CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Casación: Rad.17736 24 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA Referencia: Expediente No. 17736 Acta No.07 Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil dos (2002). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por HERNANDO ÁVILA DÍAZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 1º de agosto de 2001 en el juicio seguido por el recurrente contra la INDUSTRIA MILITAR.
I-.
ANTECEDENTES HERNÁNDO ÁVILA DÍAZ demandó a la referida empresa con el fin de obtener el reajuste de la pensión de jubilación que se le reconociera por resolución del 31 de julio de 1997, con causación a partir del 19 de marzo de 1993, “aplicando el porcentaje de la variación porcentual que indique el índice de precios al consumidor, que resulte en el período transcurrido desde el 30 de julio de 1985 hasta la fecha en que se produzca la sentencia”.
Como fundamento de sus pretensiones afirmó, en síntesis, lo siguiente: Prestó sus servicios a la demandada entre el 30 de julio de 1973 y el 30 de julio de 1985. La demandada le reconoció la pensión de jubilación “conforme al salario devengado en el año de 1985”. En dicho año, su salario, que ascendía a la suma de $82.820.oo, equivalía a seis (6) salarios mínimos legales “por manera que a la fecha la pensión … debe ser por lo menos de $1.222.956.oo pues una cosa es la causación y otra el pago de la jubilación, que no podía determinarse con base en el salario devengado 13 años atrás, sino teniendo en cuenta la desvalorización de la moneda colombiana en la actualidad” (fl. 47).
La entidad demandada alegó haber liquidado y pagado la pensión de jubilación del actor conforme a la ley, por lo que no le corresponde ningún reajuste en la forma pedida en la demanda y propuso las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, buena fe e inexistencia de las obligaciones reclamadas (fl.60). El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 15 de junio de 2001, resolvió absolver a la demandada de las pretensiones incoadas por el actor (fl.234).
II-. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la anterior decisión en sentencia del 1º de agosto de 2001. Luego de determinar que el demandante fue pensionado “a partir del 19 de marzo de 1993”, expresó textualmente el tribunal: “Es innecesario entrar a transcribir la sentencia proferida por la H. Corte … del 18 de Agosto de 1999 … como quiera que los apartes más determinantes los ha plasmado en su sentencia el a quo y que le sirvieran de apoyo para considerar que “el caso bajo estudio era, precisamente, uno de los contemplados por la providencia del Superior, al tratarse de una pensión sujeta a una condición cual era la de cumplir 55 años de edad, momento en el cual sería exigible el pago de la misma.
“En tanto se diera este requisito el demandante solamente tendría una expectativa, la de poder llegar a esa edad para que entonces se hiciera efectivo su derecho, lo cual no dependía del empleador, quien además, en forma inmediata empezó a dar cumplimiento a la obligación una vez se cumplió ciertamente la condición. “Al compartir esta Sala la jurisprudencia en comento y la decisión adoptada en primera instancia … se confirmará la sentencia apelada” (fl.286).
III-. LA DEMANDA DE CASACION Inconforme el demandante con esta determinación, pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada con el fin de que, en sede de instancia, revoque la de primera instancia y en su reemplazo ordene la pretendida reliquidación. Con tal propósito formula cuatro cargos contra la sentencia del Tribunal los que por razones de método se estudiarán de la siguiente manera: los tres primeros, formulados por vía directa, de manera conjunta y el cuarto independientemente.
PRIMER CARGO-. Acusa la infracción directa de los artículos 21, 36, 151, 288 y 289 de la ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Política. En su demostración advierte que tal lo como la reconocido y declarado esta Corporación, en nuestro derecho “ciertamente existe la normatividad reguladora del mantenimiento del valor adquisitivo del derecho pensional”.
Se refiere en particular a pronunciamiento de julio 6 de 2000, radicación 13336 y sostiene que como la situación planteada en el sub judice “es del mismo jaez del contemplado en la jurisprudencia transcrita … habiéndose causado en vigencia de la Ley 100 de 1993, es claro que el Tribunal se rebeló contra la voluntad abstracta de la normatividad indicada en el cargo”.
Los CARGOS SEGUNDO y TERCERO acusan en términos generales, ya la aplicación indebida, ora la interpretación errónea, de los artículos 10, 11, 21, 36, 151, 288 y 289 de la ley 100 de 1993 y 574, 1215 y 1547 a 1549 del Código Civil. En su demostración, en términos generales similar en ambos cargos, alega que la ley 100 de 1993 reguló la base de liquidación de las pensiones y que, desde su vigencia, no existe razón valedera para denegar la pretendida indexación a las pensiones legales por ella reguladas, de modo tal que “bajo los supuesto no controvertidos referentes a que el tiempo de servicios lo tenía satisfecho el actor al retirarse de la entidad en Julio 5 de 1985 y que la edad, cincuenta y cinco (55) años, los cumplió cuando ya regía la mencionada Ley 100 … es conforme a este ordenamiento que se debió estudiar y definir el reajuste inicial de la pensión reconocida al demandante”.
