17381 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE República de Colombia Corte Suprema de Justicia 23 Rad.No.17338 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL Radicación No.17338 Acta No.11 Magistrado Ponente: LUIS GONZALO TORO CORREA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil dos (2002). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JOSE YAMIL GARCIA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 10 de mayo de 2001, en el juicio que le sigue al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

ANTECEDENTES JOSE YAMIL GARCIA llamó a juicio ordinario laboral al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, para que, en forma principal, se le condene a reintegrarlo al cargo de Operador de Planta que desempeñaba al momento de ser despedido injustamente; al pago de los salarios y prestaciones sociales, con sus incrementos y reajustes, causados desde el momento del despido y hasta la fecha del reintegro, sumas que deberán ser indexadas y canceladas con los respectivos intereses.

Subsidiariamente, que se declare que entre el demandante y el demandado existió un contrato de trabajo que fue terminado unilateralmente y sin justa causa por el empleador; pago del reajuste correspondiente a las primas de vacaciones, de servicios, semestrales, de antigüedad y subsidios conforme los establece la convención colectiva de trabajo; al auxilio de cesantía y sus intereses de acuerdo a la liquidación de la oficina de Personal y/o Tesorería; a la indemnización correspondiente por no pago oportuno de los intereses a la cesantía; indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo; indemnización moratoria; indexación con intereses y a la sanción legal por no ordenar el examen médico de egreso.

En sustento de sus pretensiones afirma que se vinculó al demandado como trabajador de planilla, en el cargo de Operador de Planta, el 14 de junio de 1987, por contrato a término indeterminado; que cumplió con eficacia y capacidad las labores encomendadas; que estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales del Guaviare, por lo cual tenía derecho a los beneficios convencionales; que su salario era una suma básica más los factores de horas extras y viáticos; que a partir del 31 de diciembre de 1995 el Departamento dejó de cumplir la convención colectiva de trabajo y que en su despido se violó la misma, por cuanto el Comité de Relaciones Laborales no estudió su caso; que el auxilio de cesantía y sus intereses no le fueron cancelados dentro de los plazos previstos; que le deben pagar las dotaciones durante toda su vinculación. El Departamento, en la respuesta a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Dijo que el retiro fue concertado previo el pago de una indemnización y bonificación, aceptó que el actor agotó la vía gubernativa, y que no accedió a sus peticiones, ya que le canceló todas las acreencias laborales; que al no laborar no tenía derecho a las dotaciones; los demás hechos debe probarlos. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe del demandado, y mala fe del demandante.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2000 (fls. 181 a 189, C. Ppal.), declaró ineficaz el despido, lo que, dijo, implica que el contrato de trabajo está vigente, ordenó el pago de los salarios y emolumentos laborales debidos a partir del primero de enero de 1996, ordenó al actor reintegrar al Departamento el valor de la cesantía que le hubiera sido cancelada; absolvió al demandado de las demás pretensiones de la demanda; no impuso costas.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Apeló la parte demandada, y el Tribunal de Villavicencio, por fallo del 10 de mayo de 2001 (fls. 7 a 15, C. Tribunal), revocó el del a quo, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y mala fe del demandante, en consecuencia absolvió al demandado de todas y cada una de las pretensiones en su contra; impuso costas al actor en ambas instancias.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró, luego de transcribir un aparte de la sentencia de esta Corporación del 3 de diciembre de 1992, radicación 5361, que “dentro del asunto cuestionado no es necesario ahondar en reflexiones para colegir que la convención colectiva en la cual funda sus pretensiones el actor, por presunto incumplimiento por parte del ente territorial cuando procedió a despedirlo, está deficientemente acreditada en el proceso porque en la fotocopia que se allegó a los autos no obra ninguna constancia o acta del imprescindible depósito oportuno ante la autoridad laboral correspondiente, ni mucho menos certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro de plazo hábil la convención; solemnidad indispensable, según lo ha reiterado la jurisprudencia –como ya se dijo-, que conduce a demostrar que se cumplieron cabalmente los requisitos exigidos por la ley para que fuera acto jurídico válido. ” (fl. 11, C. Tribunal).

