subrogación del riesgo por el ISS, y su consecuencia la consiguiente compensación de pensiones (folios 85 a 87 cuaderno 2).

Indica como pruebas mal apreciadas la demanda (folios 3 a 10 y 49 a 67) y su contestación (folios 41 a 432); y como dejadas de apreciar las documentales obrantes a folios 13 a 15, y para demostrar el cargo parte de aseverar que la Corte ha incurrido en el error de considerar que la infracción directa de la ley no es admisible discutirla por la llamada vía de los hechos; como también, que la modalidad de violación de la ley que es atinado discutir por dicha vía es la de la aplicación indebida porque, según lo afirma, al presentarse la falta de valoración o la apreciación errónea de los medios de convicción del proceso lo que ocurre es que el juzgador “no aplica la norma legal” (folio 90 cuaderno 2), esto es, la infringe; y la aplicación indebida de la ley, ”jamás dice relación a la aplicación de la norma que real y efectivamente regula la situación fáctica que se juzga” (folio 91 cuaderno 2), por lo que el evento de la aplicación indebida de la ley “sólo es posible discutirlo por la vía directa, no por la vía indirecta” (ibídem).

Por eso, aduce el recurrente, como en la sentencia no se aludió al hecho de que la demandada no lo afilió al I.S.S. “ en calidad de afiliado obligatorio, como pensionado” (folio 92 cuaderno 2); ni al de que aquélla no cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y muerte entre la fecha del reconocimiento que le hizo de la pensión de jubilación y la de otorgamiento de la pensión por vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, el Tribunal infringió directamente los preceptos que indica en el cargo y apreció erróneamente la demanda y su contestación y no apreció los informes que tanto el Instituto de Seguros Sociales como la misma demandada remitieron sobre las épocas de afiliación y cotización, como la situación de desafiliación de todos los trabajadores de la demandada; todo lo cual conduce a concluir que no le era posible a la demandada subrogarse en el riesgo y compensar la pensión que le reconoció a JOSE PABLO QUINTERO MONTOYA con la que posteriormente le otorgó la referida entidad prestacional.

Afirma la censura, al no referirse el Tribunal a su falta de afiliación a la entidad de seguridad social y al no pago de las cotizaciones en la época a que en el cargo alude, incurrió en los yerros probatorios que le atribuye, lo cual incidió en que declarara “la validez del el(sic) efecto jurídico reclamado por la entidad demandada cuando real y efectivamente no ha debido declararlo” (folio 98 cuaderno 2), y por eso, insiste, infringió directamente las normas que reseña. QUINTO CARGO Para acusar la sentencia reproduce en su totalidad el anterior cargo, con la única diferencia de que en éste la modalidad de violación de la ley que le atribuye al fallo es la de la aplicación indebida “en forma indirecta” (folio 49 cuaderno 2), lo que hace innecesario copiar su contenido, dada la brevedad que se impone a la sentencia de casación. IV.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.- Como se dejo anotado en los antecedentes, el Tribunal para confirmar la absolución dispuesta por su inferior asentó: 1º.- cuando entró a regir la Ley 11 de 1986 –15 de enero de 1986-- el demandante no había cumplido la edad de 60 años –nació en 1930-- que exigía el Acuerdo 082 de 1959 para el reconocimiento del derecho pensional en el concebido; 2º.- cuando el actor completó los 25 años de servicio --1989-- la Ley 11 de 1986 había hecho perder vigencia a las disposiciones municipales y departamentales que concedían esta clase de derechos; 3º.- cuando entró a regir el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 el demandante no contaba con un derecho consolidado, pues lo que apenas alguna vez pudo tener fue apenas una ‘mera expectativa’ y dicha norma únicamente protege situaciones jurídicas individuales definidas; 4º.- Tanto el Tribunal como la Corte, reiteradamente, han expresado que los acuerdos municipales en que se soportan pretensiones de demandas como la del actor no son aplicables a los servidores de la demandada; 5º.- el demandante no puede pretender la simultaneidad de la pensión que en principio le reconoció la demandada con la de vejez que le otorgó el Instituto de Seguros Sociales, dado que ambas amparan un mismo riesgo: el de vejez; 6º.- la subrogación del riesgo por parte de la entidad de seguridad social I.S.S., debe operar en atención a que la densidad de cotizaciones que la demandada efectuó durante el lapso que estuvo el demandante afiliado a dicho instituto es suficiente para acceder a la prestación reclamada y, por tanto, ella sólo está obligada a pagar la diferencia pensional.

