El contratista se obliga para con la Defensoría a prestar por sus propios medios; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesionales para apoyar la implementación de los procesos de fortalecimiento social e interinstitucional; con el propósito de incidir en la política y acción de prevención de violaciones de derechos humanos y DIH; de acuerdo con los lineamientos institucionales y las directrices de la delegada para la prevención de riesgos - SAT.

Pago reportado por la entidad al SECOP. Cerca de la mitad de los contratos no actualiza este dato, así que un valor en cero no significa que no se haya pagado — solo que la entidad no lo registró.