Que si la prueba no se aportó al debate, mal podría el juzgador de instancia dar por demostrada la existencia de una convención colectiva de trabajo, para la época de los hechos debatidos, y menos reconocer derechos originados en ella. “Se deduce entonces -continuó- que no podía el a-quo, bajo el amparo de la convención colectiva de trabajo que se dice regía para el momento de la desvinculación, proceder a efectuar declaraciones en contravía de los intereses económicos del ente territorial demandado; de donde emerge que las condenas decretadas bajo ese parámetro habrán de ser revocadas.” (fl. 12, C. Tribunal).

Sobre la pretensión subsidiaria de indemnización por despido injusto, impetrada por el demandante, aseveró que como la desvinculación fue motivada por la supresión del cargo por reestructuración administrativa, era injusta, debido a que esta causal no figura en los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 que taxativamente prevén las justas causas para terminar el contrato de trabajo con los trabajadores oficiales; de allí que fuera procedente la indemnización, contada por el tiempo que faltaba para cumplir el plazo presuntivo de seis meses, cuyo último período vencía el 13 de junio de 1996, por lo que al ser despedido el 31 de diciembre de 1995 le correspondía el equivalente a 163 días de salario, pero como el ente territorial le reconoció por $2.747.280.oo, tal cifra superó la que por ley le correspondía, además de $1.000.000.oo adicionales por bonificación voluntaria (fls. 38, 59 y 148), con lo cual, sostuvo, quedaron suficientemente compensados los perjuicios ocasionados con el despido injusto.

Que no obstante afirmar el actor que hubo despido injusto por parte del empleador, “existe la certeza que su proceder correspondió propiamente a una decisión voluntaria suya, manifestación de su libre albedrío y de la libertad jurídica en la que se encontraba de no continuar prestando sus servicios personales, ante la eventualidad de una bonificación que a la postre recibió, como él mismo lo acepta y está corroborado por prueba documental obrante en el proceso, pues aparece acreditado que por susodicho concepto se le canceló la suma de un millón de pesos, además de la correspondiente indemnización por la terminación del contrato.” (fl. 13, C. Tribunal).

En relación con la no práctica del examen médico de retiro, reglada por el Decreto 2541 de 1945, artículo 3º, consideró que el actor no probó ninguna de las circunstancias establecidas en tal normatividad, no dando por ello lugar a la indemnización reclamada. Frente a la cesantía impetrada, aseguró que hay constancia de que al demandante se le canceló el monto correspondiente, según lo estableció con la documentación allegada al proceso.

EL RECURSO EXTRAORDINARIO Fue interpuesto por la parte demandante y concedido por el Tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver. ALCANCE DE LA IMPUGNACION Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia impugnada y que en sede de instancia se confirme la de primer grado. Con tal propósito formula tres cargos que fueron replicados y que en seguida se estudian.

PRIMER CARGO Acusa la sentencia por violación directa “en el submotivo de infracción directa del artículo 57 de la ley 2ª de 1984; violación legal que a su vez condujo al Tribunal a vulnerar los artículos 467, 468 y 469 del C.S. del T., en concordancia con lo normado en el artículo 57 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.” (fl. 14, C. Corte).

En la demostración dice que el ad quem carecía de competencia para pronunciarse sobre las solemnidades propias de la convención colectiva de trabajo, ya que debía ceñirse al recurso de apelación y no analizar y decidir con fundamento en el grado de consulta, como lo hizo. “ Por su parte el Tribunal Superior en la Sentencia se arroga facultades para conocer por el grado de jurisdicción de la consulta la revisión del proceso, olvidando, como se viene sosteniendo, que el litigio llega a esa instancia en razón de la apelación que interpusiera la parte demandada; basando entonces su criterio en no haber sido debidamente aportada la convención colectiva de trabajo con la certificación que remitió la oficina de trabajo de San José del Guaviare al Juzgado al no incluir la fecha en que fue depositada la convención en dicha oficina.

“ Queda demostrado que riñe y existe un vacío jurídico entre lo pretendido demostrar por el apoderado del departamento, frente a la determinación adoptada por el Tribunal Superior. Actitud que contraría abiertamente lo dispuesto en la ley 446 de 1998 cuando en su artículo 57 que modifica el artículo 184 del Código contencioso administrativo, aplicable por analogía al caso controvertido, … ” (fl.17, C. Corte).

LA REPLICA Dice que el grado de consulta a favor de los Departamentos no está condicionada a la imposición o no de un recurso de apelación. Apoya su argumentación en auto de esta Corporación del 24 de julio de 1980, el cual transcribe en la parte pertinente. Luego se refiere a la sentencia de esta misma Corporación del 19 de diciembre de 1995, radicación 7954, para destacar que “el juez de la alzada no está sometido a los argumentos que aduce el recurrente y desde luego conserva su propia iniciativa para fundamente –sic-, con independencia de aquéllos, los motivos que informen la decisión del recurso de apelación.” (fl. 34, C. Corte).

Que por ello el Tribunal acertó al revocar el fallo del a quo. SE CONSIDERA Inicialmente, importa precisarse que en los términos del inciso tercero del artículo 69 del Código Procesal del trabajo, es obligatoria la consulta de la sentencias de primera instancia cuando sean adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio. De modo que desde esta perspectiva, en el caso de que la consulta concurra con la apelación, el juez de la segunda instancia no puede estar condicionado en su examen a los únicos motivos expuestos por el recurrente, sino debe analizar todo el proveído, dado el interés público que comporta una decisión que es total o parcialmente desfavorable a una cualquiera de las señaladas instituciones.

Precisamente, cuando se trata de consulta de sentencias proferidas contra dichas instituciones, esta Sala de la Corte ha tenido ocasión de pronunciarse. En sentencia 17257 del 28 de febrero de 2002, en lo pertinente se dijo: “el juzgador ad quem tiene el deber de revisar la totalidad de las condenas impuestas, dado que la norma no impone limitación alguna, como si ocurre cuando la sentencia es totalmente adversa al trabajador, evento en el que sólo tiene cabida la consulta cuando tal providencia no es apelada, es decir, que la garantía referida establecida en favor de las entidades mencionadas no es supletoria del recurso de alzada, sino que tiene entidad propia explicable por el interés público que recae sobre los procesos que se adelantan contra tales entidades.

(Rad. No. 17259, sentencia del 15 de febrero de 2002). “De otra parte, también la jurisprudencia laboral tiene sentado que tratándose del recurso de apelación regulado en el artículo 57 de la Ley 2a de 1984, la parte impugnante está obligada a sustentarlo en todos los aspectos respecto de los cuales se pretende que sea revocada, modificada o adicionada la providencia recurrida, sin que ello quiera significar que el juez de la alzada quede sometido a los argumentos que aduzca el recurrente, puesto que el superior conserva su propia iniciativa para fundamentar la decisión que profiera, pero estándole vedado que enmiende la decisión en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que la reforma fuere imprescindible para hacer modificaciones en puntos estrechamente relacionados con ella.” Resulta claro, entonces, que frente al asunto bajo estudio, en que hubo consulta y recurso de apelación del mismo Departamento, a través del cual pidió que se revocara “en su totalidad el auto materia del recurso de alzada y en su lugar se absuelva al demandado”, el Tribunal estaba facultado legalmente para establecer si la Convención Colectiva arrimada al proceso, tenía valor probatorio o nó, dado que las peticiones tenían su sustento en ella.

Por tanto, el cargo no prospera. SEGUNDO CARGO Acusa la sentencia por vía indirecta, por aplicación indebida del artículo 57 de la ley 2ª de 1984, infringiendo también los artículos 467, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo. ERRORES DE HECHO “ 1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Tribunal Superior de Villavicencio debía conocer en grado de jurisdicción de consulta, sin importar la apelación interpuesta por la parte demandada.

“ 2. No dar por demostrado, estándolo, que el recurrente (respecto del recurso de apelación ) no hizo mención a las razones invocadas que le condujeron a interponer y sustentar el recurso de apelación.” (fl. 18, C. Corte). PRUEBAS INDEBIDAMENTE APRECIADAS 1.- Memorial del recurso de apelación obrante a folios 190 y191. 2.- Auto del 9 de octubre de 2000, a folio 192. 3.- Auto del 23 de octubre de 2000, a folio 3 del C. del Tribunal. 4.- Auto del 8 de noviembre de 2000, a folio 195.

En la demostración afirma que el ad quem “ debió limitar el estudio de la providencia a los motivos expresados por el recurrente. Al no proceder así se sale de la competencia, careciendo de ella para pronunciarse sobre aspectos que no fueron motivo de inconformidad, y menos aún, cuando dentro del debate procesal NO fueron objeto de controversia. … “ El Tribunal Superior en la sentencia, se arroga facultades para conocer por el grado de jurisdicción de la consulta revisando el proceso, olvidando, como se viene sosteniendo, que el litigio llega a esa instancia en razón de la apelación que interpusiera la parte demandada; basando entonces su criterio, que da lugar a revocar la sentencia de primera instancia, en no haber sido debidamente aportada la convención colectiva de trabajo mediante la certificación que remitió la Dirección Territorial del Trabajo de San José del Guaviare al Juzgado, por no incluir la fecha en que fue depositada la convención en dicha oficina.