De las anteriores conclusiones del Tribunal sólo es posible inferir que el fallo atacado no sólo se soportó en las esenciales consideraciones de haber perdido su vigencia los acuerdos municipales expedidos por el Concejo de Medellín al entrar a regir la Ley 11 de 1986 y no serles aplicables a los trabajadores de la demandada, únicos argumentos que controvierte el recurrente en el primero de los cargos y a los que para nada se refiere en los tres restantes, sino también, en que no es admisible la simultaneidad de prestaciones como la reconocida por la demandada con la otorgada por el Instituto de Seguros Sociales –argumento al que tangencialmente alude el recurrente en los cargos segundo y tercero pero que no le mereció importancia alguna en los demás cargos-- y a que la densidad de cotizaciones efectuadas a dicha institución por la demandada durante el tiempo que el actor estuvo afiliado es suficiente para acceder al derecho a la pensión por vejez y, por ende, a que se produzca el fenómeno conocido como ‘subrogación del riesgo’, soporte probatorio del fallo que en ninguno de los cargos discute, salvo para negar la posibilidad del aludido efecto.

Por manera que, al no atacarse en particular en cada uno de los cinco cargos que el recurso dirige contra la sentencia todas y cada una de las referidas esenciales conclusiones del ad quem que fueron las que en verdad la sustentaron, permanecen incólumes y, con independencia de su acierto, mantienen la presunción de legalidad de la sentencia recurrida, atendido el común alcance de la impugnación. Por lo anterior, debe reiterar la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna o algunas de ellas, como aquí sucedió. 2.- Fuera de lo ya dicho, suficiente para desestimar los cargos que plantea el recurso, interesa hacer notar que en la sentencia de 28 de agosto de 2001 (Radicación 16.200), en asunto similar al presente, la Corte precisó la situación de quienes, como el demandante, no habían consolidado su derecho pensional antes de la Ley 100 de 1993 por no haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en disposiciones de orden territorial con anterioridad a la vigencia de la Ley 11 de 1986.

Por ser conveniente, a continuación se transcriben los apartes pertinentes de la misma. Así dijo la Corte: “De otra parte, si se observa el tema al tenor de lo estatuido por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, se concluye que en ningún desacierto incurrió el sentenciador de segundo grado, por cuanto esta preceptiva, aunque dispuso que continuarían vigentes en materia de pensión de jubilación las situaciones jurídicas de carácter individual con base en disposiciones Municipales o Departamentales, condicionó a que estuvieran definidas con anterioridad a dicha ley y, como ya se vio, el derecho pensional reclamado no estaba definido, cuando empezó a tener vigencia el artículo 43 de la Ley 11 de 1986.

“La controversia así planteada ya ha sido resuelta por esta Sala de la Corte, bajo supuestos de hecho similares. Precisamente, en la sentencia, radicación 13216, del 5 de abril de 2000, recordada por la censura en el aparte que denominó “anotación preliminar”, se dijo lo siguiente: “ es incuestionable que, como lo infirió el segundo juzgador, no puede considerársele protegido por los supuestos de hecho de dicha norma municipal, toda vez que, ciertamente, su derecho no se hallaba consolidado y su situación pensional no se encontraba jurídicamente definida cuando el artículo 43 de la ley 11 de 1986 entró en vigencia el 29 de enero de ese mismo año, echando al traste con los regímenes pensionales dispuestos en disposiciones municipales, y tan solo respetando los derechos que ya se hubieran adquirido en su marco, situación en la que a todas luces no se hallaba el demandante, pues carecía del requisito de la edad para que pudiera predicarse que había adquirido, para esta fecha, el derecho pensional que depreca.

“Y por tal razón tampoco incurrió el ad quem en el tipo violación del artículo 146 de la ley 100 de 1993 a la que se refiere el cargo, pues, ciertamente, dicha norma sí protege las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad a su expedición, fruto de la aplicación de disposiciones de raigambre municipal, pero ocurre que, como acaba de corroborarse, el demandante no tenía su situación pensional definida con referencia a las disposiciones territoriales que le sirven de base para su reclamación, presupuesto necesario para que los beneficios de la norma legal en cita pudieran desatarse en su favor”.