El opositor, a su turno, destaca en síntesis la “abierta discordancia fáctica” que se presenta entre el planteamiento de los cargos y la sentencia impugnada en tanto el recurrente “enfoca su argumentos sobre la base de que la pensión de jubilación del demandante se causó bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993”, no siendo ello cierto. IV-.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE Asiste razón al opositor al advertir que los cargos en estudio se edifican sobre una premisa equivocada al asumir el recurrente, en contra de lo determinado por el tribunal, que la pensión en cuestión se causó en vigencia de la ley 100 de 1993, siendo que el sentenciador fue claro al advertir que “el demandante fue pensionado … a partir del 19 de marzo de 1993”.
Cierto es que, como lo recuerda el recurrente, las diversas situaciones que emergen de la temática de la corrección monetaria de mesadas pensionales no pueden tratarse bajo el mismo rasero normativo, después de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En efecto: Si bien antes del advenimiento de dicha preceptiva, por no estar consagrada en la legislación colombiana ninguna indexación del salario base de liquidación de pensiones, no le era dable al juzgador inventarla, creando por jurisprudencia un derecho no consagrado por el órgano competente, desde la entrada en vigor de esa flamante normativa no existe razón valedera para negar su aplicación a las pensiones legales por ella reguladas y con el alcance que la propia Ley 100 otorga en su clara normativa.
En las pensiones voluntarias, como su nombre lo indica, por provenir de la voluntad de ambas partes o de una de ellas, la regla de liquidación prevista en la fuente normativa o extra legal respectiva, debe respetarse por el juzgador tal como quedó consagrada por quienes le dieron fuerza al acto jurídico de creación del beneficio, porque la Ley avala en ese escenario el valor de la manifestación libre de su voluntad.
La Ley 100 de 1993, reguló las pensiones legales que se causaran a partir de su vigencia, instituyó el Sistema General de Pensiones conformado por el régimen solidario de prima media con beneficio definido y el de ahorro individual con solidaridad, y previó para el primero un régimen de transición. Conforme a los artículos 10 y 11 ibídem - salvo para quienes quedaron expresamente exceptuados por el artículo 279 de dicha Ley y los regímenes especiales -, el sistema se aplica a todas las pensiones legales, mediante el reconocimiento de pensiones en la forma y condiciones que se determinan en la citada Ley, respetando, claro está, los derechos adquiridos con arreglo a cualquier fuente normativa anterior y el régimen de transición para los beneficiarios determinados en el artículo 36 de la misma.
Sin embargo, como se advirtiera en precedencia, en el sub examine se trata de una pensión legal de jubilación causada con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, por lo que no es aplicable al sub judice la tesis mayoritaria de la Sala en el sentido de que a partir de la fecha en que aquélla empezó a regir, se aplica el ingreso base de liquidación indexado en la forma prevista en el artículo 36 de la referida ley.
En este orden de ideas, resulta claro que de conformidad con lo precisado por esta Sala en sentencia del 18 de agosto de 1999 (Rad.11818) en punto de la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional, no incurrió el tribunal en la interpretación errónea que se le atribuye en el cargo. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia tradicional de esta Sala, para resarcir el daño emergente, procede la corrección monetaria de las obligaciones exigibles que por su naturaleza sean susceptibles de tal fenómeno por no existir otro mecanismo que permita recuperar total o parcialmente el detrimento del poder adquisitivo.
Tratándose de pensiones de jubilación, si bien el derecho se causa con el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, para su exigibilidad es menester el retiro del servicio. Luego el perjuicio no se causa sin que haya deuda y mucho menos se puede indexar lo que legalmente no es exigible ni constituye un pago retardado. Siguiendo ese criterio, si las normas reguladoras de la pensión de jubilación de los sectores particular y público, o las cláusulas convencionales o arbitrales, establecieron que ésta equivale al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios (art. 260 C.S.T.) o del salario promedio que sirvió de base para los aportes en dicho lapso (art. 1° Ley 33 de 1985), tales parámetros normativos no pueden ser modificados por el juez actualizando su valor monetario, en tanto la Ley no lo autoriza.