Circunstancia que PARA NADA tocó la parte demandada en todo el debate procesal, en la etapa de las pruebas, y menos aún se atrevió a presentar objeción alguna respecto de tales piezas procesales al hacer uso del recurso de apelación.” (fls. 20 y 21, C. Corte). LA REPLICA Argumenta en contra del cargo que el recurso de apelación fue sustentado en su oportunidad y por ello lo debió conceder el a quo.

Que sobre la imputación de infringir el Tribunal los artículos 467, 468 y 469 del C.S.T., el recurrente no dice cuál fue la forma en que se infringieron dichos preceptos. Que si dentro del recurso no se atacó lo concerniente al depósito de la convención colectiva, ello se debió a que en tal momento procesal la prueba al respecto no estaba recaudada dentro de las oportunidades legales para tal efecto, allegamiento que fue tardío y no fue objeto de controversia.

SE CONSIDERA El propósito de la parte impugnante en este cargo, coincide con el anterior, en la medida en que basado en el análisis de las pruebas que enuncia, pretende demostrar que el Tribunal, debió únicamente evaluar lo propuesto por el recurrente en apelación, y no asumir por vía de consulta, haciendo una inadecuada interpretación del artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; por tanto, para rechazar la acusación, valen las mismas consideraciones que se expusieron al despachar la anterior.

TERCER CARGO Acusa la sentencia “ por ser violatoria de la ley sustancial en el artículo 469 del C.S. del T., en concordancia directa con los artículos 1º, 18, 467, 468 del C.S. del T.; arts. 51, 60, 61 del C.P. del T.,; arts.., artículos 174, 175, 187, 254 del C. de P. C., el cual fue aplicado indebidamente. Proviniendo la infracción por error de derecho respecto del documento relacionado con la certificación que expidió la Dirección Territorial del Trabajo y Seguridad Social de San José del Guaviare, existente en el proceso y que fue debidamente decretado como medio de prueba y llevado –sic- a cabo su práctica por parte del Juzgado.

La transgresión de la ley resulta como consecuencia de la falta de aplicación de la norma sustantiva anotada, lo cual implicó que se diera por demostrado no estándolo: “ 1. Que el DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE terminó por justa causa el contrato de trabajo suscrito con mi cliente. “ 2. Que la convención colectiva de trabajo vigente para el año de 1995, suscrita entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales y el Departamento del Guaviare, no fue depositada dentro de los términos prescritos en la ley.

“ 3. Que el Departamento demandando fue diligente al contestar la demanda objetando la certificación que oportunamente allegara la Dirección Territorial del Trabajo y Seguridad Social de San José del Guaviare, ante la solicitud del Juzgado Promiscuo del Circuito para que se allegara la convención colectiva de trabajo que estuvo vigente por el año de 1995.

“ 4. Que el demandado canceló lo que legalmente le correspondía al demandante por concepto de sus prestaciones salariales y laborales a pesar de reconocer que la desvinculación del trabajador NO obedeció a una justa causa. “ 5. Que el demandado no debe reintegrar a laborar al demandante, dando correcta aplicación a las cláusulas de la convención colectiva vigente por 1995 que regulan la materia, conforme se dan a conocer con la demanda, a pesar de reconocer que la desvinculación del Trabajador NO obedeció a una justa causa.“ (fls.21 y 22,C. C.).

En la demostración dice que el ad quem dedujo en forma indebida la no existencia de la convención colectiva de trabajo al tenerse por no aportado al proceso dicho documento. Que al negar la pretensión principal, es de criticar las consideraciones que expone el Tribunal por no tener el más mínimo respaldo probatorio y que ni siquiera cita los folios en que funda la certeza para no proceder a la reliquidación. Que el demandado no controvirtió en nada la certificación aportada por la Dirección Territorial del Trabajo y Seguridad Social, ni siquiera en el memorial de sustentación del recurso hizo objeción a ningún medio probatorio, remitiéndose solamente a tal documento en la instancia de apelación, cuando ya no era la oportunidad para cuestionar su legitimidad.