Importa también recordar que la imposibilidad de aplicar los referidos acuerdos municipales, expedidos por el Concejo de Medellín, a los trabajadores de la demandada, como lo consideró el Tribunal y lo destaca la opositora, encuentra pleno respaldo en la jurisprudencia. Así se dijo en la sentencia 11.157 de 20 de octubre de 1998 y se ratificó en la sentencia 13.216 de 5 de abril de 2000, en los siguientes términos: “La ausencia de fundamento legal para extender a la demandada la obligación consagrada en los acuerdos, hace que la decisión termine dependiendo solo de lo contemplado en el texto de los mismos, en los que aparece claramente que la prestación reclamada está instituida en favor de los trabajadores del Municipio de Medellín, sin que en ellos obre explicación de por qué se le impone a las Empresas Públicas de Medellín, persona jurídica diferente a la obligada por los acuerdos, tal como debe entenderse del hecho mismo de dirigirse contra ella la demanda, como bien lo indica el recurrente, entidad ésta última a la que el actor prestó sus servicios.” De lo que viene de decirse, resulta forzoso concluir que, con independencia de los desaciertos técnicos de los cargos que dirige el recurrente contra el fallo, el juez de segundo grado no incurrió en los dislates jurídicos que en el primero intenta atribuirle. 3.- En relación con el segundo de los cargos cabe agregar que, con absoluto desconocimiento de las normas que regulan el recurso extraordinario y la abundante jurisprudencia que al respecto ha pronunciado la Corte, el recurrente funda el cargo, básicamente, no en apreciaciones de orden jurídico que son las que le corresponderían, dado que se dirige por la vía directa en las modalidades de infracción directa y aplicación indebida de la ley, sino todo lo contrario, en el hecho de que en este caso, tal y como lo afirmó en la demanda, se acreditó en el proceso, y lo dio por probado el Tribunal, “la entidad demandada no cumplió con las obligaciones que le imponen los reglamentos --del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-- como supuestos de hecho requeridos para que el efecto jurídico pretendido se produzca” (folio 75 cuaderno 2). 4.- Y respecto del tercero, amén de que el juez de alzada para nada aludió a los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 que el recurrente indica como interpretados erróneamente por el fallo, por lo que no resulta atinado atribuirle tal dislate jurídico, y los restantes apenas los invocó el juzgador para precisar la pertinencia del pago del mayor valor que pudiera resultar a favor del demandante y a cargo de la demandada por el pago de la pensión por vejez --cuestión de la que no se ocupa en el cargo--, su alegación la hace radicar en que de las pruebas del proceso debió concluir “que por no haber cumplido la entidad empleadora demandada los requisitos de afiliación y de continuar pagando las cotizaciones al régimen de los seguros sociales obligatorios en el período tantas veces precisado en el cargo, la subrogación del riesgo de vejez y la consecuente compensación de pensiones, (…), no son procedentes” (folio 84 cuaderno 2).

Fuera de ello, incluye como violado el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, no obstante haber sido un hecho no discutido en el proceso y que el Tribunal dio por expresamente aceptado el de que su calidad fue la de trabajador oficial a quien, como es sabido, según los artículos 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones de ese estatuto.

Por lo anterior, cabe decir que, como reiteradamente lo ha expresado la Corte, el que la empresa deje de cotizar por todo el tiempo que indican los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, como lo afirma la recurrente aquí ocurrió, no produce como resultado la compatibilidad de la pensión de jubilación que reconoció la empresa con la de vejez que aquél otorga, dado que la consecuencia jurídica conduce a que, de no cotizarse la totalidad de lo requerido, o no se subrogue en el pago la entidad de previsión social o, no obstante la subrogación se imponga el que la empresa asuma el mayor valor de la pensión por vejez reconocida; pero de ninguna manera, para este evento, que se tenga derecho a percibir las dos pensiones y de esa forma, se cuestione la validez de acuerdos como el que en este caso empleadora y trabajador celebraron.

Además, es del caso advertir que a pesar de que, se reitera, los cargos segundo y tercero están dirigidos por la vía directa, en la cual solo es posible discutir los razonamientos jurídicos del Tribunal por haber infringido directamente la ley, haberla interpretado erróneamente o aplicado indebidamente, su demostración se circunscribe a discutir los aspectos probatorios del proceso relativos al tiempo de afiliación y a las cotizaciones dejadas de efectuar por la empleadora como causa de las pretensiones de la demanda para afirmar que el juzgador concluyó la afiliación temporal del trabajador a la entidad de seguridad social para tener como válida la subrogación del riesgo y la consecuencial compensación pensional; y en que no obstante estar probado que no lo afilió con posterioridad a cuando le reconoció la pensión de jubilación y no cumplió con el pago de las cotizaciones que se requerían, aceptó las mismas anteriores consecuencias jurídicas. 5.- Ahora, en los cargos cuarto y quinto de la demanda, haciendo caso omiso de las verdaderas motivaciones del ad quem para no acceder a sus pretensiones, y edificando supuestos de hecho que la normas que invoca en la forma como los presenta no los contempla, insiste en establecer que de la demanda y su contestación, como de las documentales que indica, se desprende la ilegalidad de la subrogación del riesgo que el juez de alzada encontró procedente al serle reconocida la pensión por vejez por el Instituto de Seguros Sociales y reprocha a la jurisprudencia, sin mayor argumentación y olvidando lo que al respecto ha asentado desde el Tribunal Supremo del Trabajo, haber considerado que la modalidad de violación de la ley que es dable atribuir a los yerros probatorios es la de la infracción directa en tanto que la aplicación indebida es exclusiva de la vía directa. 6.- Lo dicho es suficiente, como atrás se anotó, para rechazar los cargos e imponer a la Corte nuevamente recordar el carácter extraordinario del recurso de casación, y reiterar que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley.

Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. A fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que dicha demanda debe reunir no sólo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada.

Es por ello que si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno u otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo sin atiborrarlo innecesariamente de normas, como aquí ocurrió. Como al comienzo se dijo, se rechazan los cargos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administran​do justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 21 de junio de 2002, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que JOSE PABLO QUINTERO MONTOYA le sigue a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN.

Costas en el recurso a cargo de la recurrente. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélva​se al Tribunal de origen. ISAURA VARGAS DIAZ CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA GERMAN G. VALDES SÁNCHEZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria