SALA DE CASACION LABORAL SALA DE CASACION LABORALPRIVATE Radicación 13486 Acta 15 Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, once (11) de mayo de dos mil (2000) Magistrado ponente: RAFAEL MENDEZ ARANGO Resuelve la Corte el recurso de casación de JOSE ALIRIO BELLO RUIZ contra la sentencia dictada el 11 de agosto de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le sigue a la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES.

I.

ANTECEDENTES En lo que al recurso de casación concierne basta decir que el Tribunal confirmó la sentencia que el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de esta ciudad profirió el 22 de junio de 1999 respecto de la pensión de jubilación cuyo reconocimiento ahora pretende José Alirio Abello Ruíz únicamente de la demandada Caja de Previsión Social de Comunicaciones.

En cuanto a la pensión de jubilación pretendida aseveró en la demanda con la que promovió el proceso que una subsección del Consejo de Estado confirmó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de septiembre de 1994 sobre la aplicación de la Ley 28 de 1943 y la Ley 22 de 1945 a los ex funcionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones con 20 años de servicios "en cualquier cargo y [a] cualquier edad" (folio 5); que trabajó para dicha entidad desde el 23 de abril de 1973, inicialmente como mensajero y en calidad de empleado público, hasta el 31 de marzo de 1995, pero su último empleo fue de oficinista como trabajador oficial en la Regional de Bogotá; y que por haberse afiliado a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones desde el 23 de abril de 1973, le correspondía el régimen solidario de prima media con prestación definida y la administración y el pago de su pensión estaba a cargo de ella.

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, que es la demandada frente a la cual el impugnante reclama en el recurso extraordinario el reconocimiento de la pensión de jubilación, se opuso a las pretensiones aduciendo que lo que se controvierte es un acto administrativo que se encuentra en firme y ejecutoriado y que ella expidió en cumplimiento de las actividades que le son propias.

II. EL RECURSO DE CASACION Para que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en instancia, revoque la del Juzgado y condene a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones a reconocer y pagarle "la pensión vitalicia de jubilación a partir del 1º de abril de 1995, equivalente al 75% del salario mensual,(sic) devengado en el último año de servicio incluidos la totalidad de los factores que lo conforma(sic)" (folio 9), a pagarle las mesadas causadas a partir de esa fecha, debidamente indexadas y absuelva "a la demandada Telecom, de las demás pretensiones de la demanda" ( folio 10), tal cual está textualmente pedido en la demanda con la que sustentó el recurso (folios 8 a 12), que no mereció réplica, le formula un cargo en el que la acusa de interpretar erróneamente los artículos 1º de la Ley 28 de 1932, 1º de la Ley 22 de 1945, 21 del Decreto 1237 de 1946, 11 de la Ley 6ª de 1945, 10 del Decreto 2201 de 1987, 27 del Decreto 3135 de 1968, 69 del Decreto 1848 de 1969, 1º de la Ley 33 de 1985 y 36 de la Ley 100 de 1993.

También señala como interpretado erróneamente la totalidad del Decreto 2261 de 1960. Como demostración del cargo se limita a transcri-bir apartes de sentencias del Consejo de Estado y a decir que la correcta interpretación de las normas con las que integra la pro-posición jurídica del cargo es la expresada en dichas providencias, para seguidamente anotar que "el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 22 de 1945 hace extensivo el beneficio de la jubilación especial a funcionarios que no tienen relación directa con la operación de radio o telegrafía del Ministerio de correos y telégra-fos, en una época en la cual tales actividades en el país se encon-traban empezando su desarrollo y la tecnología no era de amplia cobertura, de suerte que los riesgos que los eran en mayor grado para las personas vinculadas a la actividad de radio" (folio 12).

