Prestar servicios profesionales para asesorar jurídicamente desde el componente constitucional los asuntos relacionados con problemáticas ambientales y sus mecanismos de protección (acciones de tutela; populares y grupo) en defensa de los derechos colectivos de las comunidades.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.