Que el ad quem asume la competencia olvidando que se trataba de la interposición del recurso de apelación presentado por la parte demandada. Que contrario a lo afirmado por el Tribunal, la certificación de la Oficina del Trabajo claramente indica que la convención colectiva de trabajo estuvo vigente por todo el año 1995, de lo cual puede concluirse que de no haber sido depositada oportunamente no habría podido expedir la copia correspondiente.

Dice que al caso controvertido en este proceso se ajusta la sentencia de esta Sala del 6 de marzo de 1997, radicación 9282, de la cual transcribe los apartes que considera pertinentes; luego se refiere, con fundamento en el Diccionario de la Lengua Española, a que la palabra “vigente” tiene más trascendencia jurídica que la de “depósito”.

Concluye cuestionando el proceder del Tribunal al dejar sin valor el documento aportado en el desarrollo del procedimiento, en la etapa de recaudación de pruebas, “ya que mantenía un elemento de juicio que le OBLIGABA a tener por allegada la información más importante como era la vigencia de la convención colectiva; en cuanto a su depósito, DEBIO, en ejercicio de las facultades oficiosas que le son propias, haber solicitado a la oficina del trabajo en cuanto a la fecha en que fue entregada por las partes ante la aludida oficina, actitud que resulta ser más consecuente con el Derecho Laboral.” (fl. 27, C. Corte).

LA REPLICA Afirma que el Tribunal, luego del estudio de las pruebas allegadas, concluye que el contrato entre las partes terminó por el acuerdo de voluntades, consentimiento que no estuvo viciado de error, fuerza o dolo, siendo la manifestación de aceptación, por parte del actor, un acto de su libre albedrío. Que el medio adecuado para probar la existencia legal de la convención colectiva de trabajo, es la copia autorizada por la Oficina del Trabajo correspondiente, certificando que el depósito se efectuó en la oportunidad señalada por la ley.

En apoyo de sus planteamientos cita y transcribe apartes de las sentencias de esta Sala del 16 de marzo de 2000, radicación 13.371 y del 23 de marzo del mismo año, radicación 13.498 Que según las probanzas analizadas por el Tribunal, al demandante se le cancelaron todas las acreencias laborales, liquidación que lo favoreció por cuanto se hizo con el régimen laboral de los particulares.

SE CONSIDERA Como lo perseguido por la censura es demostrar la equivocación del ad quem, por no haber dado por establecido el depósito de la convención colectiva, con pruebas distintas a la certificación que en ese sentido debió suministrar el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, es claro que este cargo tampoco está llamado a tener prosperidad.

Valga anotar que conforme a lo dispuesto por el artículo 469 del CST, la convención colectiva debe celebrarse por escrito y extenderse en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno mas, que se depositar necesariamente en el Ministerio de Trabajo, a más tardar dentro de los 15 días siguientes al de su firma, sin que produzca ningún efecto, si no se cumplen todos los requisitos enunciados.

De tal manera que, como en el presente caso, no hubo constancia de que la convención colectiva fuera depositada dentro del término legal, ello no puede suplirse, como lo arguye la censura, con pruebas que de ninguna forma están indicando la exigencia comentada. Para abundar en razones, caben las mismas reflexiones que al tratar este tema quedaron esbozadas en la sentencia de esta Corte a que atrás se hizo referencia (Rad.17.257 del 28 febrero de 2002), y que en lo pertinente enseguida se reproducen: “El depósito, sin embargo, corresponde a la entrega física de un ejemplar de la convención colectiva al Ministerio de Trabajo, entidad que tiene al obligación de dejar constancia sobre la fecha en que se efectúa dicha entrega.

Esa constancia que debe realizarse dentro de un término legal, no es lo mismo que una anotación sobre la vigencia de la convención como lo pregona el recurrente, porque no es de la competencia de un funcionario de la administración pública, determinar cuándo un contrato colectivo de esa naturaleza está vigente y por tal razón, el juez no puede dar por demostrada la fecha de la entrega de la convención partiendo de una información de ese tipo.” En consecuencia, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de mayo de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta JOSE YAMIL GARCIA al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.

Costas a cargo de la parte recurrente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. LUIS GONZALO TORO CORREA FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA CARLOS ISAAC NADER GERMAN G. VALDES SANCHEZ ISAURA VARGAS DÍAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO JESÚS ANTONIO PASTAS PERUGACHE Secretario