Prestación de servicios profesionales para la revisión y seguimiento de las acciones de tutela; en especial los fallos que imponen una obligación de hacer por parte de la entidad; y la proyección de respuestas a las peticiones de información que se alleguen a la Oficina Jurídica.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.