La contratista se obliga con el Ministerio del Interior; a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera; sus servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Derechos Humanos para organizar y compilar los informes de riesgo y de las alertas tempranas; así como sus recomendaciones; especialmente los que se relacionen con la prevención de violaciones de los derechos a la vida; libertad; integridad; seguridad personal y demás derechos que por su posible

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.