Según el recurrente --y para también reproducir textualmente las palabras de la demanda-- "en las décadas sucesivas la tecnología rebasó ampliamente las previsiones legales, de tal forma que las personas y cargos vinculados directa o indirecta(sic) con las actividades riesgosas, son innumerables en su nomenclatura, comparativamente con las que mencionan las normas aludidas, que si a ellas nos atreviéramos(sic) serían mínimos los funcionarios beneficiados" (folio 12), para concluir su perorata aseverando que "se han aumentado los riesgos y afectaciones reales para la salud de los empleados no vinculados con la operación técnica por su cercanía a equipos antenas, redes, etc., a causa de emisiones electromagnéticas, rayos u ondas infrarrojos, rayos X ultravioleta etc, que hacen parte de la actividad de comunicaciones y de los servicios que se ofrecen a los usuarios, de donde se entiende el porqué, aún(sic) en los albores de la tecnología, la norma extendió su protección pensional especial a todos los empleados de la empresa de Radiocomunicaciones.

Darle en(sic) alcance diferente sería un retroceso y cerrar los ojos ante los riesgos evidentes de la tecnología" (ibídem). III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Una vez más debe la Corte recordar el carácter extraordinario, rigoroso y formalista del recurso de casación, y reiterar que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley.

Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. La demanda de casación debe reunir no sólo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógicos. Por tal motivo, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno u otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo, pero sin atiborrar la proposición jurídica con normas impertinentes, como aquí sucedió. Por deberse observar las reglas legales que disciplinan la técnica de casación y a fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse extendiéndose el recurrente en consideraciones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible alegarlas libremente.

En el cargo se busca enfrentar criterios asentados por el Consejo de Estado al resolver asuntos de su competencia, con la interpretación que la Corte Suprema de Justicia ha dado, en su condición de máximo tribunal de la justicia ordinaria y cumpliendo la función que constitucional y legalmente le corresponde de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, a las normas legales que regulan las pensiones especiales de jubilación por razón de las características de la actividad laboral ejecutada.

Las disposiciones legales que consagran pensiones especiales para los trabajadores en consideración al oficio que realizan, exigen que se cumpla exactamente el tiempo de servicios en la actividad correspondiente, pues, precisamente las particularidades del oficio, las condiciones en que el mismo es ejecutado y los efectos que en detrimento de la salud del trabajador se producen, justifican el tratamiento excepcional, permitiendo a quien desempeña la actividad exceptuada de la regla general, la posibilidad de pensionarse anticipadamente.

Lo que explica el tratamiento preferencial de esta categoría de trabajadores no es sólo el que realicen dichas actividades, sino los graves riesgos que para la salud de ellos implica la prestación de servicios en esas peculiares labores durante tan largo tiempo, lo que hace conveniente su retiro del servicio activo y la concesión de la pensión de jubilación sin consideración a su edad.

Y ese tiempo de servicios para el caso del trabajador recurrente es, sin duda, el mencionado explícitamente en los artículos 1º de la Ley 28 de 1943, 1º de la Ley 22 de 1945 y 11 del Decreto 2661 de 1960, esto es, veinte años. La jurisprudencia de esta Sala ha expresado suficientemente la razón de ser de las normas legales que consagran pensiones especiales para algunos trabajadores.

Así lo hizo, por ejemplo, en la sentencia de 17 de mayo de 1990, en la cual precisó que: " no huelga recordar que la interpretación que la Corte ha hecho de los textos legales que regulan las pensiones plenas especiales previstas para ciertas categorías de trabajadores, en consideración a las especiales características de los oficios que realizan y de las condiciones en que lo hacen, difiere frontalmente de la llevada a cabo por el supremo tribunal de lo contencioso administrativo.

"Ciertamente. Mediante sentencia de 30 de enero de 1976 dijo la Corte lo que se copia a continuación: "'La continuidad en el servicio durante quince años para merecer pensión de jubilación a los cincuenta años de edad que el artículo 271 del Código Sustantivo del Trabajo exige en ciertas hipótesis, como las de las labores realizadas a temperaturas anormales, no implica, ni razonablemente podría implicar, que el trabajador rinda la totalidad de su jornada sometido a aquellas temperaturas porque entonces bastaría la más breve y accidental interrupción para que no llegara a cumplirse el requisito de la continuidad y se perdiera el derecho a la pensión. "' Esa continuidad significa realmente que el candidato a la pensión haya desarrollado su labor profesional de manera permanente, es decir, sin variaciones, durante los quince años y sometido a temperaturas distintas a la del medio ambiente del lugar, que le causen un agotamiento acelerado de su resistencia biológica y su capacidad laboral, aunque no todo el tiempo de su jornada cotidiana deba actuar bajo el influjo directo de aquel ambiente artificial, considerablemente más caliente o más frío que el clima geográfico del sitio de trabajo y creado por las condiciones mismas en que ésta de modo necesario haya de ejecutarse o por la índole intrínseca del servicio que el trabajador se obligó a prestar'.

