Defensa jurídica por parte del apoderado; de los intereses de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada; de acuerdo con las normas más elevadas de competencia; idoneidad e integridad ética y profesional; ante las diferentes autoridades judiciales (procesos ordinarios y administrativos); administrativas y órganos de control que se le asignen por el supervisor.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.