Esa siempre fue la jurisprudencia de la Corte que no aceptó la indexación de la base salarial y se mantuvo incólume durante más de 40 años hasta 1996, en que se varió por mayoría por la Sala Laboral de la primera Corporación, pero ahora se ha regresado a ella desde la memorada sentencia del 18 de agosto de 1999. La única actualización de la base de liquidación pensional, la introdujo la Ley 100 de 1993, que para éstos efectos rige desde el primero de abril de 1994, sin que pueda aplicarse en forma retroactiva.
Dicha Ley define con claridad y precisión la forma de liquidación, para la cual es indispensable tener en cuenta, no el salario del último año de servicios, sino el “Ingreso Base de Liquidación”, conformado por el “promedio de salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión … actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
No es dable entonces desconocer por vía de jurisprudencia tan claras reglas legales de liquidación de pensiones que todos los juzgadores están obligados a acatar. En la citada decisión se definió el tema en los siguientes términos: “… “4. Ahora bien, cierto es que el juez laboral, en tanto operador del derecho y realizador de la justicia del trabajo, no puede ser indiferente a lo que Bruce Ackerman denomina el “contexto de percepción social”, o conjunto de realidades de una comunidad determinada.
A ello obedece la necesaria relectura de los textos legales y la toma de decisiones en consonancia con los nuevos fenómenos presentados en las intrincadas relaciones empresario-trabajador; porque un régimen jurídico como el colombiano, nacido en las entrañas del laissez faire, no puede servir de referente inexorable un siglo después, en presencia de una economía intervenida y un Estado protagónico cuyo fin es asegurar el bienestar social.
Pero, este papel de la judicatura no puede llegar al extremo de pretender igualarse al legislador, en tanto la separación de los distintos poderes que en el Estado coexisten es presupuesto indispensable en la construcción de una democracia constitucional como la colombiana. “A partir de éste nuevo contexto de realidades económicas, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han dado paso bajo específicas circunstancias a la revalorización de algunas obligaciones dinerarias.
Se ha reconocido, entonces, que la pérdida de poder adquisitivo del peso (depreciación), originada en una alza generalizada de los precios de bienes y servicios ofertados (inflación), exige una respuesta del derecho para compensar el desequilibrio del sinalagma contractual (indexación). “5. Mas, existen aspectos puntuales sobre esta materia que en esta oportunidad la Sala de Casación Laboral precisa, a fin de rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado: “a) Huelga resaltar, en principio, que no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario.
El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para cualquier hombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben actuar ellas con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem alegans).
“Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente del daño emergente ocasionado al acreedor. “b) Se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando ésta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente tiene derecho.
Se propende con ello restablecer el equilibrio perdido en la relación jurídica emanada de la norma, por no haber precavido los alcances de su tendencia nominalista. El presupuesto es, se reitera, la presencia de una obligación cierta, respecto de la cual existe una situación jurídica constituida y cuyos efectos se surtieron o se están surtiendo.
Ilustra lo afirmado en este punto, el caso de las prestaciones sociales, respecto de las cuales ha dispuesto el legislador, de manera expresa, la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que siendo ésta, por definición del precepto en cita, una “indemnización”, no desvirtuada la mala fe y condenándose a ella, tórnase improcedente la indexación por haberse previsto una fórmula indemnizatoria propia.
“c) No se indexan, pues, en primer lugar las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes “de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”, según las voces del artículo 1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla (art. 1536 ib.). En segundo término, tampoco se revalorizan los derechos eventuales.
Estos, conforme a la teoría de las obligaciones, son los que emanan de un acto, hecho o negocio jurídico en formación (in nuce), o incompleto o imperfecto, como los que han reunido uno o varios de los elementos necesarios para su existencia, pero les falta otro u otros de ocurrencia futura. Mucho menos, no está demás decirlo, pueden ser valorizadas las meras expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera, de obligación. “6.
Lo antes expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta en fallos de mayoría, citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado que no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la ley y el empleador, obligado a su pago por no haberla sustituido en ninguna entidad encargada del riesgo, no ha retardado su cancelación. Lo dicho se funda en las siguientes razones: “a) Porque el derecho a reclamar la pensión sólo surge respecto de su acreedor a partir de la concurrencia de dos elementos esenciales para su existencia: 1) el cumplimiento de una cantidad pre-establecida de cotizaciones o de un determinado número de años de labores, según se estuviera, o no, cubierto por el régimen de la seguridad social; y 2) el advenimiento de la edad señalada en la ley para obtenerla.