(G.J., Tomo CLII, pág. 592 -subraya la Sala-). "Como se ve de lo transcrito, y aun cuando específicamente la interpretación que hizo la Corte mediante esta misma Sección se refiere a la hipótesis prevista en el artículo 271 del Código Sustantivo del Trabajo, y más concretamente al caso de trabajadores que laboran a temperaturas anormales, mutatis mutandi, este criterio puede igualmente aplicarse a los demás supuestos en que la ley laboral regula pensiones especiales de jubilación en consideración a la actividad profesional que se realiza y a las condiciones en que ella se ejecuta " (G.J., Tomo CCII, pág. 735.).

"De igual modo, ese es el entendimiento que el propio legislador le ha dado a la situación relacionada con el tiempo de servicios requerido para acceder a pensiones de jubilación especiales en atención a la naturaleza de la actividad del trabajador, como lo demuestra claramente el artículo 273 del Código Sustantivo del Trabajo, que al regular lo concerniente al lapso de labores exigido para acceder a las pensiones especiales allí previstas dispone lo siguiente: "La continuidad o discontinuidad a que aluden los artículos 269, 270, 271 y 272, no se refiere al contrato de trabajo sino a la actividad o profesión de que se trate".

Aun cuando esa precisión está referida a disposiciones distintas a las aplicadas para resolver el presente caso, ella autoriza para afirmar que la exégesis efectuada por el Tribunal no fue equivocada, en la medida en que encuentra pleno respaldo en normas legales análogas y posteriores. De otra parte, la interpretación según la cual para acceder a la pensión de jubilación reclamada se requiere una vinculación laboral por un tiempo de veinte años, de los cuales un mínimo de diez deben ser ejercidos en cargos de excepción, corresponde a una equivocada hermenéutica de los artículos que regulan la pensión especial que se estudia y se aparta del tenor literal de sus textos, en los que no se advierte la oscuridad o ambigüedad alegadas por el recurrente, no siendo entonces necesario acudir a otros métodos de interpretación, dada la claridad de su significado.

No desconoce la Corte que la inteligencia y alcance de los artículos 1º de la Ley 28 de 1943, 1º de la Ley 22 de 1945 y 11 del Decreto 2661 de 1960 que se propone en el cargo resulta indiscutiblemente más beneficiosa para el trabajador; mas ocurre que ella se aparta frontalmente del tenor literal de dichas normas y no corresponde a su genuino sentido, en las que incontestablemente se exigen veinte años de servicios en las actividades que allí se mencionan para obtener la pensión especial de jubilación. Interesa destacar que en aquellos casos en los que el legislador ha considerado que el tiempo de servicios en determinada actividad puede ser inferior al total exigido para adquirir la pensión especial, así lo ha dispuesto expresamente y sin lugar a dudas, tal como ocurre con el artículo 117 del Decreto 2150 de 1995, que preceptúa que " los afiliados al sistema general de pensiones que se dediquen en forma permanente y por lo menos durante 500 semanas, continuas o discontinuas, al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos previstos en el artículo siguiente ".

Se sigue de lo dicho que el cargo no prospera. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de agosto de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que le sigue José Alirio Bello Ruíz a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones.

Sin costas en el recurso por cuanto no hubo oposición. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen. RAFAEL MENDEZ ARANGO FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ CARLOS ISAAC NADER LUIS GONZALO TORO CORREA GERMAN G. VALDES SANCHEZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria