El (la) contratista se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar sus servicios profesionales; por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa para brindar asesoría y acompañamiento a la subdirección financiera; en todos los temas tributarios que se originen para la entidad en el orden nacional; departamental y municipal; dando correcto y oportuno cumplimiento a las obligaciones estipuladas según los calendarios tributarios de cada región.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.