Quien, como en el caso del actor, ha satisfecho uno solo de los dos factores esenciales para alcanzar la pensión (el tiempo de servicio fijado en la ley o pactado en la convención) tiene, a no dudarlo, un derecho eventual, apenas en ciernes, en tanto falta el otro de los componentes imprescindibles para que se pueda consolidar, con un titular del derecho, de una parte, y un obligado a su satisfacción, por la otra.
“Sostienen algunos que en el caso antes referido hay más bien un derecho sometido a condición suspensiva; pero, en rigor jurídico, se trata de un derecho in nuce, por cuanto en la relación jurídica condicionada el derecho se encuentra perfeccionado, sólo que sus efectos se hallan en estado de latencia por estar pendientes de un hecho futuro e incierto, ajeno a su esencia y no requerido para su constitución. El derecho eventual y su obligación correlativa, en cambio, nacen a la vida jurídica en el momento en que se completan los requisitos exigidos en la ley o en el contrato; tal es el caso de los derechos del nasciturus, o el del asignatario (Código Civil, art. 1215), o el de los esposos (art. 1771 y ss, ib.), los del constituyente de una hipoteca (art. 2441, ib.), y, en materia laboral, entre otros, los del trabajador con derecho a la pensión de invalidez (art. 39 ley 100/93), de vejez (art. 33 ibídem), de jubilación (art. 260 C S T), por aportes (art. 7º ley 71/88), de sobrevivientes, para no citar más. “Muchos doctrinantes van más allá, pues consideran que en el caso de que sólo se haya satisfecho uno de los componentes vitales para la la existencia del derecho a obtener la pensión, lo que hay es una mera expectativa.
Esto implica, por supuesto, la posibilidad de negociación y renuncia de parte del trabajador de su esperanza de adquirir un derecho fundado en una norma vigente, e incluso de modificación o extinción mediante ley de lo que hasta entonces no era un derecho por falta de los presupuestos materiales o de hecho. “En cambio, en tanto derecho eventual, el empleador o la entidad de previsión, deudor futuro de la pensión que se le reclamaría en caso de completarse los elementos requeridos para su existencia, sabe que hay una “expectativa de derecho” y no una “mera expectativa”, expresiones que no se deben confundir, como no lo hace la doctrina ni la ley, en la medida en que la primera comprende los derechos condicionales y los eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la condición suspensiva, en los primeros, o completarse los elementos faltantes, en los segundos) posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición (artículos 575, 1215 y 1547 a 1549 del Código Civil).
“b) Así pues, integrados los requisitos necesarios para la consolidación del derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de pagar la mesada que la ley impone, conforme a los parámetros en ella señalados, y el derecho correlativo de quien adquiere la pensión. Antes no, porque mientras el derecho eventual se perfeccionaba había apenas una expectativa de derecho, o mejor, un derecho en perspectiva, esto es, en vías de adquirise; pero, jamás, un derecho adquirido.
“c) La obligación surgida a la luz del derecho es la indicada en la ley, esto es, la mesada pensional, para cuyo cálculo el legislador dispuso, de manera expresa, factores matemáticos precisos. No existe, pues, vacío legal alguno al respecto y, por lo mismo, no le cabe al juzgador apartarse de lo preceptuado en las normas vigentes, según cada caso, por cuanto sería asumir una conducta contraria a su claro tenor literal, so pretexto de decidir en equidad que, valga decirlo, sigue siendo criterio auxiliar en la resolución de los conflictos.
No existe, en consecuencia, laguna legal que llenar con los principios generales del derecho, y tanto es ello así, que desde la década del sesenta se dispusieron mecanismos para conjurar el deterioro real de las pensiones, hasta llegarse a la actualización anual con base en el salario mínimo legal, en la Ley 71 de 1988, mejorada con la fórmula consagrada en la Ley 100 de 1993.
“d) Puede reclamarse el reconocimiento de la pensión, de acuerdo con lo antes dicho, desde cuando se constituye el derecho, esto es, se completan los elementos requeridos para su existencia. Y sólo entonces se podrá exigir la mesada reconocida, entendiéndose, desde luego, que el acreedor de ella deberá estar retirado del servicio, en la medida en que esta sí es una condición de la cual pende la exigibildad de su pago.
“7. Las conclusiones expuestas constituyen la nueva doctrina de la Sala Laboral de la Corte sobre esta temática, para lo cual se tuvo en cuenta, además, que la tesis estricta de la “indexación de la primera mesada pensional” conduciría al extremo de tener que actualizar, con base en el costo de la vida, no solo los derechos exigibles, sino las bases salariales de su establecimiento, principio que aplicado a otras situaciones iguales aparejaría fatalmente una indexación general de los salarios y de las bases de liquidación de todas las prestaciones con sus perturbadoras consecuencias jurídicas y económicas; así las cosas, los acuerdos celebrados en el contrato de trabajo o en las convenciones colectivas perderían su validez, en tanto tendrían que quedar sujetos a la referida actualización. De igual modo, aplicados esos criterios aún después de la vigencia de la ley 100 de 1993, se aniquilarían los efectos del inciso 3º de su artículo 36, que sí estableció, por primera vez, la corrección monetaria del ingreso base de liquidación de pensión de vejez o jubilación, pues lo concebido en los fallos anteriores al presente sobre el punto contraría el texto de la nueva ley, si en cuenta se tiene que ésta actualiza la base de las cotizaciones de los años indicados en el precepto, y no la primera mesada.
“Finalmente no puede desconocerse que la equidad también está consultada por la ley 100 de 1993, dado que a partir de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, además de éstas, debe cancelar el deudor la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se cancele la obligación.” Síguese como corolario de las referidas consideraciones que el tribunal no incurrió en la violación de la ley que los cargos le endilgan.
En consecuencia, no prosperan los cargos. CUARTO CARGO-. Por vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 21, 33, 36, 39, 151 y 289 de la ley 100 de 1993; 260 del C.S. del T. y 575, 1215 y 1547 del Código Civil. Afirma que la apreciación equivocada de la resolución 140 del 31 de julio de 1997 de folios 3 a 5, condujo al tribunal a incurrir en los siguientes errores manifiestos de hecho: “1-.
En no dar por demostrado, estándolo, que la demandante se le reconoció la pensión de jubilación el 31 de Julio de 1997, en vigencia de la ley 100 de 1993. “2-. No dar por demostrado, estándolo, que al momento del reconocimiento de la pensión de jubilación, el demandante había cumplido 20 años, dos meses, 22 días de servicios y arribado a una edad superior a los 55 años”.
En su desarrollo sostiene que el ad quem “limitó su actividad a impartir su conformidad con la sentencia del 18 de agosto de 1989 (sic) … y por ello apreció incorrectamente el documento que registra el reconocimiento de la pensión de jubilación del actor, los supuestos fácticos que generan y el extremo salarial sobre el cual debía versar la decisión, como lo solicitado en las instancias” e insiste en que es claro que el derecho a la pensión legal en comento “se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993 y por consiguiente regida por el régimen de transición previsto por el artículo 36 …”.
La réplica arguye que el tribunal “apreció rectamente en su verdadera dimensión y contenido la resolución que le reconoció el derecho pensional al demandante y en la cual se observa, sin equívoco alguno, que el tiempo de servicios de 20 años, 2 meses y 22 días estuvo comprendido … entre el 16 de noviembre de 1955 y el 30 de julio de 1985 y que el demandante cumplió los 55 años de edad el 19 de marzo de 1993, fecha desde la cual se le reconoció el derecho a su pensión … sin que para ello importe que ese reconocimiento se hubiera producido el 31 de julio de 1997 mediante la citada resolución, pues ya el derecho estaba causado”.
V-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Al absolver a la demandada de la llamada indexación de la primera mesada pensional, no hizo nada diferente el tribunal a acoger el actual criterio mayoritario de la Sala Laboral de la Corte sobre el tema debatido. De tal modo, siendo el verdadero soporte y fundamento de la sentencia impugnada de puro derecho, después de advertir el intervalo entre el retiro del trabajador y la causación del derecho pensional (supuesto fáctico sobre el cual no hay controversia), la acusación, conforme lo ha definido esta Sala en muchos casos similares, ha debido apuntar a desquiciar ese criterio jurisprudencial por la vía de la interpretación errónea, como se intentó en los primeros cargos, pero que, por los motivos consignados en las precedentes consideraciones, no prosperaron.
Por lo dicho, el cargo no es de recibo. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 1º de agosto de 2001, en el juicio promovido por HERNANDO ÁVILA DÍAZ contra la INDUSTRIA MILITAR.
Por cuanto ya ha sido reiterada jurisprudencia de la Corte en este sentido, se impondrán costas a cargo de la parte recurrente. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal. José Roberto Herrera Vergara Francisco Escobar Henríquez Carlos Isaac Nader Luis Gonzalo Toro Correa Germán G. Valdés Sánchez Isaura Vargas Díaz Fernando Vásquez Botero Jesús Antonio Pastás Perugache Secretario