El contratista se obliga con el Ministerio del Interior; a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera; sus servicios profesionales para brindar apoyo jurídico a la Dirección de Derechos Humanos en los asuntos de su competencia; así como para acompañar el proceso de formulación; actualización y seguimiento de las líneas de acción de los proyectos y programas a cargo de la Dirección; especialmente las que se deriven del Programa de Protección a persona

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.